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El Gobierno de Rafael Correa y su temor a la participación ciudadana

El principal ofrecimiento de la campaña que llevó a Rafael Correa al poder fue convocar una Asamblea Constituyente que redactara nuestra vigésima Constitución de la era republicana y fundara una “nueva República”. En ese proceso –llamado Revolución Ciudadana–Correa no se cansaba de apelar a la participación ciudadana para lograr sus reformas. Se nos convocó a las urnas una y otra vez para que decidamos sobre temas de mayor o menor importancia –la aprobación de la nueva Constitución, la “metida de mano en la justicia”, la afiliación obligatoria a la Seguridad Social, la prohibición de corridas de toros y peleas de gallos–. En cada una de esas elecciones, el pueblo ecuatoriano votó a favor de las propuestas del Presidente. Incluso, en las elecciones generales de febrero de 2013, Rafael Correa se impuso de forma contundente en la primera vuelta. Todo cambió un año después, cuando su movimiento, Alianza País, sufrió una derrota indiscutible en las elecciones seccionales, y captó solo una alcaldía en las diez ciudades más importantes del Ecuador. Desde  ese momento, el discurso de la Revolución Ciudadana ha dado un giro radical: Si antes cualquier decisión, por trivial que pareciera, se quería someter a la decisión de los ecuatorianos –confiados en la amplia mayoría que los respaldaba–, ahora el gobierno evidencia un temor casi patológico a la participación ciudadana.

Este temor se ve, de forma muy clara, con la negativa a convocar a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie si está de acuerdo con las reformas constitucionales propuestas por el bloque legislativo de Alianza País, a pesar de que hay encuestas que señalan que el 73% de los ecuatorianos quiere ser consultado sobre la modificación que permita la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular. Parecería que el presidente Correa tiene dudas sobre el resultado de la eventual consulta, y por eso no está dispuesto a convocarla –algo que antes habría hecho sin dudar–. Esa decisión lo ha llevado por un camino de espinas que incluye una sentencia jurídicamente cuestionable por parte de la Corte Constitucional, y una negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a entregar formularios para que la organización Compromiso Ecuador pueda recoger firmas e intente la convocatoria. La falta de imparcialidad tanto de los jueces de la Corte Constitucional, como de los vocales del CNE (su decisión contraviene resoluciones expresas de la Corte Constitucional que los obliga a entregar los formularios), hace pensar que tras estas decisiones está el afán de complacer al movimiento oficialista y al Presidente.

Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional dijo en el debate sobre las enmiendas que la discusión sobre la reelección indefinida no era jurídica, sino política: Si Correa no era candidato en 2017, el otro candidato –argumentaba la oficialista Alvarado, haciendo referencia a Guillermo Lasso– crecía. Tal declaración nos lleva a una conclusión clara: en este caso, el movimiento Alianza País no está actuando en función de los intereses del país, sino de sus necesidades electorales. El manido discurso que las reformas se pueden hacer vía enmienda porque así lo dispuso la Corte Constitucional, no tiene fundamento político alguno porque, en la consulta a la que se nos convocó en el año 2011, se nos preguntó sobre reformas constitucionales que, de acuerdo con el reciente y controvertido fallo de la Corte Constitucional, también habrían podido ser tratadas vía enmienda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos momentos políticos? La ausencia de la certeza de que la propuesta oficialista no sería aprobada por la ciudadanía.

La negativa a la consulta sobre la reelección indefinida no es la única prueba del temor del Gobierno a la participación ciudadana. Anteriormente, el grupo YASunidos había querido convocar una consulta para detener la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, para lo cual recogió –según sus portavoces– más de setecientas mil firmas, muy por encima del mínimo constitucional requerido. El presidente Correa, desde España, antes de que el CNE procediera a la validación de las firmas, señaló que la consulta no se iba a realizar (aunque en agosto de 2013, dijo que estaba dispuesto a una consulta y que ganaría) y que la explotación del Yasuní era un hecho. Al cabo de poco tiempo, el CNE rechazaba la convocatoria a consulta restando validez a aproximadamente nueve mil formularios donde constaban más de trescientas mil firmas, y alegando irregularidades en otras doscientas mil. Nunca se mostraron los formularios ni las irregularidades, salvo por unos cuantos nombres de fantasía que se filtraron como prueba de que no se habían obtenido las firmas suficientes. A inicios de diciembre de 2014, hemos visto cómo la Policía Nacional y otras instituciones del Estado como el Servicio Nacional de Aduanas, o la Comisión de Tránsito, han hostigado de forma inexplicable y absurda a los miembros del colectivo que se dirigía a Lima en la denominada Caravana Climática para participar en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las fotos que circulaban en redes sociales y medios de comunicación ofrecían una imagen patética del gobierno ecuatoriano, tanto a nivel nacional e internacional, que organizó tres revisiones del bus en que viajaban los activistas, rodeados de policías de tránsito, funcionarios de aduanas, y otros empleados estatales. Tal fue el acoso que sufrieron, que el editorialista del diario estatal ecuatoriano El Telégrafo, Sebastián Vallejo, criticó la acción en una columna titulada Hiperlegalismo selectivo: nuestro Guantánamo. La cereza del pastel ha sido la negativa de entrada al parque Yasuní a parlamentarios alemanes que tenían previsto reunirse con el grupo YASunidos y con Guadalupe Llor, la Prefecta de la provincia de Orellana. No hace falta estar de acuerdo con los postulados del grupo YASunidos para condenar de forma enérgica los abusos de los que han sido objeto por el simple hecho de defender una tesis incómoda para el Gobierno de Correa.

Además, el Gobierno no solo que criticó con dureza y deslegitimó las protestas en su contra, especialmente la del 19 de noviembre de 2014, sino que convocó una contramarcha, abriendo la posibilidad de enfrentamientos. El ministro Carlos Marx Carrasco en una declaración irresponsable, impropia de un funcionario de su nivel, dijo ese día en Ecuavisa que los organizadores de la marcha contra el Gobierno “pretendían un muerto” en la jornada. Una acusación de tal temeridad es otra muestra de que el Gobierno rechaza una la participación ciudadana que solía –al menos retóricamente– abrazar en el pasado. Hoy está dedicado a desacreditar, de cualquier forma, a los ecuatorianos que no comulgan con sus políticas.

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La tensión se ha visto alimentada por unos medios de comunicación –públicos y privados– que no asumen su verdadero rol. Los medios de comunicación públicos, más allá de que, para mí, liberal convencido, no deberían existir, tienen la obligación de mantener una línea editorial imparcial, plural que recoja la opinión de todos los ecuatorianos y no solo de los partidarios del oficialismo. En el Ecuador, los medios públicos son meros portavoces del Gobierno. Del otro lado, los medios de comunicación privados, autodenominados “independientes” cuando en realidad manejan su propia agenda que es, lógicamente, la de sus dueños. Están en todo su derecho de defenderla, pero querer aparentar una independencia que no existe, resta credibilidad a su posición y no ayuda a distender el ambiente de crispación que vive la sociedad ecuatoriana. Hay que reconocer, eso sí, que tanto el Código de la Democracia, como la Ley Orgánica de Comunicación hacen muy difícil que un medio de comunicación privado pueda mantener una línea editorial abiertamente opositora sin recibir amenazas o sanciones de sus entes públicos reguladores. Siempre he pensando que un periodista deportivo debería decir hincha de qué equipo es, a fin de evitar aparentar una supuesta imparcialidad. Así mismo, un medio de comunicación privado debería poder tener una línea editorial alineada a determinado partido o candidato –y decirlo abiertamente–, asumiendo el riesgo que eso supone de cara al consumidor. En España, por ejemplo, unos días antes de las elecciones generales, Mario Vargas Llosa reclamaba en Diario El País el voto para Unión Progreso y Democracia, mientras que Diario El Mundo dos días antes de las elecciones generales lo hacía para el Partido Popular. En Estados Unidos, el New York Times pidió en un editorial que se reeligiera a Barack Obama. En Ecuador eso está prohibido.

Los ecuatorianos están mostrando claros signos de hartazgo al acoso injustificado del Gobierno a aquellos que piensan distinto, así como al exceso de propaganda oficial que nos pretende convencer a los ecuatorianos de una realidad oficial, pero que nosotros percibimos de otra manera. Rafael Correa suele decir que los partidarios de Alianza País son más, muchísimos más, sin embargo el sistemático rechazo a la expresión popular –en las urnas o en las calles–parece indicar lo contrario: cada vez son menos. La Revolución se ha olvidado de su apellido e ignora a la ciudadanía a la que tanto apeló al comienzo de su proyecto. No cabe duda que el temor del Gobierno a la participación ciudadana puede acabar con los endebles cimientos de esto a lo que un día se denominó Revolución Ciudadana.