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La democracia en extinción es un hecho

 

Nuestra democracia, en pocos días, ha estado más lánguida que de costumbre.  José Tendetza, líder indígena que tenía que ir a testificar en el Tribunal Ético de los Derechos de la Naturaleza  sobre su lucha contra la minería, fue asesinado días antes de viajar a Lima, donde –a principios de diciembre de 2014– se reunían líderes globales y sociales para discutir el cambio climático en la Cumbre de los Pueblos, paralela a la COP20 de las Naciones Unidas. Lo estrangularon y su cadáver apareció flotando en el río. Lo enterraron sin autopsia y, pocos días después, la Policía Nacional allanó el domicilio donde vivía. ¿Quién entiende tanta arbitrariedad? Los familiares de las víctimas son acosados por el poder, en lugar de ser protegidos por el Estado.

Paralelamente, el CheBus, que era la materialización de la Caravana Climática, venía desde México con un mensaje de apoyo a los pueblos indígenas que resisten a los megaproyectos de desarrollo y a la explotación de la naturaleza por proyectos mineros y petroleros. En Ecuador se juntaron con los Yasunidos y algunos de éstos se unieron a la ruta. En su viaje de Quito a Guayaquil, el 2 de diciembre de 2014, fueron interceptados siete veces hasta que finalmente el bus fue retenido, su chofer, Cristian Guerrero, investigado y enjuiciado. En algún momento, de esos que suceden cuando uno está bajo el control total del poder policial, tuvieron en su mente el recuerdo de los estudiantes de Ayotzinapa: no sabían a dónde llevaban el bus, no les daban información, los habían allanado y registrado sin orden de autoridad, y no tenían conexión telefónica. ¿Quién entiende tanto acoso a un grupo alegre de jóvenes? En el país de los derechos, donde la circulación, la libertad de expresión y asociación están garantizados en la Constitución, la Policía impide su ejercicio.

Días más tarde, el 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Inclusión Social notifica a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) con una resolución para que entregue el edificio –que le entregó en comodato por el gobierno ecuatoriano, en 1992– donde funciona su sede nacional, que será destinado a un programa de desintoxicación de drogas. ¿Cuándo en otro gobierno se ha tomado una decisión de este calibre, tan políticamente calculada? Los mestizos hemos tratado tan mal en la historia de nuestro país a los indígenas, que este acto de despojo es una muestra más de nuestro racismo y de nuestra intolerancia a sus propuestas.

Las razones reales y de fondo de todos estos tristes acontecimientos no se conocen, aunque pueden presumirse. Todos los casos tienen en común que los afectados han levantado su voz en defensa de los territorios indígenas y en contra del extractivismo, y que, de diferentes formas, han sido hostigados por sus pronunciamientos. En el caso de Tendetza, le quemaron su casa, le quemaron sus cultivos y le siguieron un juicio por usurpación; en el caso de los Yasunidos, les hicieron un fraude con el proceso electoral para recoger firmas para una consulta popular, los amenazaron con tomar acciones legales, y los acusaron de ser jóvenes con panza llena y ser ecologistas infantiles; a la CONAIE la han deslegitimado cada vez que se ha podido, insultado a sus dirigentes e intentado romper –a través de prácticas asistencialistas– el vínculo de la base social con la dirigencia. Las explicaciones desde el poder sobre estos casos son ridículas. En el caso de Tendetza, que están averiguando (y ojalá no escuchemos que su muerte se debió a un problema personal). En el caso de la Caravana Climática, que el bus era de turismo y que el chofer estaba lucrando. Y en el caso de la CONAIE, que el bien no tiene un fin público y que, por los derechos de los niños, conviene poner en ese preciso lugar un centro de desintoxicación de drogas.

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Los efectos de estos hechos son desastrosos para la democracia. En lugar de escucharse a las voces que disienten del proyecto político y económico del grupo de poder que gobierna, se acallan. En el caso Tendetza vamos a discutir sobre la impunidad y los procedimientos penales arbitrarios, en lugar de su grito en contra la minería en la Cordillera del Cóndor. En el de la Caravana Climática, vamos a estar en trámites para sacar el bus y peleando para que no encierren a Cristian Guerrero, en lugar de escuchar la protesta en contra de la depredación de la naturaleza y de la afectación a los pueblos indígenas. Y en el caso de la CONAIE, vamos a discutir sobre el comodato en lugar de su propuesta de construcción de un estado plurinacional, del sumak kawsay, de la pachamama, de la justicia indígena, de la criminalización a la protesta pública o de la traición del poder político con la promesa de un estado intercultural.

Es decir, vamos a tener menos voces para discutir los problemas de fondo. Se está  utilizando todas las estrategias jurídicas y actos de poder para simplemente no tener una democracia robusta y una ciudadanía participativa. Cuando las personas y los colectivos son perseguidos, hostigados, enjuiciados, amenazados y hasta muertos, la democracia se extingue.