En el Enlace Ciudadano del sábado 24 de enero, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, solicitó a sus seguidores en redes sociales que atacaran a quienes critican al gobierno, a raíz de los “memes” difundidos por la cuenta anónima de Twitter y Facebook “Crudo Ecuador”. Correa reconoció que el contenido de Crudo Ecuador no viola la ley, pero amenazó con identificarlo “para ver si es tan jocoso cuando todo mundo sepa quién es”. En su texto “Cyberbullying para el nuevo Ecuador”, Roberto Aguilar detalla cómo en cuestión de horas, Crudo Ecuador recibió amenazas por parte de usuarios –también anónimos– defensores del régimen. Con el objetivo de recolectar y difundir información sobre sus detractores y librar una verdadera batalla en contra de quienes critican al gobierno a través de internet, Correa anunció el lanzamiento de la plataforma web www.somosmas.ec. Justificó su nuevo proyecto con la frase “somos más, muchísimos más”. Y es cierto, son más. Pero la democracia no se trata solo de la voluntad de las mayorías.
En toda sociedad existen minorías, y el Estado tiene la obligación de proteger sus derechos como los de todos los demás ciudadanos. No importa si la población mayoritaria está de acuerdo con pisotear los derechos de las minorías. Los seguidores de Crudo Ecuador, los Yasunidos, los habitantes de Íntag afectados por la minería, o los periodistas contrarios al régimen pueden ser menos, pero eso no le quita a ningún colectivo su condición ciudadana ni el derecho a opinar diferente, protestar y expresarse dentro de los límites de la ley sin miedo a represalias. Es un error argumentar que son “muchísimos más” para justificar los ataques en redes sociales hacia Crudo Ecuador. La manera en que el presidente Correa entiende el rol de las mayorías es la expresión de un viejo problema en la teoría de la democracia. Ya en la primera mitad del siglo XIX, el pensador francés Alexis de Tocqueville advertía que “…los derechos de los pueblos se mantienen dentro de los límites de lo que es justo…”, y la voluntad de las mayorías debe estar sujeta a los mismos límites que una persona con poder. El Presidente parece tener una visión contraria.
Las críticas de Correa a ciertos sectores de la sociedad civil y ciertos episodios de enfrentamientos entre el gobierno y ONG demuestran una visión en la que solo la mayoría electoral puede dar legitimidad a la reivindicación de un colectivo. Por ejemplo, en diciembre de 2013, el Ministerio de Ambiente cerró la ONG ambientalista Pachamama por supuestos actos violentos en las protestas en contra de la XI ronda petrolera para licitar campos de crudo en el sur-oriente ecuatoriano. Para ello, el Ministerio utilizó el Decreto 16, expedido por el Presidente en junio del mismo año. La causal de la disolución usada para cerrar a Pachamama fue “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida” y “dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del estado o, que afecten la paz pública”. Sobre eso, el presidente dijo que “las ONG (organizaciones no gubernamentales) no están para hacer política ni para protagonizar actos violentos. Si quieren hacer política, que sean partidos políticos. Sino están atentando contra la democracia”. Esto implica, equivocadamente, que para poder protestar contra una política potencialmente injusta –algo que puede ser interpretado como “injerencia en políticas públicas”– se debe ganar elecciones. En 2012, en la Asamblea General número 42 de la OEA, celebrada en Cochabamba (Bolivia), Correa criticó el hecho de que “mandatarios son llevados al banquillo por ONG sin ninguna representatividad”. Se refería a que las ONG no reciben fondos de los gobiernos –cuya legitimidad sí proviene del apoyo popular– sino de “grupos políticos de extrema derecha” y “transnacionales”.
Esta idea de democracia que promueve el presidente Correa dista mucho de la visión de Mahatma Gandhi. El líder independentista indio sabía que el concepto de “mayoría” era manipulable, especialmente en un país tan diverso como India, con tensiones históricas entre la mayoría hindú y la minoría musulmana. A principios de los años treinta, Gandhi se pronunció en contra de la idea de hacer el bien solamente para los grupos mayoritarios, porque eso significa que para alcanzar el bienestar del 51%, el interés del otro 49% podría –o debería– ser sacrificado. “Es una doctrina descorazonada y ha hecho mucho daño a la humanidad. La única doctrina realmente humanista y digna es hacer el bien para todos”, decía el famoso líder independentista indio.
El respaldo de la mayoría es un principio que puede ser manipulado para cometer abusos en nombre de la “voluntad popular”. En este sentido, la palabra “descorazonado” utilizada por Gandhi no alcanza para describir una masacre reciente avalada por la voluntad mayoritaria de un pueblo. En 1994, la mayoría Hutu en Ruanda asesinó a machetazos a por lo menos ochocientos mil Tutsis. Una estación radial alentó el genocidio luego de que el avión donde viajaba un líder político Hutu fuera derribado. Más tarde se descubrió que el atentado lo orquestaron los mismos Hutus para “justificar” la matanza. Si hubieran realizado elecciones para decidir sobre si convenía o no el genocidio, seguro que ganaba el “Sí”. Pero eso no hace menos atroz ni vuelve legítima ninguna masacre.
El caso extremo del genocidio ruandés demuestra por qué las mayorías –al igual que cualquier poder de facto– deben someterse a un control para evitar posibles abusos. Esta es la lógica detrás de una democracia basada en un estado de derecho, donde existe una constitución y un cuerpo legal que deben proteger a todos los ciudadanos y garantizar sus derechos básicos, por más minoría que sean. La democracia no solo implica elecciones, sino otras características como división de poderes, libertad de expresión o una sociedad civil con capacidad de defender los derechos de –justamente– las minorías. La frase “somos más” pronunciada por el Presidente, y la plataforma creada para acallar a todas las minorías –casi por el simple hecho de serlo– resumen una idea política peligrosa. En un país diverso como Ecuador siempre habrá minorías. Siempre habrá quienes sean “menos”. Pero el derecho a expresarse sin temer represalias o amenazas –como las que ha recibido Crudo Ecuador– es inalienable. Lo sabemos: quienes opinamos diferente somos menos, muchísimos menos. Pero somos ciudadanos. Y nuestros derechos no son mayores o menores. Son iguales.
¿De qué vale ser muchísimos más cuando se respalda una idea perversa de democracia?
