En el barrio Chamico, parroquia Cumbaratza, provincia de Zamora Chinchipe, los habitantes no pueden dormir tranquilos por el temor de que el río Zamora se desborde e inunde sus casas. A lo largo del río hay varias concesiones de minería artesanal que utilizan maquinaria más grande de lo que su concesión les permite para buscar el oro.  

Esta investigación fue financiada con 

La remoción del material con maquinaria pesada y la destrucción de la vegetación en las riberas del río son una de las causantes de las inundaciones en el sector, según un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador.

La madrugada del 19 de julio del 2021 la casa de Inma Julia Torres yacía sumergida en lodo. Esa noche ella y sus vecinos no pudieron dormir. El río Zamora se había desbordado otra vez. Según Rosa Gaona, una moradora del barrio Chamico, ha habido ocasiones en las que en una semana el barrio se inundó hasta tres veces.

El barrio Chamico sufre de inundaciones debido al desbordamiento del río Zamora. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.

En la casa de Inma Julia Torres, una señora de 71 años, las paredes húmedas tienen la marca del agua por encima del metro de altura. “Todito se nos moja”, cuenta Inma, quien debe dormir, junto a su hija en silla de ruedas, en una visera al filo de la carretera cada vez que llueve fuerte. La ropa, todavía húmeda, cuelga en el porche de su casa. “A los cinco días ya está seco todo. Nosotros pasamos enfermos, tenemos gastritis”, dice. En la última inundación perdió los pocos animales que tenía. Cuenta que los mineros le prometieron una nueva casa pero ha pasado más de un año e Inma Julia Torres y su familia siguen sufriendo por las inundaciones. “Ya no sabemos dónde ir”, me dice con lágrimas en los ojos.

Inma Julia Torres con su esposo afuera de su casa. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.

Según Cléver Jiménez, prefecto provincial, tanto la minería legal como la ilegal están ocasionando graves problemas ambientales y sociales. La fiebre del oro ha asechado durante décadas los bosques y ríos de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Actualmente más del 36% de su territorio está en alguna concesión minera, de acuerdo al catastro minero del 21 de mayo del 2021. 

Pero para aproximadamente 10 mil personas en la provincia, el oro es su principal fuente de trabajo. De acuerdo a unos cálculos realizados por Pablo Espinoza, quien ocupó el cargo de director Distrital de Zamora en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), desde el 2 de febrero hasta finales de septiembre del 2021, existían aproximadamente 2000 excavadoras trabajando en la provincia. Muchas, de manera irregular. 

Entre enero y los primeros días de noviembre del 2021, según la ARCERNNR, se realizaron 537 operativos y se inmovilizaron 60 máquinas para combatir la minería ilegal en Zamora Chinchipe.

Pero a pesar de los operativos y controles que se realizan en la provincia, la minería ilegal no deja de ganarle la batalla a las autoridades. La presunta filtración de información, sumada a la falta de apoyo de las instituciones para el control de la minería, una legislación débil, la imposibilidad de regularizarse por el cierre del catastro minero y la violencia son algunos de los factores que han dado carta blanca a los mineros ilegales en la provincia. 

La connivencia de autoridades y mineros en Zamora es cotidiana. Espinoza se sorprende de la libertad con la que la gente trabaja en la minería ilegal dentro de la provincia. “Todo se hace bajo acuerdos”, afirma el ex funcionario. Cuando ocupó el cargo de director distrital de la ARCERNNR cuenta que los mineros ilegales querían negociar con él: “Hablaban de 3.000 a 5.000 dólares mensuales por frente de trabajo”, dice Espinoza.

Es decir, si un minero trabajaba en tres frentes dentro de cinco hectáreas, habría estado dispuesto a pagar entre 9.000 y 15.000 dólares mensuales, según la versión del ex director distrital de la ARCERNNR, para que les dejaran operar libremente.

Maquinaria trabajando en la comunidad shuar de Congüime, en Zamora Chinchipe. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.

La corrupción vendría de la mano con la presunta filtración de información que alerta a los mineros sobre la llegada de las autoridades a los sitios donde operan. “En un sobrevuelo usted ve huecos por todo lado y ve maquinarias. Baja y usted no encuentra ni una sola máquina o simplemente están ahí parqueadas, pero no hay nadie”, se lamenta el teniente José Jácome, ex comandante del Batallón 62 de Zamora. Esto dificulta la aprehensión de las personas que están realizando la actividad ilícita. 

Una de las acciones para detener el trabajo de los mineros es la paralización, el decomiso o la inmovilización de la maquinaria. Cuando Espinoza y su equipo encontraban las máquinas, les quitaban el cerebro para que quedaran inservibles. Sin embargo, a los pocos días los mineros regresaban con una nueva máquina. En Yantzaza, una ciudad en medio de la Amazonía ecuatoriana se exhibe maquinaria pesada en varios concesionarios a lo largo de su calle principal. Cuando pasaba por ahí, Espinoza dice que veía cómo cada semana se vendían alrededor de 9 máquinas pesadas. 

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En otras ocasiones los funcionarios de la ARCERNNR se veían obligados a devolver la máquina o el cerebro que habían decomisado por orden de la fiscalía o los juzgados. En ciertas ocasiones en que los encontraban trabajando con la maquinaria, recuerda Espinoza, los mineros informales decían que era “un contrato de trabajo, que estaban abriendo una vía o construyendo piscinas de tilapia”. Sin evidencia suficiente de que se trataba de una actividad ilícita, los funcionarios debían devolver la máquina e incluso algunos han tenido que ir a juicio. 

Según Espinoza, por las razones mencionadas anteriormente y por la violencia de los mineros hacia los funcionarios, muchos técnicos prefieren mantenerse al margen de la situación para no arriesgarse. Uno de los lugares más temidos por los funcionarios de la ARCERNNR y Fuerzas Armadas es el Alto Nangaritza.

Nangaritza: un paraíso natural asechado por la minería 

“Es el viejo oeste”, dice Espinoza sobre el Alto Nangaritza. Desde hace cuatro años, los mineros informales han destruido las riberas del río Nangaritza con total libertad, pues las autoridades no han regresado al Alto Nangaritza “debido a la actitud violenta de la comunidad”, según la ARCERNNR.

Nangaritza es considerado uno de los últimos parches de bosque que une los Andes con la Amazonía. ahora está amenazada por la minería. Fotografía de Alejandro Ortega.

Lo que antes fue un paraíso, refugio de cientos de especies y un tesoro para la ciencia por la cantidad de especies únicas en el mundo que se podían encontrar, ahora parece un campo de batalla abandonado. 

Huecos de hasta 30 metros de profundidad y 50 de diámetro esculpen el paisaje como si ahí hubiesen estallado cientos de bombas. Dentro de cada hueco, entre 3 y 6 máquinas excavan las 24 horas del día en busca de oro. La ARCERNNR estima que existen entre 130 a 150 personas realizando minería ilegal en el Alto Nangaritza. “Son 50 kilómetros del río Nangaritza que han sido afectados enormemente desde las playas de Zurmi”, afirma el alcalde del cantón Nangaritza, Freddy Adalberto Armijos, quien ha denunciado reiteradamente, desde hace tres años, la situación de la minería ilegal en el Alto Nangaritza. “No he recibido respuesta de las autoridades”, me dijo. 

El Estado dejó de ingresar a la zona desde el conflicto de 2018. En este año el Alto Nangaritza fue el campo de batalla entre mineros ilegales, comuneros de la nacionalidad indígena Shuar, el Ejército y funcionarios de la ex Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM, hoy la ARCERNNR) y el Ministerio del Ambiente.

Durante un operativo reforzado por policías y militares, el 5 de mayo, los mineros ilegales sufrieron un duro golpe. Una retroexcavadora fue incendiada por los uniformados. Los mineros ilegales respondieron con fuerza y retuvieron a los funcionarios públicos del ARCOM y quemaron los carros en los que se movilizaban. 

En noviembre siguiente, empezó el llamado “Operativo de Carretera”, liderado por la ARCERNNR en coordinación con los militares, para erradicar la minería ilegal en el Alto Nangaritza y controlar el transporte de combustible, madera, armas, material aurífero, explosivos, licor artesanal, entre otros. Como resultado de este operativo se consiguió que aproximadamente 102 máquinas dejaran de operar en el Alto Nangaritza.

Ante la situación agravante que existía en el Alto Nangaritza, la Coordinadora Regional de Zamora de la entonces ARCOM envió, el 8 de marzo de 2019, un memorando pidiéndole al Coordinador General de Regulación y Control Minero que se eleve dicho documento hasta el Ministerio de Gobierno con la finalidad de que se active la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI). Esta comisión fue creada en el 2011 para asesorar, coordinar la ejecución de actividades, diseñar y activar los mecanismos necesarios para combatir la minería ilegal en todo el Ecuador. Hasta el momento, el pedido no se ha aprobado, según la ARCERNNR.

Cuando parecía que el Operativo de Carretera estaba dando buenos resultados, en julio del 2019 se levantó el control en un punto conocido como La Gabarra, lo cual permitió que nuevamente ingresaran las maquinarias ilegales al sector. Le pregunté a la ARCERNNR por qué habían levantado el punto de control de la Gabarra. Respondió que el “entonces comandante del Batallón de Zamora informó que por disposiciones superiores debían retirarse del lugar porque las condiciones de los lugares en los cuales pernoctaba el personal militar no eran las óptimas.”  

El teniente José Jácome comandante del Batallón 62 de Zamora en 2021, me dijo en una entrevista que no era competencia de las Fuerzas Armadas controlar el paso de combustible o frenar la minería ilegal. Además, adujo, en los últimos años ha estado ocupado en “otros asuntos debido a la pandemia”, como ejecutar y supervigilar los toques de queda decretados en varios momentos de 2020 y 2021 para intentar detener la propagación del covid-19. Según Jácome, no hay suficiente personal militar para realizar estos controles. 

El punto de control de la Gabarra era clave para limitar el acceso de combustible ilegal al sector. Cuando hablamos del combustible que alimenta la maquinaria de la minería ilegal, Espinoza se refiere a “una mafia que está a todo nivel”.  Los mineros informales pagan un aproximado de 300 dólares en diesel diarios para cada máquina. 

El combustible llega a Catamayo y de ahí se despacha a las gasolineras de Loja y Zamora Chinchipe. Según el ex director distrital de Zamora Chinchipe de la ARCERNNR, en la provincia se venden 450 mil galones mensuales de diésel mientras que en Loja —una provincia más grande que Zamora Chinchipe— las gasolineras venden apenas 250 mil galones al mes. De acuerdo con datos de ARCERNNR, en 2021 se despacharon casi 7 millones de galones de combustible al segmento industrial de Zamora Chinchipe. Loja recibió solo 1,5 millones de galones.  “Muchas empresas con maquinarias pesadas tienen permiso del catastro industrial para que les entreguen directamente el combustible sin pasar por Catamayo. A pesar de ello, sigue aumentando el consumo en las gasolineras”, afirma Espinoza. Cuando uno circula por las vías de Zamora Chinchipe, es común ver camionetas cargando tanques de diesel. 

Pero el diesel no solo se contrabandea por camionetas, sino que, de acuerdo a Espinoza, también se transporta en volquetas e incluso autobuses que viajan con sus tanques casi vacíos porque, según Espinoza, venden parte del combustible a los mineros ilegales.

Desde el operativo de 2018 y desde que se levantó el punto de control en La Gabarra, no se ha vuelto a escuchar un operativo de tal magnitud para frenar el avance de la minería ilegal en el Alto Nangaritza. La ARCERNNR afirma que entre 2020 y 2021 se han realizado varios intentos de operativos para controlar la minería ilegal en la zona. 

Funcionarios de la propia agencia, personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía han sido agredidos y bloqueados por los habitantes de las comunidades. La falta de control, la difícil situación económica y la llegada de la pandemia del coronavirus, incrementó la actividad minera ilícita en la zona. De acuerdo con Espinoza, entre febrero y septiembre de 2021, llegó a contabilizar hasta 500 máquinas trabajando en el Alto Nangaritza. 

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El abandono de El Alto Nangaritza por parte de las autoridades se evidencia en unas imágenes satelitales del antiguo destacamento de Miazi, ahora reserva del Ministerio de Defensa, que revelan actividades mineras. 

Toma satelital de la Reserva del Ministerio de Defensa 2012- 2021.

Según la plataforma Global Forest Watch, desde 2015 la cobertura forestal en el área empezó a disminuir a razón de menos de una hectárea al año. En 2020 se perdieron más de 7 hectáreas de bosque de las tierras del Ministerio de Defensa. De acuerdo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la actividad minera aluvial no está autorizada en antiguos destacamentos militares “por ser un área especial de defensa y porque las Fuerzas Armadas no tienen la misión constitucional ni la competencia [para hacer minería]”. Cuando le mostré las imágenes de las actividades mineras dentro de la reserva del Ministerio de Defensa, el teniente José Jácome me dijo que haría las denuncias pertinentes, pues no estaba al tanto de la situación.  Hasta el cierre de este reportaje, la Fiscalía no contestó mis preguntas sobre si se había presentado una denuncia. 

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Apoyada en el balcón de madera de su casa en la comunidad de Las Orquídeas, María —cuya identidad está cambiada por su seguridad— describe a los peces que solían pescar como flacos y pálidos debido a la contaminación del río Nangaritza. “Botan diesel, mercurio todo”, se lamenta. 

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Sus cinco hijos, sentados en una cama vieja, escuchan atentos a su madre, mientras una luz LED alumbra a duras penas su rostro en la oscuridad de la noche. Antes de que llegara la minería, María y su familia vivían del ganado y la pesca. Ahora prefieren pensar que el río ya no existe. Sus animales ya no pueden tomar su agua. Si ellos se bañan en él, les da comezón en la piel.

A pesar de haberles quitado su fuente principal de proteína, la minería les ha traído otros recursos a corto plazo. Cuando los mineros abandonan un hueco, los habitantes de Las Orquídeas y los Shuar de las comunidades asentadas a lo largo del río Nangaritza salen a “hanchar” —raspar los residuos de oro que dejó la minera ilegal. En promedio María y su familia logran recaudar 200 dólares a la semana “hanchando”. 

Pero antes de que llegara la minería, María y sus socios de la Asociación de Trabajadores Autónomos San Miguel de las Orquídeas (ATASMO) soñaban con la construcción de una hostería para turistas. La asociación se comprometió con el Ministerio del Ambiente a cuidar 1.464,7 hectáreas de bosque a lo largo del río Nangaritza para recibir a cambio 24.000 dólares anuales con el  programa de Socio Bosque. Sin embargo, la minería amenaza con destruir su reserva. “Ya acabaron de minar todo ahora solo quedan las reservas de ATASMO y Maycú”, dice María preocupada. Ella sabe que cuando acabe la minería no tendrán otra alternativa económica, por eso está dispuesta a defender su reserva a toda costa, pues es uno de los últimos bosques que quedan a las riberas del río Nangaritza sin explotar. 

Con lo que recibieron de Socio Bosque lograron construir unas cabañas para recibir a los turistas. Sin embargo, ahora pasan vacías. “A mi me siguen llamando para que les reciba, pero a mi me da vergüenza, porque más que nada por qué vamos a llevarlos a ver desiertos”, dice María.

La mayoría de mineros ilegales en el Alto Nangaritza llegan desde otras provincias del país —principalmente de El Oro y Loja. Pero hace cuatro años, miembros de las comunidades Shuar, conocidos por defender sus territorios de la minería, abrieron sus puertas a esta actividad y con ello a conflictos internos, sociales y ambientales. 

Al ver las ganancias que obtenían los mestizos, los Shuar empezaron a alquilar sus terrenos a mineros para explotar oro. Cada tres días, los mineros les pagaban un 20% de sus ganancias. Con los años, algunos Shuar ahorraron para comprar o alquilar las máquinas y empezaron a buscar nuevas tierras que explotar. María está preocupada que los mineros de la comunidad Shuar de Shaime bajen a explotar lo que queda en el sector de Las Orquídeas.

Juan Chuind es uno de los mineros de la comunidad Shuar de Shaime que consiguió su propia máquina. “Todo es por la necesidad”, justifica Chuind. La minería llegó a su vida, y a la de muchos otros, disfrazada de un mejor futuro en una realidad de pobreza y abandono. 

La comunidad se beneficia por la minería pues por cada frente de trabajo los mineros les pagan 600 dólares. Quienes no tienen terrenos en las riberas del río se benefician con lo que pueden recoger del “hancheo”. Esto ha traído un desarrollo económico momentáneo en la comunidad. Durante años las comunidades shuar han vivido en la pobreza, pues ganan muy poco con la agricultura y la ganadería. Ahora en un día de “hancheo” cada persona puede ganar 22 dólares o más y la ganancia es inmediata. 

Después de una jornada de trabajo en la mina, los “hancheros” se acercan a las tiendas de la comunidad para vender el oro y obtener dinero inmediato. Algunos cambian sus 2 o 5 gramos de oro por bebidas alcohólicas, arroz, harina y otros productos. El oro acumulado en las tiendas después se vende por kilos en tiendas más grandes en las ciudades de Yantzaza, Zamora, Loja, Machala o Cuenca. De acuerdo con Washington Tiwi, Presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe, antes no había tiendas en las comunidades Shuar. Estas llegaron con la minería. Con ellas llegaron también la fiesta y los borrachos.    

Entrada a la comunidad Shuar de Congüime que viene desarrollando minería dentro de la comunidad desde hace varios años. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.

Pero este “desarrollo” vino con un costo. “Ahora estamos sufriendo de drogas, hay hijos de familias que en vez de estudiar se drogan y ha habido intentos de violación”, dice Chuind. El Presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe, también está preocupado por la situación en las comunidades Shuar. “Comienzan los conflictos y hay amenazas”, dice Tiwi sobre las disputas de terrenos que son explotados para sacar oro. Además, el efecto del mercurio en la salud de las personas preocupa a Tiwi, pues se ha visto que puede provocar enfermedades como el Párkinson. Esto podría interpretarse como magia negra dentro de las comunidades. Según Tiwi, el Parkinson es una enfermedad nueva para los Shuar. Ante su desconocimiento, los shamanes pueden interpretar que los temblores que produce se deben a magia negra ejecutada por alguien que quiso hacerle daño a la persona enferma. “Entonces viene el tema de la venganza y esto puede generar un conflicto social interno. Puede generar divisiones en las familias y a nivel organizativo”, explica Tiwi.  

Mirada satelitarl de Congüime. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.

Las drogas y  otras actividades ilícitas arrastradas por la minería, también llegaron a una de las zonas más recónditas de la provincia de Zamora Chinchipe: el corazón del Parque Nacional Podocarpus.

Minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus  

Un aproximado de 400 mineros ilegales se asientan en el corazón del Parque Nacional Podocarpus, en el sector de San Luis, provincia de Zamora Chinchipe. 

El Parque Nacional Podocarpus es considerado uno de los lugares más biodiversos del mundo y es el área núcleo de la Reserva de Biósfera Podocarpus El Cóndor, un reconocimiento otorgado por la UNESCO en el 2007. Según el Maate, los bosques andinos tropicales del parque albergan hasta 606 especies de vertebrados. Las aves son el grupo más representativo con 560 especies, seguidas por los mamíferos con 46 especies. Todo esto está en riesgo por la minería ilegal, que está prohibida en el área por mandato expreso de la Constitución del Ecuador, máxima norma jurídica del país, que prohíbe “la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal”. Sin embargo, la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus sigue desbocada.

Los controles y monitoreos en la zona por parte de los guardaparques han cesado, pues el riesgo es demasiado alto. Una fuente anónima que trabajaba como guardaparque en el Parque Nacional Podocarpus —que para este reportaje llamaremos Juan— relata su experiencia de hace tres años, la última vez que ingresó a la zona donde se realiza la minería ilegal, en el sector de San Luis. 

Juan cuenta que después de 15 horas de caminata, por un sendero angosto y empinado él, otro guardaparque y cuatro militares se encontraron con una emboscada: escondidos entre los arbustos y matorrales del páramo, varios mineros ilegales encapuchados aguardaban a su llegada con dinamitas y armas de fuego. 

En el camino el grupo de funcionarios habían dejado atrás a varios militares que no lograron seguir por el sendero lodoso y resbaladizo. Cuando faltaban apenas 200 metros para llegar al improvisado “campamento” minero, a una altura de 3000 metros sobre el nivel del mar, los ilegales salieron de sus escondites para repeler a los que consideraban intrusos. “Escuchamos las detonaciones de dinamitas y disparos”, recuerda Juan. 

En sus 10 años como guardaparque había ingresado a la zona de las actividades mineras unas siete veces, pero esta fue la primera vez que su vida estaba en riesgo. Agotados y asustados, los funcionarios del ministerio del ambiente y los militares, decidieron dar marcha atrás y regresar. “Esa noche acampamos en el bosque, ya no teníamos energía para volver”, cuenta el guardaparque. Los mineros ilegales habían ganado otra vez. Juan y su equipo fueron uno de los últimos en intentar ingresar a su “campamento”.

El Estado lleva cuatro intentos de desalojo que no han tenido éxito. El último operativo en el sector de San Luis, según un informe del Maate de julio del 2021, se intentó en 2010 —sí: hace doce años.

Desde el 2017 hasta el 14 de mayo de 2021, el Maate ha pedido reiteradamente al Ministerio de Gobierno que se active la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), sin resultados. Según Roberto Pachacama, director de Áreas Protegidas y otras formas de conservación del Ministerio, actualmente espera que pronto se active la CECMI e inicien los operativos de desalojo.

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Los primeros mineros ilegales llegaron al sector de San Luis del Parque Nacional Podocarpus, en 1988, según el informe del Maate. En 1994 se firmó una Carta de Compromiso institucional con la Asociación de Pequeños Mineros Autónomos San Luis, en la que se acordó que las personas asentadas en San Luis abandonarían pacíficamente el área. 

A cambio la Dirección de Minas (Dinami) entregaría una concesión minera de aproximadamente 1200 hectáreas fuera del Parque Nacional Podocarpus y el Instituto Ecuatoriano Forestal, de Áreas Naturales y de Vida Silvestre (Inefan) archivaría los juicios iniciados en contra de algunos dirigentes mineros. El 30 de septiembre de 1995, los mineros abandonaron el parque pacíficamente. Quince años después, los mineros habían vuelto. En agosto del 2010, en el último operativo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieron para deshabilitar ranchos, maquinaria, explosivos y herramientas usadas para extraer oro. 

A pesar de este último desalojo los mineros informales regresaron a la zona. En los últimos años los mineros ilegales han aprovechado la ausencia de las autoridades debido a la emergencia sanitaria del covid-19 para ingresar al Parque Nacional y asentarse nuevamente en el sector de San Luis.

En la actualidad, aproximadamente entre 400 a 500 personas de nacionalidad ecuatoriana, venezolana, colombiana y peruana están realizando minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus. Algunos, muy probablemente, llegaron desde Buenos Aires, en Imbabura, después de los últimos desalojos de mineros informales en esa zona. 

El informe del Maate revela que existen alrededor de 200 a 300 cabañas construidas con madera del lugar y forradas de plástico. En esta pequeña ciudadela se han improvisado canchas de ecuavoley y prostíbulos. 

Sus habitantes cuentan con servicios de internet y teléfonos satelitales que ofrece la empresa estatal CNT, medios de internet de la empresa Global Net y comunicación satelital de la empresa Huawei. 

Aquí, donde las temperaturas pueden llegar a menos cero grados y las condiciones de vida son precarias, viven niños, niñas y adolescentes. El informe del Maate no descarta la venta y consumo de drogas. De acuerdo con el director de Áreas Protegidas y otras formas de conservación del Maate en San Luis ya no solo es minería ilegal, sino que “podríamos estar hablando de crimen organizado”, sin embargo, durante la entrevista no dio más detalles al respecto.

De acuerdo al informe del Maate, personas conocidas de los mineros o posibles accionistas de la minería en San Luis transportan los víveres desde Zamora durante la noche o madrugada en camiones o camionetas y después los cargan a hombro o con mulas, durante 14 horas, por el camino de herradura que llega hasta San Luis. Primero deben pasar por el sector de Romerillo Alto, perteneciente a la parroquia Timbara, Cantón Zamora. Luego de ocho horas de camino a pie se llega a la zona alta, sector la Y “Rancho”. Desde este sector hasta el lugar donde se realizan las actividades ilegales de minería en San Luis se caminan otras 6 horas.

Los mineros ilegales dinamitan el páramo, o construyen túneles subterráneos para extraer el oro. De acuerdo con Patricio Guzmán, ingeniero forestal, esto podría significar la desaparición de estos ecosistemas frágiles que se encuentran al sur de los Andes ecuatorianos. 

En el sur del Ecuador los páramos son ecosistemas muy frágiles y pequeños pues solo se encuentran desde los 2500 metros sobre el nivel del mar hasta un poco más de los 3000 metros. Según Guzmán, el disturbio que les causa la minería podría significar su desaparición. 

Existen evidencias que los mineros también se han dispersado a las cabeceras de los ríos Nangaritza y San Luis, donde recogen oro con mercurio, un elemento altamente tóxico para la salud humana y con serias afectaciones al ambiente. La deforestación es otro de los impactos. Para construir las cabañas, cocinar y calentarse, los mineros necesitan utilizar la madera de la zona. El parque nacional Podocarpus, al igual que los ríos y bosques de Nangaritza, están en un riesgo que muchos no imaginan —y que otros prefieren que no se sepa. 

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