¿Puede el espíritu del conocimiento libre irse a la guerra contra esa manía de exigir títulos para todo?
Tener un título universitario no es lo mismo que ejercer un oficio. Aunque la primera escuela de juristas fue fundada en Atenas en el siglo 5 AC, durante más de dos mil años la práctica de la abogacía no requirió de un diploma. En el Ecuador de hoy, todos los abogados necesitan estar acreditados como tales por una universidad. A esta idea de que los oficios demandan un certificado, aun cuando su técnica no lo requiera, se le llama “credencialismo”, “academicismo”, “titulocracia” o “titulitis”. Los motivos que llevan a las sociedades a la titulitis pueden ser la búsqueda de mayor visibilidad en el mercado laboral o la acreditación obligatoria demandada por las regulaciones estatales. A ambas debe sumarse la idiosincrasia popular, que la favorece o la desanima. Sin embargo, en esta época en que los avances tecnológicos tendrían que haber simplificado los trámites, ¿los medios digitales pueden combatir la titulitis?
Para el siglo XIX, en el mundo existían al menos tres vías para convertirse en abogado: ser autodidacta, como el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln; aprender trabajando en un estudio jurídico, como Clarence Darrow -famoso por el caso que enfrentó a creacionistas y evolucionistas en las cortes-, o ir a la universidad y titularse. A medida que las regulaciones han prohibido la existencia de los dos primeros, el precio de las carreras de leyes ha ido en aumento, excluyendo a muchas personas de tener un oficio que son capaces de ejercer.
La tramitología que demanda contratar a un abogado titulado se ha incrementado, y con ella sus costos, dificultando la vida del ciudadano común. Como es frecuente en todo gremio con una posición ventajosa, los abogados con títulos universitarios se volvieron un grupo de presión que históricamente ha impulsado reglamentos proteccionistas en torno a su profesión. De forma progresiva, esto ha ido impidiendo la práctica legal de los abogados sin título. El incentivo para reducir el libre ejercicio de la abogacía es limitar la competencia para mantener o alzar los precios de sus servicios.
Los juristas en Ecuador se gradúan con el título de “Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República”. El credencialismo está tan arraigado en el país, que usamos el sustantivo "abogado" para referirnos a un licenciado por una universidad en vez de señalar a alguien que ejerce el oficio de representar a un cliente en litigios o trámites. La palabra “abogado” no es el nombre apropiado para un título, porque alude a un oficio. Es como si titularan de “vendedor”, “pensador” o –como se ve por ahí– de "emprendedor".
Propuesta para una abogacía colaborativa
Una profesión que se resiste a la titulitis es el periodismo, y en mayor medida, el digital. Pero Internet es global, lo que dificulta los intentos de encerrar a esta profesión en las barreras de un título que autoriza su práctica en una sola nación. Y si a esto se suma el periodismo ciudadano, el oficio de los comunicadores a nivel global se vuelve ingobernable, a pesar de las posibles limitaciones locales. Al final, los medios que triunfan son los que ganan la confianza de su audiencia, sin importar que su personal sea titulado o no.
Esa ingobernabilidad del periodismo digital es posible porque su mayor límite está en el idioma y no en los límites geográficos. Es distinto con la abogacía, siempre demarcada en las fronteras de un estado. Para retornar al libre ejercicio de la profesión, hace falta reformar las políticas estatales de regulación, y eso requiere emprender una lucha política, lo que implica tiempo y recursos. Pero con algo de ingenio se podría debilitar la titulocracia y ciudadanizar el ejercicio de la abogacía. En internet están todas las herramientas que se necesitan para crear una comunidad de abogacía ciudadana. Y eso es posible si se articulan dos elementos: la figura del tinterillo y el espíritu del conocimiento libre.
Un tinterillo es una persona que se dedica al ejercicio de la abogacía pero no tiene la acreditación académica para hacerlo. Dado que el servicio lo presta una persona no titulada, este modelo de trabajo requiere comprar rúbricas, es decir, que un abogado con diploma avale documentos con su firma a cambio de dinero. Mientras, el movimiento del conocimiento libre es una corriente de colaboración voluntaria que ha hecho posible la existencia de proyectos como Wikipedia, Open Maps, las licencias Creative Commons de derechos de autor y varios sistemas operativos gratuitos como Linux y Ubuntu.
Un tinterillo está en constante aprendizaje (necesita estar alerta a los cambios en los procedimientos), observa el funcionamiento de los trámites y lo imita, y a veces hasta descubre alternativas para lidiar con las burocracias judiciales y notariales. Inspirándonos es estos personajes, se puede implementar una disrupción del orden titulocrático sin esperar cambios en la macro política. Y se puede hacer desde una plataforma virtual de almacenamiento de escritos y códigos, que a la vez permita a los usuarios discutir sobre los archivos que comparten, al estilo de la comunidad forera Taringa. Un sitio así permitiría subir enlaces a archivos, que pueden estar almacenados en espacios online como Mega o Dropbox o cualquier red P2P o que almacene contenidos en la nube.
Esta propuesta debe ser una plataforma en la que los usuarios generen el contenido, donde colectivamente discutan y se asesoren sobre las generalidades de los trámites. Ya existen espacios en Internet que ofrecen consultas legales y documentos, pero la idea es crear una comunidad colaborativa donde esos instrumentos y respuestas sean compartidos. Es decir, que sean de libre acceso y que contengan comentarios que permitan ir construyendo saberes, al estilo de los foros de usuarios de WordPress, que sirven de tutorial colaborativo principalmente para quienes tienen problemas al programar.
Para informarse sobre cómo hacer un trámite legal, las opciones son limitadas: Preguntar a un pariente, amigo o conocido; consultar a un abogado, o acudir a determinada dependencia pública para averiguar qué pasos hay que seguir, a sabiendas de que luego habrá que volver. El propósito de esta propuesta es generar conocimiento. Un conocimiento que le descomplique la vida a las ciudadanos y que esté siempre disponible para consultas. Es cierto que hoy existen páginas web donde se puede encontrar información, pero no siempre se halla lo que se necesita. Si se buscan códigos y minutas en Google, por ejemplo, los resultados son solo una fracción de información que no siempre está actualizada. Yahoo Answers tiene un sistema de preguntas y respuestas que ha demostrado ser poco fiable. Los grupos de Facebook son una herramienta adecuada para generar una comunidad, pero ahí es difícil encontrar publicaciones después de cierto tiempo. Taringa! es un buen espacio para compartir archivos, sin embargo es universal, y nuestra plataforma necesita ser –por decirlo de alguna forma– especializada: que esté destinada solo a temas legales. En Ecuador existe un portal llamado Lexis SA, que tiene acceso preferencial a los archivos digitales de la Función Legislativa, Presidencia y Registro Oficial, pero requiere una suscripción pagada.
Las opciones están desintegradas. Es importante centralizar todas las búsquedas en un mismo sitio para que la sinergia colaborativa pueda fluir. Así, es posible pensar en un lugar donde los ciudadanos de a pie se nutran de los usuarios que tenen experiencia y acceso a documentos como modelos de minutas o códigos y que puedan compartir tips sobre cómo manejarse en determinado juzgado o notaría.
Dicho de otra forma, el propósito de este sitio es volverse una comunidad digital. El proyecto vendría a ser una especie de Registro Oficial privado/ciudadano o una asociación de usuarios judiciales y notariales, ofreciendo un manual construido de forma colectiva para la autoeducación en tramitología. Los interesados en aprender a hacer sus papeleos solo necesitarían al abogado para firmar, ahorrándose al menos algunas consultas, y –definitivamente– algo de dinero.
¿Perjudica esta propuesta a los abogados titulados? Solo para quienes consideran que la competencia empresarial pacífica es nociva. Una plataforma enemiga del credencialismo sería un lugar útil para abogados independientes, estudiantes de leyes, tinterillos y ciudadanos. Todos podrían nutrirse de esta construcción comunitaria, pensada para difundir saberes sobre ciertos temas que solo se aprenden con la experiencia, porque requieren algo más que la teoría para ser aprendidos. Aquellas cosas que de todos modos no se enseñan en la Universidad.
