Catorce días duró la audiencia de juzgamiento del caso Arroz Verde, ahora conocido como Sobornos 2012-2016. La Fiscalía  explicó cómo mfuncionaba la estructura de sobornos y presentó las que considera sus pruebas para sostener que se cometió el delito de cohecho, del que acusó a 20 de los 21 procesados. Yamil Massuh, exasesor de Viviana Bonilla, quedó fuera de la acusación pues la fiscal Diana Salazar consideró que Massuh solo seguía órdenes. 

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Para todos los demás, incluído el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Alexis Mera, Walter Solís y Vinicio Alvarado, pidió la pena máxima más el tiempo considerado como agravante: ocho años de prisión. 

Durante su alegato de cierre —la intervención final en esta etapa del proceso—  Salazar explicó cómo, según la Fiscalía, funcionaba una “estructura criminal”. 

Salazar dijo que, a la cabeza de esa organización, como autor mediato—es decir quien dirigía— estaba Correa. Los ejecutores, afirmó, eran sus exministros Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís. 

El delito por el que los acusa es cohecho que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo cometen “las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado” para obtener un beneficio económico indebido “para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”. 

La Fiscalía sostiene que Pamela Martínez, asesora de Rafael Correa en la Presidencia de la República, recaudó más de 1 millón de dólares en efectivo y que utilizó la empresa Nexo Global (según su testimonio, por pedido de Jorge Glas) para recibir fondos de Odebrecht y otras empresas que pagaban sobornos a cambio de contratos con el estado.

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La Fiscalía explicó cómo funcionaba la estructura, según su investigación: los empresarios hacían pagos a distintos proveedores de bienes o servicios requeridos para Alianza País  —lo que la Fiscalía llama “cruce de facturas”—, a cambio de la promesa de obtener contratos estatales. A través de ese mecanismo, se habrían entregado más de seis millones y medio de dólares. Además, según la fiscalía, se habría entregado como parte de estos sobornos un millón de dólares en efectivo. 

Uno de los casos citados por la Fiscalía para explicar el cruce de facturas es el del gerente de la empresa Compuvisión que dijo que alquiló sus equipos a la Gobernación del Guayas en 2014, y que estos fueron usados en la campaña política de Alianza País, pero quien pagó la factura fue la empresa Metco. 

La Fiscalía también se apoyó en el testimonio de Enrique Carrera, que hizo un “trabajo audiovisual” para la campaña de 2014. Quien le pagó 17.500 dólares fue la constructora Hidalgo e Hidalgo. 

Cómo funcionaba la estructura de sobornos

La Fiscalía presentó sus pruebas para sostener la acusación de cohecho. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

Las facturas, según la Fiscalía, fueron extraídas de los computadores que estaban en la Presidencia de la República y que fueron utilizados por Laura Terán, la asistente de Pamela Martínez que registró todos los valores. Para este proceso legal se hizo una pericia para determinar la validez de la documentación extraída. La Fiscalía utilizó también varios correos electrónicos en los que Laura Terán, asistente de Pamela Martínez, adjuntaba cuadros de Excel con el detalle de los servicios que eran prestados, los montos, los nombres de los proveedores, las fechas y las empresas que deberían pagar la factura. 

Los exfuncionarios acusados niegan haber sido parte de una estructura delincuencial y apuntan a Pamela Martínez como la responsable de crear y manejar la estructura de cobros pues varias pruebas presentadas por la Fiscalía son facturas de Nexo Global, la empresa vinculada al esposo de Martínez, Jimmy Salazar.

La Fiscalía pidió que la pena que se aplica para los otros 18 procesados, sea reducida en 90% para Pamela Martínez y Laura Terán. En caso de que el tribunal acepte el pedido de la Fiscalía, ambas tendrían que cumplir nueve meses de prisión. Ambas estuvieron detenidas entre mayo y noviembre de 2019. Desde noviembre hasta la fecha cumplen arresto domiciliario.