En Ecuador, a pocas semanas de que la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, promulgara la Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, unos 30 guardaparques fueron despedidos. Con esta medida se debilita aún más la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que enfrenta el acecho de la minería ilegal, del crimen organizado y de una gran variedad de delitos ambientales. El Parque Nacional Galápagos es el área más afectada por los recortes, con unas 20 personas despedidas, de acuerdo a las fuentes consultadas por Mongabay Latam.
Este reportaje fue originalmente publicado en Mongabay Latam
Antes de la medida, el país contaba con 598 guardaparques para alrededor de 26 millones de hectáreas. A cada funcionario le correspondía el resguardo de unas 43 500 hectáreas, un área superior a la del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, el personal ya era insuficiente para resguardar las áreas protegidas, que se extienden por la selva amazónica, los Andes, los espacios marinos costeros y las islas Galápagos. “Los despidos son terribles, sigue habiendo una política de desmantelamiento del Estado. No me explico cómo reduciendo el personal dicen que van a mejorar el servicio”, dice Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador y ex ministro de Ambiente.
En julio último, unos 5000 funcionarios fueron despedidos de diferentes ministerios e instituciones públicas. Los recortes son parte del llamado Plan de Eficiencia Administrativa, que busca la reducción del gasto público y que también implicó la fusión de varias carteras de Estado, como la del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas (MEM). “Es un contrasentido absoluto, es un clarísimo conflicto de intereses. Se fusiona el ministerio que más licencias solicita para actividades extractivas con el ministerio que entrega las licencias”, opina Granizo.
Tarsicio Granizo (de saco gris), director de WWF Ecuador y ex ministro de Ambiente, en una sesión de debate sobre el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas. Fotografía de la Asamblea Nacional.
Tres semanas después del anuncio de la fusión, el 14 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto número 94, que ordena la fusión por absorción del MAATE por parte del MEM. La nueva denominación será Ministerio de Ambiente y Energía. La máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minas, cargo ocupado por Inés Manzano, liderará la fusión.
Granizo recuerda que cuando fue ministro, entre mayo de 2017 y agosto de 2018, ya había problemas de eficiencia por falta de personal. Pone como ejemplo la revisión de pedidos de licencias ambientales, donde un equipo de 20 personas tenía a su cargo el trámite de miles de documentos. “Evidentemente, no daban abasto, pero a los ojos de la gente no se cumplía con el trabajo, es que no se puede si no hay recursos”, señala.
El caso de los guardaparques es aún más preocupante. No se enfrentan solo al control de extensas áreas de difícil acceso, sino que deben hacerlo con escasez de herramientas, equipos, vehículos o combustible, de acuerdo con Granizo. Esto sucede en un contexto de creciente violencia, que ha convertido a Ecuador en el país más violento de América Latina, según un informe de la organización Insight Crime.
Áreas protegidas sin personal
El resguardo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) requiere de al menos 5240 personas, una por cada 5000 hectáreas, de acuerdo con un dato que presentó Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, en una sesión de discusión del entonces Proyecto de Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas. Olsen también dijo que, según el estándar global, se necesitan 10 116 guardaparques y, según un estándar estricto, el equipo debería estar conformado por 26 200 funcionarios.
Mongabay Latam habló con un guardaparque de un área protegida continental y con un segundo guardaparque del Parque Nacional Galápagos sobre los despidos y sus impactos en la gestión de estos sitios de importancia para el país. Ambas identidades serán protegidas, ya que los funcionarios recibieron órdenes de no dar información a medios de comunicación, caso contrario, enfrentarían también el cese de sus funciones.
La información oficial es que 74 funcionarios con contrato permanente habrían sido despedidos de las áreas continentales, de acuerdo con el “Informe de la supresión de puestos fijos del MAATE”, al que accedió Mongabay Latam. Según el documento, 61 fueron despedidos por “duplicidad de funciones” y 13 por reducción presupuestaria. Del total, 10 funcionarios eran guardaparques o pertenecían a la Dirección de Áreas Protegidas. Funcionarios con contrato ocasional también fueron despedidos, pero el MAATE no aclaró cuántos ni de qué direcciones.
“Se ha preguntado a los directores zonales y a Quito, pero nadie conoce de dónde salieron los nombres de los desvinculados”, dice el guardaparques del continente. Entre ellos están la administradora de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y cuatro guardaparques del Parque Nacional Podocarpus. Las dos áreas están asediadas por la minería ilegal de oro. Si bien en Cofán Bermejo la actividad ilícita está principalmente en los bordes, en el Podocarpus se tomaron 50 hectáreas del corazón del parque hasta septiembre de 2024.
“La compañera de Cofán Bermejo tenía contrato de administradora, al despedirla, encargan el puesto a un guardaparque”, dice el guardaparque del área continental. Esto quiere decir que una persona que recibe un salario mensual de 733 dólares debe encargarse además de las tareas administrativas del área protegida, pero sin un incremento en su salario. Lo mismo habría sucedido en el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, la Reserva Ecológica El Ángel y en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas.
Pero esto no es nuevo. El debilitamiento del Ministerio de Ambiente habría empezado hace al menos una década. El guardaparques del continente contabiliza al menos unos 19 casos anteriores en los que guardaparques han tenido que asumir la administración de las áreas protegidas sin ningún ajuste de sueldo, incluso en áreas de importancia global por su gran biodiversidad, como el Parque Nacional Yasuní.
En marzo de 2025, el mayor derrame de petróleo del país contaminó la provincia de Esmeraldas y el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas. Fotografía cortesía Manuel Avilés de la Revista Vistazo.
También se despidió a funcionarios que lideraban importantes procesos para la conservación. Uno de ellos es un experto en el control de incendios, quien lideraba brigadas forestales en la Reserva Ecológica El Ángel, donde el problema es recurrente. Además, se despidió a dos especialistas de planta central que llevaban a cabo temas de género y capacitaciones para los guardaparques.
Galápagos, con poca protección
Otros 20 funcionarios, en mayoría guardaparques, habrían sido despedidos del Parque Nacional Galápagos (PNG), de acuerdo con Arturo Izurieta Valery, quien fue director del área protegida en tres ocasiones, la más reciente entre enero de 2024 y marzo de 2025. Mongabay Latam solicitó información oficial al MAATE y a la Dirección del PNG, pero no recibió respuesta hasta la publicación del artículo.
“Con la política actual, no va a ser posible recuperar las partidas”, dice el experto en manejo de recursos naturales, áreas protegidas y sostenibilidad. Antes de los recortes, señala, otras 24 partidas vacantes no se llenaron porque la gestión se enredaba en los ministerios de Trabajo y Finanzas.
Una iguana marina alimentándose de algas en Galápagos. Fotografía de Luiz Rocha © 2024 California Academy of Sciences.
Antes de los recortes, unos 300 guardaparques tenían a su cargo el control de 800 000 hectáreas terrestres del PNG, 14 300 000 hectáreas de la Reserva Marina Galápagos y 6 000 000 de hectáreas de la Reserva Marina Hermandad. “Ya estábamos recargados de trabajo. No se estaban haciendo algunas actividades porque no había la cantidad de gente necesaria. Ahora se hace menos. ¿Quién te puede obligar si no hay capacidad?”, se pregunta el guardaparque del PNG.
La actividad más afectada por la falta de personal, de acuerdo con el guardaparque consultado, es el control de animales y plantas introducidos, que ya alcanza las 1574 especies, de acuerdo con datos de la Fundación Charles Darwin. “Es el enemigo más brutal que tienen los ecosistemas insulares”, afirma Izurieta Valery. El ex director del parque dice que la protección marina, el control pesquero y las actividades de restauración también están afectadas.
Los guardaparques, de acuerdo con el funcionario de Galápagos, se dedican a registrar la entrada de visitantes a los sitios turísticos. Mientras tanto, se debilita el control al interior de estas áreas y en lugares alejados. “En lugar de poner dos guardaparques en un sitio remoto, algo que se hace por seguridad, ahora ponen a uno”, dice.
Más allá de los discursos
El guardaparque del área continental espera que si la reducción de personal continua, algo que se avizora con la desaparición del MAATE, “al menos se enmarque en el orden jurídico establecido”. Es decir, que se transparenten y justifiquen las razones de los despidos.
Para su colega de Galápagos, “se requiere un cambio estructural en el manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. La reciente Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas “aparentemente”, dice Mejía, apunta a ese objetivo.
No obstante, también ha causado polémica, pues varias nacionalidades indígenas y organizaciones de derechos humanos presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, debido a que se promulgó sin consulta prelegislativa y representa el riesgo de militarización de los territorios indígenas, vulneración del derecho a la propiedad y posesión de tierras ancestrales y violación del derecho a la autodeterminación, de acuerdo con un comunicado de la organización Amazon Frontlines.
Uno de los puntos considerados positivos es que la ley establece la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Con esta entidad se busca mejorar la gestión, a través de un manejo descentralizado de recursos y la captación de fondos de organizaciones no gubernamentales, explica Tarsicio Granizo. “Que no quede en el discurso que los guardaparques son los mejores funcionarios, sino que se vean cambios sustanciales”, reclama uno de los guardaparques consultados.
Los trabajadores del área están buscando la elaboración de una ley para guardaparques, que asegure la profesionalización, pagos de acuerdo a la experiencia y antigüedad, contratos permanentes, protocolos de seguridad y otras medidas que velen por quienes protegen el patrimonio natural ecuatoriano.
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