El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), creado en 1928 como Caja de Jubilaciones, nació para garantizar pensiones de jubilación, montepío y auxilio mortuorio. Con el tiempo, amplió su ámbito hasta convertirse en el principal prestador de salud del país.
Hoy atiende a más de ocho millones de personas en sus unidades médicas, pese a que apenas 3,45 millones de afiliados realizan aportes mensuales, según la cifra del propio IESS.
El problema es evidente: más de la mitad de sus usuarios no financian el sistema.
A escala nacional, el IESS tiene 277 prestadores de salud propios (entre hospitales, centros de salud y demás) y 201 más en su red externa, que son privados a los cuales el sistema deriva pacientes.
El IESS funciona con un modelo de “reparto solidario”: afiliados y empleadores aportan para pensiones y atención médica. Pero tiene más obligaciones que recursos.
En 2010, durante el gobierno de Rafael Correa, se amplió la cobertura gratuita a hijos y cónyuges de afiliados sin financiamiento adicional.
Y en 2015, eliminó la contribución estatal del 40% al fondo de pensiones, debilitando aún más al IESS.
En 2025, el IESS prevé gastar 2.180,6 millones de dólares en salud, pero solo recibirá 1.563,5 millones de dólares en aportes, según el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo del IESS el 18 de diciembre de 2024.
La brecha de 617 millones de dólares lo obliga a desinvertir fondos originalmente destinados a créditos hipotecarios y quirografarios para cubrir el déficit.
El impacto recae en los ciudadanos: según un estudio de 2020 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 70% percibe desabastecimiento de medicinas, 60% falta de médicos y más del 50% hospitales mal equipados.
La percepción general es la de un sistema colapsado, con carencia de insumos y retrasos constantes en cirugías y tratamientos.
Así, el IESS, que nació como un seguro de pensiones y se convirtió en prestador integral de salud, carga hoy con el peso de un modelo financiero insostenible.
Cómo debería funcionar el sistema de hospitales del Seguro Social
El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), definido en la Constitución, obliga al IESS a cubrir promoción, prevención, curación, recuperación y rehabilitación sin límites técnicos ni económicos.
En teoría, el MAIS es un sistema robusto organizado en tres niveles.
El primero es el de atención primaria en dispensarios y centros médicos, enfocada en prevenir y controlar enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.
El segundo brinda atención en hospitales generales para consultas especializadas y cirugías de mediana complejidad, como apendicitis o fracturas.
El tercero, da atención terciaria en hospitales de especialidades —como el Carlos Andrade Marín en Quito o el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil— donde se tratan casos de alta complejidad, como cáncer, trasplantes o cirugías cardíacas.
El ideal es que la mayoría de problemas se atiendan en el primer nivel, con medicina preventiva y control de enfermedades comunes, reservando los hospitales de tercer nivel para casos graves.
Así se reducen costos: tratar hipertensión en un dispensario cuesta entre 5 y 10 dólares al mes, mientras que en un hospital de especialidades puede llegar a 150.
Pero el IESS opera al revés. Según expertos como Mauricio Espinel, ex director nacional de salud del IESS, el sistema está centrado en la “enfermología”: se espera que los pacientes lleguen con enfermedades avanzadas para actuar.
El ejemplo más claro es el cáncer de cuello uterino.Detectar a tiempo el virus del papiloma humano cuesta 15 a 20 dólares, pero tratar un cáncer avanzado puede superar los 250.000 por paciente.
Sin embargo, el IESS invierte en curación tardía y no en prevención, lo que eleva gastos y empeora resultados.
La falta de un sistema informático integrado agrava el problema: no controla bien el stock de medicinas ni las derivaciones a prestadores externos, que cuestan hasta 900 millones de dólares al año y suelen estar marcadas por denuncias de sobreprecios.
A esto se suma la subutilización de recursos propios: según la Mesa de Seguridad Social, un espacio consultivo de expertos, gremios y ciudadanos que analiza y recomienda sobre la sostenibilidad y funcionamiento del sistema de seguridad social en Ecuador, los laboratorios del IESS operan al 32% de su capacidad, mientras pacientes esperan meses por exámenes.
Además, muchos de los más de 500 dispensarios del Seguro Social Campesino atienden solo entre 8 y 10 pacientes por semana, pues no pueden recibir a afiliados en general.
En teoría, la red del IESS debería priorizar prevención y eficiencia, pero en la práctica funciona desordenada, ineficiente y costosa.
Corrupción y desvíos: las raíces de un modelo que no opera
La crisis del IESS no puede explicarse solo desde la falta de financiamiento: la corrupción y el uso político son factores decisivos en su deterioro.
En los últimos 20 años, el sistema de salud del IESS se volvió un terreno propicio para sobreprecios y negociados.
Un caso emblemático es el del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, donde un solo grupo familiar ligado a proveedores cercanos al poder obtuvo 46 contratos por 7,7 millones de dólares entre 2008 y 2018.
La mayoría fueron para medicinas e insumos con precios inflados, lo que provocó desabastecimiento y afectó la atención de miles de pacientes.
En el Hospital Los Ceibos de la misma ciudad se investigan contratos irregulares por más de 11 millones de dólares.
Estos casos evidencian cómo la corrupción agravó la crisis del IESS.
Los problemas se repiten en todos los niveles: contratos de medicinas con sobreprecios de hasta 300%, equipos comprados y nunca usados por falta de personal, y derivaciones a clínicas privadas con tarifas infladas.
A ello se suma la politización: el Consejo Directivo, que debía ser tripartito (empleadores, trabajadores y Estado), ha estado dominado por el delegado presidencial.
Así, gobiernos de turno usaron al IESS como “caja chica”, generando una deuda que para 2024 superaba los 25.000 millones de dólares.
En los 90, el presidente Sixto Durán Ballén propuso un sistema de capitalización individual en consulta popular, que fue rechazado pero evidenció el interés estatal en los fondos del IESS.
Años después, en 2016, durante el gobierno de Rafael Correa, el delegado presidencial retiró más de 2.000 millones de dólares de la deuda registrada del Estado con el IESS, sin un asiento oficial de la medida, y pese a que la Contraloría pidió la destitución del delegado.
Reiteradamente, el Estado ha cubierto sus déficits con recursos del IESS a cambio de bonos, debilitando su situación financiera.
Del proyecto original al colapso actual: lo que quedó del IESS
El IESS ha estado lejos de ser una institución solvente y estable. El paso del tiempo y las reformas improvisadas lo convirtieron en un sistema frágil.
En sus primeros años, el IESS (entonces Caja de Pensiones) funcionaba como aseguradora con patrimonio propio y diferenciado de los bienes del Estado.
Pero desde la Constitución de 1998, el Consejo Directivo quedó bajo control del delegado presidencial, debilitando su independencia.
Desde entonces, la politización y el populismo marcaron su destino.
La eliminación del 40% de aporte estatal en 2015 fue el golpe más duro, seguido por la extensión de beneficios sin financiamiento.
Un estudio actuarial es un análisis que proyecta ingresos, gastos y riesgos de un sistema de pensiones o seguros.
En 2020 se hizo uno para el IESS con el fin de medir su sostenibilidad y evitar la quiebra.
Entre sus propuestas estuvieron transformarlo en una aseguradora pública con gestión de riesgos, cobrar una prima del 1% por cada hijo que use el sistema y exigir al Ministerio de Salud el pago de más de 2.500 millones de dólares por atenciones de enfermedades catastróficas.
Estas propuestas requieren voluntad política, algo escaso en un país donde apenas 4 de los 16 candidatos presidenciales en 2025 mencionaron la crisis del IESS.
Ninguno planteó una solución concreta.
La pregunta de fondo no es si el IESS puede sostenerse, sino cuánto tiempo le queda antes de que su colapso arrastre a todo el sistema de protección social del Ecuador.
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