Mientras los ministros de Salud, de Educación y de Inclusión Económica y Social se felicitaban por haber firmado el reglamento para la conformación del Comité Nacional Interministerial para la Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, en un colegio del sur de Quito hay más de 30 adolescentes madres y embarazadas. Son tantas, que le han pedido un lactario al Ministerio de Educación. La ausencia de una política pública ha hecho del Ecuador el país de América Latina con la tasa más alta de embarazos de niñas y adolescentes: 111 por cada 1000 adolescentes. La expedición del reglamento tardó un año y medio y, a pesar de entusiasmo burocrático, su efectividad es una incógnita abierta.
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El Ecuador ha intentado varias estrategias para reducir el embarazo adolescente. Encabezar el ranking de ese grave problema social en toda la región es la evidencia palpable de que ninguna ha funcionado. La más reciente se llama Política Intersectorial de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes (Pipena). Fue aprobada por el presidente Lenín Moreno en agosto de 2018 y debe ser ejecutada por los ministerios de Salud, Educación y de Inclusión Económica y Social mediante acciones conjuntas para conseguir los objetivos planteados. Por ejemplo, según la política, para 2021 el objetivo es reducir 13 puntos porcentuales — de 76,5% a 63,5% — los nacidos vivos de madres adolescentes.
La última vez que el embarazo adolescente se redujo 13 puntos porcentuales tomó 7 años, de 2010 a 2017. Es difícil creer que la Política Intersectorial va a cumplir con un objetivo tan ambicioso en menos de dos años si ya lleva diecinueve meses de retraso para su implementación. Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, dice que en teoría la política tenía como objetivo que los adolescentes accedan a servicios integrales de salud sexual y a información basada en evidencia para lograr este objetivo. “Claro esto suena divino, puesto en papel. Ahora, en la práctica, ¿qué ha pasado desde esa fecha hasta ahora? Es lo que todos nos preguntamos”, dice Martínez.
No es la única que tiene dudas sobre qué han hecho los tres Ministerios para reducir el embarazo en niñas y adolescentes en Ecuador. “Yo no he visto nada”, dice Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, una organización dedicada a trabajar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, matizando que no puede asegurarse que a nivel local, en los distritos de salud, en ciertos lugares, se esté haciendo algo. Pero, dice, “se debería ver algo, ¿no?”
El flamante y demorado comité —presidido por el ministro de Inclusión Económica y Social Iván Granda— era uno de los requisitos para la implementación de la Pipena. Si era esencial para un asunto de salud pública tan urgente como éste, ¿por qué tardó tanto en conformarse? Según Patricia Salazar, subsecretaria de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), desde la aprobación de la política intersectorial hasta diciembre de 2018, cuatro meses después de la creación de la política intersectorial, todos las entidades involucradas trabajaron en el reglamento para la creación del comité, pero las revisiones del documento por varias autoridades y Ministerios “trabaron la posibilidad de que se apruebe” más rápidamente.
Eso, dice Salazar; va a cambiar. Sostiene que desde noviembre de 2019 cuando Iván Granda asumió el Ministerio se comprometieron a agilizar el proceso. “Francamente pudimos haber sido más veloces, más eficientes, con la implementación de la política” dice Salazar. Mientras el letargo burocrático persistía, la vida de centenas de niñas y adolescentes se trastocó para siempre.
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El anuncio del comité tuvo, en su mayoría, una respuesta positiva. Muchos felicitaron a los Ministerios por “trabajar de forma articulada”, “tener prioridades” y por pensar en “niñas y adolescentes que de verdad necesitan protección y apoyo”. Pero están tarde, irremediablemente tarde. Los tres Ministerios debieron comenzar a trabajar de forma articulada y a tener como prioridad a los niñas y adolescentes que debieron ser protegidos hace diecinueve meses.
Las respuestas al comité no fueron todas positivas. Activistas como Sybel Martínez y Virginia Gómez de la Torre se preguntan con qué presupuesto va a trabajar el comité. Sus dudas surgen porque la proforma presupuestaria del Estado para 2020 no incluye fondos para la prevención del embarazo adolescente en ninguno de los tres Ministerios que participan en la Pipena. Sí: en Ecuador, un país en el que 158 adolescentes de entre 15 a 19 años quedan embarazadas cada día, este año el Estado no incluyó en su proforma presupuestaria recursos para ninguno de los tres Ministerios. Pero la subsecretaria Salazar dice que “afortunadamente en el MIES contamos con un presupuesto de gasto corriente asegurado para emprender en las iniciativas”. En este caso, sostiene, han decidido invertir 2 millones de dólares del gasto corriente en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Los otros dos Ministerios han recurrido a otras soluciones.
El Ministerio de Salud está terminando un trámite en la Secretaría Técnica Planifica Ecuador para recibir este año la misma cantidad de dinero que el presupuesto que se ejecutó el año anterior para este tema: 5 millones de dólares. El mismo que este año no les fue asignado en la proforma, dice Salazar. Según la funcionaria, que es parte del equipo interministerial que trabaja con la política con los representantes de las otras entidades, para finales de la segunda semana de marzo ya deberán contar con el presupuesto para poder seguir trabajando.
Los esfuerzos de los tres Ministerios se concentrarán, sostienen, no solo en la prevención del embarazo adolescente sino también en la erradicación de la violencia contra la mujer. Según la política intersectorial, las dos cosas van van de la mano. Por eso, el Ministerio de Educación usará 2 millones de dólares del presupuesto que tiene para un proyecto de erradicación de la violencia para también trabajar en la prevención del embarazo.
Por el momento, el comité usará esos 9 millones de dólares — 2 del MIES, 2 del Ministerio de Educación y 5 que el Ministerio de Salud espera recibir esta semana — para arrancar con su trabajo. Después, según el avance del trabajo de los Ministerios, decidirán si incrementan el presupuesto y a cuánto.
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Las autoridades del MIES dicen que la aprobación del Comité Nacional Interministerial para la Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes es evidencia del compromiso que tienen los tres Ministerios para reducir el embarazo adolescente en el Ecuador . En un país en el que las madres adolescentes piden lactarios para poder llevar a sus hijos a sus colegios, 158 adolescentes que quedan embarazadas cada día y dos de cada ocho madres tienen dos o más hijos antes de cumplir 19 años, que ese compromiso tenga resultados tangibles es urgente y necesario.
El 10 de marzo se presentará el Plan Operativo Anual con el que trabajará el comité para la prevención del embarazo adolescente. Salazar dice que ya hay actividades puntuales y conjuntas en las que van a trabajar entre todos los Ministerios. Por ejemplo, como MIES van a dar talleres a 4 mil adolescentes que viven en hogares que reciben el Bono de Desarrollo Humano a nivel nacional. Los mismos adolescentes participarán en clubes de adolescentes del Ministerio de Salud. Según Salazar, con estos talleres y clubes quieren enfatizar en la prevención de violencia de género y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.
Por ahora, todos los esfuerzos se concentrarán en 38 cantones — Guayaquil, Quito, Lago Agrio, Cuenca, Esmeraldas, Loja, Chone, Shushufindi y otros 30 más— que han sido identificados como “distritos priorizados” por el nivel de embarazos adolescentes que tienen. “Si es que algún impacto queremos lograr en este año (en el que el MIES dirige el comité) solo pasará si todas las instituciones sumamos esfuerzos en estos distritos”, dice Salazar. Después piensan expandirse al resto de cantones. Los objetivos que quieren lograr están planteados en la política intersectorial e incluyen: incrementar el acceso a educación sexual integral, entregar anticonceptivos para prevenir más embarazos en adolescentes que ya son madres y, reducir la violencia intrafamiliar y de género.
Pero el tiempo perdido no se puede recuperar. En la política intersectorial hay un objetivo muy claro para el 2021: reducir 13 puntos porcentuales el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años. Admiten que no lo van a lograr. “Si una política de esta importancia no es trabajada a la velocidad que requiere difícilmente se va a lograr el objetivo”, admite Salazar.
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La prevención del embarazo en niñas y adolescente es una obligación y responsabilidad del Gobierno. Pero requiere, también, la participación de la sociedad civil, de las familias y de la comunidad en general. Por eso, Salazar dice que en “los próximos meses” se va a contactar a las organizaciones sociales de distintas partes del país. “Para saber cómo Sendas, por ejemplo, trata el embarazo adolescente en el Austro”, dice Salazar. Mientras se siguen discutiendo detalles burocráticos, en el próximo mes, al ritmo actual, habrá más de 4 mil madres niñas y adolescentes.
