Hoy, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de apoyo a las víctimas de tortura. Esta fecha se instituyó después de que el 10 de diciembre de 1984 la la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara su convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El 26 de junio de 1987, entró en vigor el tratado que prohíbe el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hasta hoy, 159 países han ratificado la convención.
La tortura es una violación atroz de los derechos humanos. Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es un acto que se se inflige “intencionadamente a una persona” a través de “dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona” . El derecho internacional prohíbe la tortura en todas las circunstancias. Sin embargo, se sigue torturando en muchos países —incluso en aquellos en los que se ha tipificado como delito.
El Artículo 14 de la Convención dice que los Estados deben velar porque las víctimas obtengan reparación. Esto abarca los medios para lograr la rehabilitación más plena posible de las víctimas, tanto si son adultos como si son niños. En el Artículo 39 de la Convención de los Derechos del Niños, se estipula que los Estados deban adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de los niños que han sido víctimas de la tortura.
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En un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados a adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de mecanismos de prevención y combate contra la tortura. Además dijo que en atención al contexto en las penitenciarías originado por la pandemia del covid-19, la comisión considera que estos mecanismos son cruciales para “la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, y para reducir la posibilidad de que esta población sea objeto de tortura o malos tratos en los centros de detención”.
