El gobierno ecuatoriano estaría considerando enviar a sus presos a El Salvador. Así lo reveló una publicación de The Washington Post. Según el reportaje, el medio estadounidense accedió a un mensaje diplomático, interno y confidencial de la embajada estadounidense en Quito en el que se menciona la intención de que reos en las cárceles de Ecuador sean trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), como se conoce a la megacárcel construida por el autoritario presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, respondió a la publicación de The Washington Post diciendo que actualmente no hay un acuerdo formal en discusión. Pero calificó a la idea como “fantástica” y dijo que si la oportunidad se presenta “la considerarían”.
Pero, ¿puede realmente Ecuador enviar a sus presos a El Salvador o es un discurso populista? Te explicamos.
¿Qué es la extradición?
La extradición es un proceso en el que autoridades de un Estado entregan a una persona a otro Estado que lo reclama para que pueda ser enjuiciada penalmente o cumpla una pena ya impuesta. “No es cuestión de agarrar un preso, ponerlo en un avión y sacarlo a otro lado. Hay reglas nacionales e internacionales que nos rigen”, explica la abogada penalista Paulina Araujo sobre este procedimiento.
En Ecuador, la Corte Nacional de Justicia tiene un instructivo sobre el procedimiento de extradición. Según la Corte, el objetivo es “obtener la entrega de la persona requerida a fin de que pueda ser juzgado o cumpla la pena impuesta en su contra”.
“Para que pueda darse una extradición o este envío —como podría catalogar también— tiene que haber primero una un convenio internacional entre esos países”, explica el abogado penalista Leonel Córdova.
Ecuador y El Salvador firmaron en 1981 la Convención Interamericana sobre Extradición. Pero El Salvador no ha ratificado esta convención, esto significa que no está legalmente obligado a cumplirlo.
En esta convención los países firmantes están obligados a entregar a otros países firmantes, las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.
Esta convención fue firmada por 16 países de Latinoamérica y también establece reglas:
- Para que se pueda extraditar a una persona, el delito por el que se la acusa debe haberse cometido dentro del país que pide la extradición.
- Si el delito ocurrió fuera de ese país, se puede conceder la extradición, cuando ese país tenga jurisdicción —poder legal para conocer y decidir sobre un caso.
- El país al que se le pide la extradición puede negarse si su propia ley le permite juzgar a la persona acusada por ese mismo delito.
El delito debe estar reconocido en ambos países. Córdova explica que “cuando se hacen estos pedidos se evalúa que sean hechos que estén sancionados, tanto en el Ecuador como en el otro país.” De esa forma se garantiza que no haya arbitrariedades o afectaciones a los derechos de las personas involucradas.
El proceso de extradición tiene que ser con garantías procesales. Es decir, garantizar que la persona tenga un juicio justo, y que no seasometida a tortura ni tratos inhumanos.
El país que recibe la solicitud de extradición puede negarse si el delito es político, si ya se está juzgando allá, o si la persona corre riesgo —por ejemplo, la pena de muerte en el país que lo solicita.
¿Qué tan factible es enviar presos de Ecuador a otro Estado?
José Valenzuela, abogado experto en Derechos Humanos, explica que en Ecuador “el marco constitucional y legal permite la extradición de ecuatorianos, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución, reformado después de la consulta popular del año 2024”.
La Constitución del Ecuador establece que solo se podrá conceder si se cumplen ciertas condiciones:
- Debe haber un tratado internacional entre Ecuador y el país que lo solicita.
- La solicitud debe ser emitida por una autoridad competente y ser tramitada ante un juez.
- El delito debe estar tipificado también en Ecuador, es decir, debe ser un crimen en ambos países.
- No se puede extraditar si en el país solicitante se podría aplicar la pena de muerte u otro castigo considerado inhumano, cruel o degradante.
- – No se permite la extradición por delitos políticos. Con excepción de terrorismo y crímenes de lesa humanidad.
Valenzuela aclara que “para que El Salvador reciba presos ecuatorianos, primero debería haber un proceso formal de solicitud del Estado requirente al Ecuador”
La abogada penalista Paulina Araujo cree que el gobierno está manejando un discurso populista. “Lo que la gente quiere oír es que van a mandar al Salvador, a Estados Unidos a los presos. Eso no es tan sencillo”, dice y recuerda que “no hay manera jurídica de mandar a otro país un preso si ese país no lo pide”.
Araujo explica que el Ecuador no puede pedir a El Salvador que pida la extradición. “Pensar en El Salvador solo porque a nuestro gobierno le gusta la manera de operar las cárceles del señor Bukele, me parece incluso irresponsable”, agrega.
La idea de enviar presos de diferentes países a El Salvador surgió luego de una reunión en febrero de 2025 entre Bukele y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Bukele dijo que su país estaba dispuesto a acoger a delincuentes convictos —incluidos ciudadanos estadounidenses— en el Cecot a cambio de una remuneración.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 6 abril de 2025 que estaría “muy contento” si pudiera enviar a ciudadanos estadounidenses encarcelados al Cecot, según el medio internacional CNN.
Luego, Trump concretó ese deseo: envió a 300 migrantes señalados como presuntos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no ha presentado pruebas de que lo sean, reportó CNN.
Bukele dijo que acogería delincuentes convictos a cambio de una remuneración. Trump utilizó una ley de 1798 conocida como Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga al Presidente un amplio poder para remover inmigrantes indocumentados en tiempos de guerra.
Los 300 migrantes venezolanos permanecerán en el Cecot durante un año a cambio de una compensación económica de 6 millones de dólares. Según Bukele, este ingreso ayudará a sostener el sistema penitenciario de El Salvador que cuesta 200 millones de dólares anuales.
El acuerdo es por un año pero se puede extender. Aún no existe información si esto va a suceder.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
Córdova explica que “actualmente no hay una forma —al menos jurídicamente—en la que Ecuador pueda enviar presos a El Salvador”.
Como no hay un acuerdo bilateral entre Ecuador y El Salvador, habría que crearlo. Sólo después, El Salvador debería solicitar la extradición y justificar las razones. Por ejemplo, procesar judicialmente a esa persona, ejecutar una sentencia ya impuesta, continuar una investigación penal o prevenir la impunidad.
Araujo explica que la extradición, “no es que piden de la nada, sino que piden porque se entiende que esa persona ha delinquido en El Salvador o se trata de un delito que tiene efectos en El Salvador”.
¿Cómo es el proceso de solicitud de extradición?
Cuando Ecuador recibe una solicitud de extradición, primero es revisada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
“No solo basta que El Salvador pida la extradición sino que eso se somete a un procedimiento en la Corte Nacional de Justicia para ver si se cumplen los requisitos”, dice Araujo.
La Presidencia de la Corte Nacional de Justicia revisa que tenga toda la documentación necesaria —copia certificada de la sentencia condenatoria, auto de prisión preventiva o resolución según la legislación del país requirente. También revisan los datos sobre la identidad, nacionalidad, residencia del preso reclamado y copia de los textos legales.
La Corte Nacional debe hacer un análisis minucioso sobre la prescripción de la pena —si la pena ya no es aplicable después de un cierto período de tiempo. También debe comprobar la doble tipicidad —verificar que el delito sea delito en los dos países.
Si todos estos requisitos se cumplen, se da una audiencia del proceso de extradición, para escuchar a la persona requerida sobre su voluntad de acogerse o no a la solicitud de extradición.
Valenzuela explica que existe un recurso de apelación que resuelve la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. “Cuando la decisión queda en firme es enviada a la Presidencia de la República quien, puede ratificar o modificar tal decisión”.
“Sí da pena, ¿no? Ver cómo el Estado ecuatoriano al pedir que reciban los presos, está aceptando que es incapaz de manejar en sus cárceles”, dice, decepcionada, Araujo.
La visita de ministros ecuatorianos a El Salvador
Un funcionario del gobierno salvadoreño confirmó a The Washington Post que ministros de Defensa y de Interior de Ecuador ya han tenido reuniones con el titular de Seguridad de El Salvador sobre este tema. Pero que aún no se ha llegado a un acuerdo concreto.
De hecho, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, visitaron el Cecot el 29 de abril de 2025, según fotografías compartidas en X en las cuentas de ambos ministerios.
¡EL BLOQUE DE SEGURIDAD DE ECUADOR INSPECCIONA CENTRO CARCELARIO DE BUKELE EN EL SALVADOR! 💪
— Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) April 30, 2025
Este es el centro carcelario más avanzado y seguro de Latinoamérica.
La visita permite recopilar experiencias y buenas prácticas que aporten al fortalecimiento del sistema… pic.twitter.com/upm6020hav
Según un boletín del Ministerio de Defensa, la visita fue “con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y conocer de cerca los mecanismos implementados por este país hermano en su lucha contra el crimen organizado”.
Los ministros ecuatorianos se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, para conversar sobre “la estructura, funcionamiento y resultados del Plan de Control Territorial”. Este es el nombre de la estrategia impulsada por Bukele para reducir los índices de criminalidad y recuperar el control territorial en zonas anteriormente dominadas por grupos delictivos.
Reimberg y Loffredo también se reunieron con el ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, para tratar temas relacionados con la articulación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interna.
“Nosotros [Ecuador] no tenemos una extensión de nuestras cárceles en El Salvador. O sea, por Dios ¿Dónde delinquieron? En Ecuador ¿Dónde tienen el proceso? En Ecuador ¿Dónde tienen que cumplir la pena? En Ecuador. No sé en esa ecuación qué papel juega El Salvador”, dice Araujo.
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