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Joselyn Álvarez, de doce años, salió de la provincia de Cañar, en el sur del Ecuador, para reunirse con sus padres, migrantes indocumentados, en Nueva York. El cuatro de febrero del 2014 emprendió una travesía de más seis mil kilómetros en manos de tratantes de personas, conocidos como polleros o coyoteros, por su habilidad de cruzar el desierto. El acuerdo es el traslado, el cruce de la frontera no está garantizado. Niños que van desde recién nacidos, escolares o adolescentes menores de dieciocho años viajan en lanchas, trenes de carga o sobre el piso falso de un camión. Transitan por caminos terrosos. Pasan la noche en calles, parques, centrales de autobús, salas de emergencia de hospitales. Son víctimas de una sucesión interminable de violaciones a sus derechos humanos.

Los coyoteros se aseguran de ocultar la identidad de los niños, les exigen obediencia, silencio y tranquilidad. Les quitan sus documentos para garantizar su propia seguridad. Si son aprehendidos por la policía en la frontera México-Estados Unidos, suelen alegar un parentesco con los menores o niegan conocerlos para deslindarse de responsabilidades. 

Joselyn lo vivió. Su ‘custodio’ fue detenido por casualidad. La policía de Ciudad Juárez, en el noroeste de Mexico, lo vio orinando en la calle y lo apresó. Asustada, Joselyn se puso a llorar y dijo que no conocía al hombre que la llevaba. El sospechoso aceptó que intentaba cruzar a la niña pero refirió datos erróneos sobre su origen e identidad, dijo que era mexicana y que tenía ocho años. En casos de probable delito de trata de personas, la Fiscalía de ese país abre un expediente de investigación y envía al menor a un albergue.

Por eso, la niña llegó a Casa Hogar Esperanza, una organización que acoge a menores migrantes entre seis y diez años. Ahí recibió comida y cuidados como otros niños mexicanos hasta el once de marzo del 2014, día en que, aparentemente, se suicidó ahorcándose con una cortina en la tubería del baño. Sucedió después de que el personal de la policía se acercara al albergue para interrogarla en calidad de único testigo del delito federal de trata de personas. Las circunstancias de su muerte son cuestionadas por el gobierno ecuatoriano y censuradas por la ciudadanía.

Se cree que los coyoteros avisaron a los padres que la niña murió, por lo que, contactaron al consulado ecuatoriano en México. Las gestiones diplomáticas y la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos (CEDH) demostraron la verdadera identidad de la niña y una serie de negligencias cometidas por las autoridades en la canalización de la menor.

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Si bien la violación de derechos de los niños migrantes inicia con el abandono de sus padres (lo cual involucra otro análisis sobre la necesidad de emigrar), en el caso de Joselyn Nohemí trascendió al trato que tuvo en la frontera: las autoridades no le reconocieron su derecho la representación diplomática que se le da a un extranjero y el debido proceso durante su estancia en México, que incluye el acompañamiento de un Oficial Protector de la Infancia (OPI). El reclamo de su cadáver y posterior identificación, evidencia la cadena de trasgresiones a la Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Quién es responsable de su muerte?

No ciudadanos, no adultos, no visibles

En la frontera México-Estados Unidos existen dos grandes rutas del migrante: la del Océano Pacífico, reconocida por el tráfico casi exclusivo de estupefacientes; y la del Océano Atlántico, temida por el control territorial de traficantes de órganos, extorsión y esclavización de personas.

Niños y adolescentes emprenden una travesía hacia Estados Unidos en busca del nuevo sueño del migrante ecuatoriano: una familia unida. Para la Unicef, la migración afecta a los niños de muchas maneras: son abandonados por padres migrantes o son llevados sin su consentimiento. En otros casos viajan solos y si no logran cruzar la frontera son devueltos o repatriados.  La ruta del migrante en Sudamérica fue descrita en la Conferencia Regional sobre Migración de julio de 2013. En el caso de Ecuador inicia en las costas, sigue por vía aérea hacia Colombia, y luego a Panamá. Desde el istmo, continúa hasta Guatemala u Honduras, desde donde se cruza vía terrestre a México.

Era el segundo intento de Joselyn de recorrer ese camino, que más parece un viacrucis. Esta es la parte más sensible del fenómeno migratorio, la mayor vulnerabilidad, se encuentra en las niñas, particularmente cuando son indígenas o tienen capacidades diferentes, frente a la poca o nula capacitación de autoridades para atender sus necesidades de traducción o asistencia especial. Cuando un menor cruza las fronteras, no pierde sus derechos, al igual que una persona no deja de ser persona por no portar documentos que acrediten su estancia legal en un país. Para su defensa y protección se debe recurrir a la norma que mejor tutele su dignidad. El Gobierno de México “otorgaba” derechos hasta la publicación de la Ley de Migración en mayo del 2011. Desde esa fecha se reconocen los derechos como carácter inherente al ser humano, su cumplimiento es indiscutible.

La organización Humans Rights Watch, en su informe mundial 2013, denuncia que las leyes de inmigración de Alabama y Arizona, niegan el disfrute de derechos fundamentales a los inmigrantes indocumentados, a quienes llaman ‘ilegales’, y a sus familias. En el caso de niños nacidos en Estados Unidos, cuando sus padres son deportados a sus países de origen se quedan sin tutela de un adulto, por lo que podrían ser dados en adopción.

Si los niños no logran cruzar la frontera o son descubiertos sin sus padres, se los regresa a su lugar de origen. A Joselyn no la repatriaron porque el ‘pollero’ dio datos erróneos sobre su origen. Creyeron que era mexicana hasta que la niña falleció y se reclamó el cuerpo. Según el Instituto Nacional de Migración (INM), en el 2013, más de nueve mil menores de edad retornaron a sus países, y en este año, en el periodo de enero a mayo, ya han regresado más de seis mil. Mientras que el gobierno de  Estados Unidos anunció que su Patrulla Fronteriza detuvo a cincuenta y dos mil niños en los últimos nueve meses.

Condiciones y riesgos

Si los adultos migrantes no conocen sus derechos y las leyes del país en el que se encuentran, menos lo harán los niños. Así se convierten en el blanco principal de la delincuencia organizada,  que se vale de vacíos legales para ejercer la venta de personas, prostitución, tráfico de órganos, adopciones irregulares y uso como ‘coyoteritos’ o  ‘mulas’ de contrabando de estupefacientes. En los últimos nueve meses, el Ejército y la Policía Federal de México detuvieron a trecientos treinta personas como presuntos responsables de diversos delitos en contra de migrantes, según el INM.

En 2007, la organización Sin Fronteras reportó que el sesenta por ciento de adolescentes guatemaltecas (de dieciséis años en promedio) que intenta llegar a Estados Unidos, sufre explotación sexual en la frontera sur mexicana. Se  quedan por vergüenza, reciben un pago de menos de tres dólares por servicio. Mientras que el Informe 2011 de Trata de Personas, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reveló que veintisiete millones de personas son víctimas de este delito, que genera unos treinta y dos mil millones de dólares anuales, igual de redituable que el tráfico de armas y drogas. De estas la Unicef calcula que 1,2 millones son menores niños que se venden cada año para realizar trabajos forzados, en la industria del sexo, en la prostitución y otras formas de ‘esclavitud’.

Sin embargo, a estos niños y adolescentes les puede parecer un mal menor frente a la violencia o la pobreza que algunos de ellos y sus familias enfrentan en su país. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) calcula que en el mundo son aproximadamente 214 millones de migrantes internacionales; es decir una de cada ocho personas es migrante. Cerca de un tercio del flujo migratorio  tiene entre doce y veinticuatro años. El incremento es dramático. El observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), de México estima que entre 2009 y 2014, el número de menores migrantes detenidos en Estados Unidos creció más de diez veces: de 3.304 a 36.611.

Protocolos de atención a menores migrantes

Durante las últimas semanas y luego de que se supiera de la muerte de la niña ecuatoriana Joselyn Nohemí, el tema de los menores migrantes está más presente en los medios. Incluso, el presidente de EE.UU, Barak Obama, pidió a los padres de familia de países de Centro y Sudamérica, que no envíen a sus hijos a su país. Advirtió que los menores serán deportados sin recibir ningún trato especial o el acceso a la solicitud de asilo. Desde el 2008, los niños detenidos en la frontera (excepto los mexicanos que son deportados inmediatamente) deben ser transferidos a un albergue en un plazo de setenta y dos horas.

La Unicef, el Acnur  y otros organismos internacionales promueven el uso de protocolos de atención que garanticen a los menores una inmediata atención médica, psicológica y la reunificación familiar por parte del personal del albergue. Están, por ejemplo, los protocolos de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, y otro contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Cada uno se complementa en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000).

La aplicación de dichos protocolos está sujeta a factores de distintas naturaleza. En primer lugar está la legislación local y la visión del gobernante de turno de los países que intervienen, pues cuando este considera que la migración representa un peligro para la seguridad nacional, endurece las políticas, y exacerba un discurso xenofóbico y racista. Esto afecta a los menores porque es probable que en lugar de ir a un albergue, los menores sean traslados a centros de detención. En segundo lugar, el trato a los menores migrantes depende de los recursos para estos casos. El gobierno de Estados Unidos decidió que el personal de Salud se encargue de los menores, en las antes bases bélicas de Texas, Oklahoma y Arizona, que hoy fungen de centros para niños indocumentados. Reportes de prensa mencionan que en estos sitios existen jaulas techadas, similares a las que se usan en centros de adopción de mascotas, donde ubican a los niños. Y en tercer lugar, el protocolo de atención a menores depende también de la coordinación interinstitucional para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de los menores en todo momento: aseguramiento, traslado, asistencia, revinculación familiar.

El pacto de silencio

Historias como las de Joselyn se repiten con frecuencia: los menores se despiden, lo intentan, luego fracasan, y lo vuelven a intentar. Igual que sus padres migrantes, repiten esta historia como si se tratara de niños héroes o niños mártires. En el epílogo, terminan desaparecidos o sepultados en fosas comunes para migrantes sin nombre.

Como el de Joselyn, existen muchos casos sobre los que se habla poco. En junio del 2011, en Ciudad Juárez también se rescató a dos niños migrantes con destino a Nueva York que estaban secuestrados en una casa de seguridad. En marzo del 2006, seis niños indocumentados ecuatorianos fueron encontrados en las montañas de Chiapas, sur de México, y retornados al Ecuador tras haber permanecido en un centro de detención de inmigrantes en la Ciudad de México. Un mes más tarde, ése mismo año, México repatrió a veinticinco menores ecuatorianos que, según el procedimiento, son entregados en custodia a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).

El año 2010 inició el periodo más violento en contra de los niños migrantes. En mayo se conoció del secuestro de un niño ecuatoriano de nueve años, y en agosto, de la masacre de setenta y dos migrantes en Tamaulipas, México, que conmovió a la comunidad mundial. El único sobreviviente fue un joven ecuatoriano de diecisiete años. Otro chico de la misma edad, originario del cantón Chunchi, localidad estremecida por el abandono de padres migrantes, murió presuntamente cuando los migrantes se negaron a enrolarse al grupo delictivo Los Zetas.

Existen varias constantes en las noticias sobre menores migrantes de Ecuador: tienen entre once y diecisiete años, son originarios de Cañar, Azuay y Chimborazo, y el tiempo promedio de su intento por llegar a Estados Unidos es de dos meses. Según la Federación de Entidades Ecuatorianas en el Exterior (Fedee), que apoya en el retorno de los migrantes, alrededor de doscientos  niños ecuatorianos fueron retornados desde Estados Unidos, en el primer semestre del 2014.

En casos como el de los menores migrantes, el periodismo se ha convertido en un movilizador y articulador del discurso de inseguridad en lugar de un promotor de derechos humanos. Los gobiernos de países de origen de los migrantes también guardan silencio institucional. Las estadísticas que mejor se registran corresponden a gobiernos extranjeros de países de tránsito o recepción de migrantes.

Hay una dificultad en acceder a fuentes para el análisis del fenómeno migratorio. La problemática de menores migrantes en las ciudades, se puede fácilmente mimetizar con otras como la de los niños en situación de calle, cuestión que es igual de desafiante para la sociedad y el Gobierno.

Pero los padres migrantes también son parte de este pacto de silencio. Deciden no hablar sobre su travesía a sus familiares, por el relato crudo de su supervivencia, o el dolor que revela su condición humana mancillada. Los hogares rotos provocan dificultades emocionales en el desarrollo psicológico de sus miembros: adultos y niños se ven afectados por la pérdida, el luto, y el desarraigo.  ¿Cuántos padres o madres migrantes han contado a sus hijos en qué condiciones viajaron en La Bestia (sistema de trenes en México)? ¿Cómo cruzaron el Río Colorado en California o el Río Bravo en Coahuila ¿Qué pasó cuando llegaron frente al ‘Árbol de los Calzones’ en el desierto de Altar-Sonora? ¿Qué se siente cruzar el desierto a más de cuarenta y cinco grados centígrados en verano? O lo que es peor, ¿cómo se vive con el recuerdo de los que murieron en el intento?

No es solo la nostalgia, es la desaparición, es la muerte de nuestros niños, niñas y adolescentes.

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¿Cuál es el destino de los viajeros indocumentados más pequeños?