Jorge Glas no la ha tenido fácil en los últimos meses. En noviembre de 2016, uno de sus antiguos asesores fue acusado de pedir coimas para la entrega de frecuencias radiales. Un mes después, en plena campaña electoral, estalló el escándalo de corrupción en que la empresa brasileña Odebrecht habría sobornado a funcionarios del gobierno de Rafael Correa. En febrero de 2017, unos días antes de las elecciones en las que Glas corrió por segunda ocasión como candidato a la vicepresidencia, el exministro y colaborador del gobierno de Correa, Carlos Pareja Yanuzelli —hoy prófugo de la justicia—, acusó a Glas de ser parte de la corrupción en la compañía estatal petrolera, Petroecuador: allí, dijo el hombre que trabajó por nueve años en el área petrolera del gobierno, “no se hacía nada sin el visto bueno de Jorge Glas”. En junio, apenas una semana después de que Glas fuera posesionado como Vicepresidente, su tío Ricardo Rivera fue detenido y está siendo procesado por asociación ilícita con otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la red de corrupción montada por Odebrecht en doce países. En los primeros días de agosto de 2017, el nombre del vicepresidente apareció de nuevo cerca de la corrupción: la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación en su contra basada en un informe de la Contraloría General del Estado, entidad encargada de controlar el buen uso de los recursos públicos. Según el informe hay indicios de responsabilidad penal de Glas, el ministro de Hidrocarburos de esa época, Wilson Pastor, y otros funcionarios del gobierno de Rafael Correa involucrados en la adjudicación del campo petrolero Singue, en la Amazonía ecuatoriana.

La entidad de control hizo un examen especial —una auditoría legal que verifica y evalúa distintos aspectos de la gestión de una entidad pública—  entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016, a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador, al que se le adjudicó el campo Singue.

El contrato con Dygoil-Gente Oil Ecuador fue firmado el 30 de abril de 2012 por el ministro Pastor. Inicialmente y según los estudios técnicos previos —procedimientos obligatorios antes de entregar un campo petrolero—, las reservas del campo fueron estimadas por el entonces Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero en 2 millones de barriles en un plazo de veinte años. Esto quiere decir, en el lenguaje casi ininteligible de tecnócratas y abogados, que dos millones de barriles de petróleo se podrían sacar de él. Pero tres años después del inicio de la explotación, la contratista había extraído más de 4,7 millones de barriles: el 244% de la producción planificada para veinte años se hizo en tres años. Sacaron más del doble en poco más de un sexto del tiempo. Apenas tres meses después de la firma del contrato, el Subsecretario que hizo la estimación pasó a trabajar como empleado de Dygoil-Gente Oil Ecuador. Hoy es difícil dar con su información de contacto para pedirle una versión sobre estos hechos.

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Pero las irregularidades también sucedieron antes de la adjudicación. Dygoil-Gente Oil Ecuador habría incumplido algunos requisitos establecidos en las bases de licitación: debía presentar la información sobre su capacidad operativa —es decir, tener la infraestructura, recursos humanos, financieros y demás para producir en un tiempo determinado— desde el 2006 al 2010, pero solo entregó datos del 2002 al 2006. Dygoil-Gente Oil Ecuador tampoco detalló los valores de tarifa por barril, ni aplicó las variables que exige la normativa para el cálculo de estos montos. Según el informe de la Contraloría, es una violación directa de la Ley de Hidrocarburos.

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Pero a pesar de los incumplimientos, Dygoil-Gente Oil Ecuador recibió el contrato para explotar el campo petrolero. El Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH, un órgano previsto en la Ley de Hidrocarburos para los procesos de licitación petroleros) calificó —es decir, aprobó— su oferta. Por eso, el informe de Contraloría señala como responsable a los integrantes del COLH: Carlos Pareja Yannuzzelli como Viceministro de Hidrocarburos, Jorge Glas Espinel como Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, además de la Ministra de Recursos Naturales No Renovables y el Secretario de Hidrocarburos. El mismo comité recomendó a Wilson Pástor, entonces Ministro de Recursos No Renovables, que adjudicara el contrato a Dygoil Gente Oil. Esta empresa nombró a Silvana Pástor Tapia, hija de Pástor como su Directora Financiera y Vicepresidenta apenas catorce días después de la firma del contrato. Intenté contactarme con padre e hija pero hasta la hora de publicación de este texto no hubo respuesta.

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Por estas irregularidades, además de los indicios de responsabilidad penal, la Contraloría determinó que hay responsabilidad civil y administrativa. Por la civil, el organismo de control emitió una glosa (u orden de reintegro) de más de 5,2 millones de dólares por el perjuicio que habría sufrido el Estado. Por la administrativa, se podría destituir a los funcionarios públicos implicados, además de aplicarles una multa. Para determinar o descartar la existencia de la responsabilidad penal, el Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, ya inició la investigación. “No hay una determinación típica, pero se está determinando potencialmente un delito de peculado”, dijo el 3 de agosto de 2017, día siguiente a la publicación del informe de Contraloría. Según advirtió Baca, no se puede emitir ninguna medida cautelar (como prohibición de salida del país o prisión preventiva) porque la Ley no contempla estas medidas para la etapa de investigación —que puede durar hasta dos años—  sino solamente cuando se han formulado cargos.

Jorge Glas habló sobre el informe de la Contraloría y la investigación fiscal. “Fui miembro del COLH. Es una etapa precontractual, el directorio que aprueba una negociación, y yo fui parte de ese comité” —dijo a la prensa— “Compañeros, van a venir muchos de esos temas, lamentablemente es mi percepción, me anticipo ante ello, en contra de muchos funcionarios del gobierno anterior”. Cuando un periodista le preguntó si sabía que la familia de un ministro estaba recibiendo el campo petrolero, Glas respondió: “Yo no recuerdo eso, no sé en qué año entró, en todo caso entiendo que ya Wilson Pastor, a quien le he pedido que regrese al país, que ya lo había descargado también ante la Contraloría, ahora tenemos que hacerlo ante la Fiscalía”. Apenas unas horas después de esas declaraciones, el presidente Lenín Moreno emitió el decreto 100 mediante el cual relevó a Glas de todas las funciones que le había encomendado. Poco después, Glas dio una rueda de prensa en la que dijo que no renunciará.

A pesar del  tono desafiante de Glas, esa misma noche su nombre volvió a los reportes de pagos ilegales. El diario O Gobo de Brasil publicó nuevas revelaciones en la trama Odebrecht. El delator de Odebrecht, José Conceiçao Santos dijo que había entregado 14 millones de dólares a Jorge Glas. Es la primera vez que aparece información que liga directamente al vicepresidente sin funciones con el caso Odebrecht en el Ecuador. La madrugada del viernes, Glas dijo en un video que circuló en redes sociales que se ha mudado de Quito a Guayaquil, su ciudad natal. Desde ahí, dice, recorrerá el país en su camioneta. Deberá, también, defenderse de los varios flancos de acusaciones que recibe: la supuesta persecución que dice sufrir por parte del presidente Moreno y la oposición, la vinculación que le hace el delator José Conceiçao Santos con la corrupción de Odebrecht, y el informe de Contraloría por el campo Singue que lo llevará ante el Fiscal de la Nación. Jorge Glas no la ha tenido fácil en los últimos meses, y la tormenta política y judicial bajo la que está parado parece que arreciará.