Gustavo Redín es presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente, CEDENMA. En esta entrevista, habla sobre los riesgos de que el Estado ecuatoriano no tome las medidas que puede y debe tomar con respecto a la flota internacional que bordea la Zona Económica Exclusiva alrededor de las Islas Galápagos. «No solo la entrada a la Zona Económica Exclusiva significa una violación a la soberanía ecuatoriana», dice Redín y advierte que podría haber pesca fuera de esa zona, que pondrían en peligro miles de especies.
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Gustavo Redín habla también de la necesidad de monitoreo constante y dice que la organización Sea Sheapherd ofreció al gobierno anterior, hacer un monitoreo en la zona sensible alrededor de Galápagos, sin que eso le cueste al Estado ecuatoriano. Advierte, además, que hay embarcaciones que apagan sus radares para no ser identificadas y que eso, es, por lo menos «sospechoso», además de que se viola la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, Convemar. «Si es que ellos apagan sus radares fuera de la ZEE, eso nos permite activar mecanismos de control», dice Redín y explica que Ecuador debería plantear un pedido a China —o el puerto al que el barco debe retornar— para que la embarcación que apagó sus radares sea detenida y los contenedores sean abiertos para ver qué están pescando y por qué apagaron sus radares, dice. Explica, sin embargo que esto jamás ha sucedido y cree que la razón es la falta de voluntad política.
Gustavo Redín explicó que CEDENMA planteará una solicitud de reclamo ante la Cancillería para que les entregue información y también para ofrecerse, desde la sociedad civil, para un trabajo coordinado con el Estado ecuatoriano. Dice también que si el Estado no toma medidas, las consecuencias para Galápagos podrían ser muy graves.
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