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¿Puede la corrección política de estas empresas tapar una tragedia irreparable en Ecuador?

La huella que la industria petrolera ha dejado en la Amazonía ecuatoriana es indiscutible: más de mil personas fallecieron por cáncer, treinta mil personas fueron afectadas, dieciocho mil millones de galones de desechos tóxicos contaminaron los ríos, dos pueblos indígenas se extinguieron (Tetetes y Sansahuari). Como si se pudiera limpiar esa mancha oscura y escambrosa que deja el crudo, las empresas insisten en mostrarse cada vez más humanas, ambientales y sociales: construyen unas cuantas escuelas y hacen proyectos con las mismas comunidades que conviven con los derrames de petróleo y tienen las mejores publicidades para proyectar una imagen ‘verde’. Más que responsabilidad social, esos programas parecen estar destinados a apaciguar sus conciencias.

Los programas de responsabilidad social y ambiental de las petroleras abundan.  Para saberlo solo hay que ingresar al portal web de compañías como el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que opera desde 2003 en Ecuador. La empresa –construida por un consorcio de firmas extranjeras que incluye a Repsol– ha realizado seiscientos cincuenta obras y acciones de responsabilidad social en el país, “con un monto superior a los treinta y cinco millones de dólares”, según se especifica en el portal. Algunas de sus obras están relacionadas con misiones religiosas, las cuales, al no contar con recursos para levantar sus proyectos, aceptan el apoyo de las petroleras sin ahondar en detalles. No es difícil comprender a estos misioneros: si se quiere hacer una obra de buena voluntad y hay quien lo financie, ¿quién no lo aceptaría?

El OCP pagó, por ejemplo, la construcción del Colegio Intercultural Bilingüe Abya Yala, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, a cargo de la Misión Carmelita. Es un internado que, indiscutiblemente, rompe las barreras de acceso a educación de comunidades como kichwa, shuar, cofán, secoya y siona. Tiene doscientos veinte  estudiantes. La mayoría se queda en el internado pues llegar a clases les tomaría un promedio diario de cuatro horas. Según el portal de OCP, se invirtió más de cinco millones de dólares en la construcción de este colegio. En 2011 se graduó su primera promoción.

Sin embargo, organizaciones como Acción Ecológica no olvidan los hechos durante la construcción del OCP en Lago Agrio. En mayo de 2002, ochenta hombres armados amenazaron a quienes se oponían a ella. Esta es una de las zonas más susceptibles de derrames, pues desde ahí parten las tuberías del OCP y del estatal Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). En cuarenta y dos años de extracción petrolera, Lago Agrio ha sufrido más de doscientas fugas de crudo. OCP se  ha adelantado a los hechos: si alguna catástrofe ocurriera por su causa, la escuela Abya Yala sería un buen recurso para limpiar su conciencia.

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Uno de los derrames más sonados de OCP fue en febrero de 2009: se regaron catorce mil barriles de crudo en la parroquia Santa Rosa, en el cantón El Chaco, en la provincia amazónica de Napo. La empresa dijo que todo estaba bajo control y de paso destacó en un boletín que se entregaron equipos para una planta de lácteos en Sardinas y equipos de computación. En otro comunicado, luego de mostrar el largo proceso de limpieza y remediación por el crudo vertido, añadieron que gracias a un programa de OCP, dos mil niños de Napo tendrán lentes. Nada de esto repara el desastre ocasionado: peces, patos y cabras fueron encontrados muertos en las riberas de los ríos cercanos. Las truchas de veinte libras, que se quedaban en el fondo del agua para salvarse de las redes de pesca no pudieron escapar de la mancha negra que las mató. El río Coca, que abastece de agua a Orellana, se contaminó y treinta mil habitantes se quedaron sin agua durante veinticinco días.

Son remedios que no curan la enfermedad, simplemente la prolongan, dice el crítico cultural y sociólogo eslovaco Slavoj Zyzek en una conferencia sobre caridad y responsabilidad social. Se intenta solucionar el problema de la pobreza manteniendo viva la pobreza o, peor, abusando de ella. Utilizar dinero de una industria que produce el mal que luego intenta calmar es, cuando menos, éticamente dudoso. Por más lindos que parezcan estos gestos –dice Zyzek– no son la solución. Existe hipocresía en esa cara humana del capitalismo. No nos engañemos, la industria del petróleo no tiene buenas intenciones. No hay nada bueno en usar el mal para hacer el bien.

Pero los programas de responsabilidad social están en todas partes. Las empresas estatales petroleras también los tienen. No digo que está mal ayudar, pero esa ética es contradictoria. Petroecuador invirtió cuarenta y ocho millones de dólares (dato del 2011 difundido en su portal web) en este tema. Tiene programas como el de  compensación social para los barrios aledaños a la refinería Esmeraldas, además de actividades de reforestación. Pero nada de eso evita el riesgo del petróleo. En junio de 2014, más de setecientos barriles se derramaron en Balao, Esmeraldas. El SOTE, oleoducto a cargo de Petroecuador, también tiene un largo historial de derrames en sus cuarenta y dos años de funcionamiento. Uno de los últimos, en junio de 2014, afectó a los pescadores artesanales de las costas de Esmeraldas; se regaron doscientos cincuenta barriles de petróleo por la ruptura de una tubería. Otro ejemplo: la empresa pública Petroamazonas –que hace caravanas de atenciones médicas, sistemas de avicultura y piscicultura- no pudo evitar los catorce derrames que lleva en el 2014, según datos proporcionados por Acción Ecológica.

De acuerdo a Carlos León, de la Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas y experto en temas ambientales, es necesario diferenciar la responsabilidad social empresarial de las obligaciones legales de las petroleras. Si hay un derrame las empresas deben indemnizar por la destrucción ocasionada y remediar el daño. La reparación de daños socio ambientales, la indemnización y la compensación social a las comunidades afectadas, “no es una graciosa dadiva empresarial”. Es la obligación de OCP, Petroecuador o cualquier petrolera para cumplir el marco legal imperante. Pero, añade León, la indefinición de mecanismos técnicos y de normativa que sustente la defensa de los derechos ambientales y sociales de las comunidades resultan convenientes para las empresas de hidrocarburos, sean gubernamentales o privadas. “Los derechos del perjudicado quedan sujetos a una negociación en la que todos sabemos quién es el lado más fuerte y preparado”. La poderosa chequera petrolera parece encontrarle un precio a todo.

La responsabilidad social es lo políticamente correcto.  Pero es también, una especie de chantaje emocional, donde el que recibe el regalo se siente comprometido con el que lo da. Esta insistencia de supuestamente compensar el daño que de por sí genera la actividad petrolera (en todas sus fases, construcción de pozos, extracción, traslado, refinamiento) no existía antes de los noventa. Cuando la promesa del petróleo –de traer desarrollo y mucho dinero a los ecuatorianos empezaba en 1972– no había los reclamos, ni siquiera había una legislación que controlara los daños. Por eso Texaco operaba sin ningún respeto a las poblaciones afectadas. Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, cuenta que en esa época casi no había conciencia ambiental en la opinión pública, no se conocían los prejuicios de esa industria. “No se sabía a qué costo estábamos siendo país petrolero”, dice.

Pero en 1993 las cosas empezaron a cambiar cuando los treinta mil indígenas y campesinos del Frente de Defensa de la Amazonía demandaron a la compañía Texaco por los profundos daños ambientales en sus veinte años de operación en el Ecuador. Sin embargo, la demanda fue negada por un tribunal en Estados Unidos y pasó a Ecuador. Alexandra recuerda un testimonio dentro de este juicio, que hablaba de cómo las poblaciones afectadas estaban en contacto con las aguas contaminadas, las personas retiraban con las manos la mancha negra del agua para su consumo, porque no sabían que era nocivo. Incluso, se utilizaban las aguas de formación (líquido que se separa del crudo y que no era adecuadamente tratado) para cocinar por su sabor a sal. El informe Yana Curi, uno de los que se usó en el juicio a Chevron-Texaco, sostenía que el petróleo es nocivo para el ambiente, la biodiversidad y los humanos. En 2011, un juez de Lago Agrio falló a favor de los demandantes y sentenció a la petrolera a pagar más de nueve mil millones de dólares por los daños.

Luego de tantas pruebas que demuestran su irresponsabilidad en la Amazonía ecuatoriana, la petrolera estadounidense ha encontrado una alternativa para salvar una imagen insalvable. Ha levantado una campaña en la web denominada Juicio Crudo, en la que asegura que la demanda que perdió es un fraude. Desde que inició este caso, Chevron-Texaco dijo que era inocente, que nunca operó en Ecuador (sino Texaco, empresa con la que se fusionó), que contrató a los mejores toxicólogos, epidemiólogos, ecologistas, antropólogos y geólogos del mundo que dicen que el reclamo no tiene sustento científico.

El escándalo alertó a las petroleras. Se dieron cuenta de que alguien observaba, así que empezaron a mejorar su imagen con publicidades ecológicas. Alexandra comenta que empresas como Repsol –que opera en la reserva ambiental del Yasuní, y que mantiene una fundación de proyectos sociales y ambientales– tenía un spot en que se mostraba a un picaflor. El mensaje era que así como el ave absorbe el alimento de las flores, esta compañía extrae el petróleo sin dañar el entorno. Pero esa compañía tiene una serie de denuncias por daños ocasionados en el Yasuní y perjuicios a la población huaorani. El colibrí petrolero es una especie que lo devasta todo a su paso.

Otro ejemplo es la compañía Oxy. Alexandra recuerda un documental que pretendía mostrar “el rostro humano del petróleo” con imágenes de indígenas shuar, pese a que la compañía tenía denuncias de contratar niños para recoger los desechos con las manos. El rostro de la industria petrolera es la de un monstruo despiadado con larguísimos brazos con miles de dedos infantiles.

Esta actitud de publicitarse como ‘verdes’, es en una tendencia mundial. Según una publicación de la BBC, la empresa British Petroleum (BP) empezó a relacionar sus iniciales como Beyond Petroleum (Más allá del petróleo), invirtió en biocombustibles y energía solar y eólica, y cambió su logotipo al de un girasol verde. Shell también propuso energías alternativas. Los comerciales de varias petroleras incluían escenas de bosques, campos abiertos, aguas cristalinas, y repetían palabras como limpio y verde. Pero, por más que inviertan en los mejores publicistas, la actividad petrolera no dejará  de ocasionar muerte y catástrofe.

 Esa bandera de ecologistas y responsables con la sociedad es un contraste demasiado obvio en la industria petrolera. Si bien, algunos proyectos sociales tienen un impacto interesante, como el colegio Abya Yala en Nueva Loja, eso no borrará la huella nociva e inevitable de la industria petrolera. La tecnología de punta no ha logrado controlar los derrames de petróleo que, con seguridad, siguen afectando y enfermando a miles de pobladores. El cinismo de las petroleras es tal que utilizan eslóganes como “Protegemos el medio ambiente” o “Trabajamos por las comunidades de la Amazonía”, cuando las pruebas demuestran que históricamente han hecho todo lo contrario.