El Consejo Nacional Electoral suspendió a cuatro organizaciones políticas: el Movimiento Fuerza Compromiso Social (organización con la que el correísmo participó en las elecciones seccionales de 2019); Podemos, (organización liderada por el exprefecto del Azuay, Paúl Carrasco); Libertad es Pueblo (organización política que liderada por Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno); y el partido Justicia Social (liderada por el Presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar).

La decisión fue tomada en la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral, el 19 de julio, porque, supuestamente, hubo irregularidades en cuanto a su “inscripción y entrega de personería jurídica”, según la Contraloría General del Estado. En la misma sesión el CNE notificó que los cuatro partidos tienen un plazo de diez días para “presentar sus pruebas de descargo” —es decir los elementos que probarían que el CNE no debe suspenderlos—. Solamente en caso de que los descargos sean aceptados por el CNE, podrían inscribirse en las elecciones presidenciales de febrero 2021, si no, quedarían definitivamente suspendidos. 

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La decisión se toma después de que la Contraloría General del Estado emitiera un informe en el que recomendaba al CNE realizar un procedimiento administrativo de control para revisar cómo fue el proceso de inscripción de estas cuatro organizaciones políticas porque, según la Contraloría, habría irregularidades. Según el informe emitido por la Contraloría, estas recomendaciones son de “obligatorio cumplimiento”. 

Solo tres de los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral, participaron en la sesión extraordinaria: Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero. Los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto no estuvieron en la sesión. Con los tres votos a favor de la suspensión, dijeron que las medidas cautelares para suspender a las organizaciones políticas “son necesarias, oportunas e idóneas” porque la inscripción de estas cuatro organizaciones políticas habían sido cuestionadas por la Contraloría General del Estado. Por eso si no se presentan las pruebas, los partidos quedarán “suspendidos del Registro Permanente de Organizaciones Políticas”. 

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El CNE decidió darles 10 días de plazo, acogiendo las recomendaciones realizadas por la Contraloría en agosto del 2019. Inicialmente el CNE no las cumplió pero la Contraloría emitió oficios de predeterminación de responsabilidades —documentos en los que se advierte posibles incumplimientospara los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que permitieron que estas cuatro organizaciones sigan inscritas. Y aunque el 23 de junio, en una rueda de prensa virtual, la presidenta Diana Atamaint dijo que “hay una clara intromisión” por parte de la Contraloría en las funciones que son competencia del CNE, el organismo electoral finalmente acogió las recomendaciones de la Contraloría. 

En una entrevista, Renato Espinel, secretario del Movimiento Compromiso Social, dijo que “en todas las redes sociales hemos hecho un comunicado conjunto, para reclamar esta ilegalidad de eliminar el Movimiento Compromiso Social”. Durante la misma entrevista, Espinel también dijo que “la contraloría no puede meterse en las funciones del CNE”. 

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Diana Atamaint, durante la sesión extraordinaria, dijo que están analizando iniciar un proceso de revisión de las actuaciones administrativas mediante las que estos cuatro partidos políticos “lograron inscribirse en los registros del CNE”.