“Miren cómo nos tratan. A un compañero de servicio de 20 años no lo ayudan”, cuestiona una mujer mientras graba a un agente penitenciario que fue impactado con una bala durante el segundo tiroteo en este feriado en la Penitenciaría del Litoral, ayer 1 de noviembre de 2021. Este y otros videos fueron difundidos por la organización SOSCárcelesEC en sus redes sociales. En ellos se observa al guía penitenciario herido, identificado como Emerson Quiñónez, con su espalda sangrando por el impacto de bala. GK solicitó información ayer al Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad (SNAI) sobre el estado del guía y la balacera, y pasadas las ocho de la noche confirmó que el agente estaba herido. GK conoció, además, que hay tres posibles personas privadas de la libertad asesinadas, pero el SNAI aún no lo ha confirmado.
Según el Servicio, el ataque ocurrió “durante el conteo de las personas privadas de la libertad, donde se registró detonaciones de armas de fuego”. También aseguró que el guía “fue trasladado a una casa de salud” y que la Policía Nacional ingresó con refuerzos al centro penitenciario. Según conoció GK a través de fuentes internas y por denuncias de SOSCárcelesEC, fueron los mismos compañeros del guía penitenciario quienes lo trasladaron a una casa de salud en Guayaquil. El SNAI no dio más detalles sobre el incidente.
Lo que sí informó es hubo un operativo de requisa en el pabellón 3, en las alas 1, 2,3 y 4, en el centro carcelario. En ese pabellón se reportó una de las balaceras durante el feriado nacional, que fue el 1 de noviembre, donde fue herida una persona privada de la libertad. Estos son los artículos que decomisaron ayer:
- 13 armas blancas
- 2 armas de fuego
- 102 municiones
- 1 ventilador
- 1 botella de licor
- 4 accesorios de celular
- 251 sobre con “presuntas” sustancias sujetas a fiscalización. Es decir, droga.
- cuatro cilindros de gas
Lo que no ha logrado responder el SNAI es cómo ingresan los objetos prohibidos, un delito que se sanciona con una pena de uno a tres años de prisión, en pleno estado de excepción y con “minuciosos” registros en los filtros principales de entrada a las cárceles ecuatorianas. Un guía penitenciario de la Penitenciaría contó a GK que hay un problema estructural que no ha sido reconocido: la complicidad de los funcionarios públicos. Además, dos personas privadas de la libertad relataron a GK que varias de las ocasiones en las que se realizan requisas, son “tratos” entre las autoridades y las bandas delictivas. Un excaporal —una persona presa que suele mandar y organizar los pabellones— dijo que los presos saben muy bien cuando se va a realizar una raqueta, es decir, una requisa.
Según lo conoció GK, en el pabellón 3 se encuentran los miembros de Los Águilas, una banda delictiva liderada por Alias ‘Junior’ y Alias ‘Fito’, quienes en su momento fueron los hombres más cercanos al líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, conocido como “JL” en el mundo carcelario, y alias “Rasquiña” fuera de las rejas.
“JL”, quien tenía casi 40 procesos penales abiertos, fue asesinado a balazos el 28 de diciembre de 2020 en una cafetería en un centro comercial de Manta, una ciudad donde Los Choneros se asentaron y extendieron su alcance hasta Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. Su liberación fue una de las más polémicas registradas en la historia carcelaria del país.
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Desde su muerte, ningún cabecilla ha logrado igualar su liderazgo y, por fuentes carcelarias, personas privadas de la libertad y autoridades, se sabe que ese vacío marcó la disputa violenta entre las bandas organizadas, que continúan operando desde sus celdas. Mientras esa batalla continúa, la población penitenciaria continúa sometida a esas mafias sin que exista una intervención estatal que proteja las vidas de quienes fueron encarcelados por delitos menores, y penalizados con menos de cinco años de prisión. Las organizaciones delictivas son aún más violentas por la influencia de las prácticas sanguinarias de los cárteles de droga internacionales que también operan en Ecuador.
Las personas presas son, según la Constitución, un grupo de atención prioritaria que tiene derechos. Desde la masacre del 23 de febrero de 2021, que dejó 81 muertos, las familias reclaman un sistema de rehabilitación digno y humano que aún no llega en el año más violento en la historia del sistema de rehabilitación.
