El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley de extinción de dominio la noche de ayer, 19 de enero de 2021. La ley permite el embargo de bienes adquiridos con fondos provenientes de actos de corrupción. El presidente Lenín Moreno tendrá treinta días para aceptarla o vetarla.
El proyecto de ley de extinción de dominio fue pasado con una avasalladora mayoría. De los 132 asambleístas que participaron en la sesión, 131 votaron a favor. Uno se abstuvo de votar.
La extinción de dominio consiste en otorgarle al Estado la potestad de embargar los bienes que tengan un origen ilícito. Es decir, que los bienes incautados en procesos judiciales o que no se puedan justificar de manera legal, dejarán de pertenecer a sus propietarios y pasarán a manos del Estado, que las administrará a través de una entidad creada para ese propósito.
Según la ley, la extinción de dominio será imprescriptible —es decir, no habrá un límite temporal para ejercer la acción—y retroactiva —la ley regirá para actos anteriores a su expedición, lo que es una excepción al principio de irretroactividad, que dice que las leyes solo rigen para lo venidero. El constitucionalista Ismael Quintana dice que este carácter imprescriptible y retroactivo es “totalmente inconstitucional”.
El experto asegura que, el carácter retroactivo quebranta el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos, incluso aunque sean culpables de un delito. Además, explica que la imprescriptibilidad de la medida es algo que se debe analizar bien porque constituye una limitación de varios derechos. Quintana opina que lo más seguro es que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ley por estas dos condiciones. La constitucionalista Lolo Miño también cree que los principios de retroactividad e imprescriptibilidad de esta ley son inconstitucionales. Miño explica que la retroactividad atenta contra los derechos de las personas porque nadie “puede adecuar su conducta a una norma que no se sabe si va a existir o no”. Además, con respecto a la imprescriptibilidad, Miño dice que el problema es que genera inseguridad jurídica porque estaríamos en una persecución constante.
La ley aprobada ayer dice que se podrá aplicar la extinción de dominio cuando los bienes vengan directa o indirectamente de una actividad ilícita. Esto también aplica a los bienes que hayan sido utilizados para hacer actividades ilícitas y a las ganancias que provengan de actividades irregulares. Se aplicará a todos los bienes que tengan un valor económico, independientemente de si están dentro o fuera del país.
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El proyecto de ley de extinción de dominio fue propuesto por primera vez en diciembre 2017. El entonces Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, lo presentó a la Asamblea Nacional. El proyecto llegó a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea. Pero antes de que se terminara su análisis, en julio de 2018, Johanna Pesántez, Secretaria Jurídica de la Presidencia, remitió a la Asamblea otro proyecto sobre la misma materia.
En 2019, se presentaron otras dos propuestas sobre extinción de dominio. La primera fue entregada a inicios de octubre por Iván Granda, quien entonces era Secretario Anticorrupción de la Presidencia. La segunda fue presentada el mismo mes, pero en el día 22, por el asambleísta Fabricio Villamar.
En términos generales, todas las propuestas del proyecto buscaban lo mismo: combatir la corrupción mediante la extinción del derecho de dominio sobre bienes (muebles e inmuebles), dinero, entre otros, que tuvieran origen ilícito. Sin embargo, según el sitio web de la Asamblea Nacional, solo dos propuestas —la del ex fiscal Baca y la del asambleísta Villamar— pasaron a trámite. Finalmente, ambos proyectos de ley fueron tratados como uno solo.
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La ley de extinción de dominio fue aprobada 40 días después del último debate del proyecto de ley. Tras su aprobación, César Solórzano, presidente subrogante de la Asamblea Nacional dijo que la sesión de ayer “fue una de las más importantes porque la Asamblea ha cumplido con el país”. Además dijo que la ley se enviará al Ejecutivo hoy.
