El expresidente Rafael Correa dijo en Twitter, que tiene información que demostraría que las pruebas del caso Sobornos 2012-2016 serían forjadas. Según Correa, una empresa colombiana a la que identificó como Adalid habría hecho una pericia sobre los documentos usados como prueba en el juicio concluyendo que “fueron hackeados y adulterados”. Según Correa, la Fiscalía “mintió que los encontró en computadora de Laura Terán”. 

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En el caso Sobornos 2012-2016 se acusa al expresidente Rafael Correa y otras 21 personas de cohecho. Entre los implicados están Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia, Pamela Martinez, exasesora presidencial, y Jorge Glas, exvicepresidente del Ecuador (preso desde octubre de 2017 por asociación ilícita).

Según Correa, la investigación comprobaría que la evidencia presentada por la Fiscalía durante el juicio “habría sido obtenida ilícitamente, violando los derechos constitucionales y humanos, e incluso mediante investigaciones clandestinas, al margen del debido proceso y de la ley”. 

En su tuit, Correa también incluyó una fotografía de la carta que su abogado, Fausto Jarrín, envió a Paulo Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) con los resultados de la investigación de la empresa colombiana. La carta es enviada en nombre de la defensa de Jorge Glas. 

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Jarrín habría recurrido a la CIDH con el informe como evidencia de que que existe una “persecución judicial, violación del debido proceso y forjamiento de pruebas” en el caso que se sigue contra Glas. 

La Fiscalía respondió en Twitter con un comunicado en el que rechazan la nueva evidencia presentada por Jarrín. Según la Fiscalía, el abogado de Correa  “ha pretendido violentar los principios de seguridad jurídica, debido proceso y lealtad procesal, tratando de introducir como ‘prueba nueva’ un objeto informático obtenido de forma ilícita”. 

Pablo Muñoz, el abogado de Laura Terán, la ex asistente de Pamela Martínez que también está involucrada en el caso, dijo que los códigos de los archivos no solo están  en los documentos sino también en los correos electrónicos entregados por su defendida. Eso confirmaría que son reales, dijo. Además, Muñoz dijo que “no existe fundamento técnico ni moral para incorporar una prueba nueva de fuente desconocida al proceso” 

La defensa de Rafael Correa y de Jorge Glas intentó incluir dos pruebas más, pero pero fueron rechazadas por el tribunal por no ser presentadas a tiempo. La primera, un disco duro que tenía información que “comprobaría que los archivos en los que se ha basado este proceso fueron obtenidos de forma ilegal e inconstitucional”. 

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La otra, un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) que fue presentado después de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el 16 de diciembre de 2019. En este informe, según Jarrín, el CNE determinó que “no hubo aportes ilegales” en las campañas de Alianza País entre 2012 y 2016.

En diciembre de 2020, el CNE aprobó un informe que concluye que Alianza País no excedió el gasto electoral y cumplió con las disposiciones legales de reporte de gastos para la campaña presidencial 2013 (el binomio Correa-Glas). El informe también dice que no hay evidencia suficiente de que haya existido una doble contabilidad. 

Sin embargo, el informe sí incluye algunas irregularidades.  Entre las que están inconsistencias en aportantes, falta de declaraciones de impuestos, excesos de aportes personales y del límite del gasto electoral para las dignidades de Prefectos y Alcaldes. Según el documento, se identificaron a cinco personas “como recaudadores y gestores involucrados en las empresas que aportaron a Alianza País” y hay otros ocho que aportaron al movimiento que “no registraron ingresos ni realizaron declaraciones tributarias”.