En Ecuador, más de cinco millones de personas viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), a junio de 2025 el 24% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza —fijada en 91,98 dólares mensuales per cápita— y el 10,4 % en pobreza extrema, con ingresos inferiores a 51,83 dólares.
Estas cifras no variaron de manera significativa respecto al año anterior, lo que muestra que la pobreza sigue siendo estructural y difícil de reducir en el corto plazo. En este escenario, los bonos del Estado funcionan como una “red de protección”.
Bajo la administración de Noboa, aparecieron nuevas transferencias como el Bono Raíces, que entrega un pago único de 1.000 dólares a 100.000 pequeños productores rurales afectados por el fin del subsidio al diésel. La demanda fue tan alta que el Estado desembolsó 81 millones en pocas semanas.
También se crearon el bono de chatarrización —hasta 23.000 dólares para renovar vehículos de transporte diésel antiguos— y el Bono Incentivo Emprende, de 1.000 dólares para pequeños negocios, incluso si no pertenecen al régimen de economía popular y solidaria.
A estas iniciativas se suma el histórico Bono de Desarrollo Humano, vigente desde 1998, que hoy beneficia a cerca de 900.000 personas. En 2025, el gobierno incorporará 55.000 nuevos beneficiarios, con un costo adicional de 12,5 millones de dólares este año y casi 50 millones el próximo.
La expansión del gasto social: un arma de doble filo
Los bonos no se reparten en el vacío. En 2025, el gasto en transferencias monetarias creció 755 millones respecto de 2024, lo que eleva el gasto total a 2.441 millones de dólares. Y buena parte de ese incremento corresponde a bonos temporales que el gobierno justifica como compensaciones sociales. Pero ese gasto tiene consecuencias fiscales importantes.
En la proforma presupuestaria de 2025, el gobierno proyectó 1.909,68 millones de dólares en transferencias, un aumento del 23 % frente al año anterior.
Solo este año, Noboa creó ocho bonos nuevos que se suman a al menos diez ya existentes, elevando el compromiso financiero en unos 755 millones.
A esto se suma la eliminación del subsidio al diésel, anunciada en septiembre, que implicará 819 millones en compensaciones a transportistas y productores.
El Ministerio de Finanzas estima que el Estado ahorrará 424 millones en lo que resta de 2025 gracias a ese recorte, pero ese “ahorro” es teórico: si no se materializa plenamente, el déficit fiscal —hoy cercano a 2.500 millones— podría crecer aún más.
Hasta mayo, la ejecución presupuestaria de bonos alcanzaba apenas el 48,3 % de lo codificado, lo que refleja dificultades para financiar y entregar las ayudas.
El Bono de Desarrollo Humano ejecutó el 56 % de sus recursos; los bonos de nutrición, el 51 %; las pensiones para adultos mayores, el 41 %; y las pensiones por discapacidad, el 39 %.
Riesgos fiscales y eficacia social en debate
Expertos advierten que el aumento de bonos puede “ensanchar la brecha fiscal” si no está respaldado por mayores ingresos. El economista Mauro Tejada dice que, de no haber recursos suficientes, el Estado podría verse obligado a recortar en otras áreas como salud, educación o transferencias a municipios.
Santiago García, profesor de la Universidad Central, coincide en que las transferencias ayudan a los más vulnerables, pero subraya que sin políticas estructurales para generar empleo formal, son paliativos, no soluciones.
El riesgo político también es evidente: prometer bonos sin respaldo puede obligar a futuros gobiernos a endeudarse o reducir programas esenciales
Estudios del Banco Mundial y el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) muestran que las transferencias condicionadas —como el Bono de Desarrollo Humano o el programa Oportunidades en México— sí reducen la pobreza extrema y mejoran indicadores como la escolaridad infantil.
Pero cuando se entregan sin condicionalidades ni metas, su impacto se diluye.
El uso político de los bonos en medio del paro
El calendario político ayuda a entender el auge del “bonismo” estatal. 2025 ha estado marcado por la agitación social: el 22 de septiembre, el movimiento indígena liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lanzó un paro nacional para rechazar el fin del subsidio al diésel, que elevó el precio de 1,79 a 2,80 dólares por galón.
Las protestas han paralizado carreteras, provocado enfrentamientos y mantenido a miles en las calles durante semanas.
En ese contexto, el gobierno ha multiplicado los anuncios de bonos.
Apenas iniciado el mandato completo, Noboa activó programas para responder a emergencias climáticas, apoyar a productores y compensar la eliminación del subsidio.
En marzo lanzó el bono agrícola Catta Nuevo Ecuador; en septiembre relanzó Raíces y chatarrización, amplió el Bono de Desarrollo Humano y revivió el Incentivo Emprende.
La coincidencia temporal no pasa desapercibida. Muchos de estos anuncios se han hecho en zonas rurales afectadas por el paro o en provincias con peso electoral.
Las entregas, acompañadas de actos públicos y discursos sobre justicia social, refuerzan la imagen de un gobierno activo y cercano. Pero también alimentan las críticas sobre clientelismo y cooptación.
La ex vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Sara Oviedo, advierte que los bonos “a diestra y siniestra” no resuelven los problemas estructurales.
Oviedo es tajante: “Los bonos sociales comenzaron a aplicarse en América Latina como medidas parche, concebidas como una compensación ante un modelo económico que genera víctimas concretas por la pésima distribución de la riqueza”.
Según el economista Jorge Calderón, la baja eficiencia de algunos programas, que no muestran mejoras en los beneficiarios después de años, evidencia la necesidad de definir plazos, criterios claros y planes de salida.
Bonos en tiempos de paro: ¿oxígeno o distracción?
El paro que ya supera los 20 días tensiona aún más la estrategia del gobierno.
En medio del descontento por despidos, recortes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y deterioro de servicios públicos, muchos manifestantes consideran los bonos un “consuelo” insuficiente frente al impacto del ajuste.
En el corto plazo, pueden aliviar la presión social y ofrecer un respiro a familias golpeadas por el aumento del combustible y los precios.
Pero a largo plazo, si no están acompañados de reformas estructurales, pueden profundizar la dependencia estatal y erosionar la confianza ciudadana.
El desafío del Estado no es solo entregar ayudas, sino transformarlas en herramientas que permitan a los beneficiarios dejar de necesitarlas.
La línea entre política social y política clientelista depende de la transparencia en la focalización, las condiciones para recibir la ayuda y la capacidad de generar oportunidades reales.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.
