Desde el 2 de junio de 2025, Carolina Jaramillo es la portavoz oficial del Palacio de Carondelet en el gobierno de Daniel Noboa. En su presentación, dijo que su cargo significaba una etapa de “cercanía con la prensa”. Pero a lo largo de las, al menos, 20 ruedas de prensa que ha dado los lunes en el Salón Azul, su labor ha sido criticada por la falta de pruebas en sus declaraciones y por su tendencia a eludir las preguntas incómodas.
El 20 de octubre, cuando debía hacerse la rueda de prensa de esta semana, no hubo. La decisión ocurrió en medio de la tensión política que hay en Ecuador: el país vive un paro nacional tras la eliminación del subsidio al diésel, hay dudas sobre cómo se desvaneció la deuda de la Exportadora Bananera Noboa con el SRI, hay reportes de muertes de comuneros durante las movilizaciones, entre otros temas.
En este momento, el papel de Jaramillo sigue siendo cuestionado. Aquí te explicamos si se trata de una vocería útil o está desgastada.
De portavoz a cortafuego político
En teoría, la vocera presidencial tiene un rol simple: comunicar decisiones, explicar políticas públicas, responder dudas y ser el enlace entre el gobierno y la sociedad.
Es, o debería ser, una figura que facilite la transparencia y permita el escrutinio ciudadano.
En la práctica, esa función ha mutado.
En lugar de ser un canal, la vocería se ha convertido en un cortafuego político: una figura intermedia que absorbe el conflicto y desvía el desgaste lejos del centro del poder.
Cuando el costo político de una crisis no lo asume el presidente ni sus ministros, lo asume la vocera.
Y cuando ese mecanismo se desborda, la vocería deja de proteger al sistema y comienza a exponerlo.
El problema es doble. Por un lado, la figura que debía facilitar el diálogo se convierte en el rostro del conflicto.
Por otro, la ciudadanía pierde claridad sobre quién responde por las decisiones: la persona que comunica o la que decide. Esa confusión debilita la rendición de cuentas.
Blindaje simbólico: cómo se desplaza el costo político
Cuando eso pasa, la vocera puede convertirse en lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamó un “cuerpo sustituto” de una voluntad o responsabilidad colectiva. En este caso, del costo político.
Esta delegación funciona en dos dimensiones. La primera es simbólica. El poder delega voz en un portavoz. Al hablar “en nombre de”, ese portavoz encarna a la institución.
La otra, es la de capital simbólico y desgaste. La exposición pública otorga capital simbólico, pero también traslada golpes.
El vocero se convierte en el “cuerpo sustituto”: recibe el costo reputacional que, de otro modo, golpearía al decisor.
Ese blindaje sirve mientras la vocería protege sin eclipsar. Si la figura intermedia se vuelve protagonista —o sus datos pierden credibilidad— el cuerpo sustituto deja de amortiguar y empieza a multiplicar el daño.
Esa representación acumula prestigio y poder simbólico, pero también convierte al vocero en un fusible político: recibe golpes para que el sistema no se queme.
Esa lógica explica por qué las vocerías existen.
Pero también por qué son frágiles. Si el portavoz pierde legitimidad, el blindaje se rompe y el daño institucional se multiplica.
En el caso ecuatoriano, esa pérdida de legitimidad ya es evidente.
Según un reportaje de la estación televisiva Ecuavisa, apenas el 52% de los anuncios hechos por Carolina Jaramillo están respaldados por datos verificables.
La consecuencia es previsible: el desgaste que debía contenerse se propaga, y la credibilidad del gobierno empieza a erosionarse.
El amortiguador institucional y sus fallos
El sociólogo Niklas Luhmann propone otra clave de lectura: la vocería actúa como un amortiguador que reduce el “ruido” entre el sistema político y su entorno. En lugar de que cada crisis llegue directamente al presidente, la vocera filtra, explica, recodifica.
Dos conceptos centrales de su teoría son aplicables para el caso ecuatoriano.
Sistema vs. entorno: Un sistema social se distingue de su entorno estableciendo límites; selecciona la información que le permite funcionar y descarta lo irrelevante.
Reducción de complejidad / amortiguación: Para operar con eficacia, el sistema filtra la realidad externa, priorizando lo que puede gestionar y transformando el resto en “ruido” manejable.
Pero cuando el amortiguador deja de filtrar y empieza a distorsionar, el sistema se vuelve opaco.
En lugar de ofrecer información útil, la vocería selecciona qué comunicar y qué callar.
Y cuando el silencio se impone, la rendición de cuentas deja de existir.
Eso es lo que ha ocurrido en varias ruedas de prensa de Jaramillo. El 6 de octubre de 2025, abandonó la sala tras 17 minutos, después de leer dos anuncios y responder solo cinco preguntas.
En medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) evitó pronunciarse sobre la muerte de un manifestante indígena, calificando su opinión como “irrelevante”.
Y, según reportes de prensa, a corresponsales internacionales se les cerró el acceso a información oficial.
Estas respuestas refuerzan la idea de que la vocería deja de mediar y se vuelve un filtro que evita tratar los conflictos de fondo.
Cuando la vocería sustituye a la rendición de cuentas
En suma, la vocería solo funciona cuando mantiene su rol claro y protege sin suplantar; cuando eso se pierde, la rendición de cuentas se reemplaza por evasión.
Ese es el riesgo más grave: que la vocería no absorba el conflicto, sino que lo reemplace.
Cuando el portavoz deja de informar y empieza a decidir qué se puede preguntar, qué se puede saber y qué no, la arquitectura institucional se descompone.
Durante la gestión de Jaramillo, las ruedas de prensa se han convertido en espacios de protagonismo personal, donde la figura mediática eclipsa al gobierno.
El 13 de octubre de 2025, por ejemplo, el periodista Enrique Alcívar fue impedido de ingresar al Palacio de Carondelet pese a que se le había garantizado el acceso.
En lugar de promover transparencia, la vocería se transformó en una herramienta de exclusión.
Las evasiones son frecuentes. Al ser consultada sobre agresiones a periodistas, Carolina Jaramillo se limitó a decir que el Bloque de Seguridad actuó “conforme a los protocolos”, sin abordar el fondo del asunto.
Y en repetidas ocasiones ha entregado información incompleta o falsa: en junio de 2025, aseguró que los homicidios habían caído a 518, cuando los datos oficiales del propio Ministerio del Interior registraban 570.
Una verificación hecha por la plataforma de fact-checking Lupa Media calificó esa afirmación como “completamente falsa”.
También ha presentado cifras sin sustento técnico, como reducciones porcentuales del impacto del fin del subsidio al diésel por provincia, sin explicar el método de cálculo, o promesas de 979,5 MW de nueva energía al sistema eléctrico del Ecuador sin detallar plazos ni proyectos.
También afirmó que el gobierno había entregado 300 millones de dólares en compensaciones por la eliminación al subsidio del diésel en una semana, sin documentos que lo respaldaran.
Las consecuencias políticas de una vocería desbordada
Una vocería que se convierte en protagonista y no en mediadora tiene efectos profundos sobre el sistema político.
Primero, debilita la legitimidad institucional: cuando las cifras son falsas, el acceso a la información se bloquea y las preguntas se evaden, la confianza ciudadana se erosiona.
Segundo, daña la rendición de cuentas: el debate público se desplaza del contenido de las decisiones al comportamiento de la vocera.
Tercero, alimenta la polarización: al filtrar qué se comunica y qué no, el gobierno refuerza la percepción de que solo habla con quienes lo apoyan y excluye a voces críticas.
En última instancia, una vocería desbordada deja de ser un amortiguador y se convierte en un riesgo para la gobernabilidad.
Cuando la voz oficial se quema, arrastra consigo parte de la legitimidad del poder que representa.
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