La política de desalojo en una ciudad como Guayaquil, donde 7 de cada 10 viviendas las ha construido cada familia, da cuenta de como se viven los procesos de comunicación entre las autoridades políticas y los ciudadanos.
Señor candidato, puesto que una cooperativa (un territorio urbano) lleva su nombre y un expediente judicial le ha declarado inocente del delito de “Tráfico de tierras”, deseo aprovechar esta carta para llevar su atención al problema de la “Producción social del hábitat”. Utilizo la definición planteada por la Coalición Internacional del Hábitat: “Entendemos todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de auto productores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro (Ortiz, 2002).”
Los nuevos asentamientos, los nuevos barrios de nuestra ciudad, pueden producirse por “autogestión” o “autoproducción individual espontánea de la vivienda”, sin que esto signifique en ningún momento que esta forma de entender la construcción deba ser impuesta a nadie. Sin embargo, debemos recordar que en Guayaquil: “La informalidad urbana, es un fenómeno que compromete al 65,47 % de su población1. -Cerca de 1´540.000 htes – y 7 de cada 10 viviendas construidas, se producen por esfuerzo propio de las familias, constituyendo la forma predominante de crecimiento urbano” Tomado de la tesis realizada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales “Mercado de suelo informal y economía social y solidaria: el caso de Ciudad Victoria”, la autora Patricia Sanchez cita como fuente Municipalidad de Guayaquil. Programa REDATAM. Las cifras corresponden al año 2010
Esto quiere decir que quien pretenda asumir el rol de administrador de la ciudad debe tener en cuenta las modalidades de crecimiento adoptadas y sus serias implicaciones en los derechos fundamentales de los ciudadanos. En la práctica, antes de la intervención armada del gobierno en Monte Sinaí, se protegía (se “naturalizaba”) la vivienda y la integridad de las víctimas de los llamados “traficantes de tierras” mediante el pago de cuotas mensuales y el otorgamiento de recibos firmados y sellados.
Por supuesto, este no es el único problema de vivienda que sufre parte de la población guayaquileña, en el sector de Nueva Prosperina, dos moradoras han interpuesto una medida cautelar ya que denuncia ser amenazadas con desalojos porque se encuentran en un supuesto riesgo que no les ha sido exhaustivamente probado. Incluso en el caso de que la expropiación fuese necesaria, el articulo 323 de la Constitución señala que debe procederse a una indemnización, como derecho de las familias propietarias: Art. 323.-Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.
Es evidente que gobernar una ciudad desde y para un número limitado de barrios en un “Consejo Cantonal” obvia elementos de discusión y participación necesarios en una democracia. Siento que en ocasiones, las instancias locales no tienen el poder suficiente para exigir al gobierno central que los problemas de miles de ciudadanos se solucionen, por ejemplo, los comerciantes ambulantes, los dueños de las discotecas (recordemos el reciente caso del “Cerro Santa Ana”) y las personas que viven en las mal llamadas “invasiones”. Hay que recordar también que ninguna de las tierras en cuestión fue reclamada por un particular sino por el gobierno y que la intervención sobre los ciudadanos no guarda relación con las normas del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como podemos ver aquí y aquí.
Como ve, ud. dice que quiere dirigir una ciudad con fuertes conflictos a nivel “popular” y yo añadiría a eso, que comprometen a la mayoría de la población y bien podría pensar como representar sus problemas sin espacios de conciliación entre el Estado y la ciudadanía.
Existe un malentendido generalizado, muchas veces repetido a lo largo de la historia del país, que considera que el voto implica la aprobación unánime e indiscutible de todas las acciones tomadas por los representantes políticos. Podemos no estar de acuerdo, pero las vías para la conciliación siempre deben quedar abiertas. Lo digo como persona que aspira a una suerte de construcción democrática que quizás nunca ha existido pero no parece tan indeseable como ideal. Destruir una casa implica también destruir la vida de una familia, obligándola a la errancia y a la miseria.
Es urgente reflexionar sobre la importancia del derecho humano a la vivienda, y su primacía sobre los intereses de los gobiernos.
No olvidemos que la reciente política de desalojo en Monte Sinaí planteo que la reubicación no se haría en los mismos términos para quienes viven en el sector después del 2010. En el llamado Monte Sinai según un estudio realizado por Hogar de Cristo, existía un 30 por ciento de población que recibía mensualmente un ingreso menor a 40 dólares. Incluso hoy existen dudas por el tamaño de las casas donde serán reubicados que no siempre convienen a las familias numerosas.
Si bien es cierto que la ausencia de servicios básicos es un grave problema, debe existir una vivienda para poder gozar de ellos, poco se puede hacer en ruinas y pedazos rotos. Raquel Rolnik, Relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada, explica las implicaciones de la vivienda como derecho humano en el siguiente video:
Raquel Rolnik 19/09/13 from INTERMEIOS fauusp on Vimeo.
Escuché con preocupación a Julio César Quiñónez, subsecretario técnico del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, justificando los operativos de desalojo frente a un grupo de mujeres, compañeras las llamo la gobernadora Viviana Bonilla, que recibían su certificado de “posición”, con las siguientes palabras: i“Para nosotros era importante poder sentar un precedente en la comunidad, yo siempre les he dicho, el gobierno es como un gran padre de familia y Uds. Son esa familia, el padre tiene que poner las reglas claras para que los hijos puedan tener un desarrollo y una convivencia social adecuadas y las reglas claras de esta gran familia que se llama Monte Sinaí era: No vamos a permitir más crecimiento de la pobreza…”.
Ciertamente, las condiciones de vida de la población deberían incidir en las políticas públicas que se pretenden construir en estas, si no existen procesos de participación ciudadana, independientes del estado, del gobierno y de la política partidista, las decisiones sobre las viviendas, las ventas y las discotecas, no serán siempre las más convenientes para quienes viven aquellos tiempos, realidades y espacios.
Quiero terminar citando el informe titulado “Malestar y consecuencias subjetivas, el desalojo y la incertidumbre” realizado por un grupo de psicólogos y estudiantes de psicología, para recordar que ciertamente: “La familia siendo este lugar en donde se inscribe el primer vínculo con el Otro social, vínculo que posteriormente se enraizará y determinará el modo de relacionarse de cada sujeto se ve trastornado por otro que viene a atentar contra lo más íntimo: el hogar. Es de esta manera como se evidencia el que en algunos casos se pueda presentar una especie de paranoia respecto al Otro; como una señora manifestaba: “¿qué están planeando ellos allá?”, a lo que otra asevera: “maldito es el hombre que cree en otro hombre”. Frente a la falta de información y comunicación queda la incertidumbre”.
Si ud. Balerio, pretende gobernar, no olvide que ni el voto, ni la popularidad, lo justifican todo. Caudillos de todo color politico han sido amados por su pueblo, otros autoritarios han hecho uso de la legalidad para perpetuarse en el poder y otros tantos han obligado a las minorías a pedir asilo o a resistir por temor. Sólo un simple paseo por las caretas del fascismo en Europa nos puede dar luces al respecto.
