Después de varios años, los extrabajadores de medios de comunicación incautados recibirán sus liquidaciones laborales. El presidente Lenín Moreno dijo hoy, miércoles 12 de mayo, en su cuenta de Twitter que su gobierno va a “cumplir con las obligaciones pendientes de los trabajadores que fueron liquidados de medios incautados” (los canales de televisión TC, Gama, entre otros medios televisivos, escritos y de radio).

Desde 2017, varios trabajadores de medios públicos fueron despedidos como parte de un proceso de reducción del tamaño del Estado. Muchos de los trabajadores, despedidos en 2017, no han recibido sus liquidaciones de sueldo. Como protesta los trabajadores de los medios de comunicación han realizado plantones en las afueras de los medios de comunicación.

Para hacerlo, el Presidente dijo que envió a la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Compañías, estableciendo plazos y haberes para que los trabajadores cobren sus compensaciones por la terminación de sus contratos de trabajo. Según un comunicado del gobierno, existe una traba jurídica entre el carácter privado de estas compañías y el carácter público de la empresa a la cual sus activos actualmente pertenecen, la empresa pública Medios Públicos. Con la propuesta de reforma, “se pretende subsanar el conflicto legal que ha impedido el pago de los haberes pendientes a quienes trabajaron en esas empresas incautadas”, dice el boletín.

Este es un problema que ha tardado varios años en resolverse. El pasado 3 de septiembre de 2020, Medios Públicos EP dijo que se estaba buscando una solución jurídica para el pago de las liquidaciones de los extrabajadores. Además, afirmó que uno de los principales problemas es que Medios Públicos “es accionista y no responsable directa de las obligaciones de esas empresas privadas”.

La propuesta de ley enviada, que deberá ser tratada ya por la próxima Asamblea (que se posesionará pasado mañana) consta de un único artículo que reforma la Ley de Compañías, incorporando una disposición transitoria que dice que en el plazo de 180 días, “en lo que respecta exclusivamente a liquidaciones de haberes laborales de los medios de comunicación social que están en proceso de liquidación y cuyo paquete accionario esté conformado únicamente por entidades del sector público o empresas públicas, serán asumidos por el accionista”. En el caso de los medios incautados, su accionista es la empresa pública Medios Públicos. 

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Además, la propuesta establece que en el plazo máximo de 90 días, después de que entre en vigencia la reforma, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) hará el pago de las liquidaciones de haberes pendientes a los extrabajadores de las empresas de comunicación incautadas. 

La liquidación incluiría el reconocimiento de los sueldos pendientes de pago, los décimos tercero y cuarto sueldos, vacaciones, bonificaciones de desahucio, indemnizaciones de despido intempestivo, indemnizaciones adicionales por discapacidad, estado de maternidad o por ser dirigente sindical, entre otros. 

Otras de las empresas incautadas que serían abarcadas por la reforma son Cablevisión S.A., Uminasa del Ecuador (que incluye las revistas La Otra, La Onda, El Agro, Valle y Costa), América Visión S.A., radios como Radio Difusora del Pacífico S.A., Radio Bolívar S.A; Organización Radial C.A., Radio La Prensa Tv S.A., Super K800, la Prensa Sport, radio El Telégrafo y Radio Carrusel. 

Estos medios pertenecían al grupo económico de la familia Isaías, que era accionista también del banco Filanbanco, que quebró en la crisis financiera de finales del siglo pasado, y que pulverizó los ahorros de millones de ecuatorianos. Los medios fueron incautados por el Estado en 2007 como una acción resarcitoria de los perjuicios que la quiebra de Filanbanco habría causado —un cargo que la familia Isaías disputa legalmente hace décadas en cortes ecuatorianas y extranjeras.