Imaginemos que mañana la Asamblea Nacional anuncia: “Vamos a prohibir el uso de Internet, y crearemos nuestra propia red solamente para los ecuatorianos.” Sería ilógico y exagerado, pero si reemplazamos la palabra “Internet” con “bitcoin” y “red” con “moneda digital” estaríamos hablando a una de las prohibiciones reales del nuevo Código Monetario y Financiero, que se aprobó la semana pasada y está a la espera de la firma del Presidente.
Esta decisión marca un precedente. Por primera vez en la historia del Ecuador, banqueros pelucones y hackers anarquistas se consolaron y se solidarizaron después de la aprobación de una ley. Las razones de sus lamentos, sin embargo, son distintas. Los banqueros se quejan porque creen que la ley podría dificultar el trabajo de la banca tradicional; los hackers porque consideran que obstaculiza la creación de una nueva era bancaria.
A los hackers les preocupa específicamente el artículo noventa y seis del nuevo Código que dice que “se prohíbe la emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación total o parcial de moneda y dinero, así como su circulación”. Esta prohibición incluye a Bitcoin, una moneda completamente digital comparable con un libro de contabilidad que permite transacciones anónimas e instantáneas en línea. Fue desarrollada por un grupo desconocido de personas (se sospecha que eran jáponeses) y la cantidad de bitcoins en circulación es finita –se calcula que hay veintiún millones– y controlada por un algoritmo automatizado que no puede ser manipulado por otros, ni por sus creadores ni por sus nuevos usuarios. Esto significa que ningún gobierno o persona podría crear, de la nada, gran cantidad de bitcoins y debilitar su valor. Para conseguirlas, se transfiere el dinero, en dólares por ejemplo, y se recibe a cambio las monedas electrónicas. Todo por la web. El dos de agosto del 2014, una Bitcoin equivalía a 588,7 dólares. Como cualquier otra moneda, su valor depende de la oferta y demanda en el mercado.
Existe otro mecanismo para que los usuarios se involucren en las transacciones y es creando o “minando” bitcoins. Para esto se necesita emplear parte de la capacidad de la computadora para ayudar a sostener la infraestructura del sistema. Este proceso se denomina minar porque se lo compara con el procedimiento –practicado desde hace un siglo- en el que se agarra un montón de tierra, se la coloca en una máquina y se extrae, poco a poco, los pedacitos de oro. Esa dedicación y minuciosidad de los mineros al trabajar son requeridas en esta plataforma virtual.
Cada año, se introducen al mercado un número limitado de bitcoins que necesitan un soporte para distribuirse en la red. Para los usuarios que emplean parte de la capacidad de sus computadoras para ayudar a sostener el sistema, existen incentivos como la posibilidad de ganar bitcoins sin tener que comprarlas. Los bitcoineros –o usuarios que minan– representan una suerte de neorevolucionarios que confían y dedican tiempo a una actividad que aún es cuestionada por la mayoría de la población.
Si comparamos este sistema con una red energética diríamos que no solo un lugar produce toda la electricidad en una misma planta sino que cada casa captura los rayos del sol y los comparte. Por eso, nadie puede “apagar” a Bitcoin o atacar su matriz, porque no existe. Es como el control del Internet en el mundo que no está concentrado en un solo país sino en cientos de lugares. Por eso, si un día la conexión “se cae” en todo Estados Unidos, por ejemplo, el resto del mundo no se afectaría. De la misma forma que el tráfico en una ciudad es enfrentado de diferentes maneras por cada chofer, el control de esta moneda electrónica es distribuido entre miles de personas.
Bitcoin ya no es una moneda legal en el Ecuador y parece que solo los geeks nos fijamos en su prohibición. No obstante, esta limitación del gobierno nos dice mucho sobre cómo el Ecuador puede sabotear el cambio la matriz productiva y retrasar el desarrollo de nuevas tecnologías que democratizan el acceso a los medios de producción, al conocimiento, y al capital. No nos debe sorprender que se prohíba explícitamente en el Ecuador. Como es un sistema descentralizado y anónimo es imposible que el gobierno lo regule, por eso genera miedo en el Estado. Actualmente, el gobierno depende de que las transacciones se realicen con facturas para recaudar el impuesto al valor agregado (IVA) y evitar evasiones fiscales. Con el sistema Bitcoin dos personas pueden intercambiar dinero sin que ningún gobierno ni banco se entere, y sin que exista un récord sobre la compraventa. Se podría, por ejemplo, mandar dinero al exterior sin pagar el impuesto de salida de divisas u operar un negocio sin pagar impuestos. Por eso, si llegas a ser millonario por la cantidad de monedas electrónicas que posees, para el gobierno tu riqueza no existe porque no tiene cómo comprobarla.
Los pioneros en adoptar Bitcoin fueron libertarios tecnólogos de diferentes partes del mundo que exigían privacidad en sus transacciones. Luego se sumaron grupos ilícitos que buscaban mover dinero sin tener que enfrentar el obstáculo del sistema financiero internacional. Pero cada vez más, los usuarios son personas comunes que no confían en el valor de su moneda nacional o buscan cómo evitar los altos costos de transacción de los bancos. Argentina, país con una historia larga de mal manejo de la moneda nacional, por ejemplo, es el tercer país que más usa Bitcoin, después de los EEUU e Israel.
Crecimiento de número de empresas que aceptan Bitcoin a nivel global.
Existe una contradicción entre el rechazo de la Bitcoin en Ecuador y la estrategia de innovación que supuestamente perseguimos. Cualquier emprendedor tecnológico dirá que uno de los obstáculos principales para levantar una industria de e-commerce en el país es el sistema de pagos. Instalar este botón en una página es muy complicado debido a las limitaciones creadas por los bancos y empresas de tarjeta de crédito. Los sistemas actuales son lentos, inseguros, extremadamente caros y difíciles de acceder. La moneda electrónica elimina este obstáculo y con su uso surgirían nuevas industrias que romperían los actuales monopolios, se abrirían nuevos mercados y se transformaría el capitalismo ecuatoriano que sigue protegiendo a quienes pueden pagar los altos costos de entrar en cualquier mercado. En otras palabras, el deseo del gobierno de tener una moneda digital (que se expresa en este código) es noble y debería ser aplaudido, el inconveniente es que sugiere que sea una propia y rechaza a las existentes como Bitcoin.
El crecimiento de Bitcoin se debe a que es una plataforma segura y eficiente y hasta ahora nadie ha logrado superarla tecnológicamente. Por eso, me enfada pensar que, como país, estamos gastando millones en construir una alternativa cuando esa opción será necesariamente inferior a Bitcoin. Con la prohibición de cualquier moneda digital externa, el gobierno está reconociendo la inferioridad de su propio producto. En otras palabras, si usamos esta moneda electrónica únicamente ecuatoriana es porque no tenemos otra opción, no porque sea una alternativa excelente. Si la propuesta del gobierno fuera buena, no deberíamos temer a la competencia ni tendríamos que eliminarla a través de legislación.
Los beneficios de Bitcoin podrían beneficiar a ecuatorianos de diferentes niveles socioeconómicos. Los artesanos de Otavalo, por ejemplo, podrían vender sus artesanías a turistas españoles sin salir de Imbabura y los fabricantes de sombreros de paja toquilla podrían mandar sus sombreros desde Montecristi a todo lado del mundo sin tener que ir a Western Union o pagar una comisión. Con la moneda nacional estos dos escenarios serían imposibles. Justo en el momento en el que el comercio se está volviendo más global, en lugar de acompañar al mundo a desarrollar herramientas con alcance internacional, tomamos la ruta nacionalista. Estamos creando un nuevo enchufe solamente para nosotros limitando nuestra capacidad de conectarnos con el exterior. Tratamos de recrear Internet insistiendo que tiene los mismos beneficios del verdadero Internet menos el más grande: tener una plataforma que no reconoce fronteras. Como resultado, no solamente nos niega a los consumidores los beneficios de mercaderías globales, sino que también limita a nuestros desarrolladores y emprendedores a crear productos para ese mercado. No podemos construir empresas transnacionales si las tendencias globales aquí son ilegales.
La decisión clave que debe tomar el gobierno es si quiere generar o controlar innovación tecnológica. Los nuevos desarrollos en tecnología, como Internet, los télefonos móviles, los micropagos, los drones, los carros que no necesitan de conductor, amenazan con democratizar y transparentar muchos aspectos de nuestra sociedad. El gobierno debe entender que estos cambios, como suelen ser inesperados, difícilmente pueden ser controlados y su existencia depende de esa capacidad que tengan para perpetuarse.
Si queremos generar innovación, tenemos que crear las condiciones para que se dé, como bajar los costos de entrada. Debemos catalizar el emprendimiento, animar la emigración y la importación de talento e invertir en investigación, desarrollo e infraestructura. En lugar de prohibir nuevas tendencias tecnológicas, tenemos que crear marcos jurídicos que permitan prosperar, tal como California modificó su ley de transporte para permitir el desarrollo de carros que se manejan solos. Ese pequeño cambio permite a Google desarrollar autos de vanguardia que ni siquiera tienen volantes, y ayuda a este estado norteamericano a mantener su status como plataforma de lanzamiento de las nuevas herramientas del futuro. No podemos insistir en que la tecnología mundial se desarrolle según nuestro criterio, simplemente no funciona así.
Si queremos controlar innovación, en cambio, estamos destinados a ser copiones porque no tendremos las condiciones para generar y hacer crecer nuevas ideas. Seremos un destino de productos mediocres mientras el mundo avanzará con la última tecnología creada en el mercado más competitivo que hay: el global. Mientras el mundo se beneficiará del poder colaborativo de millones de cerebros tratando de resolver problemas que nosotros también tenemos, el Ecuador esperará a ver los resultados y luego copiará lo que ellos tienen, tal como estamos haciendo con la moneda digital nacional. Al optar por la ruta nacionalista, optamos por mantenernos siempre dos pasos atrás.
Si queremos generar innovación, el gobierno no se puede adueñar del rol de protagonista, porque la generción de innovación no puede ser asignado como cualquier otro deber. Debería aceptar su papel de mejor artista de reparto creando la infraestructura y las condiciones para que los emprendedores del Ecuador lleven adelante la cruz de cambiar la matriz productiva. Tenemos que bajar los costos de innovación, no para que los ricos se hagan más ricos sino para que los nuevos actores puedan, de manera más fácil, crear competencia. Si queremos innovación, tenemos que acoger lo que ofrece el mundo, y no crear una muralla alrededor de nuestras fronteras. La única forma de mantenernos al paso del mundo es participar en el desarrollo de las tendencias. Tenemos que estar en el partido en vez de ver la repetición.
Finalmente, aunque el nuevo Código Monetario y Financiero decepciona por su falta de visión a largo plazo, todavía soy optimista porque es imposible que el gobierno se resista a la entrada de nuevas tecnologías. Por más que quiera el Estado, la gente no aceptará un Google o un Facebook ecuatoriano que no sea igual de bueno que el Google y el Facebook de verdad. Soy optimista porque cada vez más me encuentro con más emprendedores ecuatorianos que llevan a cabo sus proyectos a pesar de las dificultades. Nadie es líder cuando las condiciones son perfectas: el verdadero líder realiza su visión a pesar de ellas y ahora hay un grupo dispuesto a cuestionar la lógica común para crear un Ecuador muy distinto. Soy optimista porque nuestra capacidad de innovar supera la capacidad de los gobiernos de controlar. Si no fuera así pues Bitcoin no existiría, y al final no tendríamos nada para copiar.
Prohibir el uso de Bitcoin revela las contradicciones en nuestra estrategia para cambiar la matriz productiva