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¿Pueden las poses académicas ocultar la inestabilidad institucional del Gobierno? 

La política económica del actual Gobierno ecuatoriano tiene una característica distintiva: una total inestabilidad institucional escondida detrás de una retórica tecnicista.  Las reglas del juego cambian a cada momento y siempre hay algún pretexto tecnocrático elaborado para defender tal arbitrariedad, tornándola “racional”. Así nos marean: que se necesita elevar los parámetros de calidad, cuando en realidad quieren que los dólares no se vayan en comprar productos extranjeros; o que hay que cuidar la salud de los ecuatorianos con impuestos a la “comida chatarra”, cuando lo que buscan son más ingresos para el fisco. La última gracia de este inacabable tropicalismo institucional es la pretensión –expuesta por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera–, de castigar el éxito empresarial.

Este nuevo desafuero consiste, básicamente, en elevar el porcentaje que las operadoras de telefonía móvil aportan al Estado, mientras más participación de mercado tengan. Si su share es mayor al treinta y cinco por ciento, un punto porcentual más de pago al fisco. De cuarenta y cinco al cincuenta y cinco por ciento del mercado, tres puntos más. Y así hasta llegar a nueve. Un impuesto a tener más clientes. Qué cosa brillante. Un desincentivo apocalíptico a la inversión.

Pero, de nuevo, lo más llamativo es la fundamentación seudotécnica. Y ahí viene la palabrería para marear. Los tecnócratas hablan de “operadores dominantes” como si el razonamiento fuese el siguiente: si tienes muchos más clientes que los demás hay que controlarte, porque eso es malo, y por tanto se justifica cualquier medida arbitraria contra esas perversas empresas que reciben las preferencias de un mayor número de ciudadanos.

Se trata de un malabar semántico puro. Porque lo de “dominante” es un término propio del Derecho de la Competencia. Se usa para designar a empresas con una presencia arrasadoramente mayoritaria en el mercado, y además con capacidad de influir directamente en  cuestiones como el precio y la oferta de determinados productos (se puede tener muchos clientes pero carecer de esa capacidad). En todo caso, la jurisprudencia comparada y la doctrina internacional tienen clarísimo que ser “dominante”, per se, no tiene nada de ilegal. El problema viene cuando “abusas” de esa posición perjudicando a otros competidores más pequeños o a los consumidores. Y debe haber un largo proceso para determinar que hubo una conducta abusiva concreta.

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Sin embargo, a nuestro Gobierno parece que ese proceso lógico no le importa. La revolución tiene su propia doctrina para todo. Para ellos si eres “dominante” es porque eres grandote, y si eres grandote pagas más. Punto. Y si no te parece eres “neoliberal”, “vendepatria”, “poder fáctico”, blablablá. Con la tribu, o contra ella.

¿Cuál es el tema de fondo? Que el Gobierno necesita plata. Tiene un problema de gasto desbocado, y las fuentes de liquidez se están secando: en especial la del petróleo, cuyo precio baja (de aproximadamente 98,9 dólares en junio de 2014, a 87,9 en septiembre). Por otro lado, no tenemos inversión extranjera que traiga capitales frescos masivamente, tan solo unos cuantos cachuelos que caen de vez en cuando.

Más aún, hoy los ingresos tributarios dependen de la actividad privada que estimula el propio Estado, un círculo vicioso y perverso. Baja el petróleo, baja capacidad estatal de estímulo, baja actividad económica, menos impuestos recaudados.

Entonces resulta que el negocio de las telecomunicaciones se ha convertido en una mina de oro y que, por tanto, ahora hay que sacarle mantequita a ese chancho que ha engordado mucho. Porque se sabe que ganar mucha plata es un pecado laico que no se puede pasar por alto. Y como el Estado todo lo puede en nombre del Buen Vivir, y siempre hay una disposición constitucional que lo justifique, pues a meterle mano. ¿Así o más institucionalmente inestable?

La pregunta en medio de todo este tribalismo económico es ¿quién será el próximo?, ¿qué otro sector será esquilmado porque usa “recursos del Estado”, por ser “estratégico” o por ser considerado de “interés público”? Eso al Gobierno no parece importarle, ya se verá qué pretexto pone. Lo que sí le importa es hacerlo con pose académica. No hay nada que una palabra rara bien puesta y un gráfico coloreado de PowerPoint no justifiquen.