El proceso penal contra Sebastián Yunda avanza e irá a juicio. El juez Máximo Ortega, de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, llamó a juicio al hijo del exalcalde de Quito Jorge Yunda y a tres ex funcionarios del Municipio de Quito por presunta asociación ilícita. Ese delito es investigado por la Fiscalía a partir del hallazgo de una serie de chats en los que Sebastián Yunda conversaba con funcionarios municipales sobre compras presuntamente irregulares en la institución, entonces dirigida por su padre. 

Sin embargo, la audiencia de juicio aún no está programada, porque su protagonista no se encuentra en el país. Aunque es requerido por la justicia ecuatoriana, Yunda aún permanece en Argentina. El 1 de diciembre de 2021, el hijo del exalcalde Yunda fue detenido por la Policía Federal Argentina en el barrio Almagro de Buenos Aires, luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera una alerta roja en contra del joven artista. 

Dos días después de la detención, Yunda fue puesto en libertad controlada, de acuerdo con el Ministerio de Gobierno. Todavía se espera que su extradición se concrete. Según información de la Interpol, Yunda salió de Ecuador hacia Panamá en marzo del año pasado y luego tomó un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Bolivia. Su última parada fue Argentina. 

En la audiencia preparatoria de juicio —en la que la Fiscalía debía presentar los elementos recabados durante la instrucción fiscal por cuatro días— la fiscal Mónica del Carmen Tirado, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, solicitó que se llame a juicio a ocho personas.

Sin embargo, el juez Ortega decidió que además de Sebastián Yunda,  solo otras  tres irían a juicio:

• Cynthia Puga, exjefa del despacho de Jorge Yunda que fue cesada de sus funciones por el propio exalcalde.
• Adrián Haro, exgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad).
• César Yunda, tío de Sebastián Yunda, quien se presentó como asesor externo de Tecnología del Municipio de Quito. 

La fiscal Tirado señaló a Sebastián Yunda, Haro, César Yunda como autores directos del presunto delito de asociación ilícita. Puga, en cambio, en calidad de coautora. La institución también pidió que se llame a juicio, en calidad de coautores, a: 

• Christian Hernández, sobrino y exasesor del alcalde Jorge Yunda.
• Pamela Novoa, organizadora de eventos.
• Yinlong Wang, empresario y exdirectivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. 
• Nancy Gaibor, esposa de Yinlong Wang. 

Sin embargo, el juez Ortega los sobreseyó —es decir, que consideró que no encontró elementos suficientes para llamarlos a juicio.

¿Qué recabó la Fiscalía? 

De acuerdo con la investigación, liderada por la fiscal Tirado, entre 2019 y 2021, los procesados habrían articulado una red organizada, a través de “un acuerdo entre funcionarios del Municipio de Quito y personas naturales”, dijo la fiscal en un boletín de prensa difundido por la Fiscalía. 

Según la investigación fiscal, los acusados se aprovecharon de “relaciones familiares y de amistad” dentro del Municipio para concretar dos contratos como: 

• La adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia con reconocimiento facial para el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito Fase I, suscrito el 4 de octubre de 2019. Con ese contrato se adjudicó un monto de más de 600 mil dólares. 
• La adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia con reconocimiento facial para el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito Fase II. Aquel documento se suscribió el 15 de mayo de 2020 y el monto asignado fue de más de un millón de dólares. 

La Fiscalía indicó que, de acuerdo con sus hallazgos, los procesados sabían que existía la necesidad de adquirir las cámaras de video vigilancia para la empresa pública EMSeguridad del Municipio. A través de esa necesidad, dijo Fiscalía, habrían “obtenido réditos económicos por la firma de los dos contratos”. 

Sebastián Yunda, según la fiscal Tirado, se habría aprovechado de ser hijo del ex alcalde Yunda para concretar negociaciones con las empresas proveedoras de las cámaras. Mientras que, Cinthya Puga, cuando era asesora del despacho de Jorge Yunda, le reportaba información a Sebastián Yunda sobre la agenda de su padre. Puga también habría incluido a Yunda hijo en las reuniones de la Alcaldía y le ofrecía información privilegiada sobre los contratos. 

Adrián Haro, en cambio, se habría aprovechado de su cargo como gerente de EMSeguridad para viabilizar todas las etapas de la contratación que permitieron que se concretaran los acuerdos con las empresas proveedoras de las cámaras de video vigilancia. 

La fiscal Tirado presentó más de 70 elementos de convicción, que incidieron en la decisión del juez Ortega. Uno de esos elementos fueron los chats periciados en el celular de Sebastián Yunda, que evidenciarían una planificación articulada para que esos contratos se llevaran a cabo.