Desde que empezó el paro nacional 2025, el 22 de septiembre, hasta el 12 de octubre, Fundamedios —organización que monitorea y defiende la libertad de expresión— reportó 39 ataques a la prensa durante las movilizaciones. Entre esos casos hay agresiones físicas y verbales a periodistas, además de la suspensión de la señal de un medio comunitario.
El paro, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la eliminación del subsidio al diésel, se ha concentrado en la Sierra Norte del país, principalmente en la provincia andina de Imbabura, donde las protestas han devastado la economía. El 12 de octubre, las marchas llegaron a Quito, en Pichincha, donde hubo enfrentamientos y represión.
Ese día, Fundamedios dice que hubo al menos cinco ataques a la prensa. Según denuncias verificadas, señala un comunicado de la organización, policías y militares habrían violentado de manera desproporcionada contra los periodistas, quienes se identificaron debidamente como prensa mientras cumplían su labor: informar.
Fundamedios dice que de los 39 ataques a la prensa durante los 22 días del paro, 19 estarían atribuidos a policías.
La Policía ha sido increpada por estas agresiones en el chat de periodistas institucional, en el que hay 360 miembros de la prensa de todo el país. “¿Empezarán investigaciones internas?, ¿se está haciendo algo para garantizar el ejercicio periodístico?”, preguntó Yalilé Loaiza, presidenta de Fundamedios, el 13 de octubre de 2025. Pero nadie le contestó.
Previamente, la Policía había compartido en ese chat “recomendaciones para periodistas en protestas” con el “propósito de resguardar la integridad de comunicadores y garantizar el libre ejercicio”.
César Ricaurte, director de Fundamedios, explica que en el paro 2025 ha aparecido una nueva forma de agresión: “El uso abusivo del poder estatal”.
Esto va “más allá del uso de las fuerzas de seguridad, ejército y policía en las calles”, explica. Se refiere cierre de medios de comunicación e impedir el acceso al Palacio de Carondelet, como ocurrió el 13 de octubre de 2025 con el periodista Enrique Alcívar, explica Ricaurte.
Alcívar había denunciado en su cuenta de X que le habían negado la entrada a las rutinarias ruedas de prensa que da todos los lunes la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo. Frente a esa denuncia, Jaramillo dijo que le habían negado el acceso porque había roto el protocolo de la Presidencia al grabar un video en los pasillos de Carondelet.
Jaramillo dijo que hablaría para que le permitieran el paso, pero no se cumplió.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas, otra organización que vela por la seguridad de los periodistas en Ecuador, presentó una cifra preliminar. Dijo que han reportado 45 agresiones a la prensa desde el 22 de septiembre hasta el 12 de octubre.
El paro no termina, y tampoco hay señal de diálogo entre la Conaie y el gobierno de Daniel Noboa. Eso ha intensificado las movilizaciones en las calles.
Te explicamos los ataques a la prensa en el paro de 2025.
“No se está garantizando el trabajo de la prensa”
De las 39 agresiones a la prensa, según Fundamedios, 23 fueron a periodistas, 15 a trabajadores de la comunicación —camarógrafos, fotógrafos y asistentes— y una a un medio de comunicación.
Además, Fundamedios dice que también hubo agresiones a seis organizaciones de la sociedad civil, mediante medidas administrativas como restricciones a cuentas bancarias —bloquear el acceso— y una agresión a un ciudadano.
En total 46 agresiones. La mayoría son ataques físicos: 27. También hubo 6 vulneraciones a la libertad de asociación, 5 amenazas, 2 agresiones verbales, 4 restricciones al acceso a la información, un caso de censura y un caso de uso abusivo del poder estatal —es decir, sanciones administrativas como la suspensión de la señal de TV MICC.
Ricaurte explica que las agresiones ocurrieron en un contexto de violencia generalizada, en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública en varias provincias, especialmente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Imbabura y Carchi.
“La fuerza pública está actuando con violencia, con el uso de dispositivos represivos contra los manifestantes, pero que también afectan el trabajo de la prensa”, advierte Ricaurte. Explica que el uso de dispositivos represivos no solamente se refiere al uso indiscriminado de gas lacrimógeno, golpes, requisas, daños a equipos, sino también al uso abusivo del poder estatal.
“No se está haciendo la diferenciación, ni se está garantizando ni respetando el trabajo de la de la prensa”, señala Ricaurte.
Golpes y requisas a periodistas en Quito
Entre los periodistas agredidos durante las movilizaciones en Quito está Jorge Cano, del medio de comunicación comunitario Wambra Ec.
En un video, difundido en X, se ve cómo Cano es requisado por un militar armado, pese a portar chaleco y credencial de prensa. En esa grabación se escucha cómo Cano se identifica como periodista y un militar armado le exige abrir su mochila para revisar sus equipos.
El militar le ordena ir a otro lugar, por un “procedimiento de control de armas y explosivos”.
🔴Urgente
— Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) October 12, 2025
Militares requisan al equipo de prensa de @wambraEc
Un militar armado requisó a nuestro periodista, le pidió mostrar todos sus equipos.
Militares dicen que es un protocolo, pero la requisa fue dirigida hacia el periodista Jorge Cano, quien lleva un chaleco con… pic.twitter.com/wCNWSMlNUq
La periodista Gaby Mena, que pidió no publicar el nombre del medio para el que trabaja, denunció que agentes policiales destruyeron su celular mientras grababa la dispersión de manifestantes en el parque El Ejido, en el centro de Quito.
Mena explicó a Fundamedios que estaba grabando cuando un policía —por detrás— “me quitó el celular, lo rompió, lanzó al piso y lo pisó”. La periodista explica que este ataque se dio pese a que estaba usando chaleco y credenciales de prensa.
Por otro lado, el medio digital Red Kapari publicó que uno de sus reporteros fue retenido temporalmente por agentes de la fuerza pública en Quito.
#ATENCIÓN
— Kapari Comunicación (@RedKapari) October 12, 2025
Periodistas son otro blanco de atacaque por las fuerzas policiales.
Hoy varios medios de comunicación y periodistas fueron retenidos, reprimidos por fuerzas policiales y militares. Aquí se observa al equipo de @inredh1 acorralado en la Av. Patria y 6 de diciembre. Hace… pic.twitter.com/my258rqkcV
El camarógrafo Santiago Gil, del canal de televisión Ecuavisa, también fue atacado.
En una entrevista para el canal, Gil explicó que fue golpeado por un policía con un tolete y fue disparado con balas de goma mientras intentaba resguardar su equipo de trabajo.
“Le dije a la policía que soy de prensa, estoy con el dron y equipos. Me golpeó en la mano porque quería que soltara la maleta. Corrí y me disparó con esas de goma, que me dieron en la cabeza y al costado”, dijo en un video compartido en X.
La periodista Pamela Ledesma, del medio digital BN, fue agredida por policías mientras intentaba grabar la detención de dos manifestantes en la avenida Patria. Según el reporte compartido en X, los policías le quitaron su teléfono y le exigieron borrar el contenido grabado.
Hoy día en el contexto del #ParoNacional2025 https://t.co/d2BUcWuICY
— Pamela Ledesma (@Pameledesma9) October 13, 2025
Otras agresiones a la prensa en el paro 2025
El 22 de septiembre de 2025, en el primer día del paro nacional, periodistas de los medios: el canal de televisión Teleamazonas, Ecuavisa y Radio Pichincha fueron agredidos.
En la vía Panamericana Norte, a la altura de San Miguel del Común, al norte de Quito, en la provincia de Pichincha, un equipo de Teleamazonas fue atacado mientras transmitía en vivo el inicio de las protestas.
La reportera Mishell Villacis fue golpeada con una piedra. Además, los manifestantes lanzaron palos hacia el equipo periodístico y encendieron una bengala cerca.
El periodista Paúl Romero, de Ecuavisa, recibió insultos de manifestantes mientras cubría la marcha en la provincia de Cotopaxi, en la ciudad andina Latacunga, donde desde el 13 de septiembre está la sede de la Presidencia de la República.
“Unas dos o tres personas nos comenzaron a insultar con lo que ya se conoce: prensa corrupta, insultando al canal de televisión, diciendo por qué no sacábamos en vivo lo que estaba pasando”, reclamó Romero. Después fue golpeado con el asta de una bandera en la cabeza. Otro manifestante le lanzó una piedra y también le echaron agua y helados, dijo a Fundamedios.
En la ciudad de Latacunga, también en Cotopaxi, un equipo de Radio Pichincha fue “víctima de hostigamiento”. Mientras cubrían un plantón en apoyo al Gobierno, un ciudadano los grabó con su celular y advirtió “tener cuidado con los medios infiltrados y a no dejarse confundir”, generando un ambiente hostil contra los comunicadores.
Un día después, el 23 de septiembre de 2025, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) —entidad estatal encargada de regular medios de comunicación— ordenó la suspensión de la señal de TV MICC (canal 47 UHF), medio comunitario indígena y campesino de Cotopaxi.
La resolución se dio tras un informe calificado como “secreto”, que acusa al canal de afectar la seguridad nacional. TV MICC sigue suspendido.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) dijo que esta acción busca silenciar a las comunidades que participan en el paro nacional. Ese mismo día, organizaciones indígenas y sociales denunciaron el bloqueo de las cuentas bancarias de sus dirigentes y miembros.
El 25 de septiembre de 2025, en Cuenca, provincia del Azuay, durante un plantón la periodista Nicole Torres, del medio digital Camaleón, habría sido intimidada. Torres dijo que fue fotografiada y grabada por personal policial y que, en medio del operativo, el coronel Liderman Fernando Hermosa la señaló con la orden: “A esa señora”.
Ese mismo día, el fotoperiodista independiente Santiago Buestán denunció haber sido detenido violentamente y obligado a borrar su material por policías, pese a que se identificó como prensa.
El 1 de octubre de 2025, durante la cobertura de la movilización estudiantil en la Universidad Central en Quito, periodistas de BN Periodismo, Telesur y Only Panas fueron agredidos por la Policía Nacional.
Ese día, Andrés Burbano, de BN Periodismo, estaba cubriendo el plantón de la Universidad Central. La Policía se acercó y lanzó gas lacrimógeno en sus ojos, pese a que Burbano mostró su credencial de prensa. Burbano también dijo que una persona que lo ayudaba a cubrir la manifestación casi fue atropellada por motos policiales.
Elena Rodríguez, de Telesur, estaba acompañada por su asistente y camarógrafo, también identificados como prensa. Fueron rodeados por policías que les lanzaron gas pimienta directamente a la cara y los obligaron a irse, según denunciaron.
Jorge Aguirre, de Only Panas, estaba cubriendo cerca de la Plaza de Inglaterra, en el centro norte de Quito, cuando la Policía lanzó gas lacrimógeno a la prensa. Según Aguirre, “gritamos varias veces que éramos prensa, pero no nos tomaron en cuenta. Estábamos transmitiendo en vivo y no les importó”.
El 5 de octubre de 2025, el periodista Esteban Cárdenas, de Ecuador Chequea, fue golpeado con un escudo en la pierna mientras cubría el paro nacional. Según su testimonio, un agente le arranchó y luego lanzó su celular porque intentaba grabar cómo la policía le echaba gas pimienta contra una manifestante indígena.
Ese mismo día, el fotógrafo Angelo Chamba, del diario Expreso, fue empujado por un policía en moto.
El 8 de octubre de 2025, el periodista Camilo Ponce, director del medio digital El Vanguardista y conductor en radio La Voz de la provincia de Imbabura, fue víctima de amenazas y hostigamiento digital tras opinar sobre las protestas en su provincia.
Ser periodista en Ecuador: derechos y responsabilidades
La Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión y de informar sin censura previa, así como la reserva de la fuente, lo que garantiza que periodistas y medios puedan ejercer su labor con independencia y protección frente a presiones estatales o particulares.
En el plano internacional, varios organismos han establecido estándares para proteger el trabajo periodístico durante protestas y contextos de tensión social:
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera la protesta una forma legítima del ejercicio de la libertad de expresión y reunión. El Estado tiene la obligación de facilitar la cobertura periodística y abstenerse de obstaculizarla.
- Las Naciones Unidas (ONU) establece que el derecho de reunión pacífica ampara marchas, concentraciones y cacerolazos. Los periodistas tienen derecho a observar, registrar y documentar tanto la actuación estatal como los hechos de interés público. Además, la policía debe garantizar su labor y evitar la confiscación o destrucción de equipos o materiales.
- UNESCO, a través de su Plan de Acción sobre la seguridad de los periodistas, insta a los Estados a prevenir, proteger y perseguir los ataques contra comunicadores.
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