Este reportaje es parte de la alianza entre GK y Mongabay Latam
El río Shiripuno, en la provincia amazónica de Orellana, es uno de los afluentes de agua que alimentan al río Cononaco —que recorre la Zona Intangible donde habitan los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane—. La noche del 27 de noviembre de 2020, se detectó un derrame de petróleo en Shiripuno, el crudo venía de una de las tuberías que está sobre el puente del río, propiedad de la empresa brasileña Petrobell Inc. que opera el bloque Tiguino 66. Solo hasta ahora, 10 semanas después, se inició la limpieza en las zonas afectadas pero no se sabe con certeza el número de barriles que se derramaron sobre las aguas y si esta acción tan tardía servirá.
Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), dice que el derrame fue descubierto por personal de Petrobell alrededor de las 8 de la noche y que se estimaba que había empezado al menos dos horas antes. Para contenerlo, Nenquimo cuenta que entre el 28 y 29 de noviembre la petrolera ubicó mallas de contención en la zona de la mancha más grande de crudo. Sin embargo, por la fuerte corriente del río, las mallas no aguantaron y el derrame se esparció.
En un informe técnico, un representante de Petrobell sugirió que el tramo de la tubería fue atentado y que la Fiscalía llegó hasta el lugar para verificar. El abogado Pablo Fajardo, quien asesora a las comunidades waorani, dice que no se ha comprobado que sea un hecho vandálico y si así hubiese sido, “eso no le quita ninguna responsabilidad a la empresa para reparar los daños”, dice.
Para el 30 de noviembre, según un comunicado de la NAWE, el derrame ya se había extendido hasta el río Cononaco y siete comunidades waorani fueron afectadas —Ñoneno, Gemeneweno, Cononaco Chico, Omere, Omakaweno, Boanamo y Bameno—. El comunicado también recalcaba el potencial riesgo para los pueblos indígenas en aislamiento pues el río recorre su territorio.
Daños sin remediar
Solo fue hasta el 2 de diciembre de 2020, después de que varias comunidades waorani bloquearan durante un día el paso por el río Shiripuno para exigir respuestas, que Petrobell instaló nuevas mallas de contención. Además, una empresa contratista de la petrolera hizo un primer muestreo en el río para determinar el nivel de contaminación. Pero ni el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE), ni el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ni la petrolera, hicieron algo más para restaurar los daños del derrame. Mongabay Latam hizo un pedido de información al Ministerio de Ambiente y a la petrolera, pero hasta la publicación de este reportaje no respondieron.
Darío Villacís, técnico de la NAWE, dice que el 4 de enero de 2021 les dieron los resultados del muestreo. Según cuenta, estos dicen, de forma general, “que sí hay cierto grado de contaminación del agua pero no en exceso”. Sin embargo, están esperando informes oficiales, con datos específicos, para analizar si eso es cierto. Días antes, el 21 de diciembre, la contratista tomó otra muestra en la comunidad de Bameno pero aún no se conocen los resultados. Villacís cree que las muestras no reflejan la realidad del derrame porque ya hace mucho tiempo que el crudo se esparció por el río. Por su parte, Eduardo Pichilingue, director de la Fundación Pachamama en Perú, dice que los pobladores de la zona le comunicaron que la mancha de petróleo se esparció rápido, por lo que pudo llegar a Bameno, la última comunidad fronteriza con Perú, pero no hay evidencia de que la contaminación del crudo haya llegado a ese país.
Han pasado más de dos meses desde que ocurrió el derrame de petróleo en el río Shiripuno y la empresa Petrobell Inc. no ha realizado la limpieza del agua ni ha reparado las afectaciones a las siete comunidades de la zona. Nenquimo dice que el derrame incluso ha afectado a los animales silvestres —boas, peces, lagartos— y mascotas de la zona que toman agua del río y a otras especies que habitan en la orilla.
Por el derrame de petróleo, murieron varios animales como dantas, boas o lagartos. Fotografía de Celso Moreta, Comunicación UDAPT.
Carolina Zambrano, bióloga y directora del programa Todos los Ojos en la Amazonía, explica que el derrame puede tener consecuencias “bastante dañinas y nocivas, no solo para el río sino también para todo el ecosistema”. Según dice, el petróleo puede crear una “especie de película de aceite” sobre el río que dificulta que la luz entre al agua y esto altera los procesos de fotosíntesis de las plantas en el río, causando un desequilibrio energético. Por otro lado, el petróleo también tiene ciertos componentes que se evaporan y descomponen en la atmósfera, es decir, cuando hay un derrame, no solo se contamina el río sino también el aire. La bióloga asegura que la contaminación del aire puede causar, a su vez, “daños en las vías respiratorias de varias especies de aves y otros animales”.
Zambrano aclara además que el petróleo puede crear sedimentos y estas partículas sólidas “perjudican la alimentación y reproducción de las especies que dependen del río”, de manera que se altera la cadena alimenticia. Además, el crudo también puede disolverse y sus consecuencias no solo se podrían apreciar en especies animales sino también en los humanos. Cuando el petróleo se disuelve en el agua, los peces y otras especies que beben de ella se envenenan y esto también puede afectar la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas que viven en las zonas afectadas por el derrame.
A Eduardo Pichilingue le preocupa que los Pueblos Indígenas en Aislamiento puedan sufrir afectaciones indirectas a su salud. Por ejemplo, si un taromenane caza un animal silvestre como una danta, esta podría haber tomado agua del río contaminado con petróleo, dice Pichilingue.
La bióloga Carolina Zambrano asegura que, en la salud humana, el derrame puede causar afectaciones más generales como “quemaduras en la piel, dermatitis, e irritación en los ojos y mucosas nasales.” Zambrano comenta que a largo plazo, “la contaminación petrolera está relacionada con un incremento de ciertas enfermedades como el cáncer”.
Tiempo perdido
David Suárez, miembro de Land is life, una red de organizaciones y comunidades indígenas, afirma que hasta enero de 2021 la empresa y los representantes de las comunidades indígenas tuvieron reuniones. Suárez dice que cuando comiencen a limpiar van a “encontrarán un río en el que buena parte del petróleo ha fluido hacia abajo [lecho]”, es decir, parecerá que no hubo afectación en el río.
Otra de las cosas que le preocupan a Suárez es que, en las reuniones, Petrobell no ha querido discutir sobre la responsabilidad de compensación y remediación. “Hasta el momento no existe por parte de la empresa una declaración de sus responsabilidades sociales”, insiste. Contactamos a Petrobell para saber su postura pero no respondieron a nuestra solicitud de información.
Según Gilberto Nenquimo, presidente de la NAWE, estas reuniones entre los indígenas y Petrobell solo se dieron después de 20 días de la protesta pacífica de las comunidades. En ese momento la empresa accedió a negociar y mantener reuniones con las organizaciones waorani.
En las conversaciones estuvieron presentes los asesores jurídicos de las comunidades, representantes del Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE), y la Secretaría de Derechos Humanos —porque el derrame pudo afectar a los Pueblos Indígenas en Aislamiento—. Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y Agua sobre cómo está interviniendo en la reparación del derrame pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos dijo que cuando sucedió el derrame ellos emitieron una alerta y comunicaron lo sucedido al MAAE, al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la gobernación de la provincia de Orellana porque son los principales responsables de responder ante la situación.
Fotografía de Darío Villacís
Juan Pablo Morales, subsecretario de Derechos Humanos, recalca que el rol de la Secretaría es “establecer una cultura de paz”. Morales asegura que han coordinado reuniones con las comunidades waorani, Petrobell y otras instituciones del Estado para que lleguen a acuerdos para que la petrolera realice las acciones de remediación correspondientes y adopte las medidas necesarias para limpiar el derrame. La bióloga Carolina Zambrano dice que tanto tiempo después, no hay oportunidad de limpiar adecuadamente el derrame en el río “porque la corriente ya debió llevarse todo”.
Hasta ahora, la única acción de reparación anunciada por Petrobell fue la entrega de kits de alimentos para cerca de 168 familias. Sin embargo, estas ayudas se demoraron en llegar y se distribuyeron a finales de diciembre. Darío Villacís cuenta que, hasta que el Ministerio de Ambiente indique que no hay contaminación en el río, la empresa deberá entregarlos. Según la Secretaría de Derechos Humanos, se entregaron los kits para las siete comunidades afectadas pero Villacís asegura que estos no fueron suficientes.
El Estado no responde por la reparación ambiental y social
El Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador envió un oficio el 10 de diciembre de 2020 a Petrobell para informarle que hizo una inspección el 4 de diciembre —siete días después del derrame—. En el documento, el Ministerio le dice a la empresa que “debe iniciar con el levantamiento de los impactos ocasionados a los componentes físicos, bióticos y sociales” y que “debe iniciar las actividades de limpieza y remediación de las áreas afectadas de manera inmediata a fin de evitar que los impactos generados sigan incrementándose”. Sin embargo, Villacís dice que la empresa solo comenzó a limpiar el 1 de febrero de 2021, es decir, más de dos meses después.
La bióloga Carolina Zambrano, dice que la Constitución del Ecuador establece a la reparación como un derecho que tiene la naturaleza cuando es afectada, y que por eso la petrolera debe cumplir de inmediato. De hecho, el artículo 396 dice que todo daño al ambiente “además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”. La Constitución también señala que las acciones legales que se tomen para sancionar cualquier daño ambiental serán imprescriptibles, es decir, que no pueden caducar y en los casos donde existan daños ambientales se obliga al Estado a actuar “de manera inmediata para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas”. Sin embargo, hasta el momento ninguna institución estatal ha tomado esta clase de acciones en el caso y Mongabay Latam no ha recibido respuestas oficiales del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Energía.
En diciembre de 2020, Petrobell colocó una malla de contención para detener el derrame. Fotografía de Mateo Ponce
Esta no es la primera vez que el Estado no exige una reparación a un daño ambiental. El 7 de abril de 2020 se rompieron las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). La ruptura causó un derrame de alrededor de 15.000 galones de petróleo sobre las aguas del río Coca que afectó a 109 comunidades indígenas de las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. El 29 de abril varias organizaciones indígenas presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por el derrame. Sin embargo, el 1 de septiembre de 2020, un juez de la provincia de Orellana negó la acción de protección y, hasta ahora, las comunidades indígenas afectadas siguen a la espera de una respuesta.
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Las comunidades waorani afectadas por el derrame de Petrobell también esperan soluciones. Gilberto Nenquimo dice que el Estado, representado en el Ministerio de Ambiente y Agua y la Secretaría de Derechos Humanos, debió hacer un informe inmediatamente después del derrame, pero eso no sucedió. Además, “el Estado debe garantizar que derrames como estos no vuelvan a ocurrir porque tienen consecuencias negativas tanto para la naturaleza como para las nacionalidades indígenas de la Amazonía”, resalta Nenquimo.
