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En marzo de 2013, Ompure y Buganey, una pareja de abuelos waorani, murieron con lanzas en una emboscada de miembros de un grupo sin contacto en el poblado de Yarentaro, en el parque Yasuní, al final de la carretara llamada Maxus. Días después, hubo un ataque para consumar una venganza. Dos niñas se escondieron durante el ataque y  fueron llevadas por los atacantes waorani a sus comunidades.  A un año de esta tragedia, los conflictos se han multiplicado.

Donde hubo un conflicto entre tageri y taromenani/waoranis (los primeros, familias sin contacto con el mundo occidental, los segundos, familias contactadas hace menos de 40 años) se han creado nuevos y variados frentes. Una situación que no beneficia a la construcción de la paz ni a la resolución de un conflicto interclánico, ni  favorece a las medidas de protección o medidas cautelares dictadas en el 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al contrario, los conflictos de hoy favorecen al silenciamiento, no representan obstáculo alguno para la voraz actividad petrolera y los mega proyectos, y ni siquiera involucran mínimamente al Estado en cuanto a su impericia en el manejo del conflicto en la selva del Yasuní.

Luego de un año, no se llegan a las causas profundas del problema ni se establecen responsabilidades, salvo, el castigo, que parece implacable, contra miembros de un grupo indígena en contacto inicial, marginados históricamente de la sociedad nacional, al que ahora mismo se mantiene en un limbo jurídico. Básicamente, como vamos a ver,  las causas son que viven bajo fuertes presiones externas sobre sus territorios y sus vidas que derivan en conflictos incluso violentos y que cuando estos suceden el Estado no sabe cómo responder y los mantiene indefinidamente en un espacio también indefinido entre dos formas muy distintas de entender la coexistencia y de hacer justicia, la ficticia del Estado y la concreta, de ellos.  Es decir, a una injusticia, una injusticia mayor. Eso sí, el silencio de las autoridades responsables acerca de una selva demediada y cada vez más estrecha, unos habitantes cercados por el apetito de sus recursos naturales, sobrevuelos misteriosos, alimentos o insumos hallados en las chacras y casas donde habitan los grupos aislados, la cercanía de éstos con la frontera colona… hasta ahora, ni una propuesta de reparación integral ni un camino claro por recorrer en la protección de los más débiles, obligación de un Estado que se dice respetuoso de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho a la vida.

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Los detenidos, los prófugos y sus familias, en la incertidumbre

Ocho meses tardaron las autoridades en tomar alguna medida. La medida, por lo pronto, consiste en poner todo el peso de la ley ecuatoriana, es decir, del Código Penal, sobre algunos de los waorani de las familias de Dikaro y Yarentaro (los vengadores que participaron en el asalto a una casa tageri/taromenani),  quienes a duras penas saben leer o escribir, que tienen menos de cuarenta años de contacto con la sociedad nacional, que desconocen la ley, que actuaron de acuerdo a sus antiguas tradiciones guerreras e hicieron lo que creían que debían hacer –venganza y castigo contra quienes mataron a los suyos dentro de su territorio–, y que ahora están acusados de genocidio, algo que no pueden entender. Tampoco pueden entender ni quién les apresó, ni qué es una instrucción fiscal, una Corte Constitucional, una audiencia para obtener medidas sustitutivas ni ningún otro término que tenga que ver con la justicia ordinaria.

Seis waorani fueron detenidos el 26 de noviembre de 2013. Les dictaron prisión preventiva por noventa días. Pocos días después, fue detenido otro. Esos noventa días ya han transcurrido. Ellos siguen en prisión, aislados, en una celda de veinte metros cuadrados. Comen. Sí. No tienen más visitas que la de sus abogados y las de sus familiares. Salvo la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos, que les dio algunos talleres, y uno que otro funcionario de algún ministerio o la misma fiscalía, nadie ha podido verlos. Ni siquiera el representante de Derechos Humanos de Sucumbíos o de Orellana, menos, sus amistades o cercanos. Los detenidos se han enfermado. Desde cefaleas hasta diarreas. Pero sobre todo, permanecen con la incertidumbre de si van a salir o no de prisión y hasta cuándo tienen que permanecer ahí. Es decir, en  la inseguridad jurídica. Donde, al menos para nuestro “civilizado” sistema de justicia, ningún ser humano debería estar.

Y no sólo ellos.

Las familias de los detenidos sufren lo indecible. Sus mujeres se han quedado solas, sin sus proveedores, cosa difícil en la selva y en una pequeña comunidad donde todos están emparentados. Salen una vez a la semana a visitar a sus familiares detenidos en la cárcel de Lago Agrio, bastante lejos de su comunidad. Para ello, acuden a la compañía petrolera, que les ayuda con la logística para el traslado y con algo de comida y hospedaje en el hotel Williams en Coca, cuando tienen que pasar la noche o en algún hotel de Quito, cuando tienen que ir a alguna reunión allí.

Los jefes de familia que siguen en su comunidad, casi no salen ni a la chacra por miedo a ser detenidos. Han dejado de cazar. Tampoco salen a la ciudad ni al mercado de Pompeya, que es el lugar más cercano que tienen para hacerse de productos y utensilios necesarios para la vida diaria. No tienen confianza en casi nadie. La tensión y la incertidumbre en el llamado “Bloque 16”, operado por Repsol y donde están ubicadas sus comunidades, lleva ya  más de trescientos sesenta y cinco días.

Aparato judicial o la confusión leguleya

El caso tiene tres mil folios dice Andrés Acaro, abogado de los acusados. El los defiende con un argumento central: como no hay cuerpos, no hay delito. Hay relatos y especulaciones. Pero no hay evidencias, dice. De la misma manera, el caso de la muerte de Ompure y Buganey está a punto de cerrarse porque no hay a quien culpar ya que los asaltantes no tienen cédula de identidad, ni se sabe dónde están, ni hay manera de llamarlos a declarar. Argumentos jurídicos para un juicio penal de la justicia ordinaria de un tema que es extraordiario. Cero argumentos antropológicos que sirvan para deshacer el entuerto. Es decir, cero intento por construir un referente de justicia intercultural que resulte, además, un antecedente y en el que se haga alguna pedagogía.

El abogado de la defensa ha planteado medidas sustitutivas a la prisión preventiva en tres ocasiones. Estas medidas han sido negadas por el juez penal de la provincia de  Orellana. También planteó un Habeas Corpus, que le fue negado. El dice que acudirá a instancias internacionales ¿Cuándo? Algún día. Tal vez en unos veinte años, cuando se hayan agotado las instancias nacionales

El fiscal del caso es Andrés Cuasapaz. Hace unas semanas se realizó una nueva audiencia: los wao creían que se trataba de la definitiva, que ya saldrían libres en pocos días. Era la vinculación a una persona más en el caso, con plazo de treinta días para su captura. Es decir, un mes más de espera. Luego vino otra audiencia, en Lago Agrio: una solicitud de Habeas Corpus, que también les fue negada.

En el caso hay siete detenidos y ocho personas con orden de captura. Hay una niña “rescatada” por las autoridades (que fue sacada en helicóptero de la escuela de Yarentaro a los ocho meses de su permanencia allí luego de la matanza, trasladada  a un hospital de la ciudad de Coca y finalmente llevada a la comunidad waorani de Bameno, ubicada en el río Shiripuno, en la llamada Zona Intangible del Yasuní),   y otra niña más pequeña con papeles en regla en el registro civil que vive en Dikaro y que ha creado ya lazos afectivos con quienes la raptaron . Una mitad cautiva y la otra mitad en la selva. Un montón de papeles que difícilmente entienden los involucrados que, a duras penas, saben leer (los más jóvenes). Una lógica que para los waorani es ilógica. Un proceso difícil de comprender que, además, es lento como es la justicia ecuatoriana, y que se hace más lento por la “complejidad” del caso. “El caso es complejo, se requiere de análisis”, contestan las autoridades cada vez que se les pide una respuesta.

Parece evidente que nadie sabe qué hacer con la papa caliente ¿Y los waorani detenidos? Es lo que se preguntan todos. Están, nuevamente, en un limbo jurídico, hasta que la Corte Constitucional dé alguna salida, quién sabe cuándo y con qué criterio. Hasta tanto, los waorani sin saber qué es una instrucción fiscal, ni un Habeas Corpus, ni una medida sustitutiva, ni quién ordenó su detención, ni qué quiere decir una Corte Constitucional, un juez, o un veredicto. Los waorani se están gastando todos sus ahorros –muchos de ellos eran trabajadores de la compañía Repsol y tenían dinero ahorrado– en pagar a su defensa sin mayor éxito. 

Multiplicación de conflictos

Los clanes de Dikaro y Yarentaro no ven con buenos ojos a algunos de sus vecinos. No solo a los vecinos tagaeri-taromenani, protagonistas del conflicto, sino a vecinos de otras comunidades, entre ellas, la que ahora acoge a una de las niñas.

Sienten que tuvieron, en todo este tiempo, delatores y traidores. Gente que les hizo mal. Que no comprendió su hazaña. Que les engañó con falsos ofrecimientos de “archivar el caso” o que les denunció, a pesar de que las denuncias han ido a la ineficiencia e impericia del Estado en el manejo del conflicto.

En uno de los días de audiencia en Orellana, las mujeres de los detenidos golpearon y agredieron a uno de sus compañeros que, al parecer, intervino en el “rescate” de la niña. Mujeres llorando desesperadas al conocer que no saldrían libres, se abalanzaron contra él y contra algún otro que estaba por ahí, acompañándoles en la audiencia.

Ellos creen que han ido presos por un libro que ha salido publicado –“Una tragedia ocultada”– , o por una marcha por la paz en la que participaron gentes cercanas a ellos, en la que se pedía investigación, justicia y garantía para quienes viven en las profundidades de la selva pero, en ningún momento, cárcel para los waorani. Así les han dicho y les han contado gentes vinculadas con las autoridades y las instituciones encargadas de gestionar el tema, intentando matar al mensajero y echando aún más leña al fuego e incuso poniendo en riesgo la seguridad de terceros.

Ahora no se fían de nadie. Hasta se dice por ahí que una abuela, Tepaa, estuvo a punto de morir pues los familiares de los presos le han hecho el mal por medio de algún chamán, creyendo que ella ha participado de las denuncias. Donde hubo un conflicto, ahora hay dos, tres, cuatro, cinco conflictos. Un polvorín que puede estallar en cualquier momento y que puede tener otras consecuencias más dramáticas todavía.

Tres dirigencias en un año

El primer cambio de dirigencia de la nacionalidad waorani –NAWE- ocurrió en abril de 2013.  Ahí, Cawetipe Yeti dejó la dirigencia  (él estuvo de presidente de NAWE cuando los sucesos de marzo) y asumió Moi Enomenga, en agosto. En septiembre, el Presidente Correa visitó la comunidad de Guillero, en la vía Maxus, justamente en el lugar del conflicto, en la misma región de las comunidades de Dikaro y Yarentaro, en lo que se llamó un Encuentro de Paz: Moi figuraba como el anfitrión. La cita buscaba el beneplácito de las comunidades para la explotación del bloque petrolero 43-ITT, ubicado en el parque nacional Yasuní.

Allí, los presidentes de las comunidades de Dikaro y Yarentaro, entregaron una carta al Presidente pidiendo que se “archive el caso”, y comprometiéndose a cambiar las armas por los lápices y los cuadernos. A su entender, hablaron de jefe a jefe. De jefe waorani a jefe del país. Dos meses después, en noviembre, ocurrieron las detenciones de seis de los 15 involucrados en el asalto a la casa tageri/taromenani y el “rescate” de la niña mayor (8 años), mientras la niña más pequeña (4 años) permaneció y permanece con una de las familias que la trajo de la selva profunda.

La dirigencia waorani, sin saber muy bien cómo actuar, ha hecho varias peregrinaciones a Quito para hablar con los distintos ministerios  e instituciones: que Justicia, que Gestión Política, que Defensoría del Pueblo, que Fiscalía, que Corte Constitucional, que la Comisión Presidencial creada para investigar el tema de las muertes de marzo. La dirigencia ha escrito varias cartas, desde alguna amenazante, declarándose en pie de guerra en caso de que no se liberen a los presos, hasta alguna otra, pidiendo que nadie se meta en los asuntos internos de su nacionalidad.

El reclamo de las mujeres de los detenidos a la dirigencia, la desesperación de no ver resultados concretos a sus gestiones, ha provocado dos asambleas en la comunidad de Miwaguno (comunidad ubicada en otra vía, la mal llamada vía “Auca”). Una de ellas, convocada por la organización provincial, más vinculada a los jóvenes waorani que trabajan en fiscalía, tenía como fin  destituir a la directiva de Moi Enomenga. Moi, por su lado, convocó a una nueva asamblea a realizarse en abril de 2014, buscando respaldo y mayorías.

Mientras un grupo waorani está seguro de que sus compañeros tienen que ser sancionados con cárcel por el delito cometido y seguir el proceso judicial “cowode” (término usado por los waorani para referirse al mestizo), en los juzgados, otro grupo sostiene que los presos deben ser liberados y que tiene que buscarse otro tipo de sanción aunque tampoco han logrado plasmar alguna propuesta de consensos.

La dirigencia, que también es joven (y que se creó para poder negociar con las compañías y con el Estado en su momento), tiene sus divisiones hoy más que nunca. En realidad, difícilmente pueden llegar a acuerdos pues cada clan es autónomo, cada familia waorani, tiene su propio líder o jefatura. 

Instituciones enfrentadas unas, en el silencio, otras…

A un asunto político se lo ha convertido en un asunto puramente judicial. No ha habido diálogo alguno en busca de un entendimiento, negociación o posibilidad de construcción de una justicia intercultural.

Como en una obra teatral, cada institución tiene su papel:

La Fiscalía tiene el papel del verdugo acusador en una primera instancia. Aunque en una segunda instancia tendría el papel de salvador, si es que la Corte Constitucional encuentra alguna otra salida. La secretaría de Gestión Política, tiene el rol la de mediano acogimiento a las familias waorani. La Comisión Presidencial ha intentado hacer un papel mediador y ha apagado algún incendio, sin mayor éxito.

La Defensoría Pública entró en la escena, buscando dos antropólogos que pudieran representar a los detenidos y abogar por ellos en una de las audiencias. Los detenidos, sin embargo, rechazaron la participación de la defensoría pública. Al menos así alegó el abogado en la audiencia en la que se solicitaba medidas sustitutivas a la prisión preventiva y en el que argumentaba que son los detenidos los que tienen que requerir esa defensoría pública –y que tienen quien les defienda–.

La Fiscalía anunció públicamente, en diciembre de 2013, que haría la consulta a la Corte Constitucional sobre la adecuada sanción para los agresores al grupo tagaeri/taromenani.  Pero la burocracia se toma su tiempo y el pedido lo haría el 25 de marzo, al año del suceso, tres meses después de anunciado y luego de más de noventa días transcurridos desde las detenciones. Así apareció publicado en la prensa oficial, así lo dijo el Fiscal General de la Nación en su última rueda de prensa. Incluso hizo un llamado al jefe del clan de Dikaro: “Señor A., no soy su enemigo, el que decide la detención es un juez, ayuden a buscar una salida” ¿Y con qué garantía el señor A. va a ayudar a buscar una salida, si la mitad de los suyos está tras las rejas?

Las instituciones y los ministerios siguen actuando por cuenta propia. Cada uno, con su propia agenda. Justicia con una agenda. Gestión Política con la suya. Fiscalía por su parte. Recursos No Renovables, con la suya propia.

¿Las instituciones de la sociedad civil? ¿Derechos Humanos? Además de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cedhu, que acogió la propuesta de Penti Baihua y de la Asociación Ome Yasuní (asociación integrada por waoranis de Bameno, Boanamo, Shiripuno, Miwaguno) y que la hizo pública en una rueda de prensa, y de una carta pública del misionero Miguel Angel Cabodevilla al Presidente de la Corte Constitucional publicada el 23 de diciembre de 2013 en diario Hoy, ha reinado el silencio. Los distintos colectivos, tan pendientes del Yasuní y de la recolección de firmas para una consulta popular,  han callado, han eludido la posible defensa de los waorani detenidos.  La Asociación Ome Yasuní prepara un Amicus Curae para la Corte Constitucional.

La voz de Penti

Penti Baihua es presidente de la Asociación Ome Yasuní. Hizo un pronunciamiento el 13 de en enero de 2014, en la sede de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en Quito . En él, junto a Tepaa –anciana hermana de Tage (el jefe del clan Tageiri, muerto de un disparo en los años ochenta, grupo que rechazó el contacto) y otros compañeros, presentó una carta al Presidente de la República en la que solicitaban una cita para hablar del tema y de la resolución pacífica a un conflicto que puede tener una escalada mayor. Casi como una voz solitaria que clama en el desierto, Penti Baihua pidió que se busque un camino de diálogo y entendimiento y, junto a los demás miembros de Ome Yasuní, presentó una propuesta con los siguientes ítems: territorio para los waorani, libertad de los detenidos, tiempo para resolver el conflicto, no más intromisiones en lo poco que queda de selva, no más bloques petroleros en el Yasuní. En resumen, pidió al Estado que “deje vivir” a los waorani.  Desde la Presidencia se le dirigió un oficio diciéndole que la encargada de estos asuntos era la ministra Beti Tola, del Ministerio de Gestión Política.

Un mes después, luego de las elecciones de autoridades seccionales, la ministra dejó el cargo. Los presos siguen presos. Y los procesos de negociación y gestión de conflicto, continúan en la fila de las carpetas de la burocracia, incluso, el ya sexto censo previsto por el Ministerio de Agricultura para resolver el tema del llamado “el polígono de la zona roja-Armadillo”, es decir, fincas ubicadas en la frontera misma del Yasuní, que serían vecinas de dónde habitan los grupos aislados, cercanía que ha causado más de un muerto (un motosierrista, Luis Castellanos, y la familia Sandra Zavala y sus hijos Byron y Damaris Duche, muertos con lanzas en agosto del 2009).

Medidas cautelares en el lento trajinar de la burocracia

En este tiempo, varios cambios políticos han afectado el proceso. El Ministerio de Justicia ha tenido tres ministros en un año y ahora va al cuarto –Johana Pesántez, Lenin Lara, José Serrano y quien sea que reemplace a este último–. Los lentos pasos de la burocracia hacen que cualquier intento de reorientar las medidas cautelares, dotarle de presupuesto y de personal para ejecutar los trabajos que demanda para que las medidas de protección sean eficaces, tarda meses.

Hay dos equipos de jóvenes estudiantes haciendo patrullajes en la zona, en rotaciones quincenales: un coordinador y dos técnicos, pertenecientes al Plan de Medidas Cautelares del Ministerio de Justicia. Cuando pueden, hacen patrullajes y monitoreo para ver si hay rastros (huellas, palos cruzados, lanzas) de gente de los grupos aislados tageri/taromenani . Siempre depende de los buenos vientos y de si se les daña el carro, los motores fuera de borda, la gasolina. Todo pasa por las proformas, las compras públicas, los vistos buenos. Aparentemente, ya ha sido aprobado el plan de financiamiento con presupuesto destinado al tema de protección de los grupos indígenas aislados (Plan de Medidas Cautelares) debido a un compromiso presidencial.

El Plan de Medidas Cautelares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, intenta aproximarse a lo que sería el territorio tageri/taromenani. Es decir, delimitar y definir, luego de varios estudios, cuál sería el territorio en el que se desenvuelven. Sin embargo, aún no dicen, públicamente, cómo van a proteger a esa gente nómada que está en un embudo entre tres vías abiertas en el corazón de la selva (la vía Auca, la vía Maxus y la recién construida vía del bloque 31) y rodeados de enemigos y gente extraña (cowode o canwen/caníbales, gente que devora) por todos los costados. ¿Agrandando la llamada Zona Intangible (700 mil hectáreas de bosque entre los ríos Nashiño y Curaray y que aún no ha sido explotada pero que luce en el mapa como una isla rodeada de bloques petroleros)? ¿Achicándola? ¿Cambiándola?

Todo esto sucede mientras nuevas y enormes vías se siguen abriendo en la selva junto a las chacras, mientras siguen volando helicópteros y haciendo desbroces, mientras los planes de que en puerto Providencia, en el río Napo, naveguen embarcaciones “como hormigas en un sendero en la selva”, de acuerdo a esta noticia publicada el 5 de febrero de 2014 en El Ciudadano, órgano de difusión oficial, o como la apertura de la vía del bloque 31 pese a que, se conocía, ya de hace tiempo, la existencia de una casa de grupos aislados en donde estaba la antigua plataforma Obe (muchas de las plataformas petroleras llevan nombres waorani).

¿Qué medidas cautelares, concretas, se van a tomar? Todavía estamos a fojas cero en las medidas concretas que garanticen una convivencia pacífica entre quienes comparten territorio (clanes waorani, clanes tageiri/taromenani, campesinos, grupos shuar o kichwas). La Comisión creada por la Presidencia (e integrada por los ministerios de Justicia, Gestión Política y una persona independiente) aún no presenta su informe de investigación y de propuestas y, selva adentro, cada quien toma las decisiones que le parece, según sus propios intereses, muchas veces, con instituciones y entidades que actúan de espaldas unas a otras. 

CIDH: dos campanazos

En los últimos meses, al menos dos comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema se han hecho públicas. La primera, una “Solicitud de Medidas Provisionales a la Honorable  Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con  dos niñas del pueblo indígena Taromenane en aislamiento voluntario” en la que se le pide explicación al Estado ecuatoriano sobre la situación del conflicto y sobre las niñas tageri/taromenani. La segunda, fechada el 4 de febrero de 2014, en la que se pide a los peticionarios, los waorani, respondan a cuatro preguntas para evaluar si esas medidas cautelares son todavía necesarias, o no: 1) las medidas de seguridad adoptadas actualmente a favor de los beneficiarios (tageri-taromenani) para proteger su vida e integridad personal. 2) Si se habrían implementado medidas adicionales de protección a favor de los beneficiarios, en el marco del presunto conflicto entre los beneficiarios y los Waorani. 3) Si se habrían implementado algún tipo de medidas de apaciguamiento y diálogo con el pueblo Waorani. 4) Si se estarían adoptando algún tipo de medidas, en el marco de presuntos nuevos ingresos del pueblo Waorani o de terceros al territorio de los beneficiarios; y, cualquier información que se considere pertinente.

¿Las respuestas? Al menos, en el terreno, son negativas. No se sabe cuáles son las medidas de seguridad adoptadas a favor de los beneficiarios. Son pocas las medidas adicionales de protección. Además de retóricas reuniones entre los distintos Ministerios donde se ofrecen muchas cosas y no se cumple ninguna cosa concreta –menos el apaciguamiento del conflicto, no se ha implementado ningún diálogo. Tampoco se han adoptado medidas, que sean públicas o conocidas por la colectividad, para impedir ingresos de terceros al territorio de los waorani. Es más, aún no se sabe cuál es ese territorio. Lo que es indiscutible es que los trabajos para las actividades hidrocarburíferas no se detienen, estrechando cada vez más el territorio por el que caminan, siembran y van de cacería, los tageri/taromenani.

¿Y los tageiri/taromenani?

Caruhe, uno de los abuelos waorani que vive en el Shiripuno, tuvo una visita de tres jóvenes taromenani. Un encuentro pacífico y amistoso, según se sabe, con algún intercambio. Pero prefirió mudarse de casa, ponerse a buen recaudo. Salió de su casa en el monte y se fue a otra casa, junto a una laguna, a un lugar más seguro. Esto ocurrió a pocos meses de la matanza de marzo.

Hace pocas semanas, un equipo de Discovery Channel que grababa por el río Shiripuno, casi se encuentra con ellos. Las huellas de sus pies quedaron frescas en las arenas de una playa. El río estaba muy bajo para pasar con la canoa. Tenían que cortar los palos para poder avanzar el viaje. Mientras la pequeña embarcación estaba parada, el equipo bajó a filmar el paisaje, y vio las huellas frescas. Los acompañantes waorani que iban con el equipo y el guía que los acompañaba se asustaron: ¡Vengan! ¡Vengan! Prácticamente, se cruzaron con ellos, que, seguramente, o estaban de cacería o recogiendo los frutos del árbol de chonta.

Hay algún otro avistamiento. Trabajadores de trocha de los nuevos proyectos hidrocarburíferos que se han asustado al ver gente desnuda o lanzas cruzadas en el camino. Y dicen, algún sobrevuelo (¿oficial o particular?) en el que se ha contratado a waoranis para identificar alguna casa, chacra o presencia sin que el Plan de Medidas Cautelares esté enterado y a espaldas de cualquier protocolo. ¿Estarán las familias aisladas haciendo lanzas? ¿Estarán preparando una nueva arremetida de venganza? ¿Qué buscan quienes se acercan a sus vecinos? ¿Tendrán suficientes alimentos en su bosque demediado?

El rostro de la esperanza

Los tageri/taromenani tienen ahora rostro. Existen. No son fantasmas errantes de la selva. Nadie puede negar ya su existencia. Está C., la pequeña niña que se salvó del asalto de marzo de 2013, que fue capturada, que vivió ocho meses en la comunidad de Yarentaro, al pie de la vía Maxus, de donde eran Ompure y Buganey,   y que ahora vive en otra comunidad, a buen recaudo. C. está contenta. Es preciosa. De ojos enormes. Le gusta mucho cantar, canta como un pajarito las canciones aprendidas en su casa. Le gustan los collares de cuentas. Es muy trabajadora. Y ahora ha aprendido a escribir su nombre en castellano y lo hace con letra grande. También dibuja. Y se ha ido adaptando al mundo nuevo: ahora ya conoce los lápices y cuadernos, conoció los automóviles, la carretera, la escuela, un helicóptero por dentro y hasta un hospital de la ciudad grande.

En ella, en sus ojos y en su recuerdo, seguramente están los secretos de la selva, de su familia, de su grupo. En ella, y en la pequeña D., su hermanita que quedó en Dikaro,  están la voz de la esperanza de un futuro mejor para los suyos, si sobreviven a la estrechez de su territorio, a sus vecinos, a las cosas de brazos largos que devoran la selva y demás caníbales que incluso vuelan por los aires en busca de sus casas y los engullen –como contaba Dayuma, la primera mujer waorani en ser contactada a mediados de los 50[1],  que decían los suyos antes del contacto– y que parecen estar ahora  hambrientos de lo poco que queda de su tierra.

 


[1]  Dayuma, símbolo de la historia waorani, huyó de su casa luego de tantas guerras internas  de su pueblo y fue a parar en una antigua hacienda hasta que la encontró Raquel Saint, misionera del Instituto Linguistico de Verano de quien se convirtió en su brazo derecho en su plan evangelizador, en el traslado de los waorani al Protectorado y luego, encarnó la lucha waorani por su territorio, acabó de fallecer a los 82 años. 

Bajada

A un año del asesinato y venganza de la muerte de una pareja de waos ¿qué ha pasado con el caso?

fuente

Detalle de la obra Al Natural (2013) de Juan Caguana