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¿Cuál es la finalidad de la manifestación del 17S?

Por primera vez, luego de siete años, el gobierno de Rafael Correa está preocupado por una protesta en su contra: la del 17 de septiembre del 2014. Miles de personas  se concentraron en Quito, Guayaquil, Cuenca, Latacunga y otras ciudades para protestar en contra de varias decisiones económicas y políticas que el gobierno ha adoptado en los últimos meses, como la reducción de las utilidades de los trabajadores de las empresas telefónicas y el proyecto del nuevo código laboral. Esta preocupación se evidenció con los discursos agresivos del Presidente de la República y de sus ministros, los días previos a la manifestación y con la convocatoria a la “contramarcha de la alegría” que se desarrolló el mismo día a pocos metros de distancia.

En este panorama cabe hacerse dos pregunta: ¿Cuál es la finalidad de este tipo de manifestaciones? ¿La gente que acude realmente reclama por lo que considera una vulneración de sus derechos, o estamos ante un pulso de poder de ciertas organizaciones sindicales, políticas y ciudadanas contra el Gobierno?

Si preguntamos a los ex presidentes Bucaram, Mahuad o Gutiérrez nos podrían decir que estas marchas pueden conseguir, en última instancia, derrocar al Gobierno, tal como les sucedió a ellos. No obstante, quienes convocaron y acudieron a la manifestación opositora del 17S saben perfectamente que en las actuales circunstancias eso no podría suceder y, por lo tanto, podemos concluir que ese no es su objetivo. Entonces surge la interrogante de si el 17S tuvo como finalidad que el Gobierno reconsidere las decisiones políticas y económicas que ha adoptando últimamente o simplemente fue para demostrarle al Presidente que el apoyo popular del cual gozaba hasta hace muy poco, se puede empezar a evaporar paulatinamente.

De la misma manera, cabe esta reflexión para aquellos que fueron a la contramarcha. ¿Acuden porque consideran que las políticas del Gobierno son beneficiosas para la mayoría de los ciudadanos o simplemente quieren demostrarle a la “oposición” que quienes respaldan a Alianza País siguen siendo mayoría?

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La protesta del pasado 17S unió a varios sectores con distintas reivindicaciones. Unos protestaban por el proyecto de ley que reduce las utilidades de los trabajadores de las empresas telefónicas para entregarlas al Estado, otros por las reformas constitucionales que ha planteado el Ejecutivo, muchos por la transferencia de los fondos previsionales de los maestros al Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS), otros cuantos por el matrimonio igualitario, varios por la no explotación del Yasuní ITT. En general, muy a pesar del Presidente y de su partido, Alianza País, se trataba de una manifestación de muchos sectores de izquierda otrora aliados del Gobierno, y no de la derecha que gobernó en la cacareada “larga noche neoliberal”.

Los partidarios del Gobierno –o de Alianza País que viene a ser lo mismo– se concentraron para demostrar su apoyo y para defender la idea de que esta es la “revolución de la alegría”, a pesar de que escuchar cantar al Presidente y al ministro Ricardo Patiño pudo haber sido un momento no muy alegre para ellos. Durante la contramarcha, el Gobierno dijo que en la Plaza Grande se habían concentrado alrededor de treinta mil personas, pero todos los que hemos estado ahí sabemos perfectamente que no cabe esa cantidad de gente. La idea era demostrar, sin embargo, quién tiene mayor respaldo popular, y si hay que lanzar una cifra desproporcionada para conseguirlo, pues no existe el menor reparo en hacerlo.

Independientemente del número de personas que hayan acudido a una u otra manifestación, lo que podemos sacar en claro es que el Gobierno ha empezado a perder el colchón político que había acumulado durante tantos años y que el apoyo del que goza hoy –que sigue siendo mayoritario– se ha reducido en los últimos meses. Así lo demuestran los resultados de las elecciones del 23 de febrero y las manifestaciones del pasado 17 de septiembre.

El trasfondo del asunto es que el Gobierno del presidente Correa ha adoptado ciertas medidas que, estoy plenamente convencido, no deseaba, pero que ante el déficit fiscal exagerado del Presupuesto General del Estado, se ha visto obligado a tomar. El dinero se empieza a agotar y los ciudadanos ven cómo el Gobierno crea cada día nuevos impuestos, reduce sus beneficios laborales, pretende eliminar subsidios, decisiones que generan un malestar creciente que se refleja en las manifestaciones. El objetivo de la marcha opositora era advertirle al Gobierno que los ciudadanos no van a aceptar cualquier medida que perjudique sus intereses, a cambio de carreteras, escuelas y bonos. Es decir, se trataba no solo de una demostración del poder de las organizaciones que participaron, sino también de hacerle notar al régimen la pérdida de poder de quienes anteriormente lo apoyaban sin fisuras.

El movimiento Alianza País, para contrarrestar el malestar, ha creado un nuevo enemigo al cual debe enfrentarse: la “restauración conservadora”. Se trata de un concepto etéreo que pocos entienden pero que tiene una finalidad específica de justificar todas las medidas que está adoptando el régimen, entre ellas, la reelección indefinida vía enmienda constitucional con tal de que no vuelvan al poder “los mismos de siempre”. No obstante, la marcha del 17S distaba mucho de ser organizada por la denominada “restauración conservadora” ya que se trababa de ciudadanos con distintas preocupaciones que exigían al Gobierno ser escuchados y querían demostrarle que cada vez son más. De hecho, los convocantes de la manifestación eran miembros de organizaciones sindicales vinculadas a la izquierda más radical del espectro político ecuatoriano.

No podemos decir si hubo ganadores o perdedores en la lucha de poder del 17S. Lo que sí podemos constatar es que la sociedad ecuatoriana se encuentra un poco más dividida que antes, y que la frase acuñada por los trabajadores de las empresas telefónicas cuyas utilidades se verán reducidas de “Y si te pasa a ti”, parece haber calado en algunos que hasta hace poco respaldaban a la Revolución Ciudadana. Sin embargo, la diversidad de reivindicaciones en la manifestación del 17S hace prever que se trata de un movimiento que todavía no se encuentra cohesionado y que, probablemente, no se repita en el corto plazo.

El Gobierno debe tomar nota de lo que está sucediendo y comprender que el discurso combativo ya no es suficiente para mantener cautivos a los ciudadanos y que éstos exigen mayor apertura y diálogo por parte del régimen. El quid de la cuestión estará en saber si un Gobierno que no ha dialogado durante siete años con ningún sector que piense distinto a ellos, está dispuesto a hacerlo en el futuro.

No puedo dejar de mencionar un aspecto que nada tiene que ver con el leit motiv de las manifestaciones, pero que considero necesario recalcar. La exagerada presencia policial en la marcha opositora, así como los excesos de la Policía Nacional son condenables desde todo punto de vista. La diferencia fundamental entre un régimen democrático y uno autoritario no es que podamos acudir a las urnas cada cierto tiempo, sino el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los excesos policiales contra los que marchaban implican una criminalización de la protesta social, lo cual es inadmisible dentro de un régimen que se hace llamar democrático. ¿Qué diferencia habría entonces entre los excesos del Gobierno de Febres-Cordero y los actuales de la Policía Nacional en el de Correa?

Paradójicamente, Alianza País se refirió a su manifestación como la “revolución de la alegría”, cuando cada vez tienen menos motivos para estar alegres. La lucha de poderes se ha empezado a equilibrar y el Gobierno va a necesitar mucho más que apelar al enemigo de la “restauración conservadora” para conservar el respaldo mayoritario, del que todavía goza, hasta el 2017.