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Durante la campaña electoral para la Prefectura de la provincia del Guayas de 2014, el candidato por el movimiento Creando Oportunidades (CREO), César Monge, realizó varias denuncias contra Jimmy Jairala –prefecto en funciones y favorito para la reelección– basadas en informes de la Contraloría General del Estado. Una vez reelecto con una amplia mayoría –aunque algo menor de la que preveían las encuestas–, Jairala decidió no responder a las acusaciones, sino interponer 235 acciones penales por injurias que han derivado en 17 juicios en los que se pide para Monge la pena máxima prevista para ese delito y una indemnización de doscientos cincuenta millones de dólares. La exagerada pretensión del Prefecto no buscaba una reparación justa por la supuesta lesión a su honor, sino una venganza destinada a destruir a su contendor.

Plantear 235 acciones penales carece de toda lógica. Si bien el ex candidato Monge realizó las acusaciones en diversos medios de comunicación y en varios mítines políticos, debieron ventilarse en un único juicio, ya que todas se referían a un mismo hecho: los informes que se encontraban en la Contraloría General del Estado que –supuestamente– evidenciaban irregularidades cometidas durante la administración del prefecto Jairala. El que Monge hiciera referencia a varios informes de Contraloría, difundiéndolos en varios medios de comunicación, no implica que se debía iniciar una acción penal por cada una de esas apariciones. Tomar esa decisión parece más que una búsqueda de justicia, una forma de amedrentar a Monge, como si quisiera dejarle claro que se había metido con el enemigo equivocado. No era una cuestión de justicia, sino de músculo político.

Los abogados Vera –que patrocinan a Jairala– son expertos en esto de exigir indemnizaciones millonarias, pero parecería que desconocen que un juicio de esta naturaleza no debería servir para que una persona se convierta –de repente– en millonaria. Pedir una indemnización de doscientos cincuenta millones de dólares a Monge por las supuestas calumnias es otro disparate. Existe jurisprudencia ampliamente aceptada que establece que las reparaciones por daños al honor deben guardar criterios de “prudencia, razonabilidad y equidad”. Por ejemplo, la Sala III de lo Civil de la Corte Suprema argentina en el juicio que siguió Carlos Alberto Espíndola contra el Estado argentino resolvió que “la indemnización no debe enriquecer al reclamante ni tampoco debe ser ínfima, pues de ser así se convierte en lucrativa y se fomenta la industria del escándalo”. La Sala IV de lo Contencioso Administrativo de la misma Corte –en un fallo de 1997– estableció que “la reparación del daño moral no puede ser fuente de un beneficio inesperado ni de enriquecimiento injusto”. Doscientos cincuenta millones de dólares, desde luego, enriquecen de forma injusta (e inesperada) a cualquiera. Parece claro que las más de dos centenas de acciones penales planteadas por Jairala no tenían un ánimo de buscar justicia o reparar su derecho a la honra, sino de vengarse de Monge. Si Monge fuese condenado al pago de tamaña indemnización, viviría para pagarle a Jairala. En otras palabras, sería una completa aberración que un delito de los menos graves en materia penal derivara en una condena perpetua para César Monge y una fuente de enriquecimiento personal para Jairala.

Para sorpresa de muchos, entre los que me incluyo, la jueza que conoció el primero de los juicios contra Monge rechazó la demanda. Además, la calificó como temeraria, esto es, que fue presentada con la intención de irrogar un daño al demandado. Inmediatamente conocido el fallo, los abogados de Jairala han interpuesto un recurso de apelación con la finalidad de revocarlo.

Esta decisión podría causar que el resto de procesos caigan como piezas de dominó, ya que, como dije, todos ellos tienen la misma causa. Resultaría por demás extraño que se condene a Monge en algunos y se lo absuelva en otros. Más aún, en caso de que no prospere el recurso de apelación interpuesto por los abogados de Jairala, Monge podría iniciar un juicio penal contra Jairala, pues ese es uno de los efectos de que la calificación de temeridad. Eso, por supuesto, quedaría a la discreción de César Monge y sus abogados.

Pero hay algo mucho más grave detrás del caso Jairala versus Monge. Incluso más preocupante que el deseo latente de venganza del Prefecto del Guayas. Y es que Jairala no ha contestado ninguna de las denuncias realizadas por Monge, aun cuando en medios de comunicación apareció el abogado de un empleado de la Prefectura aceptando que su representado (ver, sobre todo, a partir del minuto 02:12), siguiendo órdenes de la secretaria ejecutiva del Prefecto, realizaba envíos de dinero a Perú, país en donde Jairala es propietario de caballos de pura sangre. El uso de empleados de la Prefectura para cuestiones personales se encuentra prohibido por la Ley, por lo que, al menos en ese apartado, el Prefecto todavía nos debe una explicación. Más aún, si la jueza ha declarado improcedente la acción presentada por Jairala –e incluso la ha calificado como temeraria– no existe lesión al honor del Prefecto y, por lo tanto, la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos se vuelve aún más apremiante.

El verdadero objetivo cuando se solicita una indemnización por daño moral es reparar un daño. Lamentablemente, a partir del millonario fallo a favor del presidente Correa en el caso contra El Universo, algunas personas han querido utilizar a la Función Judicial como un instrumento de venganza. Las denuncias presentadas por Jairala contra César Monge son un perfecto ejemplo de esto, aunque –por ahora y tal vez solo por ahora–, la venganza del Prefecto se haya vuelto en su contra.

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¿Qué buscaba el Prefecto del Guayas: Justicia o venganza?