Guayaquil ha sido señalada como la ciudad del Ecuador más golpeada por el covid-19 y Quito como la que tuvo más contagios. Las dos ciudades más grandes del país concentraron, sin duda, la mayor cantidad de casos. Sin embargo esto hizo que la atención y los recursos se centraran más en centros urbanos y se olvidaran zonas más remotas. Una de ellas es el Valle del Chota. Esta región del norte andino del Ecuador está a unos 1500 metros sobre el nivel del mar y se extiende entre las provincias de Carchi e Imbabura. Está habitada principalmente por comunidades afrodescendientes. Su población ha sido relegada en atención médica y estatal incluso antes de la pandemia. Durante la emergencia sanitaria se tomaron decisiones que hoy son calificadas como racistas por sus pobladores y directivos.
Juan García, presidente de la junta parroquial de Ambuquí —una de las parroquias del cantón Ibarra—, dice que una de las primeras acciones que se tomaron en las comunidades afrodescendientes en Imbabura y Carchi, fue cerrar la carretera que conecta el Valle de Chota con el cantón Ibarra. El propósito de la medida, tomada por el Municipio de Ibarra, era establecer cercos epidemiológicos para evitar contagios masivos.
La comunidad Tumatú está ubicada en el Valle del Chota. Fotografía de Darwin Minda.
La decisión agudizaría el acceso al derecho a la salud de los habitantes del valle. En el Valle del Chota y la cuenca del río Mira solo hay establecimientos médicos de atención primaria como puestos de salud, centros de salud tipo A y solo dos centros médicos tipo B. Los hospitales están en la ciudad de Ibarra. En la provincia del Carchi, el hospital más cercano está en San Gabriel, a una hora del Valle del Chota. Que lleguen medicinas, equipos de protección y pruebas de diagnóstico a estos puestos de salud durante la emergencia resultaría una odisea. Los centros de salud dentro del Valle, incluso antes de la pandemia, no contaban con las garantías para poder enfrentar otro tipo de emergencias como erupciones en la piel por la contaminación del agua que se consume, o atención a pacientes hipertensos o con diabetes.
La doctora Nathalie Mosquera, encargada del puesto de salud de la comunidad de Pusir Grande —en la provincia del Carchi—, dice que por cada parroquia de la zona, el Ministerio de Salud asignó apenas 100 pruebas rápidas, 50 PCR (pruebas moleculares recomendadas para la detección del covid-19) y 20 recipientes estériles para la prueba de esputo. Pero solo entre las comunidades pertenecientes al cantón Bolívar, en la provincia del Carchi y que pertenece al Valle, la población suma 10 mil habitantes. Con este dato coincide García, y dice que fue imposible conocer cómo y cuántos fueron los contagios: si fueron masivos o no, y si los pacientes fueron asintomáticos porque la capacidad de pruebas entregadas fueron mínimas.
Cristofer Delgado, joven oriundo de la comunidad de Carpuela en la provincia de Imbabura, fue uno de los pobladores diagnosticados mediante una prueba rápida como portador del virus. “Me hicieron una prueba rápida y salió positivo, el resultado me generó un shock emocional por todo lo que se veía que pasaba, y por el miedo de morir. La noticia de mi contagio se regó como pólvora en la zona y los rumores y discriminación no faltaron. Mis datos médicos fueron vulnerados y expuestos a toda la comunidad donde vivo”, dice el joven de 28 años.
Cristofer Delgado, de 28 años, cree que el trato que recibió cuando le hicieron una prueba rápida que salió positiva, fue racista. Fotografía de Darwin Minda.
Después de ocho días, a Cristofer Delgado le practicaron una prueba PCR en el mes de abril y salió negativa. La Organización Mundial de la Salud dijo tan pronto como abril de 2020 que las pruebas rápidas no debían ser usadas como diagnóstico de covid-19. El Ministerio de Salud del Ecuador acogió esa recomendación en un documento del mismo mes, diciendo que se debería preferir las pruebas moleculares PCR a las rápidas. El tiempo que había pasado entre esa prueba y la PCR podría significar que Cristofer Delgado ya no tenía rastros del virus en su organismo, o que nunca lo tuvo. Sin certezas claras de lo que pasó, ocho meses después Cristofer Delgado se pregunta si fue un falso positivo y si lo fue, ¿cuántos más falsos positivos hubo y se siguen presentando en la zona? “¿Y quién va a reparar el daño moral que me hicieron al difundir mi información?”, se queja.
En el Valle del Chota solo hay puestos de salud y centros de salud tipo A. También hay 2 centros de salud tipo B. Allí no existen hospitales. Fotografía de Darwin Minda.
La doctora Mosquera ha trabajado en algunos centros médicos de la zona y dice que la falta de insumos para enfrentar la pandemia no es el único problema. Dice que en las comunidades existe una brecha importante en el acceso a la atención médica así como en otros servicios. “No tienen agua potable. No tiene agua las 24 horas del día. No existe medicación para tratar de forma adecuada a la población vulnerable, y la basura de las ciudades grandes se deposita en los ríos de los cuáles se alimentan”, dice.
En el Valle de Chota está el relleno sanitario de San Alfonso, ubicado en la parroquia de Ambuquí, que desde hace 10 años recibe los desechos que genera la ciudad de Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura. Son alrededor de 150 toneladas diarias que se depositan en este relleno sanitario. Los comuneros y habitantes de esta zona dicen que el relleno se ha convertido en un pozo de infección por la presencia de ratas, gallinazos y malos olores.
El 3 de septiembre de 2020 la alcaldesa del cantón Ibarra, Andrea Sacco, visitó el botadero, que es aledaño a varios pueblos afro, para verificar el manejo de los desechos, y se encontró con una turba de comuneros quienes no solo se quejaron del botadero y su contaminación sino de la falta de servicios básicos. Por la pandemia del covid-19, se había hecho más evidente la falta de agua potable, la falta de hospitales dentro de la comunidad, y la falta de un adecuado manejo de aguas servidas.
La mayor queja de los pobladores fue que en ese botadero, donde llega la basura de Ibarra, empezaron a llegar también los desechos sanitarios de personas contagiadas con covid-19. Ese día que el grupo de pobladores le reclamaron, entre gritos, la alcaldesa se defendió diciendo que el relleno sanitario tiene todos los permisos ambientales.
La doctora Mosquera enlista todos estos problemas y carencias y explica que es imposible que la campaña del Ministerio de Salud para evitar contagios de covid-19 haya funcionado en el Valle del Chota porque dice que en esas comunidades ni siquiera se han resuelto los problemas de acceso a servicios básicos.
Los pobladores de las comunidades que forman el Valle del Chota no tienen acceso a agua potable, otros tienen este sistema pero no funciona las 24 horas. Fotografía de Darwin Minda.
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A mediados del siglo XVII, la Compañía de Jesús, una de las órdenes católicas más poderosas del mundo, trajo a sus vastos latifundios en el Valle del Chota, conocido entonces como Coangue o de la Muerte, por la sequedad de su clima, a cientos de esclavizados africanos para que trabajaran la tierra. La enfermedad y el rigor de las mitas, un sistema de trabajo forzado inventado por los incas pero adoptado por los conquistadores españoles, había mermado fuertemente la población indígena que laboraba en esos campos. Para reemplazar su fuerza de trabajo, las personas esclavizadas que llegaron de África fueron llevadas al valle.
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Cientos de años después, el Valle del Chota está conformado por más de 39 comunidades que están asentadas a los costados del río Chota y el río Mira. El 7,2% de la población del Ecuador es afrodescendiente —de esos el 4,11% vive en el territorio ancestral del Valle del Chota. Estas comunidades han vivido en un abandono histórico que las ha llevado a estar entre los lugares con los mayores índices de pobreza del Ecuador: 68,6% de pobreza y el 34,7% de pobreza extrema según el censo de 2010 del INEC.
Las pocas veces que el Ecuador ha regresado a ver al Valle del Chota ha sido para celebrar a los grandes futbolistas que produce —que entre otros grandes logros deportivos, fueron parte del equipo que llevó al Ecuador por primera vez a un mundial de fútbol, en 2002. Las otras veces que el país ha puesto sus ojos en sobre el valle ha sido para hablar de las industrias ilegales que, a falta de otras oportunidades para salir de la pobreza, han permeado en las comunidades del Chota: un operativo contra la minería ilegal en Mascarilla en 2018 dejó un muerto: Andrés Padilla murió por un disparo de un policía. Fuera de eso, el valle permanece olvidado tanto por autoridades nacionales como locales en las provincias de Imbabura y el Carchi, a las que técnicamente pertenecen como parroquias rurales.
Durante la pandemia del covid-19, este abandono sistemático ha significado que los habitantes de las comunidades del Chota hayan tenido menos acceso a prestaciones básicas de salud, a pruebas de diagnóstico de coronavirus y a ayuda de parte de las autoridades.
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Los primeros contagios de la provincia de Imbabura se presentaron en la ciudad de Ibarra y muy pronto se expandieron hacia las comunidades negras cuya población, muy probablemente, se contagió al momento de viajar y trabajar en Ibarra. Sin embargo, publicaciones de medios locales y nacionales señalaron que los contagios se habían dado por el desorden social que se vivía en la zona catalogada, por muchos medios, como conflictiva. Pedí insistentemente una entrevista con la alcaldesa pero, después de varias promesas de concretarla por parte de su equipo de comunicación, finalmente nunca la dio.
El 15 de julio de 2020, la alcaldesa de Ibarra, Andrea Sacco, en una declaración pública sugirió que se habría contagiado del virus en una visita de campo con organizaciones de ayuda humanitaria en el Valle. Rápidamente los medios locales de la ciudad de Ibarra replicaron estas declaraciones. La declaración de Sacco molestó a los pobladores de las comunidades, que exigieron una disculpa pública. Pero estas disculpas nunca llegaron.
Los habitantes del Valle del Chota no confían en las autoridades y esta desconfianza creció durante la pandemia. A falta de atención adecuada, varios pobladores de la zona recurrieron a mecanismos ancestrales para tratar el covid-19 cómo tomar un aguardiente tradicional conocido como puntas con jengibre para, creían, contrarrestar malestares y así fortalecer sus defensas.
Juan García, presidente de la junta parroquial de Ambuquí, dice que las cifras entregadas por el Ministerio de Salud no coinciden con las que él conoce de primera mano en las comunidades. Fotografía de Darwin Minda.
Juan García, presidente de la junta parroquial de Ambuquí —una de las parroquias que está en el Valle del Chota— dice que los datos epidemiológicos que presentó el Ministerio de Salud y la publicación en las páginas oficiales de muertes por covid-19 en el Valle del Chota no coinciden con los casos que él conoce.
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En las 11 comunidades que administra, hubo casos en los que las personas fueron diagnosticadas con otras enfermedades en los centros de salud y cuando acudían a los hospitales, fallecían. Las actas de defunción, según García, también son inconsistentes porque “quienes llegaban al hospital con alguna dolencia se los clasificaba de cajón como coronavirus sin haberlo verificado”. En estas circunstancias, la falta de información, pruebas y salud, han hecho que las comunidades vivan la pandemia en un ciclo pernicioso: sin acceso a prevención, sin pruebas claras que determinen los niveles de contagio que sufrieron y con autoridades locales y seccionales que los señalan por faltas que podrían haberse evitado si hubiesen tenido todo aquello que históricamente les ha sido negado.
Este reportaje fue financiado por la Beca GK
