Mauricio Alarcón, abogado constitucionalista, habló con GK sobre la situación jurídica del caso Guarderas-Yunda y lo que ha pasado durante el proceso de remoción. Esta entrevista  fue conducida por Iván Ulchur-Rota, quien está reemplazando a Sol Borja mientras está de vacaciones. 

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Mauricio Alarcón explicó que el asunto jurídico no es solo una disputa entre  Jorge Yunda y Santiago Guarderas, sino que es un asunto de ciudad que ya está trascendiendo de lo meramente quiteño y está afectando a otras instancias como son las acciones de control político con “argumentos jurídicos sacados de los cabellos”. Por lo que es importante que los ciudadanos no caigan en el discurso de la autoridad destituida porque lo que está pasando es un asunto político y un proceso político que se realizó al interior del Concejo Metropolitano de Quito, según Alarcón.

Además, Alarcón dijo que en este caso ha habido un proceso político que ha tenido una base legal que consta en el  Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), donde se estableció que es posible remover a la autoridad ejecutiva de un Gobierno Autónomo Descentralizado bajo algunas causales. 

Alarcón explica que sí hay un incumplimiento del Cootad porque tras todo el proceso de remoción  la única opción que le quedaba a Yunda en el proceso político era acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “Su opción no era  apelar la decisión del cuerpo colegiado, no que se revela lo actuado por el Concejo sino consultarle al Contencioso Electoral si se ha cumplido el procedimiento establecido en la norma”, dijo Alarcón. Además, aclara que Yunda no podía solicitar que se revierta lo actuado por el cuerpo colegiado.  Tras la revisión del TCE, Yunda solo tenía que acatar lo dispuesto por esta entidad, dijo Alarcón.

Mauricio Alarcón finalizó diciendo que lo que se ha buscado Yunda es ganar tiempo para ver si se lo aparta o no. Intenta “recargar el tanque de oxígeno pero  no se sabe cuál es el objetivo de que se alargue en vez de buscarle una salida”, según el experto.  

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