La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha convocó el lunes 20 de julio por la mañana a una movilización a los miembros del sector de los taxis convencionales, ejecutivos y del transporte público en general en contra de una ordenanza del Municipio de Quito. La convocatoria fue a las 10 de la mañana en el Parque del Arbolito.
Según publicaciones en Twitter, los transportistas —incluyendo taxistas, conductores de vehículos de carga liviana y pesada y de transportes escolares e institucionales— están en el Parque del Arbolito, en la Avenida 6 de diciembre. La movilización también está ocupando calles en el sur de Quito, en el sector de Chillogallo.
El proyecto de ordenanza fue propuesto por el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas el 9 de julio en una sesión extraordinaria virtual del Concejo Metropolitano de Quito. Guarderas anunció que junto con la Comisión de Movilidad de la ciudad se decidió que se “prorrogaría la validez de los certificados de aprobación técnica vehicular del año 2019” solo para vehículos particulares. Para el transporte público y comercial es obligatorio cumplir con la revisión técnica de este año.
Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha, dijo que el objetivo de la movilización es exponer que el proyecto de ordenanza para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) del Municipio “es excluyente”.
Según Brunis, con la ordenanza “se promueve un trato desigual en el ejercicio de una vida digna porque han dejado de asegurar la salud de las personas que desde el principio de la pandemia estamos en primera línea”. Además, el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de la provincia, dijo que “son muchas las víctimas que se han perdido en el sector del transporte de Pichincha”.
Después del anuncio de la movilización, en una transmisión por Facebook Live, el vicealcalde Guarderas dijo que las dos revisiones a las que están obligados anualmente “se justifican por razones de seguridad y en protección a la vida”. En respuesta, Brunis dijo que más del 40% de transportistas “se han cuidado de no salir” desde el 16 de marzo porque son mayores de 60 años o tienen enfermedades crónicas. Con el proyecto de ordenanza, según Brunis, se está obligando a estas personas a salir, lo que podría significar “un contagio fatal para Quito”.
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Brunis dijo que lo que exigen al Municipio es que se “garantice el goce efectivo de sus derechos y que no se discrimine a nadie dentro de este proyecto de ordenanza”. Según datos del presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, en una entrevista para El Comercio, hubo entre 65 y 70 muertes de taxistas desde que comenzó la pandemia.
Además, Brunis dijo que si se aprueba el proyecto, “desde el día uno estará contando el número de contagiados y fallecidos, el Municipio tendrá que responder por cada una de sus vidas”. Sin embargo, en una entrevista para el noticiero de la mañana de Teleamazonas, el vicealcalde Guarderas, anunció “que no cederá a las presiones de los transportistas”, pero que tendrá una reunión con los dirigentes del sector para que expongan sus razones.
