I. Introducción
Desde este proyecto de comunicación ciudadana hemos venido realizando miradas críticas con la actual gestión municipal. Las aristas de análisis que se han desplegado han sido muchas y han servido, en sus distintos matices, para discutir en serio sobre la ciudad. Y en la medida en que se ha logrado ese objetivo, posicionando temas y razonamientos, mi opinión es que ya es ganancia lo que se ha logrado en poco tiempo si se considera el árido escenario en esta materia.
Ricardo Bohórquez. 7m2. 2011.
De la maraña de cuerdas por hilar, la de mi interés encuentra raíz en los criterios presentes en el manejo del presupuesto, toda vez que la gestión del gasto es central para lograr objetivos de equidad que se materialice en la formulación de políticas públicas concretas enfocado en los sectores menos favorecidos en nuestra división social del trabajo.
La motivación para ello, por supuesto, no es retórica; menos aun si consideramos ciertos indicadores que dan cuenta de las tareas pendientes, en donde -según un estudio (Arroyo, 2011, p. 56)- los porcentajes de pobreza medida por Necesidades Básicas Insatisfechas registran un 52.6% (1’244.990 de guayaquileños carecen de algún tipo de servicio básico) y el que aproximadamente 1’166,883 habitantes no tengan red de alcantarillado sanitario (los cálculos oficiales varían; por ejemplo, según el alcalde el alcantarillado llega al 90% de la población y según el presidente solo al 60%).
Por lo pronto, y como contribución a lo que ya se ha desarrollado en este experimento ciudadano, me enfocaré brevemente en el aspecto ambiental, aprovechando la coyuntura entre el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Municipio de Guayaquil: la suspensión por 15 días de que el municipio pueda realizar actividades como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (actividades como otorgar licencias ambientales), con motivo de una serie de observaciones tras una auditoría realizada entre el 06 y el 10 de mayo de este año.
II. Áreas verdes y control ambiental
En primer lugar se ubica la deuda de áreas verdes en la ciudad: como se recogió en un artículo de María Luisa Carrión, nuestras cifras están en rojo, tomando en cuenta que “cada guayaquileño tiene tan solo 1 m2 de área verde cuando la OMS sugiere 9 m2”, es decir, estamos lejos de alcanzar lo recomendado por el respectivo organismo internacional.
Lo que resulta igualmente escandaloso, si acordamos como han escrito documentos de CEPAL (Hankte-Domas & Jouravlev, 2011) sobre el hecho de que “[l]as prioridades políticas se ven en el presupuesto” (p. 7), es que los esfuerzos para remediar esa deuda son menores: si bien entre 2012 y 2013 el rubro “Construcción de Parques, Mantenimiento y Rehabilitación de Áreas Verdes” aumentó de USD$ 4.763.490,75 a USD$ 8.958.335,53 respectivamente, es cuestionable el que se tenga un destino similar por concepto de publicidad (“Difusión y promoción de la gestión municipal”), con un monto de USD$ 5.123.750 según el Plan Operativo Anual 2013 (POA 2013). Es decir, del hecho de que el gasto en publicidad sea similar al gasto en áreas verdes puede leerse el que este tema no sea prioridad política aun cuando las cifras son escandalosas.
Fuente: Ordenanzas presupuestarias 2012 (acá) y 2013 (acá)
En segundo lugar se encuentra el irresoluto problema de la grave contaminación del Estero Salado. Aquí es relevante el diagnóstico del sistema ecológico ambiental realizado por Guillermo Argüello, director de la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial del municipio: allí, en la sección de conclusiones, se escribe que los contaminantes al agua es un problema central a enfrentar, considerando como uno de los rubros “[l]a utilización improvisada de pozos sépticos y la descarga directa de aguas servidas y desechos a los canales de drenaje” dado que una parte de la población “no cuenta con servicio de alcantarillado” e influenciado por el hecho de que se de un crecimiento poblacional desordenado.
Esto está en concordancia con el estudio del consorcio alemán Lamheyer Cimentaciones, en donde señaló que “el 65% de la contaminación del estero provenía de los residuos domésticos y el 35% de los lodos industriales”, como recogió recientemente una nota de diario El Universo.
En semejante línea con las áreas verdes, es particular el que el gasto según el POA 2013 en “Difusión, promoción departamental” cuente con USD$ 220.800 y otros, como “Seguimiento y control de rellenos clandestinos en el Estero Salado” tan solo con USD$ 38.400, el que por concepto de “Seguimiento a planes de manejo ambiental” se destinen USD$310.000. Es clara la posibilidad de una optimización de los destinos.
Fuente: POA 2013 (acá)
Lo cierto es que Control Ambiental ha experimentado un recorte entre 2012 y 2013, pasando de USD$ 1.090.000 a USD$ 982.410 respectivamente, sumado a que son montos irrelevantes comparados con el presupuesto de la municipalidad: hablamos de un 0,16% del presupuesto total en este año 2013.
Visto todo lo anterior, es posible también matizar la opinión del alcalde sobre la medida del MAE: Nebot afirmó que “es claro lo que se quiere: entorpecer la obra pública”. Quien haya visitado el Estado Salado una vez, o haya querido visitar las áreas verdes de la ciudad, podrá ver los límites del enunciado del alcalde.
III. Consideraciones finales
Hace pocos días, el 11 de septiembre, se dio a conocer del préstamo de poco más de USD$12,4 millones otorgado por el Banco del Estado a la EMAPAG-EP para solucionar problemas de alcantarillado de los sectores más pobres de Guayaquil. Según el gerente de la empresa pública, ello significa que para el 2015 el 100% de la ciudad estará cubierta.
Enhorabuena, ello contribuirá de modo importante a disminuir la contaminación del Estero Salado. Sin embargo, esto no significa que se solucionará el problema porque los desechos no son exclusivamente de origen doméstico: es necesario reforzar el seguimiento a planes de manejo ambiental.
Y el tema de las áreas verdes sigue pendiente, con el abismo que nos falta para alcanzar la recomendación de la OMS. De tomarse la decisión política de reducir esa brecha, los administradores públicos tendrán que hacer una revisión de los destinos para optimizar el gasto, que se traduzcan en políticas concretas; lo que, a su vez, pasará por cambiar el paradigma mismo del desarrollo urbano que ha caracterizado a la actual gestión, esto es, pasará por decirle adiós al adoquinamiento como señal de progreso.
De tomarse tal decisión, el slogan deberá modificarse; mi sugerencia: “Menos publicidad, menos adoquines, más áreas verdes y más control ambiental”.
