El 3 de diciembre de 2020 se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra el programador sueco Ola Bini, investigado por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático o telemático de telecomunicaciones. Esta etapa del proceso se llevó a cabo más de un año y medio después de su detención y será pospuesta una vez más. Durante la audiencia, la jueza Yadira Proaño decidió suspenderla para analizar los argumentos de las partes procesales por “los vicios que pudieran afectar validez del proceso”. Se la reinstalará el 16 de diciembre próximo.  

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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que la audiencia preparatoria de juicio tiene que realizarse “en un plazo no mayor a los quince días siguientes a la notificación” de la conclusión de la instrucción fiscal, en la que la Fiscalía investiga los hechos que podrían ser los elementos de un posible delito.  Esta etapa del proceso penal se terminó el 31 de agosto del 2019. 

El abogado de Ola Bini, Carlos Soria, dice que se retrasó en primera instancia porque la defensa recusó a la jueza Proaño. Según su criterio, dijo Soria, la jueza había cometido prevaricato —es decir, que dictó resoluciones contrarias al texto de la ley— al negar el pedido de caución —fianza— de Bini cuando cumplía con todos los requisitos.  En ese periodo se perdió algo de tiempo, dijo Soria, “pero no se justifica haberlo retrasado hasta esta fecha”. 

La audiencia fue pospuesta en cuatro ocasiones más antes de instalarse el 3 de diciembre. La última vez fue por la pandemia. Estaba programada para el 17 de marzo, dijo Soria, pero se suspendió por la declaración de emergencia sanitaria y cuarentena desde el 16 de marzo de 2020. Cuando se reactivaron las audiencias, en abril de 2020, tampoco se llamó a la audiencia, dijo Soria. 

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El abogado afirma que no saben las razones por las que se dilató el proceso por casi 16 meses. Él supone que es porque “la jueza no sabe qué hacer con este caso” porque “está mal armado y se volvió muy político”. Sin embargo, no descarta ir a instancias internacionales para denunciar las infracciones de los derechos de Bini. Soria dijo que lo harán “en el momento oportuno, después de que pase la audiencia preparatoria de juicio”.

Según la defensa de Ola Bini, hay más de 120 violaciones a los derechos humanos y al debido proceso en el caso de Bini. Las principales, dijo Soria, son que “no hubo razón alguna para que lo detengan” en abril de 2019, no contó con un abogado y que no se comunicó al consulado de Suecia de su detención inmediatamente como manda la Constitución ecuatoriana. Soria añadió que también se coartó su derecho a un debido proceso con irregularidades en el allanamiento a su domicilio y la incautación de sus objetos personales y tecnológicos. 

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La defensa de Ola Bini espera que después del análisis de los elementos expuestos el 3 de diciembre, la jueza Pazmiño decida que el proceso no es válido. Si su decisión es otra, dijo Soria, continuarán defendiendo a Bini y avanzarán a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias.