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Después de una contundente victoria en las elecciones presidenciales del 17 de febrero de 2013, en su discurso de posesión, Rafael Correa dijo claramente que aquel sería su último período como Presidente de la República. Dijo que actuaría así porque lo ordenaba la Constitución Política de la República y porque, así no lo dispusiera, él había decidido no postularse a una nueva reelección. Según expresó a todos y cada uno de los ecuatorianos que lo escuchamos aquel día, se retiraría no solo del cargo sino de la vida pública en general. Muchos nos mostramos escépticos ante tales palabras, ya que no sería la primera vez que el presidente Correa y su movimiento Alianza País cambien de opinión sobre algún aspecto fundamental para el Estado ecuatoriano. Y la aprobación de una posible reelección indefinida es, desde luego, una cuestión trascendental para cualquier Estado. El tiempo nos dio la razón a los escépticos.

El 24 de mayo de 2014, un año después del discurso de posesión, en su informe de labores del primer año de su tercer período presidencial (y octavo en el poder) expresó que, después de una profunda reflexión y con la sinceridad que –según él– lo caracteriza, había decidido apoyar las iniciativas presentadas por un asambleísta del Partido Socialista y por algunos asambleístas del movimiento de Gobierno, Alianza País, de “enmendar” la Constitución para dar paso a la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular.

Esta declaración del Presidente de la República no debe haber tomado por sorpresa a ningún ecuatoriano. Hemos escuchado insistentemente y desde muchos sectores afines al Gobierno que la Constitución debía ser “enmendada” para permitir la reelección indefinida de los cargos de elección popular. El propio Rafael Correa hacía referencia a que países como España, Dinamarca y otros europeos no ponían límite alguno a la reelección de sus dignidades. Esta afirmación parte, bien de un desconocimiento profundo de la realidad de dichos países, o bien de un discurso demagógico y con ánimo de confundir a la población.

El presidente Correa debe conocer perfectamente que los países a los que él hace referencia no se rigen por sistemas presidencialistas –como el Ecuador– sino por sistemas parlamentarios, por lo que los ciudadanos allá votan por partidos políticos, y en el Parlamento el partido o partidos que conformen la mayoría parlamentaria escogen al Presidente del Gobierno. Más aún, existen mecanismos constitucionales, como la moción de censura o moción de confianza, que permiten a aquellas Legislaturas cambiar al Presidente del Gobierno en cualquier momento en que pierda el respaldo parlamentario. La comparación, por tanto, es absurda, sin fundamento y demagógica. Si queremos referirnos a países donde existe la reelección indefinida con sistemas de gobierno similares al nuestro debemos acudir a los ejemplos de Venezuela y Cuba, aunque seguramente al Presidente estas comparaciones no le resulten tan favorables.

Sin duda, los resultados electorales del 23 de febrero de 2014, en los cuales se produjo una derrota incuestionable para el oficialismo, han acelerado los planes del movimiento de Gobierno para “enmendar” la Constitución y permitir la reelección indefinida de los cargos de elección popular. El movimiento Alianza País y el Presidente de la República aceptaron un secreto a voces: que no existe nadie con el liderazgo de Rafael Correa que pueda postularse a una elección presidencial con alguna probabilidad de éxito. La ausencia de Correa de la contienda electoral supondría casi con seguridad la derrota de Alianza País en las urnas y el fin de la autodenominada “Revolución Ciudadana”, por lo menos por cuatro años.

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Correa ha cambiado su opinión respecto de la reelección indefinida, apelando a la necesidad de impedir lo que él denominó “restauración conservadora” gestada desde las élites económicas, mestizas, indígenas y por la que él llamó una “supuesta izquierda radical”. No llego a entender muy bien qué habrá querido decir el Presidente con aquello de la “restauración conservadora”, cuando él mismo es un ejemplo del más profundo conservadurismo en aspectos relacionados con la moral religiosa. No cabe más que recordar la sanción que se le impuso a tres asambleístas de su movimiento por haber propuesto la despenalización del aborto en caso de violación. Correa no dio argumento jurídico alguno sino que apeló únicamente a sus convicciones morales y religiosas para oponerse de manera tajante a dicha propuesta. Así mismo, podemos recordar aquella sabatina en la que atacó a los grupos GLBTI con la finalidad de explicar su rechazo a la posibilidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo, que no era otro que sus convicciones y su moral religiosa. Podemos también continuar con el curuchupismo de no permitirnos ingerir bebidas alcohólicas los domingos, y tantos otros casos que demuestran que este Gobierno respalda las prácticas más comunes del conservadurismo.

El movimiento de Gobierno, Alianza País, y sus aliados, así como el Presidente Correa, nos quieren hacer creer que el concepto de democracia se traduce en convocarnos a las urnas cada cierto tiempo para elegir dignidades y que lo demás va por cuenta de las personas elegidas. Han olvidado que la democracia es un sistema de gobierno que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo y en el que son pilares fundamentales, entre otros, la independencia de poderes – que Galo Mora, secretario general de Alianza País, cuestionó en una entrevista televisiva–, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos –lo que incluye acatar las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– y la alternancia. No existe democracia sin alternancia en el poder, porque se llega a confundir a la persona con el Estado y se produce una competencia desigual entre aquellos que se encuentran en el poder y quienes aspiran a conseguirlo. Es por esto que Venezuela, en la que no existe independencia de poderes, no se respetan los Derechos Humanos y no existe alternancia, dista mucho de ser una democracia.

Sin embargo, el problema no solo radica en el fondo de la cuestión, sino también en la forma. El Presidente se cuidó mucho de utilizar la palabra “enmienda” y no “reforma” de la Constitución, y no es por una simple cuestión semántica sino más bien jurídica. El articulo 441 de la Constitución de la República establece que “la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará: 2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional… La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional”. Cualquier otra reforma que altere la estructura fundamental del Estado, su carácter y elementos constitutivos, que restrinja derechos y garantías o que modifique el procedimiento de reforma de la Constitución debe ser aprobada en referéndum. En su discurso de 2014, el presidente Correa expresó que había decidido solicitar a su bloque de asambleístas “con esa abrumadora mayoría” que le dio el pueblo ecuatoriano que enmiende la Constitución para permitir la reelección indefinida. Es decir, sin decirlo expresamente dio por sentado, sin esperar al pronunciamiento de la Corte Constitucional tal como dispone el artículo 443 de la Constitución Política de la República, que el procedimiento que se llevará a cabo será el de enmienda y no el de reforma. El Presidente nos quiere hacer creer que la reelección indefinida de los cargos de elección popular no altera la estructura fundamental del Estado ni su carácter ni elementos constitutivos, sin embargo en toda la vida republicana del Ecuador jamás se ha permitido la reelección indefinida del Presidente de la República, por lo que, resulta lógico, que esta modificación suponga una alteración de la estructura fundamental del Estado que debería ser aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano. Haciendo una comparación, resulta grotesco que se nos haya consultado el cierre de casinos o la prohibición de las corridas de toros, y no se nos consulte sobre algo tan trascendente como la posibilidad de que los cargos de elección popular puedan permanecer de forma indefinida en sus funciones.

El trasfondo de la cuestión está en que el Presidente –a diferencia de lo que ocurría en los primeros años de la Revolución Ciudadana– ya no está convencido de que podría ganar el referéndum en el que se consulte al pueblo la posibilidad de la reelección indefinida. Así como tampoco lo estaba en el tema de la consulta por el Yasuní. Por eso, desde España –cuando el CNE todavía no había empezado a verificar las firmas de presentadas por el movimiento de activistas Yasunidos– estableció que no iba a haber referéndum sobre ese tema. Esa es otra de las consecuencias de las elecciones del 23 de febrero y es por ello que, violando los principios fundamentales de una democracia y violando también las disposiciones de la Constitución Política de la República, se nos quiere hacer creer que una mayoría en la Asamblea Nacional puede modificar la estructura del Estado sin someter dicha decisión a referéndum. Esa reforma constitucional que sugiere el Presidente nos aproximaría cada vez más a aquello que Jorge Volpi definió acertadamente como “democracia imaginaria”.

El Presidente Correa, salvo fuerza mayor, se presentará a una cuarta reelección apoyado en todos los poderes del Estado que hoy son controlados por el Ejecutivo en una lucha desigual contra sus posibles contendores. No solo eso, sino que la reforma permitirá a las autoridades seccionales convertirse en caciques de sus ciudades y pueblos y optar a la reelección una y otra vez ¡Qué lejos queda aquella frase de “relevo generacional” acuñada por Viviana Bonilla y el propio Correa cuando aquella competía con el alcalde Nebot por la Alcaldía de Guayaquil! No solo al presidente Correa sino a todo el movimiento Alianza País se le puede aplicar aquel famoso dicho español que dice “donde dije digo, digo Diego”. Y todo esto lo hacen sin sonrojarse.

Bajada

El apoyo de Rafael Correa a la iniciativa de la reelección indefinida