El conteo de votos en Ecuador comienza a partir de que se cierran las urnas a las 5 de la tarde, momento desde el que se prohíbe el ingreso de los ciudadanos a los recintos electorales.El proceso electoral comienza mucho antes e implica una logística que toma alrededor de nueve meses porque abarca la creación de las mesas electorales, la elaboración de papeletas y certificados de votación, el conteo y digitalización de las actas escrutadas en cada recinto del país y la proclamación del binomio ganador. Según las Constitución del Ecuador, es obligación del Estado que todas las personas con más de 16 años puedan votar —para quienes tienen entre 18 y 65 años, con ciertas excepciones, el sufragio es también una obligación. Además, el Estado debe garantizar que las votaciones y los escrutinios sean auténticos y democráticos.
Para cumplir con ese propósito, existe la función electoral. Está conformada por las 24 juntas electorales provinciales, designadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) —máximo ente rector de los procesos electorales.
Una vez que las juntas están conformadas, se hace un mapeo territorial de cómo se conformará el padrón electoral, es decir, se depura el listado de las personas que están habilitadas para votar: se quita a quienes han muerto o no han ejercido su derecho al voto en cuatro ocasiones seguidas, y también ingresan al padrón los jóvenes que hasta la fecha de la votación han cumplido 16 años, o se actualiza los domicilios de los votantes.
Después de que concluye la depuración del padrón, se determina la ubicación de los recintos electorales en cada distrito, parroquia, ciudad y provincia de acuerdo a criterios de accesibilidad para los votantes: se busca que el recinto de cada votante esté cerca de su domicilio para evitar el ausentismo. Según Luci Pomposo, directora de registro electoral del CNE, en las elecciones 2021 hay menos recintos, por lo que habrá menos juntas receptoras del voto (que son las mesas organizadas por sexo y alfabéticamente donde las personas depositan su voto). En total, en este proceso electoral hay 39.917 recintos; en 2019, hubo 40.276.
Cada junta debe garantizar que el voto sea secreto, por lo que deben tener un aforo mínimo y máximo. Se estima que en cada acta —en la que se registra las papeletas válidas, las dañadas, los nulos y blancos— debe haber entre 300 y 350 votos.
Para que cada junta funcione adecuadamente, su personal —conformada por ciudadanos que han sido escogidos por el CNE para que sean su presidente, vicepresidente y vocales— se encargan del conteo de las papeletas y preparan las actas para ser enviadas a la administración electoral central: la delegación del CNE y la sede misma del CNE (en Quito), donde serán custodiadas por las Fuerzas Armadas. El personal de las juntas es responsable de las operaciones principales de todo el proceso electoral: desde identificar la autenticidad de los documentos de identidad de los votantes hasta decidir sobre la validez de las papeletas de votación y certificar los resultados.
Luego de que se cierran las urnas a las las cinco de la tarde del día de la votación, empieza el conteo de votos. Está a cargo de los miembros de la junta. En ese momento, se establece cuántas personas votaron, se cuentan las firmas y las huellas dactilares que deben corresponder al mismo número de las papeletas de la urna. El Código de la Democracia, que es la ley orgánica que regula los procesos electorales en el Ecuador, dice que si hay más papeletas que firmas, se eliminan las que fuesen falsas y, si no se puede determinar cuáles son, se elimina por sorteo el excedente. Eso no sucede casi nunca, según el exvocal del CNE Fausto Camacho.
El escrutinio comienza con la contabilización de votos. El secretario de la junta lee en voz alta el voto que está en la papeleta, luego le pasa la papeleta al Presidente para que establezca la veracidad de lo que él ha dicho, y luego a los vocales. Ante ellos están los delegados de las organizaciones políticas participantes que, según la ley, cumplen un papel de vigilancia y fiscalización del proceso. Ellos pueden solicitar información a los miembros de la junta e incluso pedirles que les muestren los documentos. “Si se cumple esto se cumple, es un conteo público que no deja ninguna duda”, dice Camacho.
Cuando se termina de contabilizar los votos, se llena el acta con el número de sufragantes, la cantidad de votos para cada candidato, el número de nulos y de blancos. Esa acta se mete en un sobre, que es enviado a la Junta Electoral en la Delegación Provincial.
Desde el 2017, cuando este sobre llega a la junta electoral es abierto en presencia de otros delegados de las organizaciones políticas participantes. Ahí es escaneada y transmitida por fibra óptica a los servidores del CNE. Cuando llegan al sistema central del CNE, sus computadoras interpretan los caracteres y determinar si coinciden con la información sobre la junta que el sistema tiene: si el número de votos digitado coincide con el que debería haber, el acta es validada y sus resultados subidos al oficial del CNE (en 2021 esta información se puede ver en la aplicación móvil CNEApp y en la web del Consejo).
Si los datos no coinciden, deben ser verificados por un digitador. Si aún subsistiesen dudas sobre el acta, debe ser entregada a un supervisor, quien bajo su responsabilidad deberá digitar en el sistema los datos correctos del acta. “ Pero a ese nivel rara vez llega un acta”, dice Camacho. Finalmente, la ley estipula que esa acta debe ser sellada y trasladada por el coordinador de la junta electoral a la delegación provincial del CNE, donde son custodiadas hasta que se proclamen de forma definitiva los resultados
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