El presidente del Ecuador ha hablado sobre mí y se ha referido a algunos de mis argumentos publicados en Gkillcity.com. En esta entrevista en la Radio Pública, el 14 de julio de 2014 –en el contexto de una discusión sobre las enmiendas constitucionales–, Rafael Correa ha dicho, palabras más palabras menos, que yo tengo odio, animadversión al gobierno al punto que me obnubilo y pierdo cualquier perspectiva, que no tengo sangre en la cara, que soy un profesional del derecho que me presto a decir barbaridades que no resisten el menor argumento, que esas barbaridades son dichas para tratar de confundir, que miento, que trato de manipular a la ciudadanía, que vendo mi conciencia profesional, que soy un seudoprofesional del derecho que por defender mis intereses cualquier barbaridad hablo, que soy un politiquero disfrazado de seudoanalista que me opongo a todo. Yo, mientras lo oía, me preguntaba: “si estuviera presente, ¿qué le respondería?”. No replicaría a sus descalificaciones, pero sí intentaría responder a sus argumentos, bajo la premisa de que en un debate de altura hay que ser duros con las ideas y no con las personas. Como no puedo debatir personalmente, no me queda otra que hacerlo de este modo. Voy a recoger los argumentos del presidente dichos en esa entrevista y, como si estuviera con él, opinaré.
Sobre la reelección presidencial
El Presidente: La reelección es el último recurso que tenemos ante la restauración conservadora, que está confabulada con los medios de comunicación. Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Solo voy a aceptar ser candidato si es necesario, y depende de la campaña impúdica de los medios de comunicación, que destrozan a cualquier persona que sea candidata de Alianza País.
Yo: La restauración conservadora, suponiendo que exista, aunque no le guste a usted ni a mí, es un derecho que tienen algunos ecuatorianos. No son enemigos de la patria, son ciudadanos con otra ideología. Vivimos en democracia y esto significa que tenemos derecho a pensar diferente y que pueden existir, por esto mismo, otros proyectos políticos. No nos asuste. Ser de derecha no significa ser enemigo de la patria. Las otras ideas se combaten con ideas, con propuestas y con trabajo comprometido con el pueblo, no con insultos ni con reformas normativas que favorecen solo a un grupo de interés.
El Presidente: La reelección no cambia la estructura del Estado. Por favor, dígame cómo la reelección sin límites atenta contra la estructura del Estado. Atentar contra la estructura del Estado es crear otra función o regionalizar de otra manera el país.
Yo: Sí, Presidente, sí cambia la estructura del Estado. Cuando un presidente, hipotéticamente, puede ser reelegido indefinidamente y lo logra, ese Estado ya no es democrático sino monárquico. Finalmente, aunque quizá ya no le guste, la Constitución es garantista y esto quiere decir que establece mecanismos para que los derechos de la gente sean efectivos y pone, por ello, límites al poder. El presidencialismo le da mucho poder al ejecutivo, por eso, los límites son importantísimos. La estructura del Estado está diseñada de tal modo que ha establecido límites temporales al ejercicio de la presidencia. Usted está intentando romper estos límites y esto disminuye una de las garantías a un poder ya considerable.
El Presidente: Al quitar la alternabilidad, no se está disminuyendo derechos, se está aumentando derechos, porque el ciudadano puede votar por la alternabilidad. Pero suponiendo que haya restricción de derechos de algún ciudadano, ¿significa que se está alterando la estructura del Estado?
Yo: Presidente, si hay restricción de derechos aunque no se cambie la estructura del Estado, ya no sería enmienda sería una reforma profunda que requeriría Asamblea Constituyente. Ya le contesté lo de la estructura, así que concentrémonos un momento en los derechos. Efectivamente se está aumentando los derechos de quien ejerce la presidencia –es decir los suyos–, pero no del resto de millones de ecuatorianos. Con su argumentos, entonces, si alguien tienen una gran extensión de terreno o tiene grandes utilidades en una empresa, para aumentar sus derechos, no debería pagar impuestos, conservar áreas verdes o distribuir las utilidades con sus trabajadores. Los derechos de propiedad y los políticos, sin límites, tienden a oprimir: puede haber monopolios o pueden haber autoritarismos. Por eso los límites son importantes. Pero cuando se piensa en derechos, estamos pensando en los derechos de participación de ciudadanos y ciudadanas tanto dentro de Alianza País, su movimiento, como de otros partidos y movimientos que ahora no son presidentes y aspirarían a serlo. Si usted aspira a ser reelegido indefinidamente, ningún miembro de Alianza País podría serlo, y esto es una restricción de derechos. La alternabilidad, aunque suena trillado, es una garantía al derecho a la participación ciudadana.
Sobre el abuso de la acción de protección
El Presidente: Con la enmienda se trata de limitar los abusos. Si se evita abusos, dígame cómo se puede restringir derechos. Yo soy un presidente fuerte. Pero si hubiese un presidente débil, se acaba con los abusos de la acción de protección. Por ejemplo, en un proyecto de agua potable, un contratista presenta una acción de protección contra el Estado, y el juez ordena que se le pague. Se trata de preservar los recursos públicos.
Yo: Presidente, con todo respeto, pero los datos empíricos no sustentan que hay un abuso de la acción de protección. Al contrario, no se la usa y, cuando se la usa, no funciona. En un reciente estudio (Claudia Storini y Marco Navas. La acción de protección en Ecuador. Realidad Jurídica y social. Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2013) apenas en el 33.56% de casos admitidos se conceden (p. 172). Si a esto se agrega el dato de que el 55.8% de los casos se inadmiten (p. 109), resulta que aproximadamente solo en 1.5 casos de cada diez la garantía funciona. ¿No será más bien un abuso cuando el Estado usa las garantías para sacar a los militares a las calles, para censurar un libro, para destruir tractores o para revertir sentencias a favor del Estado (acá, otra noticia al respecto)?
Por otro lado, suponiendo que existen abusos de la acción de protección, son los jueces los llamados a evitar los abusos, pero no se puede limitar una garantías porque algunas personas abusan. Más allá del dato anecdótico que menciona, me encantaría conocer los datos empíricos que sustentan el abuso. Limitar una herramienta para proteger derechos porque se abusa de ella, es como si se intentase evitar que ciertas personas abusen del uso del agua –mientas otras tienen sed– eliminando el agua.
Usted dice que es un presidente fuerte y por eso sugiere que no hay abusos a la garantía. Con todo respeto, mientras más fuertes son las autoridades públicas, más fuertes deben ser las garantías. Me encantaría pedirle que mire a la garantía no como una persona que ejerce poder y le estorban los límites, sino como un ciudadano que no tiene plata, fuerza ni influencias. Póngase en los zapatos de esas personas que no tienen nada en la vida sino derechos y sufrimientos. Para ellas los asambleístas diseñaron las garantías constitucionales, y ellas nunca, pero nunca, si se atreviesen a usarlas, estarían abusando del derecho.
En el caso que usted menciona -que no proporciona muchas datos-, permítame decirle que si en ese caso hubiese habido una injusticia y una violación de derechos humanos por más que sea la demanda contra el Estado, el juez debería ordenar la reparación integral y esta podría ser el pago. La mejor forma de evitar que los recursos públicos vayan a las personas por reparación es simplemente no provocando violaciones a derechos en lugar de limitar la garantía.
Finalmente, permítame decirle que en lugar de evitar los abusos de la garantía reformando la Constitución, hay que crear condiciones para que los jueces sean independientes, con conocimiento, con poder para enfrentar y limitar otros poderes y con compromiso con los más débiles. Es preferible soportar abusos de los ciudadanos a que, por evitarlos, quienes sufren violaciones no tengan garantías adecuadas y eficaces.
Sobre las competencias de los gobiernos municipales en salud y educación
El Presidente: Con la enmienda lo que se está haciendo es quitando las competencias inconsistentes de los gobiernos locales, se está corrigiendo una mala redacción, un error claro en la Constitución. El gobierno central tiene competencias exclusivas en educación y salud. Es perjudicial y excluyente como está la Constitución porque impediría al gobierno central actuar. La Constitución dice clarito que el órgano rector es el gobierno central. Si no se corrige, ¿quieren que el Presidente no pueda hacer hospitales ni centros de salud? ¿Quiere el pueblo ecuatoriano esto? Con la enmienda está ganando el pueblo ecuatoriano.
Yo: Señor Presidente, permítame decirle que sin la enmienda usted ha podido construir hospitales, centros de salud y escuelas del milenio. No se ponga dramático ni ponga dilemas que no existen. Nadie duda tampoco que el ejecutivo tenga la rectoría de las políticas de salud. Usted sabe bien que la Constitución dice que esas competencias son concurrentes, es decir tanto usted como los gobiernos locales pueden construir centros de salud. Lo que está pasando es que si usted quita esa competencia a los gobiernos locales, hay recursos económicos que deberían ir al gobierno local que tendrían que ser administrados por el gobierno central. Yo creo que al tener menos recursos desde lo local, se fortalece el centralismo y se quita poderes a los gobiernos municipales. No conviene que se haga todo desde el gobierno central: “el que mucho abarca, poco aprieta.”
Sobre las Fuerzas Armadas en seguridad integral
El Presidente: Por favor, que lean bien la propuesta de enmienda, que dice “y complementariamente”. No se está buscando reemplazar a la Policía. Además, las Fuerzas Armadas ya están colaborando con la Policía. Esta es una tendencia mundial. Por ejemplo, ya están interviniendo para combatir el crimen organizado, para controlar las armas. La enmienda está poniendo en claro lo que se podría hacer, se está perfeccionando la normativa para que no quede la menor duda. Esto es lo lógico y lo eficiente. Además, las Fuerzas Armadas lo comprenden plenamente. Finalmente, los indicadores son muy objetivos y demuestran claramente un declive de los delitos. Somos considerados uno de los países más seguros en Latinoamérica. Antes, por la caducidad y por el 2X1 se liberaron como seis mil potenciales delincuentes. Necesitamos utilizar todos los recursos para combatir la delincuencia. Contésteme ¿No quieren que las Fuerzas Armadas ayuden al control de armas y ayuden a combatir el narcotráfico? Con los argumentos para que no contribuyan a la seguridad las Fuerzas Armadas, eliminemos entonces las Fuerzas Armadas y la Policía.
Yo: Está claro, Presidente, que las Fuerzas Armadas no reemplazarán a la Policía;. Pero también está claro que las Fuerzas Armadas harán labores de policía, como usted mismo afirma, tales como intervenir en cierto tipos de delitos. Con todo respeto, en lugar de perfeccionar la normativa, lo que usted va a lograr es confundir la misión de dos instituciones que hoy tienen finalidades muy claras en la Constitución. Usted afirma que las Fuerzas Armadas ahora ya intervienen en cuestiones relacionadas al narcotráfico internacional y al control de armas, sin competencias claras, no es nada difícil que las Fuerzas Armadas terminen realizando, sin que exista declaratoria de emergencia, otras funciones policiales tales como requisas, allanamientos, detenciones para investigación, operativos migratorios. ¿Por qué mejor no aumenta el número de policías y mejora su capacidad operativa? No confunda, es peligroso. En Ecuador y en Latinoamérica tenemos una muy mala experiencia histórica con los militares y los policías combatiendo al enemigo interno, que eran los subversivos y los comunistas: muchas muertes, torturas, desapariciones y arbitrariedades. Se dice que hay que aprender de la historia para no repetir errores.
Por otro lado, déjeme aprovechar para decirle, ya que usted lo menciona, que me encantaría vivir en un país en el que a la gente no se le meta presa sin sentencia, en el que mientras se le presuma inocente se le permita defenderse en libertad, no se considere a los jueces que dictan medidas alternativas a la prisión preventiva o a las condenas de cárcel que son malos o que merecen un procedimiento administrativo por error inexcusable, que se aplique el 2 x 1 y que, en fin, no considere a la cárcel como una solución a los problemas sociales y delincuenciales. La cárcel, señor Presidente, daña, pervierte, provoca dolor en los presos y a sus familias. Y no le estoy diciendo que las personas que cometan delitos no deban pagar, sí que tienen que pagar, pero la cárcel no sirve a las víctimas ni a los victimarios, solo sirve para hacer política y satisfacer los sentimientos negativos de venganza. Yo creo en esos ecuatorianos que salieron con el 2×1 y por la caducidad de la prisión preventiva, y es más, me alegro que no estén presos, también tengo más esperanza que la gente cambia en libertad y tengo la certeza que se dañan estando presos. La delincuencia, si es que se ha reducido, seguro se ha logrado no porque tengamos más cárceles llenas, sino porque tal vez las políticas de salud, trabajo, educación están funcionando mejor.
Sobre la comunicación como servicio público
El Presidente: El Estado con la enmienda, al considerar la comunicación como un servicio público, lo que va a hacer es regular. No es lo mismo vender corbatas, prestar plata o dar información. A los que prestan plata y dan información hay que regular su actividad. Además está en la ley y la Constitución debe guardar coherencia con el sistema jurídico. Decir que la mejor ley es la que no existe es el fundamentalismo liberal. Lo que queremos es que los medios rectifiquen las mentiras, que haya derecho a la defensa, que no se insulte impunemente y que haya derecho a la réplica, que exista una verdadera libertad de expresión. Antes había patente de corso y hacían los medios lo que le daba la gana. Hay que estar muy atento a la manipulación. Por todo esto, hay que considerar que la comunicación es un servicio público.
Yo: Permítame decirle que –en el discurso y sin el contexto histórico y político en el que vivimos– tengo simpatía por los argumentos que esgrime. Efectivamente creo que, en derechos, la falta de normas que regulen al poder puede significar la ley del más fuerte; que, al igual que el servicio público de Transporte, de salud y de educación, para el ejercicio de derechos se necesita regulación a los entes que tienen poder, como los medios de comunicación privados y también como los medios y espacios públicos de comunicación. También creo que han existido abusos, insultos, falta de espacios para la réplica y mentiras de parte de los medios de comunicación. Pero en el contexto histórico, perdóneme, pero no le creo y me parece que la enmienda es inconveniente. Usted, según yo me siento, me ha insultado impunemente, me ha descalificado, no tengo espacios ni esperanzas para la réplica, no tengo chance de defender mis argumentos ante usted. Es decir, hay evidencias de doble moral, como suele decir, y doble estándar. Las normas parecen encaminadas a proteger la imagen del gobierno y no los derechos de las personas. Por eso, no creo en esta enmienda y creo que es preferible no hacerla. Déjeme recordarle, por otro lado, que en el sistema jurídico las leyes se adaptan a la Constitución y no al revés. Me parece que lo que pasará es que existirá más control del Estado a los medios y menos posibilidades de que, en estos medios, se garantice la libertad de expresión.
Presidente, un gusto debatir con usted. Más allá de saber quién tiene la razón, lo importante es opinar sin descalificar al oponente. Pero, sinceramente, no he debatido con usted solo para que me escuche, sino también para alimentar las opiniones que se necesitan cuando se hace algo tan delicado como cambiar la Constitución. Escribo para que otras personas tengan ideas y, con información, puedan opinar.
Una respuesta a Rafael Correa sobre la propuesta de “enmiendas” constitucionales
