La administración municipal no ha cambiado un servicio de terror
En mi época de estudiante el aprendizaje del Derecho debía hacerse tanto en las aulas como en las calles. Así que muy temprano empecé a trabajar y, como casi todos, empecé de tramitador. A las gestiones inmobiliarias les tenía especial aversión: compraventas, donaciones, hipotecas. Era una peregrinación larga y engorrosa que empezaba en la Notaría y terminaba, luego de varios trámites, en el atemorizante Registro de la Propiedad.
El Registro de la Propiedad de Quito funcionaba en un edificio poco funcional, viejo y descuidado, con paredes sucias, oscuras oficinas y antiguos y mal tratados ascensores que rara vez funcionaban. Ventanillas mal ubicadas en las que se formaban interminables filas de gente en esperas igual de largas. Se ingresaba el trámite y luego de semanas se entregaban las temidas observaciones: un recuento de todo lo que estaba mal en la escritura. Algunas veces los errores eran fácilmente remediables, otros podían tomar meses. En ocasiones, la observación no tenía ni pies ni cabeza, y uno tenía que conversar de manera informal con el funcionario que había revisado la escritura. A veces entendían. Otras no. Entonces, te mandaban a “hablar con el Registrador” que no era cosa fácil. La mayoría de veces, de una manera muy poco institucional, le daba la razón a uno y mandaba a desechar la “observación” impugnada. Para cuando la escritura finalmente era registrada, era muy posible que hubiesen transcurrido meses.
En esa época, los registros estaban en manos privadas, encargados a funcionarios nombrados por la entonces Corte Superior de Justicia de cada provincia. Tenían amplia discrecionalidad de dónde y cómo funcionar, y cuánto cobrar. La Constitución del 2008 puso fin a este sistema y estableció que el sistema público de registro de la propiedad se administre de manera conjunta entre el Ejecutivo y las municipalidades.
Para acompañar este proceso, en marzo de 2010 se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que estableció un plazo un año para que los municipios nombren nuevos Registradores de la Propiedad y organicen la infraestructura física y tecnológica de las oficinas en las que atenderían. Estaban obligados, además, a llevar a cabo el respectivo traspaso según un cronograma de transición. Finalmente, el Código de Ordenamiento Territorial de octubre de 2010 estableció que el traspaso de los Registros de la Propiedad a los Municipios se dé sin más dilaciones en julio de 2011. Ahí vino el desastre.
A pesar de todo el tiempo de advertencia que tuvo, al Municipio de Quito el tema casi que le tomó de sorpresa. La transición fue un drama. La capacidad de atención de la nueva institución y sus funcionarios fue desbordada. Los trámites empezaron a acumularse de forma exorbitante. El discurso siempre fue que luego del periodo de transición (que debía hacerse antes y de acuerdo a cronogramas previamente preparados), las aguas volverían a su cauce y la entidad, luego de varios ajustes, funcionaría perfectamente.
El 31 de mayo del 2011 se presentó uno de los mayores reclamos frente a las modificaciones debido a la transición. Unas mil quinientas personas se concentraron en la Corte Constitucional para protestar en contra de los elevados costos de los trámites. La situación fue tan caótica que el 19 de agosto del 2011, la Cámara de la Construcción de Quito envió una carta al Alcalde, en la que pidió que se declare en emergencia al Registro de la Propiedad “como una alternativa de solución, frente al caos que se vive en esta dependencia”. En otro documento dirigido al Alcalde, Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo: “A nuestro criterio, la decisión del Municipio de asumir las funciones del Registrador de la Propiedad no fue acompañada de consideraciones elementales de preparación…”.
En ese entonces, el vicealcalde Jorge Albán, explicó que parte del problema era la falta de registros digitales. Solo a partir del año 2000, la información está digitalizada. Antes de ese año, los datos están guardados en libros. “Para cada registro hay que revisar 8 000 tomos”, dijo.
Con horarios de atención ampliados y la contratación de personal nuevo, poco calificado pero voluntarioso, lentamente se fueron despachando los trámites acumulados y se llegó a los estándares de atención de ¡antes de que el Registro pase al control del Municipio! Los trámites inmobiliarios siguen siendo procesos largos, engorrosos y desgastantes, aunque funcionan de forma diferente y los pobres tramitadores deben corretear por otras dependencias.
Como en muchas otras decisiones tomadas por el alcalde Barrera –por ejemplo, el cambio de aeropuerto– se evidenció esta insatisfactoria transición es una ejecutividad casi nula. En lugar de liderar los procesos de cambio para que estos sean lo menos traumáticos posible y no afecten –demasiado– a los ciudadanos, el alcalde se deja sorprender por los problemas y recién entonces actúa, revelándose una forma de administración municipal reactiva y no proactiva. Las ciudades hoy en día están sometidas a cambios constantes y lo que necesitan es una administración que encabece el proceso de transformación y no una que actúe únicamente para apagar incendios.
Los problemas del Registro de la Propiedad no han desaparecido del todo, pero se han atenuado, aunque los trámites aún requieren largos plazos para su terminación. Hasta hace un año había reclamos por los tiempos de espera. El Registrador intenta modernizar y facilitar el acceso de los usuarios a los servicios que brinda. Sin embargo, ese esfuerzo será vano si no se acompaña de una sinergia entre las diferentes entidades municipales involucradas en los trámites que instaure una sola ventanilla –o al menos una sola dependencia– donde en la que el ciudadano –o el joven estudiante de abogacía– pueda catastrar, pagar impuestos, registrar las escrituras y demás.
La búsqueda del buen vivir es supuestamente una de las principales metas que persigue el gobierno de Alianza País e inunda su retórica. Pero este buen vivir debe ser entendido por el Alcalde no únicamente desde la construcción de la gran obra pública, sino también desde la capacidad de brindar a los ciudadanos servicios rápidos y de fácil acceso. Integrar y descomplicar esos engorrosos procesos que le cuestan tiempo y dinero a quienes viven en Quito, será una de las tareas para el candidato a Alcalde que triunfe en las próximas elecciones. Mientras tanto, me seguirá apenando la cara de terror que pone mi asistente cuando le digo que tiene que tramitar una compraventa.
