La jueza de la Corte Nacional Dilza Muñoz dictó prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Manzur y una abogada identificada simplemente como Silvana V. El 26 de junio de 2020, la Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta de Twitter de la medida ordenada por Muñoz. La decisión se dio después de que la Fiscal General, Diana Salazar, les formulara cargos a ambos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Según el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el enriquecimiento ilícito lo cometen los servidores públicos y las personas con una potestad estatal que “hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función”. La pena para quienes sean senteiados por este delito es de prisión de siete a diez años.
En la audiencia, la Fiscalía expuso 42 elementos de convicción para sustentar su formulación de cargos. Entre ellos, el análisis de la información aportada por entidades del sector público y privado, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2018.
La Fiscal General fundamentó su acusación en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), donde se detalla una serie de movimientos inusuales en cuentas bancarias. Además de la adquisición de bienes inmuebles por parte del ex Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Según un comunicado de la Fiscalía “Lo que hace presumir un enriquecimiento ilícito, secundado por Silvana V”, dice un boletín de la Fiscalía. Manzur fue presidente de esa corte provincial entre enero de 2018 y fue suspendido en noviembre del año siguiente, cuando la Fiscalía le inició una investigación tras una denuncia presentada por el entonces Secretario Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda.
Según el boletín de la Fiscalía, el expresidente de la Corte Provincial del Guayas habría realizado transferencias, depósitos y pagos de dos bienes inmuebles adquiridos con créditos hipotecarios. Estas hipotecas habrían sido precancelados al poco tiempo, a través de cuentas de terceros y de compañías privadas, que habrían sido manejadas por la abogada en libre ejercicio Silvana V.
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Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Muñoz también ordenó la retención de cuentas de ambos procesados. Además, les prohibió enajenar bienes por un monto de 466.484,92 dólares, en el caso Manzur, y de 1’524.551,26 dólares, en el de Silvana V. La instrucción fiscal durará noventa días.
