En América Latina, la cobertura de la pandemia durante estos meses se ha concentrado en sus capitales y ciudades. Pero esto no es una novedad: desde ahí hablan los presidentes, se crean las políticas públicas y se dictan los estados de emergencia. Sin embargo, el coronavirus ha llegado también a los pueblos más aislados del continente y ahora cerca de cuarenta y cinco millones de indígenas lo están enfrentando sin el respaldo de sus gobiernos. Esto tampoco es una novedad: durante décadas los Estados de la región no han tomado en cuenta las necesidades básicas de los pueblos originarios y, así como una gran mayoría de ciudadanos, se han acostumbrado a verlos como un solo grupo a pesar de sus singularidades.

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Los más de ochocientos pueblos originarios de América Latina son tan distintos entre ellos como los espacios que habitan: algunos viven a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, otros en medio de la selva amazónica y un grupo hasta en la isla más remota del mundo. Con condiciones tan diversas, cada uno necesita un plan de emergencia ajustado a su medida, pero gran parte de sus gobiernos los han desatendido durante la pandemia: unos tardaron meses en establecer protocolos de sanidad para las comunidades, otros informaron las medidas de prevención en una lengua que no entienden, y la mayoría no les entregó medicinas ni pruebas de descarte para llevar un registro de los contagios.

Este especial no pretende ser una radiografía del desamparo de las comunidades indígenas en la región, sino la evidencia del valor que tienen en nuestro territorio. En cada una de las historias, incluso en las que parten de una denuncia, sobresalen su resistencia, sabiduría y espíritu de comunidad. Si en las ciudades vaciamos los anaqueles del supermercado para llenar nuestras alacenas, los achuar en Ecuador comparten su pesca del día con los vecinos para que todos tengan al menos una comida. En Isla de Pascua, la economía de los rapanui se desplomó al cerrarse el turismo pero ahora ellos ocupan su tiempo limpiando sus playas y cultivando huertos. Ante la falta de medicamentos, los habitantes de San Antonio de Lomerío, en Bolivia, han envasado una de sus plantas medicinales para calmar los síntomas del COVID-19. En Guatemala, una radio comunitaria ha llenado el silencio del gobierno al traducir información relevante sobre la pandemia a los mayas de Xenacoj. Y finalmente, en Venezuela, los waraos que migran hacia Brasil no olvidan a quienes se quedaron atrás y comparten con ellos todo lo que tienen.

Desde Salud con lupa publicamos este especial como una forma de internarnos en la otra América Latina.


Ecuador: la carretera que transportó el coronavirus a una comunidad achuar

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La carretera de Copataza despeja el camino para la tala ilegal y la deforestación de los bosques ecuatorianos. Fotografía de Pablo Albarenga, en el marco del proyecto Rainforest Defenders, de Democraciaabierta, financiado por el Rainforest Journalism Fund de Pulitzer Center.

A inicios de este año se inauguró una nueva carretera en la comunidad achuar de Copataza. Una aparente señal de progreso que podría haber detonado la propagación de la pandemia en este territorio de la Amazonía ecuatoriana.

Desde que a finales de 2019 se inauguró la carretera que llega a la comunidad achuar de Copataza, la vida de estos ciento ochenta indígenas cambió. Y no exactamente para mejor, como promete el discurso oficial de la modernidad y el progreso. Por ella arriban centenares de comerciantes de todo el país en busca de la madera del árbol balsa, el que se tala con más voracidad al nororiente del Ecuador. Esta especie, propia de los bosques húmedos de la Amazonía, supera los treinta metros de alto, dando sombra suficiente para que crezcan otras plantas, y el néctar de sus flores alimenta a distintos insectos y animales. Los seres humanos también aprovechan sus características: los troncos de balsa se utilizan para construir muelles, muebles y hasta tablas de ski. Conscientes del valor de sus bosques, los achuar —una de las quince nacionalidades indígenas ecuatorianas— siempre se han opuesto a las carreteras y a toda infraestructura que facilite la extracción masiva de sus recursos. Llevarse toneladas de madera a través de la corriente del Pastaza, un río que atraviesa sus tierras, es más complicado que hacerlo por una libre ruta de asfalto.

El peligro que no pudo advertir esta comunidad achuar fue la llegada de una pandemia a través de la carretera. Algunos de sus líderes suponen que los madereros trajeron el nuevo coronavirus en sus constantes entradas y salidas durante febrero o marzo de este año. Domingo Peas, un hombre achuar que es coordinador de la iniciativa Cuencas sagradas: territorios para la vida, cuenta que un “montón de madereros” llegan a Copataza en camiones desde ciudades como Guayaquil, Puyo y Ambato. Más allá de esa especulación, no hay información muy clara sobre la propagación de esta nueva enfermedad en su territorio. Pero lo que sí asegura Peas es que, a la fecha, son aproximadamente quinientos achuar los que presentan síntomas de COVID-19. El medio millar que señala no corresponde a casos confirmados a través de pruebas moleculares de diagnóstico, ni a pruebas rápidas, sino a una cuenta de personas con fiebres, tos y otros síntomas propios de esta enfermedad hecha por la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), un organismo creado por un grupo de comunidades achuar a inicios de los noventa para representar jurídicamente a su pueblo. 

Por su parte, el Ministerio de Salud ha confirmado apenas veintidós contagios indígenas. Domingo Peas cree que las autoridades no están diciendo la verdad e insiste en que son quinientos contagiados. Según Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), en las once nacionalidades amazónicas se han hecho 2.673 pruebas de detección: 1.276 han dado positivo y 37 personas han muerto. Hasta ahora ninguna ha sido achuar.

Aunque han logrado soportar mejor que otros la llegada del coronavirus, la situación de los achuar no deja de ser frágil. Es difícil saber cómo podría afectar un virus nuevo a pueblos con menor contacto con el mundo occidental. Cuando la gente empezó a enfermarse, dice Domingo Peas, los achuar creyeron que era una gripe fuerte. “Entonces no decían nada, hacían su vida normal”. El COVID-19 es tan desconocido para los pueblos amazónicos que los ancianos de la nacionalidad se reunieron para darle un nombre. Le pusieron yajasmau sunkur, que en achuar significa “la enfermedad exterminante”. Si para el mundo occidental es difícil enfrentar esta pandemia, “lo es mucho más para quienes ni siquiera tienen palabras para describir lo que pasaba”, dice Verónica Potes, experta legal en relaciones entre comunidades indígenas y el Estado.

Fronteras cerradas

Durante décadas, la oposición achuar a la carretera fue monolítica. Esa resistencia no era a la construcción en sí, sino a lo que representa. Es como si esta nacionalidad indígena hubiese visto un cuadro surrealista: más que una carretera, observaba la llegada de industrias extractivas —en especial, la del crudo. Luis Vargas, uno de los fundadores de la NAE, advierte que una vía representa más peligros que oportunidades: “El carácter del achuar es no querer la intromisión de la colonización, de la carretera, porque si lo permitimos, aflojamos nuestra identidad, nuestras costumbres, y nuestro territorio”.

Hay suficientes experiencias previas para fundamentar ese recelo. “Si coges un mapa y buscas dónde está la Amazonía petrolera destrozada es al norte del Ecuador”, dice la experta legal Verónica Potes. “Ahí están los waorani, que lucharon bastante, pero lo que se les vino encima fue tan abrumador que no lo pudieron enfrentar. En ese sentido, los achuar sí han podido resistir”, dice Potes. 

Lo que se les vino a los waorani fue la depredación petrolera. En 1978, el primer barril de petróleo que exportó el Ecuador de su Amazonía fue paseado sobre un tanque de guerra en medio de una parada militar para celebrar el  nacimiento de lo que se llamaría el primer boom petrolero del país. Ese crudo se extrajo de la tierra donde los waorani han vivido desde antes de 1958, año en el que un grupo misionero estadounidense los localizaron por primera vez.

Para hacerlo, se deforestaron bosques, se envenenaron ríos y se compraron lealtades. A medida de que las industrias colonizadoras avanzaban, la identidad waorani se desdibujaba. Sus tierras se llenaron de colonos y migrantes, de ingenieros petroleros y tractoristas. Con ellos llegaron prácticas que los nativos de la zona nunca habían conocido: el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, el juego y la prostitución. Todas llegaron por las carreteras que se construían para que entren las máquinas y salga el petróleo. Muchos waorani dejaron sus comunidades amplias de casas espaciosas y se fueron a las ciudades que el crudo fue armando en medio de la selva. Empezaron a enfermarse, empobrecerse y alienarse. Al ver lo que pasó en el norte, los achuar declararon que la oposición a las actividades extractivas en su comunidad sería uno de los tres pilares en los que trabajaría la NAE. Para eso se creó: para defender sus derechos, cultura, idioma y territorio. Hasta ahora, entre sus principales logros está haber conseguido que el Estado ecuatoriano reconozca a los achuar, a través de títulos legales, la propiedad de setecientas mil hectáreas. 

Pero, desde hace un par de años, algunos jóvenes achuar ven a la carretera con mejores ojos que sus mayores. Las ven como un puente al resto de un mundo urbano en el que hay dinero, Internet y ciertas comodidades urbanas que no existen en la selva. Según Domingo Peas, las empresas de madera aprovecharon este deseo y enviaron a subcontratistas a “comprar a algunos líderes”. Los achuar que ganaban cerca de un dólar mensual, pasaron a recibir entre tres mil y cinco mil dólares al mes. “Se vuelven locos con tanto dinero y ahí es cuando empiezan a talar balsa sin miedo”, dice Peas. 

No es que los achuar se nieguen al contacto con mestizos y colonos, pero quieren hacerlo sin tener que sacrificar ni su identidad ni el bienestar de su entorno. Y existen otras opciones de comunicación menos invasivas y más controladas que una carretera. Antes de la pandemia del COVID-19, la organización no gubernamental Kara Solar estaba por lanzar al agua su segundo bote propulsado por la energía del sol, como una alternativa para evitar que se construyan nuevas vías en el territorio indígena de Copataza. Su primera embarcación la crearon en 2018 para la comunidad achuar de Sharamentsa, a dónde solo se puede llegar caminando, por río o en avioneta. Hasta hoy, no hay ninguna carretera en esta comunidad ni tampoco un solo caso confirmado de COVID-19. 

La resistencia achuar

Para entrar y salir del territorio achuar hay que ser invitado por ellos y la NAE tiene que aprobar la incursión. Una mañana de diciembre de 2012, el rumor del motor de una pequeña avioneta se oyó en la comunidad achuar de Charapa, recuerda la experta legal Verónica Potes. La avioneta aterrizó en la pista de tierra y de ella bajó un funcionario del Ministerio de Ambiente que ya era conocido en la zona. “Los achuar lo recibieron con amabilidad pero le dijeron que nadie les había notificado de su visita. Así que, sin ningún tono confrontativo, señalaron que no podía hacer ninguna medición. Lo invitaron a comerse una gallina y el hombre se tuvo que regresar por donde vino”, cuenta Potes.

indígenas afectados por covid-19 en Latinoamérica

Al norte del Ecuador, las actividades extractivas han causado mayor impacto en la Amazonía. Foto: Pablo Albarenga

Ahora, en tiempo de pandemia, ese impulso a defender lo suyo les ha dado a los achuar una ventaja. Los contagios no han alcanzado a las comunidades indígenas más alejadas, a donde solo es posible llegar caminando, remando o aterrizando. Los achuar que se contagiaron mientras estaban en la ciudad de Puyo, a tres horas de su territorio,  decidieron no regresar a sus comunidades hasta recuperarse. “La suspensión de los vuelos hacia las comunidades que ordenaron las autoridades achuar han permitido que, prácticamente, se controle la pandemia”, dice Andrés Tapia, dirigente de la Confenaie.

Además, la dirigencia achuar ha conseguido lo que hasta ahora no hace el Estado. Las primeras pruebas que se hicieron fueron de detección rápida, autogestionadas por la NAE y la Confenaie con el apoyo de ciertas organizaciones no gubernamentales y universidades privadas. “De las autoridades  gubernamentales ha existido una respuesta tardía”, dice Andrés Tapia. “Ya estamos pasando el tercer mes de pandemia y prácticamente hace uno, luego de tantas alertas y vocería que hemos hecho, hubo un intento de atención hacia los territorios”, dice el dirigente de la Confenaie. Tapia critica no solo la demora en aparecer del Estado, sino su incapacidad para comprender la amenaza que representa una enfermedad como el COVID-19 para las comunidades y territorios indígenas. Consultado a través de pedidos de información, el Ministerio de Salud nunca contestó las preguntas que se le hizo para este reportaje.

Para prevenir el contagio, el 21 de abril de 2020, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que la Organización Mundial (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS) revisaron y aprobaron un documento con indicaciones de prevención de la pandemia. La cartilla está traducida a siete lenguas indígenas para facilitar su comprensión entre las distintas comunidades. Junto a la Confeniae, se repartieron más de diez mil cartillas con información sobre el COVID-19 y se produjo treintaiocho cuñas para ser transmitidas en radios comunitarias y comerciales. Las medidas de prevención van desde el lavado de las manos, el uso de mascarilla hasta evitar realizar asambleas o mingas comunitarias. Incluso hay recomendaciones como no tomar del mismo vaso de chicha. Las organizaciones achuar entienden cómo cuidarse mejor entre ellos pues lo hacen a partir de sus costumbres y realidades.

El aguante en comunidad

La geografía de algunas comunidades indígenas de América Latina las ha protegido por un tiempo frente a la nueva pandemia. Sin embargo, la codicia de los  gobiernos centrales por sus recursos naturales les arrebató esa ventaja: con los camiones y las máquinas de las petroleras, mineras y madereras llegaron enfermedades desconocidas para ellos. Se enfermaron y se empobrecieron y la prometida asistencia estatal para su salud, el respeto a sus modos de vida, sigue pendiente. 

Sin establecimientos de salud, escuelas ni otros servicios básicos, indígenas como los achuar tienen que salir de su territorio para conseguir lo que necesitan. Muchos de sus niños, niñas y adolescentes estudian en Puyo porque no hay opciones cerca a casa. En el desplazamiento, dice el estudio de un grupo experto que asesora al Comité de Operaciones de Emergencia en Ecuador, está uno de los mayores factores de contagio. Incluso sin clases presenciales, los estudiantes achuar se siguen moviendo. En la mayoría de sus comunidades no hay conexión a Internet y tienen que salir hasta Copataza para tomar sus lecciones online.

Dentro de sus tierras, los achuar han desplegado la solidaridad que los caracteriza para sostenerse frente al nuevo virus. “Nosotros vivimos de la caza y la pesca. Alguien como yo, con una fiebre de cuarenta grados, no puede hacer ninguna de las dos cosas”, dice Domingo Peas, quien estuvo enfermo de COVID-19. Los contagios en las comunidades achuar de mayor contacto, como Copataza o Pumpuentsa, han impedido que haya una provisión constante de alimento. “Mi sugerencia es que nos cuidemos entre todos. Si yo cojo un bagre de treinta o cuarenta libras, les mando aunque sea una libra a cada familia. La pesca se tiene que repartir para que todos tengan siquiera una merienda o un almuerzo”, señala Domingo Peas.

Mientras que llega la respuesta del Estado ecuatoriano, los achuar están reaccionando frente a la pandemia con la autonomía que los ha definido siempre. El COVID-19 es una enfermedad que supera con creces el ritmo de la burocracia. Si el gobierno no les manda los medicamentos que necesitan, ellos están haciendo todo lo posible para mantenerse a salvo con su medicina ancestral. Incluso, con ayuda de organizaciones como Fundación PachaMama, los dirigentes achuar han conseguido inyecciones de vitamina B y C para fortalecer el sistema inmunológico de sus comunidades. 

Desde su creación, la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) ha tenido que velar por sus propios intereses. Son cerca de doce mil indígenas que han aprendido a organizarse porque se han visto obligados a llenar los vacíos del Estado. Sin embargo, esta independencia no debe ser malinterpretada. En medio de una pandemia, los achuar necesitan que el Estado se haga presente. Que las autoridades ecuatorianas no volteen solo a verlos cuando desean sus recursos naturales. Que la carretera sirva para recibir las pruebas PCR y medicamentos que necesitan y no solo para ver partir las maderas de sus árboles. Mientras esto sucede, Domingo Peas le agradece a diario a Arutam, el espíritu de la selva y de todos los ancianos que ya no están con ellos, que ningún achuar haya muerto por COVID-19. 


Chile: los rapanui recuperan la tranquilidad de su isla durante la pandemia

Por Paulette Desormeaux

En los últimos veinticinco años, el desarrollo de Isla de Pascua se sostuvo gracias a la visita masiva de turistas que llegaron a conocer al pueblo rapanui y el misterio de sus moais. Hasta que en marzo de este año la pandemia obligó a cerrar sus fronteras derrumbando gran parte de su economía. Lejos de considerarlo una desgracia, los rapanui han sabido adaptarse a la crisis apoyándose en su cultura milenaria.

Coronavirus, Chile

En 2019, Isla de Pascua recibió a 120 mil turistas, un número diecisiete veces mayor a la población del lugar. Foto: Turismoi.cl

Cuando en 1993 el actor Kevin Costner aterrizó en Isla de Pascua, llevó con él a un equipo de actores de Hollywood y millones de dólares a un lugar donde no solía llegar casi nadie. En la isla más alejada del mundo todos recuerdan ese año, porque Rapa Nui —la película que Costner produjo— marcó el inicio de una era que revolucionó su economía. Desde entonces empezaron a llegar cientos de turistas ansiosos por conocer su historia y el misterio de los novecientos moais: las enormes figuras de piedra con forma humana, esculpidas hace siglos de la cantera de un volcán. 

En los últimos veinticinco años, los rapanui han ofrecido su cultura como un producto turístico orientado a satisfacer a europeos, rusos, estadounidenses, asiáticos y continentales, que han llegado de forma masiva para tener una experiencia única en medio de la polinesia. Aunque la isla es tan pequeña que basta una hora y media para rodearla en vehículo, el año pasado recibió a 120.000 visitantes, un número diecisiete veces mayor a la población del lugar. Sólo en febrero último, se calcula que más de ocho mil turistas viajaron para asistir a la Tapati, el festival cultural en donde se despliega un espectáculo exótico de carros alegóricos, canotaje ancestral y competencias de caza submarina que terminan en la coronación de los reyes Rapa Nui. El éxito turístico y económico ha sido tan rotundo que les ha permitido vivir bien por años: muchos han creado negocios que nunca antes estuvieron en manos rapanui, como empresas de carga aérea o supermercados, han comprado autos de lujo como Land Rover de último modelo, o se han ido de vacaciones a lugares como Europa o Tahití. 

Pero el domingo 15 de marzo todo cambió. Los contagios de COVID-19 se esparcían por el mundo aceleradamente y los rapanui temían que la pandemia llegara a su isla, ubicada a más de 3.800 kilómetros del continente y donde sólo hay tres ventiladores mecánicos para los casi ocho mil habitantes. Ante la inacción del gobierno chileno, en el mismo aeropuerto donde hasta entonces recibían a cientos de turistas con collares de flores y música polinésica, un grupo liderado por mujeres protestó con pancartas en idioma rapanui e inglés, exigiendo que no aterrizara ningún vuelo comercial más. 

La medida fue efectiva: a cuatro meses del cierre de la isla se han registrado sólo cinco contagios. El problema es que sin turismo el 80% de la economía se desplomó a cero y no hay señales de que pueda reactivarse en el corto plazo. Sin embargo, el hecho de que se quedaran sin su principal fuente de ingresos no ha afectado su subsistencia. A diferencia quizá del resto del mundo, la pandemia no ha sido una desgracia para ellos. 

“Los rapanui no necesitamos dinero para sobrevivir bien”, dice alegre Hotuiti Teao, un conocido modelo y dueño de un hotel boutique, quien es también director de la Cámara de Comercio de la isla. “Es tan simple como agarrar un candado, cerrar el hotel y salir a pescar —explica—. De hambre no vamos a morir”. El mar siempre ha traído abundancia, pero ahora con la pandemia los rapanui pueden disfrutar incluso de langostas y atunes de aleta amarilla, que antes solo capturaban para vender a los turistas porque son especies muy cotizadas. 

No solo se proveen del mar sino también de la tierra fértil de la isla, en donde crecen fácilmente camotes, zapallos, mandioca, plátano, mango, guayaba. Por ser un territorio indígena, los rapanui son los únicos dueños del suelo que pisan y además están exentos de pagar impuestos. “Acá la gente nunca va a pasar hambre porque todas las familias viven en comunidades y tienen cultivos”, asegura Anakena Passalacqua, una mujer de 35 años que creó una fundación ambiental en la isla. “No existe pobreza como en el continente”, agrega. Desde marzo, los rapanui han hecho ollas comunes y curantos  —un plato milenario que se prepara en un hoyo en la tierra entre piedras volcánicas— para compartirlos con quienes más lo necesitan. Eso ha sido clave para la subsistencia durante la pandemia, sobre todo de continentales que quedaron sin trabajo, ya que ellos no tienen tierras y no pueden cultivar sus propios alimentos. Para Leonardo Pakarati, quien trabajó en la película de Costner y hoy tiene su propia productora audiovisual, compartir está en la esencia de la identidad de su pueblo. “Ser Rapa Nui es saber pescar, saber correr, saber plantar, saber tomar agua de lluvia. Y es saber que cuando no queda nada, siempre queda algo. Y que cuando algo queda, queda para todos”, explica.

Mientras que en las ciudades se educa a las personas a que la comida se adquiere con dinero, en Isla de Pascua los rapanui aprenden desde niños a cazar, cultivar y pescar para subsistir. En una comunidad cuya supervivencia no depende de generar ingresos, la principal preocupación ante una pandemia sólo consiste en evitar los contagios. 

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Por primera vez en décadas, no hay visitantes en la isla a quienes atender y los rapanui han aprovechado esto para convertir la crisis en una oportunidad de desarrollo. Frente a los 4.200 desempleados que se calcula dejó el colapso de la economía, el alcalde del lugar creó un programa de empleo de emergencia, basado exclusivamente en el trabajo comunitario y la sustentabilidad. Hoy son 1.200 personas contratadas para plantar flores y árboles, abrir nuevos senderos de trekking, pintar colegios y asistir a los adultos mayores. Algunos bucean para limpiar los desechos que contaminan corales y montes submarinos. Otros recogen la basura de las playas que dejó el turismo y separan toneladas de botellas de cerveza, vino y latas de bebida. “Un lugar con una cultura milenaria prestigiosa en el planeta no puede estar acumulando cerros de basura o de escombros dice el alcalde Pedro Edmunds. Por eso también estamos procesando lo reciclable, para tener la isla preparada y lista cuando abra el turismo”. 

Otro proyecto que el municipio implementó para enfrentar la crisis es el de huertas domiciliarias, que se enmarca en un programa de soberanía alimentaria de Naciones Unidas que la pandemia adelantó. Este consiste en la entrega de catorce variedades de vegetales, como tomate, lechuga, pepino y zapallo italiano, a todas las familias de la isla. La idea es que, más allá de la crisis sanitaria actual, todos los rapanui sean capaces de cultivar y comer lo que cosechan sin necesidad de un minimarket o una verdulería. Aunque la mayoría de ellos sabe cómo sembrar una hortaliza, hasta hace unos meses gran parte de los hogares no contaba con un huerto. Hoy ya se han instalado en 350 viviendas y el alcalde asegura que de aquí a fin de año los tendrán en todas las casas de la isla.

Hasta antes del cierre del turismo, muchos productos venían del continente. Algunos de ellos son esenciales y siguen llegando en barcos y aviones, porque no pueden producirse en la isla, como la bencina o los medicamentos. Pero también se traían frutas y verduras. “Todo dependía del avión. En los dos vuelos diarios llegaban unas treinta toneladas y muchos nos preguntábamos por qué teníamos que andar trayendo desde el continente alimentos que perfectamente se podían dar acá”, comenta Hotuiti. El empresario turístico espera que una vez que se abran las fronteras, la gente siga cultivando vegetales para que provean ellos mismos a los hoteles y restaurantes, que antes compraban en los mercados de Santiago. Así ese dinero podría quedarse en la isla.

“El mundo ya cambió y tenemos que adaptarnos a esos cambios”, reflexiona Camilo Rapu, presidente de Ma´u Henua, la comunidad indígena que administra el Parque Nacional Rapa Nui, cuyo ingreso depende directamente del turismo. El año pasado, Ma´u Henua recibió más de 5,5 millones de dólares por el pago de entradas al parque. Rapu dice que el 70% de ese monto se gasta en el sueldo de las trescientas familias que trabajan ahí. 

Como no hay turistas, la comunidad no ha podido generar ningún ingreso. Por eso están desarrollando un proyecto llamado Plan Umanga, basado en un principio ancestral rapanui que había quedado relegado por la vorágine del turismo: trabajar juntos por un fin común. “Nuestra visión es volver a nuestros orígenes para poder diversificar los ingresos y no ser tan dependientes en el futuro de una sola industria”, comenta Rapu. Como parte del plan, han empezado a rescatar los productos que les ofrece la isla y proyectan exportar aquellos que no se encuentran en Chile continental, como las piñas o la miel autóctona que hay en 200 puntos del parque. También han vuelto a cultivar y recuperar plantas con las que sus ancestros sobrevivían. “Antes las teníamos de adorno, pero ahora las vamos a cosechar”, explica. 

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Luego del cierre del turismo, una de las prioridades de los rapanui es limpiar el fondo marino para proteger su ecosistema. Alrededor de la isla más remota del mundo habitan corales, morenas, tortugas y tiburones. El 77% de sus peces son endémicos del lugar. Fotografía de la Municipalidad de Isla de Pascua.

La comunidad indígena quiere que se reactive el turismo, pero le preocupa el desgaste y sobrecarga de los sitios arqueológicos del parque. Uno de los problemas que tenían antes era que, cuando llegaba un crucero, bajaban mil turistas que visitaban la isla en solo uno o dos días. “Orongo, donde está el Hombre Pájaro, tiene una capacidad máxima de setenta turistas por grupo y entraban mil”, explica Rapu. Por eso otra de las medidas del Plan Umanga es proyectar una nueva ruta de ecoturismo con visita a cultivos de piña, plátanos, maracuyá y mañoca. “Para que no vean puros moais y así disminuimos la carga de visitación de los otros puntos turísticos”, dice el hombre que administra el Parque Nacional. 

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Sin la estridencia de los shows de música y de baile, el sonido de las motos, los concurridos paseos turísticos y los restaurantes llenos, los rapanui se han vuelto a encontrar en la tranquilidad de una isla en silencio. “Es como cuando apagas la radio en una fiesta. No hay música, entonces todo tiene otra velocidad”, explica el cineasta Leonardo Pakarati, quien hace diez años fundó el primer periódico de la isla: El Correo del Moai .

Antes de la pandemia, él casi no podía hablar Rapa Nui porque había mucha gente de fuera de la isla. “Ahora he vuelto a hacerlo, porque me he encontrado de nuevo con mis primos, con mis amigos que están con tiempo”, cuenta. Leonardo también ha vuelto a ver a familias juntas pescando, cocinando en la playa y haciendo fuego. “Yo no echo de menos a los turistas”, dice con determinación. Para Carlos Edmunds, presidente del Consejo de Ancianos que reúne a los 36 clanes de la etnia, antes los rapanui solían estar ocupados y mecanizados por el turismo: “La gente no podía ni conversar. Ahora en cambio estamos mucho mejor”. A su juicio, el ajetreo de la llegada diaria de huéspedes y la preocupación constante de poder ofrecerles una experiencia cultural memorable, los mantenía desconectados.

En el último cumpleaños de su sobrino, el empresario Hotuiti se dio cuenta de algo importante. Estaba toda la familia reunida comiendo curanto y sus primos empezaron a tocar ukelele y guitarra. Compartir ese momento con el turismo activo habría sido muy difícil. En ese entonces todos cantaban en shows folclóricos o cenas que necesitaban música ambiental rapanui, y nunca lo hacían simplemente para pasarlo bien. “Estábamos desconectados al servir a pasajeros que venían, les dabamos un servicio, pagaban y se iban. Pero gracias a la pandemia hoy día la gente está disfrutando de estos momentos”, dice el dueño del hotel Harenua, quien antes solía ofrecer  desde puestas de sol románticas y cabalgatas al volcán, hasta “matrimonios ancestrales”: ceremonias en cavernas privadas con vista al mar, donde todos se visten con atuendos de plumas y fibras e invocan a los ancestros para dar prosperidad a la unión.

Muchos rapanui piensan que cuando vuelva el turismo no debería ser la industria de antes, sino una menos masiva y estridente. La crisis sanitaria ha cambiado sus prioridades: les ha hecho ver que prefieren el bienestar de la comunidad antes que el éxito económico. Ahora están enfocados en diseñar un modelo de desarrollo que no se centre sólo en el dinero, sino en la calidad de vida de su comunidad. Al fin y al cabo, antes de la explosión del turismo ellos ya sabían vivir con menos. Leonardo Pakarati, por ejemplo, recuerda que cuando era niño en la isla no había zapatos. Tampoco latas para los techos, ni ladrillos, ni cemento, ni autos, ni motores, ni lanchas, ni televisión. “No había nada. Estábamos nosotros, nuestras cuevas, las casas en las que vivíamos, muchas veces hechas de chapas metálicas, y los botes que construíamos para ir a pescar. Y éramos inmensamente felices  —asegura—. Nosotros sabemos, lo hemos vivido: se puede vivir con la misma dignidad siendo el mismo tipo de persona con o sin dinero, con o sin auto, en una cueva o en una casa”.

Desde que poblaron la isla, los rapanui han sobrevivido a guerras intertribales, expediciones esclavistas y epidemias que introdujeron extranjeros, como la lepra o la viruela, y que mataron a cientos de personas. En el año 1000 —su época de apogeo— llegaron a ser diez mil rapanui. Pero antes de firmar el tratado de anexión con Chile en 1888, la población había disminuido a sólo 111 personas. “Nosotros como pueblo originario hemos sobrevivido más de 1.600 años porque hemos aprendido a adaptarnos. Hoy somos la descendencia de esas 111 personas, entonces comprendemos bien la situación que está viviendo el mundo”, dice Camilo Rapu, el presidente de la comunidad indígena que lidera el Plan Umanga.

Para que las nuevas generaciones mantengan esa historia, todos los años, en los mismos buses turísticos, Leonardo Pakarati lleva por la isla a los niños escolares y les enseña los nombres de los lugares, las leyendas y las familias que eran dueñas de cada territorio. Como por el desarrollo turístico en Isla de Pascua hay gente de todo el mundo, en esos buses van niños rapanui, pero también japoneses, chinos y americanos. En el último viaje antes de la pandemia se cruzó un ternero por delante del bus. “Un niño del continente me dijo: Tío mira que está linda la vaquita. Y otro niño me dijo en rapanui: Viejo, métela a la olla para comer. Un niño ve un peluche y otro ve el almuerzo. Esa es la cultura. Son sutilezas, pero ese matiz cultural te da herramientas y miradas distintas sobre las cosas”, explica Leonardo. 

Para Camilo Rapu es esa cultura la que explica que puedan subsistir de forma autónoma en medio del coronavirus: “Estamos en un sistema globalizado que no tiene más de cien años donde todo depende de las tarjetas y la plata. En cambio nosotros, los pueblos originarios, hemos aprendido a sobrevivir solos a lo largo de 1.600 años de historia. Eso es mucho más fuerte que un siglo de globalización. Por eso la sustentabilidad, no solo de la isla, sino del planeta, depende de los pueblos originarios”. Por su parte, Leonardo está convencido de que ellos tienen algo que enseñar. “Ese algo son siglos de adaptación. De salir de un continente al otro lado del Pacífico, de aprender a navegar, de aprender las estrellas, de aprender qué pescado había que seguir si es que querías llegar a otra isla. De crear finalmente una cultura”, dice el cineasta. Superar distintas adversidades moldeó el carácter y la identidad de los rapanui. Luego de siglos de aprendizaje, la pandemia que ha puesto en jaque al mundo no ha podido estremecerlos. Todo lo contrario: los ha impulsado a conectar de nuevo con sus raíces para repensar juntos el futuro. 


Venezuela: el éxodo de los waraos los deja sin un lugar seguro frente al COVID-19

Por Shari Avendaño , María Victoria Fermín y Edgar López

Los waraos son el segundo pueblo indígena más numeroso de Venezuela. A partir de 2016, recorren cerca de 500 kilómetros desde el Delta del Orinoco hacia Brasil en busca de una vida menos riesgosa. Sin embargo, la crisis sanitaria por el coronavirus los ha dejado sin lugar donde guarecerse.

Coronavirus, Venezuela

El 11% de la población total de los waraos en Venezuela ha migrado a Brasil. Bruno Mancinelle

Mientras que al mundo entero se le recomendaba quedarse en casa para evitar el contacto con un nuevo virus letal y contagioso, los waraos, la segunda etnia más numerosa de Venezuela, no tenían un lugar seguro para confinarse. Son los habitantes más antiguos del estado de Delta Amacuro, al noreste venezolano. Un pueblo originario que se formó a orillas del río Orinoco, el más grande del país, y que subsistió por siglos gracias a la pesca. Warao significa “gente de agua”. Aunque como toda comunidad indígena, su identidad y cosmovisión están muy relacionadas con la tierra que habitan, en el 2016 los waraos no tuvieron más opción que huir en un éxodo masivo hacia la frontera con Brasil.

En realidad, los nativos del Delta Amacuro migran desde la década de los sesenta, cuando empezaron las políticas arbitrarias de control hidrográfico, como el cierre del Caño Mánamo, que cambió el curso natural de uno de los brazos del río Orinoco, salinizando sus aguas y empobreciendo la calidad de sus suelos. Además, aparecieron epidemias como el cólera, la malaria y el sarampión, que golpearon ferozmente a sus pobladores. Sin embargo, fue la crisis venezolana que desató el gobierno de Hugo Chávez, lo que multiplicó la migración. Miles de waraos se encontraron sin alimento, atención médica ni empleos para sobrevivir. En la actualidad, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Brasil viven más de cinco mil indígenas venezolanos. El 66% son waraos. Se calcula que el 11% de la etnia ya se ha mudado al país vecino. Lamentablemente, durante la pandemia, ya sea en Venezuela o en Brasil, los waraos se encuentran en peligro constante.

Los waraos en Delta Amacuro

La cuarentena nacional que se mantiene en Venezuela desde el 17 de marzo acarreó mayores dificultades para las comunidades waraos, sobre todo las más alejadas de Tucupita, capital del estado de Delta Amacuro. 

La mayor preocupación de la Pastoral Indígena del Pueblo Warao, una orden misionera de la Consolata, es la restricción del comercio y transporte de alimentos. Algunos waraos tienen sembradíos de ocumo o plátano, pero su consumo único y repetido les causa problemas estomacales. El rendimiento agrícola es mínimo en esta zona por la calidad de sus suelos. Además, los waraos beben agua contaminada por el proyecto de minería a gran escala que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro, el Arco Minero del Orinoco, que también ha mermado la actividad pesquera de los nativos de la zona. En 2019, cuando el Programa Mundial de Alimentos hizo una evaluación de seguridad alimentaria en Venezuela, el mayor índice de riesgo (21%) se registró en Delta Amacuro.

Por eso, muchos waraos se ven obligados a navegar en curiaras, unas canoas características de esta etnia, durante cuatro o cinco días hasta llegar a la población de Barrancas y conseguir productos de primera necesidad como harina de maíz, arroz y pasta. Esto sin contar que el comercio en esas zonas solo se maneja con dinero en efectivo, que también escasea en Venezuela, o en dólares a los que la mayoría de los indígenas no tiene acceso. Durante la cuarentena, algunos artesanos waraos han realizado trueques de alimentos por el valor de sus piezas. Los compradores mayoristas ya no los visitaban y no encontraban otra salida para aplacar el hambre. 

Aunque experimentan a diario las consecuencias, desde la Pastoral Indígena consideran que el 80% de las comunidades warao desconoce la gravedad del nuevo coronavirus y cómo prevenirlo. En la página web del Ministerio de Pueblos Indígenas se invita a leer un libro titulado “Consejos basados en la ciencia del manual de prevención de coronavirus que podrían salvar su vida”. Lo han traducido del chino al español pero aún está pendiente la traducción a lenguas originarias, como el warao. Mientras tanto, el gobierno mantiene colgado un manual en línea para ayudar a los indígenas que ningún indígena puede leer.

Esa falta de empatía no es un resultado repentino de la crisis sanitaria. En el total de ciento noventa y cinco notas de prensa publicadas entre el 9 de marzo y el 6 de julio en el sitio web covid19.patria.org, a través del cual el gobierno nacional informa sobre la pandemia, no aparecen las palabras indígena, warao ni alguna otra que sugiera que el Estado toma en cuenta la identidad y las necesidades de sus pueblos originarios al crear las políticas públicas para prevenir el COVID-19. 

Por eso, los wisidatu, los curanderos waraos, están combatiendo al nuevo coronavirus con la misma estrategia con la que enfrentan otras siglas desde hace años. Al igual que el VIH/Sida, la COVID-19 para los waraos es una jebu, una enfermedad que afecta a muchos y que la trae un mal viento. Y las jebus se eliminan con un canto ritual al que llaman joa.

iji Majanoko wanaka, ji majanoko wanaka…

[No toques mi casa, no toques mi casa]

Dibunokoneijikemonaru, kemonaru.

[Escucha y vete lejos de nosotros, vete lejos de nosotros]

Esta joa fue recopilada y traducida por el sacerdote Josia Kokal, de la orden de la Consolata, quien ha acompañado y seguido a la etnia desde hace más de una década. Para este misionero, los waraos tienen más posibilidades de que el viento escuche sus ruegos que el gobierno. La gestión de Nicolás Maduro ni siquiera se ocupa de la mayor amenaza para la salud de esta comunidad, el VIH/Sida, menos sabrán que hacer ahora con una nueva enfermedad. 

Aunque la prevalencia del VIH ha disminuido en los últimos años, el infectólogo Mario Comegna recuerda que algunas comunidades warao, como Jeukubaka, fueron totalmente diezmadas por el sida. Y los que aún están enfermos, confirmó a Salud con Lupa, no reciben actualmente un tratamiento integral. Flor Pujol, viróloga molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, explica que la asistencia espasmódica del Estado es contraproducente: “Si el tratamiento con antirretrovirales, que es de por vida, no se administra con regularidad, resulta peor que la enfermedad. Si lo comienzas a tomar, pero lo interrumpes, el VIH crea resistencia”.

A este historial de abandono de atención médica por parte del gobierno, ahora se le suma una pandemia. En el municipio Antonio Díaz, uno de los cuatro que integran el estado de Delta Amacuro, existen tres ambulatorios tipo II para atender a más de quinientas comunidades. Allí no hay médicos permanentemente; apenas personal de enfermería que no cuenta con los insumos para tratar casos de COVID-19.

La acogida en Brasil

Brasil ha sido felicitado por la Acnur por la bienvenida que le ha brindado a los migrantes y refugiados venezolanos que huyen del país. Dicho reconocimiento se fundamenta en la validación de la definición ampliada de persona refugiada, establecida en la Declaración de Cartagena, y su incorporación a la legislación brasilera. Ello facilita la regularización de la situación migratoria y el acceso a bienes y servicios públicos esenciales de los venezolanos, entre ellos los waraos.

El 8 de julio, el presidente Jair Bolsonaro firmó una ley para prevenir la propagación del COVID-19 entre los pueblos indígenas. Esta nueva normativa crea un plan de emergencia. “Ofrece monitoreo diferenciado en casos de complejidad media y alta, en centros urbanos, con la construcción de hospitales de campaña en los municipios cercanos a las aldeas, la contratación de emergencia de profesionales de la salud y el suministro de ambulancias para el transporte, ya sea por río o por tierra o aéreo”, explica Agencia Brasil. Sin embargo, Bolsonaro no acogió las propuestas del Senado para garantizar a los pueblos indígenas acceso a agua potable, distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y desinfección de los lugares que habitan. El presidente de Brasil también vetó la garantía de acceso a unidades de cuidados intensivos.

Huir a Brasil en procura de mejores condiciones de vida no ha sido una solución sostenible para los waraos. Y menos en el contexto de la pandemia, pues Brasil es el país de América Latina con mayores registros de personas contagiadas y fallecidas por COVID-19. Según la Acnur, nueve indígenas venezolanos han muerto por esta enfermedad en lo que va del año. La neumonía es la principal causa de mortalidad (24%) entre los que huyen a Brasil. Otro 8% muere de tuberculosis. Ambas enfermedades respiratorias que afectan a los waraos son condiciones de salud preexistentes que los dejan aun más frágiles frente al nuevo coronavirus. 

La cuarentena en los albergues

El pasado 7 de mayo, el Ministerio Público Federal de Paraíba,  un estado brasileño, confirmó que cuarenta waraos alojados en el Centro Social Arquidiocesano San José, en la localidad Joao Pessoa, habían contraído COVID-19. Las personas contagiadas fueron trasladadas y confinadas en el Centro de Actividad y Ocio Padre Juárez Benicio Gramame. La mayoría presentó síntomas leves. La más grave fue una mujer con treintaiún semanas de embarazo, que requirió cuidados intensivos, pero logró superar la enfermedad. No se registró ningún fallecido. 

Según el antropólogo brasileño, Jamerson Lucena, el Centro Social Arquidiocesano es un espacio conformado por tres casas arrendadas por la representación de la iglesia en la región. En cada hogar hay aproximadamente cuarenta personas. Antes de que se habilitara este espacio, algunos de ellos vivían en albergues improvisados y en casas pequeñas. Casi todos los waraos en el estado se encuentran bajo la responsabilidad de este abrigo, que se sostiene gracias a donaciones particulares, la Fundación Nacional del Indio, el Ministerio Público Federal y otros socios. El espacio cuenta con cocina, cuartos de baño, dormitorios y un lugar para orar. 

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Un grupo de niños waraos en el albergue Kaubanoco en Boa Vista, Brasil. Bruno Mancinelle

Por lo general, los waraos que llegan a Brasil inicialmente se instalan en espacios no aptos para residir y menos en tiempos de pandemia. Por ejemplo, el defensor público federal de Pernambuco, André Leão, dijo a Salud con lupa, que un grupo de aproximadamente cuarenta waraos ocupó una casa abandonada en Rua da Glória, en Recife, que Defensa Civil había declarado inhabitable por riesgo de colapso. La representación diplomática en Brasil del gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, ha hecho esfuerzos para trabajar con las autoridades de ese país en la asistencia de los indígenas venezolanos, incluyendo los waraos.  

La embajadora María Teresa Belandria informó que han elaborado cartillas con información sobre las medidas de prevención del COVID-19 traducidas al warao, al español y al portugués. Además, han distribuido aproximadamente diez mil tapabocas. Belandria refirió que la mayoría de  los waraos mayores de dieciocho años han obtenido documentos de identidad expedidos por las autoridades brasileñas. Ello les ha permitido recibir la ayuda de emergencia dispuesta por el gobierno federal: seiscientos reales (110 dólares) por mes, la cual estuvo vigente hasta el pasado 30 de junio. 

Solo hogares temporales

El zumbido de los mosquitos, los ronquidos de los vecinos y el llanto de algún recién nacido podían interrumpir el sueño en la cancha de la Escuela Municipal Carlos Gómez, en Manaos, capital del estado Amazonas. Hasta el 11 de junio de 2020, veintiséis familias ocupaban este espacio que se usó como albergue para los waraos. Allí, entre un bosque de hamacas, estuvo la cacica María Nieves junto a su esposo y sus siete hijos. Ella estaba encargada de velar por el bienestar de la comunidad y tratar, en lo posible, que el nuevo coronavirus no penetrara su hogar temporal. 

María recuerda las reglas: no se permitían peleas, consumir drogas o beber licor cachaza (bebida alcohólica de Brasil). En el contexto de la pandemia, se sumaron dos nuevas normas: no salir del albergue; y en caso de que fuera necesario, usar tapabocas. Muchos waraos se quejaban de la comida que les ofrecían en ese lugar, porque les causaba afecciones estomacales. Pero María expone otras razones para relajar las normas que ella misma repetía a los demás que debían obedecer.

Yo tengo dos niños pequeños. Algunas madres necesitábamos pañales, que no nos daban en el abrigo, como tampoco jabón ni pasta de dientes. Nosotros protestamos, pero nada. Salíamos a pedir a los brasileños, pero a ellos —los administradores del albergue— eso no les gustaba. Yo salí dos veces con mi hija de siete meses en mis brazos

El disgusto que refiere María se extendió a las autoridades locales: A los jefes de la prefectura no les gustó que salgamos y nos llamaron la atención. A mí me dijeron que tenía cuatro advertencias firmadas. Yo nunca firmé una advertencia. Al final, me sacaron del abrigo. Ellos me dejaron en la calle con mis siete niños”. María y todos los integrantes de su familia fueron expulsados. Un día antes, una de sus hijas pequeñas había sido dada de alta. La niña permaneció tres semanas en un hospital por neumonía. En solidaridad, ocho grupos también abandonaron el albergue. Durante dos noches durmieron apretados en la sala de un sobrino de la cacica. Luego, gracias al apoyo de Cáritas y del sacerdote Kokal, pudieron alquilar varios apartamentos. 

Ya más tranquila y en su casa provisional, el 2 de julio María recordaba a quienes dejó en Delta Amacuro: su mamá y cinco hermanas. Antes de la pandemia solía  enviarles cincuenta reales (casi 10 dólares) cada vez que le era posible, pero ya no puede. Por lo pronto, Cáritas les proporciona comida y productos de aseo personal para que no tengan que volver a mendigar  en la calle. Aunque los waraos ya no estén en sus comunidades de origen, su conexión sigue intacta. Como la mayoría de migrantes, su vida se dividió en dos desde el momento en que decidieron partir. Hace unos días, una de las hermanas de la cacica María que permanece en Venezuela, la llamó por teléfono. Le dijo que necesitaban ayuda, tanto o más que ella, al otro lado de la línea.


Guatemala: una radio comunitaria traduce la pandemia a los mayas de Xenacoj

Por Alejandra Gutiérrez Valdizán

En Guatemala, más del 43% de la población habla al menos uno de sus veinticuatro idiomas originarios. Frente a un Gobierno que casi sólo se comunica en español, Radio Naköj ha transmitido en maya kaqchikel las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios en Santo Domingo de Xenacoj.

indígenas coronavirus

Un equipo de voluntarios transmite en idioma kaqchikel spots informativos sobre cómo prevenir el contagio por COVID-19. Foto: Willie de León

En Santo Domingo Xenacoj, un municipio del departamento de Sacatepéquez, una emisora radial ha ayudado a contener el impacto del coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, Radio Naköj viene transmitiendo breves historias con mensajes didácticos sobre cómo prevenir el contagio. Una suerte de mini podcasts que explican con gracia e imaginación cómo usar una mascarilla correctamente, la importancia de lavarse las manos o incluso estrategias de trueque para afrontar la crisis económica del COVID-19. En su naturaleza educativa, estos relatos radiales no solo juegan un rol imprescindible en la lucha contra el coronavirus, sino sobre todo frente a la escasa y deficiente información que viene del Gobierno. Desde que se registró el primer caso el 13 de marzo de este año, el presidente prohibió a los alcaldes informar a sus regiones sobre la pandemia. Toda comunicación se centraría en el Ministerio de Salud Pública, pero al cabo de unas semanas quedó demostrado que sus reportes eran por lo general limitados y que estaban llenos de vacíos. El argumento del Gobierno sonaba a una excusa improvisada: no daban información completa porque eso podía originar estigma contra los enfermos. Aunque un grupo de alcaldes desobedeció las órdenes e informó a sus pueblos de los casos detectados, en las primeras semanas el país caminaba a ciegas sobre el verdadero estado de la crisis sanitaria. En este contexto, la labor de Radio Naköj ha tenido un impacto real en los habitantes de la comunidad, quienes a partir de los spots y programas radiales han cambiado sus medidas de prevención. 

“Somos un equipo de cinco personas que llevamos más de cien días trabajando sin parar”, explica José Sián, cofundador de la radio que se creó en 2013. Sián tiene veintinueve años, es maestro de educación primaria urbana y trabaja como comunicador en la Asociación de Abogados y Notarios Mayas. Forma parte del consejo radial junto con otras seis personas de distintos oficios y profesiones, como tres maestros, un contador o un trabajador de seguridad. Además, hay un grupo de voluntarios que se dedica a la reportería, traducción de textos y locución. Desde el pequeño estudio con murallas verdes y un escritorio, ellos se encargan de producir spots informativos, realizar Facebook Lives, y transmitir toda la información en español y kaqchikel, el idioma maya que habla más del 85% de la población de Santo Domingo Xenacoj. 

A pesar de esta realidad lingüística, el Gobierno no suele comunicarse con eficacia en el idioma originario y eso genera distancia y desconocimiento en la comunidad. Por eso José Sián está convencido de que la información que ofrecen en kaqchikel ha ayudado al municipio a resistir a la pandemia. No lo hicieron solos, sino con el trabajo de otras diez organizaciones. “Desde el inicio hemos transmitido y traducido cada información oficial. También tomamos información en los medios alternativos o medios de análisis, como Nómada, Plaza Pública, Agencia Ocote, entre otras plataformas. Sacamos los análisis y comparamos con la información oficial y al final la traducimos al kaqchikel”, explica el cofundador, quien asegura que el consejo de la radio también consideró un protocolo de seguridad para los cinco comunicadores voluntarios que realizan la cobertura y las transmisiones. 

En el país, los primeros tres casos de coronavirus fueron detectados en San Pedro Sacatépequez, un municipio vecino, a nueve kilómetros de Santo Domingo Xenacoj. El virus se empezó a expandir hacia la capital y en el mismo departamento, pero tardó un par de meses en llegar a la comunidad. Durante abril y mayo el COVID-19 estuvo rondando a Xenacoj hasta que finalmente lo alcanzó a principios de junio. “En ese retraso de la epidemia, se puede decir que influyeron cuestiones geográficas y demográficas, pero estoy seguro de que también tuvo mucho que ver lo que hicimos en la radio y en las organizaciones comunitarias para contener al coronavirus”, explica José Sián. La emisora lanzó una cobertura que incluía noticias locales, seguimiento de las normativas de seguridad sanitaria y difusión de las medidas de higiene como el lavado de manos y el distanciamiento social. En su momento, también abordaron el tema de los migrantes: “Varios paisanos que fueron deportados de Estados Unidos han sido denigrados y excluidos. Por eso en la radio impulsamos su derecho a migrar y retornar a sus hogares con respeto y cuidado”, afirma. Hasta la fecha, la comunidad solo registra dieciséis casos confirmados en un territorio con más de doce mil habitantes.  

El idioma materno

En Guatemala el 43.8% de la población pertenece a pueblos indígenas. De todos ellos, más de un millón se identifica como maya kaqchikel. A pesar de esto, existe en el país una omisión del Estado para informar a las comunidades en sus propios idiomas. Es un olvido histórico que se evidencia también en los servicios de salud, la educación y todo tipo de protección social. Una investigación del 2015 del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reveló que el gasto público para pueblos indígenas fue del 2.2 del PIB, mientras que en el caso de mestizos y ladinos fue del 6.5 por ciento del PIB.

Aunque casi la mitad de los guatemaltecos habla en algún idioma originario, las grandes cadenas de televisión y radio se emiten en español. Según información pública, la pauta otorgada para la transmisión de mensajes de prevención registra que el Gobierno adjudicó todo el presupuesto a los canales televisivos y consorcios radiales que transmiten en español. Y nada para las radios locales o comunitarias.

Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con las mayores concentraciones de la propiedad de los medios de comunicación. Un monopolio en la televisión abierta y un oligopolio en las frecuencias radiales. Son pocas las radios con vocación comunitaria que poseen una frecuencia del Estado. No es casualidad entonces que durante la pandemia las políticas de comunicación hayan sido insuficientes. El Ministerio de Salud envía el material informativo a la Academia de Lenguas Mayas para que lo traduzca, pero luego no se sabe en qué medios se transmite ni el alcance de sus pautas. El Gobierno tampoco responde a los cuestionamientos sobre su estrategia comunicativa dedicada a la prevención. 

Para el académico Silvio Gramajo, especializado en temas de comunicación y derecho a la información, la labor difusora del Estado no ha permitido que las poblaciones indígenas estén al tanto de la situación y eso ha influido en las medidas de seguridad. “La información es incompleta, poco certera. Se han generado procesos amplios de incertidumbre. La comunicación presidencial no es coherente con los documentos legales (hay que esperar aclaraciones los lunes, al día siguiente de la cadena nacional). Prácticamente los documentos legales se convierten en productos comunicativos y eso es poco pertinente, pues el lenguaje no ayuda”, sostiene el Gramajo.

Por eso, en los municipios alejados de los cascos urbanos, las políticas de difusión recayeron en las autoridades locales. Sin embargo, en el caso de Santo Domingo Xenacoj “la comunicación de la municipalidad ha brillado por su ausencia. Ese papel lo ha tomado la radio”, asegura Sián. Pero no ha sido sencillo obtener los reportes oficiales para transmitirlos a la población kaqchikel. El cofundador de Radio Naköj afirma que el Ministerio de Salud, ente rector de la emergencia, nunca se comunicó con ellos. Solo recibieron alguna información a través de consultores del Ministerio de Educación y la Secretaría contra la Violencia, la Explotación y Trata de Personas (SVET). Con el único fin de mantener a la comunidad informada, la radio ha dedicado gran parte de su esfuerzo a difundir las medidas gubernamentales y municipales. Sin pretenderlo, se ha convertido en el portavoz más eficaz de las autoridades.  

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El grupo de voluntarios de Radio Nakoj se dedica a la reportería, traducción de textos y locución de spots. Crédito: Willie de León.

Sián explica que, aparte de la transmisión radial desde el estudio, también hacen coberturas en vivo. “Se entrevista a las personas sobre cuáles son sus necesidades, a las personas mayores se les pregunta en kaqchikel y se traduce al español. Por ejemplo, si hay un nuevo protocolo en el mercado municipal, hacemos un reportaje en vivo para que cada una de las comunidades esté informada. Si ocurrió algo importante que los bomberos o el puesto de salud estén dando a conocer, lo damos en español y en kaqchikel”. Sumado a esto, la radio ha diseñado estrategias para enfrentar la crisis económica y alimentaria, entre ellas la promoción del ancestral trueque: “Si no tenemos dinero, es posible intercambiar maíz por frijol, por ejemplo”, explica Sián. Otra práctica que la emisora viene recomendando es generar una soberanía alimentaria: es decir, instruir sobre la creación de huertos familiares con plantas medicinales y hortalizas. 

Sonia Margarita Sián Chile es maestra de educación bilingüe y trabaja en la traducción e interpretación de los contenidos en Radio Naköj. Ella destaca la alianza que se ha formado con otras organizaciones comunitarias como los bomberos, el personal de salud y la policía nacional civil. Junto con ellos se ha podido apoyar a las familias más necesitadas haciéndoles llegar alimentos durante la cuarentena. Esta campaña consiste en obtener “camiones y picops llenos de verduras y víveres” que los mismos voluntarios de la radio se reparten a diversos hogares de las zonas más alejadas del casco urbano. Asimismo, suelen pedir a su audiencia donaciones de equipos de seguridad para los bomberos y el personal del único centro de salud del pueblo. Y gran parte de los vecinos, asegura la maestra y traductora, no duda en colaborar. 

El oficio ilegal de informar 

Radio Naköj opera como decenas de emisoras en Guatemala: sin ser reconocida legalmente por el Estado. Esto quiere decir que no cuenta con la licencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones que otorga los permisos a partir de subastas públicas, una licitación en la que el costo final de una frecuencia se define por las ofertas de cada participante. Las asociaciones de radios comunitarias insisten en reclamar que tanto el Gobierno como las radios privadas las criminalizan: aseguran que se les persigue por el delito de uso ilegal de frecuencias radioeléctricas. Desde las emisoras tradicionales, se transmiten campañas en contra de las “radios piratas”. “Regular los medios comunitarios ha sido muy complicado”, explica Sián. “Venimos peleando casi veinte años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz. Peleamos para que los medios tengan su cultura y sus propios idiomas, nos amparamos en los estándares del derecho internacional y en la libertad de expresión”, sentencia Sián. 

No hay certeza de cuántas radios comunitarias funcionan en Guatemala. Algunas emisoras han logrado regularizar su situación, pero muchas de ellas operan en una especie de clandestinidad. Hay también radios, sin vocación comunitaria y con fines comerciales, que transmiten sin licencia. Para Silvio Gramajo, el primer problema reside en que el Estado no ha previsto una política para resguardar las emisoras como un bien público, sino solo como un objeto de negocio. Por otra parte, señala, “existe una complicidad entre el sector político y los dueños de las frecuencias comerciales para no abrir este espacio a las radios comunitarias, porque eso significaría menor inversión publicitaria para los privados”. Por lo tanto, concluye Gramajo, las autoridades deciden arbitrariamente a quién se lo dan y a quién no. 

En 2016, la Comisión Internacional de Derechos Humanos expuso que: “Desde el año 2000 y en reiteradas oportunidades, la Relatoría Especial de la CIDH ha recomendado a Guatemala adoptar un marco jurídico más justo e incluyente para la radiodifusión que pueda garantizar condiciones equitativas de acceso y de uso de las licencias, especialmente en los pueblos indígenas del país que históricamente han permanecido excluidos de la posibilidad de acceder y gestionar medios de comunicación”. La misma Corte pidió al Congreso del país aprobar la iniciativa de Ley 40-87, pero eso aún no sucede. “Para nosotros no es solo un papel. Significa algo mucho más allá: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a poseer nuestros propios medios”, sostiene Sián. 

Esta desprotección legal ha originado que Radio Naköj sufriera amenazas e intimidaciones el año pasado. Vehículos desconocidos solían rondar el local e individuos preguntaban por el presidente del consejo. Estos hechos coincidieron con la advertencia de que el Ministerio Público les había abierto una investigación. Ante esto, el consejo de la radio convocó a una asamblea con distintas organizaciones sociales y pusieron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos solicitando que se investigara su caso. Asimismo, activaron todo tipo de alianzas, locales, nacionales e internacionales. Pero luego de varios meses, cuenta Sián, no han vuelto a tener ninguna otra información. Él presume que el origen de estas represalias es el trabajo periodístico y fiscalizador de la radio: al fin y al cabo, la información crítica y veraz siempre acaba incomodando al poder. 

A pesar de estas persecuciones y de la falta de fondos económicos, la radio ha logrado mantenerse a flote gracias al constante esfuerzo de sus voluntarios. Pero también por una suerte de hermandad que existe con las demás emisoras comunitarias. “Los compañeros de otras radios nos comparten sus experiencias y eso nos ayuda a fortalecer nuestro trabajo”, cuenta Sián. Con la pandemia, todas ellas han afianzado el vínculo que los une desde hace décadas: crean redes de información —con los medios que comparten uno de los veinticuatro idiomas locales—, se imparten capacitaciones entre ellos e intercambian experiencias a partir de las cuales se generan alianzas colaborativas. 

La popularidad de Radio Naköj es muy grande en la comunidad. Aunque les dificulta medir su alcance, José Sián calcula que tienen unos tres mil o cuatro mil oyentes en Xenacoj, un tercio de toda la población, quienes suelen escuchar la radio en sus casas, en el campo y en las plantas de maquilas —un sistema de manufactura para exportación que no paga aranceles y que es la principal fuente de empleo en la zona—. En los últimos años, la radio se ha vuelto tan necesaria en la vida del pueblo que hoy es la principal fuente de información para sus habitantes. Por eso no llama la atención que animen al equipo con frases de aliento o pidiendo que sigan operando más allá de las adversidades. “Incluso algunos pobladores donan productos o recaudan dinero para que la radio siga funcionado”, cuenta Sonia Margarita Sián Chile. Les han donado pintura para el local, un dispensador de agua purificada, alimentos para sus talleres de capacitación, inciensos, mascarillas y hasta ropa usada, que venden para obtener dinero y pagar la luz o el alquiler del local. A pesar de un Estado que solo les pone trabas, el reconocimiento de la gente es para ellos la mejor recompensa y la prueba más evidente de que la información veraz y en su mismo idioma puede causar un impacto en los demás.  


Bolivia: la comunidad de Lomerío envasa una planta medicinal para enfrentar al COVID-19

Ante la falta de doctores y medicinas, los habitantes de San Antonio de Lomerío han tenido que recurrir a sus saberes ancestrales para calmar los síntomas del COVID-19. Hoy comercializan la infusión de kutuki, una planta que crece en su territorio, con la promesa de ser un remedio efectivo contra el virus.

coronavirus indígenas

Juan Parapaino Chuvirú, el principal promotor del kututi envasado muestra el producto.

Aunque todavía tiene dificultad para respirar, Juan Parapaino asegura que se sanó dos veces del coronavirus tomando una infusión. Hace aproximadamente un mes, cuando los cinco integrantes de su familia empezaron a tener síntomas de fiebre y dolor de cuerpo, reunieron en una olla hojas de paraíso, matico y un poco de miel para una preparación que alivió sus malestares. Sin embargo, cuando él tuvo una recaída incluyó también la planta kutuki en su tratamiento. “No sé por qué me dio de nuevo, tal vez por mi descuido, me puse a hacer cosas muy antes y, como ahora es más complicado, lo estamos combatiendo con el kutuki y una mezcla de hojas y raíces”, dice Parapaino, quien se considera a sí mismo un sobreviviente del COVID-19, esa enfermedad que “es como un resfrío, pero más fuerte”. 

Así como él, otros habitantes de San Antonio de Lomerío —un municipio ubicado a 250 kilómetros del departamento de Santa Cruz— empezaron a notar que la infusión de kutuki calmaba sus síntomas. Pronto, la reputación sanadora de este “potente macerado” se extendió por toda la comunidad. “Pensé que, si estaba funcionando, yo podría mejorar su propaganda y hacerle incluso una etiqueta”, cuenta José Parapaino, cacique mayor y hermano de Juan. Casi como un juego, diseñó una suerte de meme y lo subió a las redes sociales logrando una respuesta inmediata de la gente. José comenzó a recibir decenas de mensajes preguntando por el producto. Fue entonces que junto a su familia decidieron producir y envasar el macerado bajo la etiqueta: “Sabor original Kutuki, elaborado en San Antonio de Lomerío”.

En este territorio indígena, situado en el departamento boliviano más golpeado por el SARS-CoV-2, se registra hasta la fecha veintisiete casos positivos y dieciséis decesos. De esos, solo tres están confirmados con pruebas. Los demás son pobladores que fallecieron con síntomas de la enfermedad, según el Servicio de Salud de Santa Cruz. Sin embargo, las autoridades locales creen que la mayoría de la población, que comprende unos siete mil habitantes, estaría contagiada. A partir de mayo, decenas de indígenas comenzaron a manifestar fiebre y tos seca. Pero cuando iban a la farmacia no encontraban ningún medicamento para sus malestares. “La gente entró en pánico y desesperación. En la farmacia no había medicamentos y las colas de enfermos con problemas respiratorios eran más frecuentes”, dice José Chuvé, un joven de 37 años aficionado a las artes audiovisuales. 

En ese momento, recuerda él, los ancianos del pueblo recomendaron usar el kutuki, una planta que los más jóvenes habían dejado de consumir debido a su “horrible” sabor y a su olor tan fuerte que incluso irrita los ojos al tenerlo cerca. Decían que antiguamente el kutuki era una de las mejores alternativas para aliviar un resfrío. “Con eso se curaban antes de que aparecieran las medicinas”, dice Chuvé sobre los ancianos de la comunidad. Era muy efectivo para atacar los males respiratorios. Pero con el tiempo las nuevas generaciones, sin seguir la costumbre de los mayores, dejaron de consumirlo y empezaron a optar por la medicina occidental. En medio de la crisis sanitaria, sin embargo, los habitantes de Lomerío decidieron probar si el consejo ancestral funcionaba para este virus. Debido a su vínculo estrecho con la tierra, ellos siempre han recurrido a las plantas como una forma de combatir diversos males. Por lo general las preparan como una infusión simple y luego la beben en una taza o la utilizan para bañarse. También realizan nebulizaciones naturales agregando eucalipto. En el caso del kutuki, lo maceran con alcohol. “Ahora la gente lo bebe sin importarle el olor ni nada”, cuenta José Chuvé.  

Sin embargo, no hay una única receta para preparar esta planta. Cada familia lo hace de manera diferente, combinándola con otras hierbas de propiedades similares y recurriendo a los consejos de los abuelos. Ana María Chuvé, hermana de José, que aprendió las preparaciones “milagrosas” como tradición familiar, combate los primeros síntomas del resfrío mezclando el kutuki con otras infusiones. “Se machuca la albahaca, el boldo y el toronjil hasta que quede como un ‘masaco’ [masa compacta], se entibia y se toma un medio vasito, y luego sirve para bañarse. Con eso la persona está tranquila”, dice la mujer que asegura haber superado la enfermedad aplicando esta receta por varios días. 

Además de la medicina natural, hay familias que usan los medicamentos recomendados por los doctores para tratar los casos sospechosos de COVID-19, aunque acceder a ellos no sea rápido ni fácil. Flora Soqueré, una mujer indígena de 38 años que se dedica a las labores del hogar, explica que su principal tratamiento para curar a su esposo fue el eucalipto, pero también recurrió a la medicina occidental. “Es necesario tener más atención. Aquí en el centro de salud, por ejemplo, no había ni un paracetamol y lo único que hacíamos era preguntar al vecino si tenía una tableta en casa para tratar al que estaba mal”. Ante el desabastecimiento de medicinas, los nativos han acudido a lo más inmediato y cercano: la naturaleza. Saben que hervir plantas y beber infusiones no es una cura contra el coronavirus, pero que al menos podría aliviar algunos de sus síntomas, sobre todo si se complementa con fármacos. Su memoria ancestral los ha ayudado a enfrentar no solo esta pandemia, sino principalmente la desatención de un Estado que durante décadas no ha prestado atención a sus necesidades más básicas.  

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En Lomerío, el primer municipio indígena de Bolivia, solo existe un centro de salud que fue construido hace más de cuarenta años con recursos de la Iglesia Católica. Sin embargo, no tiene las condiciones de un hospital de primer nivel. Ahora, con la crisis, la situación se ha agudizado: dos de los profesionales médicos que trabajaban allí dieron positivo y tuvieron que ser llevados a la ciudad. Solo quedaron dos doctoras atendiendo a las decenas de personas que suelen acudir con síntomas de coronavirus. Un auxiliar de enfermería y otro de farmacia completan el equipo de salud. Rocío Chuvirú Peña, que asumió el cargo de directora interina, asegura que se han declarado “en emergencia sanitaria” porque sin los insumos adecuados es muy limitado lo que pueden hacer. Hasta la fecha han tomado treinta y nueve pruebas a los habitantes de la comunidad, pero solo han recibido el resultado de nueve: de esos, uno salió negativo. Como el procesamiento de estas muestras se realiza en la ciudad de Santa Cruz, los resultados demoran varios días en llegar a Lomerío. Para entonces, ya parece ser demasiado tarde: o el paciente se recuperó en base a la medicina natural o su estado se agravó. Cada vez resulta más común escuchar “murió con sospecha de coronavirus”. Las certezas no son una opción en este pueblo indígena.

Luego de varios meses de insuficiencia de personal médico, en las últimas semanas de junio lograron sumarse cuatro doctores del Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), dependiente del Ministerio de Salud, para colaborar con la atención y también realizar rastrillajes casa por casa en busca de asintomáticos y sospechosos. Ellos llevaron un tratamiento distinto a la comunidad: el uso de ivermectina para las etapas iniciales. Pero si el paciente presenta insuficiencia respiratoria, debe ser enviado a un hospital en Santa Cruz. El costo aproximado de un kit de medicinas que se suele ofrecer en la farmacia —básicamente, una mezcla de azitromicina, ibuprofeno, paracetamol, nastizol, aspirina e ivermectina—, está entre los veinte y cincuenta dólares. Pero en las últimas semanas se ha vuelto muy difícil acceder a estos remedios debido a la escasez y el sobreprecio.

Aunque el 48.9% de la población boliviana es indígena, el Gobierno ha tardado más de cien días en presentar un plan para auxiliar a los pueblos nativos del país. El pasado 8 de julio, la presidenta interina Jeanine Áñez hizo público el “Plan de Mitigación a los Efectos del COVID-19 para los pueblos indígenas de Bolivia”, con el que prevé llegar a sesenta y dos mil familias indígenas para fortalecer el sistema de salud con medicinas, equipos y personal, además de acciones encaminadas a reactivar la economía que fue afectada en gran parte por las restricciones de la cuarentena. 

Pero esta medida no tuvo la respuesta esperada. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), un organismo que se especializa en derechos humanos y en asesorar pueblos indígenas y organizaciones sociales, criticó que el pronunciamiento llegara tan tarde, sobre todo porque las asociaciones indígenas venían exigiendo desde abril distintas medidas al Gobierno. Las demandan se centraban en las áreas de salud para privilegiar la atención con las condiciones necesarias en sus propios territorios. En el caso de Lomerío, solicitaban implementar el centro con una ambulancia y otros equipos, además de brindar alimentos necesarios para acelerar la recuperación de los enfermos. Por último, pedían facilitar el acceso a los bonos, la distribución de la canasta familiar, la emisión de mensajes informativos en lenguas indígenas, entre otros. 

En contraposición a estas demandas, la propuesta del Gobierno expone de forma general la asistencia sanitaria. Y encima lo hace en un momento en que la comunidad ya tomó sus propias medidas ante la falta de acción de las autoridades. Aun así, se teme que si no hay un plan de contingencia diferente algunos grupos indígenas podrían correr peligro de etnocidio. 

Para el cacique general, Elmar Masaí Soqueré, la lentitud del Gobierno ha sido letal: recién se pronunciaron cuando ya habían muerto diez habitantes. En el proceso, además, se contagiaron todas las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Lomerío, una instancia conformada por representantes indígenas y actores civiles de la comunidad. Las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil fueron los primeros en ayudar con donaciones. “Como gobierno municipal, no contamos con los recursos para atender como quisiéramos a las comunidades. Necesitamos los equipos de bioseguridad, material desechable y medicamentos para cada atención. Los donativos nos sirve para paliar, pero necesitamos más para seguir luchando con este enemigo invisible”, afirma el cacique Masaí Soqueré.

Como municipio, Lomerío no genera sus propios ingresos: ningún habitante paga ni cobra impuestos porque cada uno es propietario de todo el territorio del pueblo. Esto se conoce como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), una propiedad colectiva en la que todos son dueños del suelo que pisan. Por eso siempre ha sido vital que el Gobierno asigne recursos para la salud y educación de Lomerío. Pero a lo largo de las décadas sus necesidades no han sido priorizadas y tuvieron que buscar la forma de enfrentar las adversidades. Según Felipe Quilla, director de Medicina Tradicional e Interculturalidad del Ministerio de Salud, el uso de las plantas medicinales y productos naturales en la pandemia han prevenido una “catástrofe” en las comunidades indígenas. Pero el peligro aún no ha desaparecido. Todo lo contrario: parece que crece con el paso de los días. 

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En un inicio, los pobladores de Lomerío no entendían muy bien qué era el COVID-19. Veían noticias en la televisión o escuchaban alguna que otra información por la radio y pensaban que ese virus que había salido del otro lado del mundo jamás los alcanzaría. A mediados de abril, cuando llegaron al pueblo los médicos del Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), pudieron conocer un poco más sobre el coronavirus. Mediante una exposición educativa, los especialistas repitieron lo que los pobladores ya habían escuchado en los medios de comunicación: para evitar el contagio, había que quedarse en casa, usar barbijos y lavarse las manos. Pero en un lugar como San Antonio de Lomerío, en donde no existe servicio de agua potable, estas medidas de prevención sonaban irreales.   

Fue recién con la primera muerte por COVID-19 que sintieron realmente que el virus estaba ahí. Como explica el cacique Masaí Soqueré, el contagio de los médicos hizo entender al pueblo que la enfermedad era un asunto grave. Eso significaba que los doctores habían atendido a pacientes con coronavirus sin saberlo y, por tanto, sin tomar las medidas de seguridad. Sin personal de salud, ni medicinas, ni pruebas de descarte, perdieron la confianza en las autoridades sanitarias. “En general, casi no nos sacamos pruebas porque hasta esperar los resultados ya nos hubiéramos muerto todos. Por eso combatimos el virus con remedios caseros”, asegura el cacique. También está el miedo a lo desconocido que impulsa a tomar otras decisiones como la de Juan Parapaino que, consciente de que es una enfermedad nueva, decidió no sacarse pruebas “porque nos llevan a Santa Cruz y de ahí nos traen muertos”.

Para Masaí Soqueré, las pérdidas de la comunidad son reflejo de una indiferencia sistemática. Como si fueran invisibles, el Ministerio de Salud no lleva un registro oficial de los contagios y decesos en los pueblos indígenas. La poca información que se tiene viene de organizaciones como el CEJIIS, la Red Indígena de Salud y los servicios departamentales, que realizan un monitoreo en las mismas comunidades. Mientras el Estado tarda en llegar, las muertes de los nativos van produciendo un duelo colectivo. “Si hay un muerto es porque nosotros no teníamos la información necesaria y no estábamos preparados y ahora evaluando, nos pesa. No debería haber ninguna muerte”, señala el cacique general.  

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Todo nació con un meme, pero muy pronto adquirió la seriedad de un emprendimiento inesperado. Presentados como jarabes, las botellas de kutuki han empezado a expandirse por toda la comunidad aliviando a los enfermos. “Le estamos dando el nombre de jarabe, pero así científicamente no podemos saberlo. Un doctor lo tomó y fue efectivo, y fue él quien nos propuso que se lo demos a la gente, sobre todo cuando no teníamos posibilidades de otros medicamentos y veíamos cómo todos nos íbamos enfermando”, asegura José Parapaino, el principal promotor de esta iniciativa. En la etiqueta se aclara la dosis en que debe ser consumida: 15 ml tres veces al día y su contraindicación para niños, personas con hipertensión y mujeres embarazadas o en lactancia. Si en caso encuentran medicinas en la farmacia, suelen complementar este tratamiento con ibuprofeno y paracetamol. 

Por el momento, están ofreciendo el producto en botellas de dos litros a un costo aproximado de catorce dólares. El envasado ha sido un problema, pues por las restricciones de la cuarentena no han podido acceder a otros recipientes más pequeños y cómodos. Aun así, tienen planes a futuro: preparar un jarabe para niños que no tenga alcohol, sino más bien un añadido de miel. Aunque la enfermedad no ha afectado a los más pequeños, lo consideran como una forma de prevención. 

“Nos gustaría tener una receta única y así ofrecer un solo producto. Sería bueno si tuviéramos una asistencia más profesional que nos ayude a mostrar las propiedades del producto. Si es con un estudio, mucho mejor. Porque el kutuki funciona de verdad, nos ha curado aquí en el pueblo”, asegura José Parapaino.

Por su parte, José Chuvé cree que el kutuki podría convertirse en un símbolo del pueblo que ayude a fortalecer su identidad. “La idea es liberar nuestros saberes y compartirlos con el mundo de forma colaborativa, que ése sea nuestro aporte a la sociedad” y alerta: “No quisiéramos que en un tiempo las farmacéuticas quieran patentarlo y luego nosotros tengamos que comprarles a ellos”.

Hoy en los hogares de Lomerío ya se ha vuelto una costumbre ofrecer infusiones de kutuki a los invitados. Se ha convertido en un consumo diario, en un tema de conversación en la mesa y también en un lazo que ha servido para unir a las generaciones en torno a un saber ancestral casi olvidado. En medio de la pandemia, esta planta volvió a nacer como respuesta a un Estado que insiste en no tomarlos en cuenta.  

Con la colaboración de Voces Indígenas Urbanas (VIU) .