La boleta de excarcelación de Daniel Salcedo llegó a las 11 de la mañana del 9 de diciembre de 2022. Con el documento —firmado por el juez Simón Oswaldo García Tello, de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal y Adolescentes Infractores de Paján, en Manabí— Salcedo, que fue procesado por cinco delitos, entre ellos, delincuencia organizada y lavado de activos, dejó hoy la cárcel 4 de Quito. El juez García aceptó la petición de la medida cautelar presentada por el abogado Rodrigo Eduardo Vimos Barrionuevo, según consta en los registros de la función judicial. Y dispuso la libertad de Salcedo por la “caducidad de la prisión preventiva” de los procesos penales que enfrenta.
Según confirmó GK, Salcedo tendrá que cumplir dos medidas cautelares: presentación periódica ante la Fiscalía cada 15 días y tiene prohibido salir de Ecuador. Estarán vigentes, dispuso el juez, hasta que haya sentencias ejecutoriadas en los procesos penales.
Salcedo recibió tres sentencias por peculado, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel y fraude procesal, aunque todavía no están ejecutoriadas. El proceso por delincuencia organizada está aún en etapa de juicio y en el de lavado de activos fue declarado inocente. Aquel expediente está en casación, la última instancia en la que un proceso judicial puede ser apelado.
Y, a pesar de que Salcedo es uno de los nombres que más se repitió en los casos de corrupción en hospitales durante la pandemia del covid-19, él dejó su celda.
Mientras sus procesos se resuelven, Salcedo ha interpuesto, al menos, una docena de hábeas corpus para intentar salir de prisión; el más reciente, fue en agosto de 2022. Ninguno de esos recursos había logrado su objetivo hasta hoy.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) —que rige las prisiones en Ecuador— dijo, en un corto comunicado difundido en sus redes sociales, que la boleta de excarcelación era válida y, por lo tanto, cumplió con el trámite para que Salcedo saliera de prisión. Sin embargo, el Servicio aseguró que “presentará la revocatoria al auto que concede la libertad por considerarlo contrario al derecho”. También dijo que se reserva de interponer una queja ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura por la actuación del juez García.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informa: pic.twitter.com/UGD2nv6xsu
— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) December 9, 2022
GK revisó la petición de la medida cautelar y la decisión del juez.
¿Qué decía la solicitud de medida cautelar?
La petición —presentada por el abogado Rodrigo Eduardo Vimos Barrionuevo— fue recibida en la Unidad Judicial Multicompetente No Penal y Adolescentes Infractores de Paján, en Manabí el jueves 8 de diciembre de 2022, a las 3 y 15 de la tarde.
En la solicitud, Vimos explica el estado de las órdenes de prisión preventiva en los cinco procesos penales que se siguieron contra Daniel Salcedo.
El abogado Vimos comienza con el proceso de delincuencia organizada. Salcedo cumple prisión preventiva por ese caso desde el 30 de julio de 2021. Ese proceso está en etapa de juicio —de hecho, la audiencia iba a instalarse el 30 de noviembre último. Es decir, no existe aún una sentencia ejecutoriada. Además, Salcedo, recuerda Vimos en el documento judicial, recibió una boleta de excarcelación en la que se sustituyó la prisión preventiva el 30 de noviembre de 2021.
El 7 de julio de 2021, en cambio, Salcedo recibió la boleta de encarcelamiento —aunque ya estaba en la cárcel 4 por otros procesos— por el ingreso de artículos prohibidos a la prisión cuando difundió un video con otros dos presos. El 27 de agosto de 2021 fue condenado a tres años de prisión. Apeló, sin embargo, la sentencia fue ratificada por la Sala Provincial de Pichincha el 14 enero de 2022. Ese proceso tampoco está en firme: el recurso de casación interpuesto por Salcedo se tramita en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Transito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia.
El 8 de julio de 2022, Daniel Salcedo recibió la orden de prisión preventiva cuando fue procesado por el delito de lavado de activos. Pero, el 15 de julio de 2021, un tribunal de El Oro declaró su inocencia. La Fiscalía ecuatoriana apeló, pero la Corte Provincial del Oro rechazó el recurso el 26 de agosto del 2022 y ratificó la de primera instancia. Esa causa está también en la Corte Nacional de Justicia donde debe resolver un recurso de casación.
El 16 de diciembre de 2020, Salcedo fue condenado a cuatro años de prisión por fraude procesal. Sin embargo, el 21 de marzo de 2022 recibió una boleta de excarcelación luego de que un tribunal decidió declarar su sentencia como una pena cumplida por un recurso de apelación. En ese proceso también debe resolverse un recurso de casación.
El 10 de junio de 2020, Salcedo recibió la boleta de encarcelamiento por el delito de peculado.Fue condenado a 13 años de prisión el 12 de octubre de 2021. Tres días después, la defensa técnica de Salcedo interpuso un recurso de apelación que aún no ha sido resuelto. Por lo tanto, esa sentencia tampoco se ha ejecutoriado.
Luego de esa explicación, el abogado Rodrigo Vimos argumentó que el tiempo de caducidad de la prisión preventiva se había cumplido. Se remitió al numeral del artículo 77 de la Constitución que dice que en todo proceso en que se prive de la libertad a una persona, deben observarse varias garantías: que la prisión preventiva no puede extenderse más de seis meses en causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año a los procesos sancionados con reclusión. De exceder el tiempo, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, citó Vimos en su petición.
¿Qué dijo el juez?
El juez Simón Oswaldo García Tello, de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal y Adolescentes Infractores de Paján, en Manabí, decidió admitir la petición de medida cautelar de Rodrigo Vimos y ordenó su libertad inmediata, el 9 de diciembre de 2022. Argumentó que, debido a lo expuesto por Vimos, se concretó “la caducidad constitucional de las medidas cautelares de prisión preventiva” dentro de todos los procesos.
Dictó otras dos medidas: presentación periódica cada 15 días ante el fiscal de turno de Guayaquil y la prohibición de salida del país hasta que los procesos penales tengan una sentencia ejecutoriada.
Salcedo, epicentro de los casos de corrupción de hospitales en la pandemia
Hasta antes de 2020, el nombre de Daniel Salcedo no era conocido más que en algunos círculos empresariales de Guayaquil. Pero en junio de ese mismo año, cuando aún la pandemia del covid-19 azotaba con fuerza al Ecuador y gran parte del mundo, se cayó una avioneta en Tumbes, Perú, una ciudad fronteriza entre ambos países. En la aeronave viajaban cuatro personas.
Una de ellas, precisamente, era Daniel Salcedo Bonilla, un hombre de treinta y tantos años, moreno, de pelo oscuro, con músculos trabajados en largas horas de gimnasio que exhibía en sus fotos en redes sociales. Hasta entonces, su nombre era poco conocido para la mayoría del país. Tras el accidente, se hizo público que la Fiscalía lo investigaba por presuntos hechos de corrupción en dos hospitales públicos de Guayaquil, la ciudad más afectada por el coronavirus.
Más de dos años después, Salcedo enfrenta, desde la prisión, cinco procesos judiciales. Los más graves son por peculado, lavado de activos y delincuencia organizada. Los tres están en distintas etapas. Por uno de ellos, el de peculado, ya tiene una sentencia a 13 años de prisión, como autor directo en el proceso de adjudicación de fundas para cadáveres con sobreprecio en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Los Ceibos. En este caso faltan por lo menos dos instancias más para que la sentencia quede ejecutoriada.
En el proceso por lavado de activos fue ratificada su inocencia. El expediente está en casación, la última instancia en la que un proceso judicial puede ser apelado. Es la Corte Nacional de Justicia quien deberá conocer esa causa.
El de delincuencia organizada está en etapa de juicio, por lo que aún podría durar varios meses para que haya una primera sentencia que, a su vez, podría ser apelada en otras instancias de la justicia.
Los dos otros procesos son por fraude procesal y por ingreso de materiales no permitidos a la cárcel. El primero se abrió después de que la justicia determinara que Salcedo habría intentado fugarse cuando la avioneta en la que viajaba cayó. Por este caso, fue sentenciado a cuatro años de prisión, pero un tribunal decidió reducir la pena y ya tiene boleta de excarcelación. El segundo se inició tras la viralización de un video que mostraba a Salcedo bailando, desde la prisión, con dos nombres. Uno de ellos era David Piñas, condenado por el femicidio de la joven modelo Karina del Pozo, en 2014. Tras la difusión se descubrió que tenía un teléfono celular dentro de la cárcel. La justicia lo condenó a tres años de prisión.
Estos cinco procesos han mantenido el nombre de Salcedo en los titulares de la prensa sobre los casos que se investigan desde el inicio de la pandemia hasta dos años y medio después. Su nombre se enlaza con el de personajes políticos y funcionarios públicos también señalados por presuntos actos de corrupción en el peor pico de la pandemia.
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