Las cosas estaban tan mal en el Teatro Nacional Benjamín Carrión de Loja que la Contraloría General del Estado, tras dos exámenes especiales, recomendó su cierre. El 17 de enero de 2020, el Ministerio de Cultura acogió la sugerencia y lo cerró. Aunque la clausura sería levantada una semana después, los exámenes de la Contraloría destaparon la trama de la tragedia del Benjamín Carrión: contrataciones fraudulentas, deudas millonarias y un modelo de gestión inexistente. Son tantas las irregularidades que el Ministerio de Cultura se negó ocho veces, entre 2016 y 2019, a recibir del Servicio de Contratación de Obras (Secob) oficialmente el teatro. Aún no lo hace —el teatro empezó a funcionar porque el mismo Ministerio lo declaró “entidad autónoma”, lo que hacía que su funcionamiento quede a cargo de su propia administración.
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El Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora se inauguró en noviembre de 2016, durante la primera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, una ciudad austral del Ecuador que se precia de ser la capital cultural del país. Su construcción costó más de 24 millones de dólares. Según la Presidencia —en manos de Rafael Correa— era el mejor teatro del Ecuador y uno de los más modernos de América Latina. Fue calificado como una “promesa cumplida de la Revolución Ciudadana”, como se autodenominaba el gobierno de Correa.
Pero los informes de la Contraloría revelaron irregularidades desde el 2013, cuando la construcción del teatro estaba todavía en la etapa precontractual. Los problemas se habrían extendido hasta el 2019.
Entre los principales está la adjudicación del contrato a Fabriequipos C.A., una empresa que no cumplía con los requisitos para encargarse de la obra, y que —hasta la fecha de publicación de este texto— no ha pagado a las empresas que subcontrató. Tampoco existía un reglamento interno para el uso del teatro —para presentaciones, conciertos y eventos culturales — y se hizo trueque en al menos veinte ocasiones. Para usar el “mejor teatro del Ecuador” se llegó a entregar computadoras e impresoras como pago dice el informe de la Contraloría.
Además, el fiscalizador (que no está identificado en el informe de la Contraloría) recibió de forma injustificada más de 28 mil dólares que fueron autorizados por Secob, el administrador del contrato. Más de doscientos equipos instalados en el teatro no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, y la cantidad de sistemas —como de iluminación y sonido — y obras — como las salas y los jardines — pagados no corresponde a los instalados.
Cerrar el teatro no fue una solución. El Ministerio de Cultura anunció en un comunicado que el ministro Juan Fernando Velasco consultó con el Contralor sobre la continuidad de su uso. La Contraloría permitió que se use la entidad pero “solo para las actividades para las que fue ejecutada”. El Ministerio dispuso que el Benjamín Carrión continúe con las actividades planificadas para garantizar “el derecho de acceso a la cultura”.
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Fabriequipos C.A. se creó en 1982 en Guayaquil. En julio de 2008, la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) declaró que todas sus acciones pertenecían a los exaccionistas de Filanbanco y fue incautada. Como las demás empresas incautadas, pasó a ser manejadas por el desaparecido Fideicomiso AGD – CFN NO MÁS IMPUNIDAD, que agrupaba bienes y compañías que pertenecieron a los bancos que quebraron en la crisis de finales de siglo. El fideicomiso fue suprimido en 2015. Las empresas incautadas que no han sido liquidadas aún son manejadas por la Dirección Nacional de Consolidación y Regularización del Banco Central del Ecuador.
El Secob firmó en 2015 un contrato con Fabriequipos por más de 16,2 millones de dólares para terminar la construcción del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora. Su subdirector técnico de estudios y su director nacional de diseño e ingeniería confirmaron que la empresa poseía “las condiciones técnicas y experiencia mínima requerida para ser tomada en cuenta en la construcción del Teatro en Loja”. Fabriequipos presentó dos certificados de experiencia: afirmaba haber construido dos proyectos que superaban los 17 millones de dólares: el edificio Wynn Quito Tennis Club y el Conjunto Residencial Brescia.
Pero el examen especial de la Contraloría y un informe de la Corporación Financiera Nacional (CFN) —que intervino porque el paquete accionario de Fabriequipos era propiedad del fideicomiso No Más Impunidad, del que la corporación era parte— determinaron que la compañía no tenía la experiencia para ejecutar la obra. Los dos proyectos que dizque hizo, fueron en realidad de Arroyo Aguirre Constructores y Servicios.
Pero eso no era todo. Según las especificaciones de su contrato con el Secob, Fabriequipos solo podía subcontratar el 30% del valor total del contrato pero subcontrató más del doble: el 64,5%. Además, Fabriequipos presentó nueve facturas que no están relacionadas con la construcción del teatro, en las que se había modificado el valor, la fecha y los productos adquiridos. Todo esto para cobrar rubros que nunca se ejecutaron. El informe de la Contraloría dice que la empresa le debe más de 959 mil dólares al Secob. Debía reembolsarlos hasta noviembre de 2017, pero eso no ha sucedido hasta hoy.
En octubre de 2017 el Secob declaró la finalización anticipada y unilateral del contrato. Aún quedaban trabajos pendientes y deudas por pagar, a pesar de que el teatro llevaba ya casi un año en funcionamiento.
La asambleísta por Loja Jeannine Cruz dice que Fabriequipos era una empresa de papel que se construyó para “operar abusando del Estado, vulnerando la ley, ese fue el esquema para robar y sacar dinero”. Dice que no solo participaba en construcción sino que estuvo involucrada en otros negocios como la compra de hélices de helicópteros. Entre 2011 y 2016, participó en 152 procesos con distintas entidades del Estado ecuatoriano. Según el informe de la Corporación Financiera Nacional, cuarenta y cuatro todavía están en ejecución.
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Sonotec fue una de las empresas subcontratadas por Fabriequipos —que se encargó del equipamiento escénico del teatro— y una de las más afectadas económicamente. Alberto Borja, su presidente, dice que a su compañía —como a otros proveedores — les tocó terminar el teatro sin recibir el segundo desembolso del valor acordado con Fabriequipos. Borja explica que para terminar de equipar al Benjamín Carrión recurrió a créditos internacionales, hipotecó sus bienes e hizo préstamos con la banca privada ecuatoriana. Ha pagado más de 500 mil dólares solo en intereses. Cuando reclamó su dinero, el Secob y el Ministerio de Cultura insistieron en que la deuda era con la empresa que lo subcontrató, aunque Borja tiene un acta de entrega recepción firmada por las dos instituciones.
Después de casi cuatro años, en el Teatro Benjamín Carrión se han hecho más de 600 presentaciones y cuatro ediciones del Festival Internacional de las Artes Vivas. Hasta ahora no se han pagado los equipos que se han usado en todos esos eventos. Solo a Sonotec, la administración del teatro le debe más de 2,3 millones de dólares. Borja explica que a la dueña de la empresa que Fabriequipos subcontrató para terminar los jardines del teatro le embargaron una camioneta y que a uno de los mecánicos que trabajó en el proyecto le embargaron su taller.
Jeannine Cruz dice que los más afectados son los subcontratados por Fabriequipos que “no tienen a quién responsabilizar”. La empresa que los contrató, abandonó la obra después de que la Superintendencia de Compañías la liquidara y que uno de los directivos de la obra fuera detenido en Perú. Todas estas irregularidades son solo las que están en el examen especial de la Contraloría sobre la construcción y equipamiento del teatro.
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La tragedia del Teatro Benjamín Carrión tiene un segundo acto en la Contraloría. El segundo examen evaluó sus operaciones administrativas y financieras entre agosto de 2017 y enero de 2019. Concluye que no existía un modelo de gestión para su uso.
Según la Contraloría, en varias ocasiones se autorizó el uso del teatro —el escenario, los equipos, la cafetería y todas las salas— bajo la modalidad de canje y sin ningún contrato firmado. El informe cita veinte ejemplos en los que se usaron las instalaciones de uno “de los mejores teatros de América Latina” a cambio de computadoras, laptops, impresoras y hasta materiales de ferretería.
Alberto Borja, presidente de Sonotec, explica que usar los equipos del teatro para cualquier evento podría ser riesgoso. Ninguno ha recibido el mantenimiento necesario lo que causa que se pierda la garantía. Explica que ellos estaban pendientes de darle el mantenimiento pero “no podemos meter mano a los equipos si no tenemos solicitud de la empresa que nos contrató”, dice Borja. Como Fabriequipos desapareció, nadie se lo ha pedido. La frecuencia del mantenimiento depende de cada equipo, pero se debe hacer en promedio cada tres meses. Esto demuestra que los equipos son de buena calidad, explica Borja, porque en tres años sin mantenimiento no se han dañado.
Le pedí una entrevista a Ricardo Sempértegui, exdirector del Teatro Benjamín Carrión que fue despedido en enero de 2020, para hablar sobre el uso que se le daba al teatro durante su administración, pero hasta la publicación de este artículo no recibí respuesta. Una exfuncionaria del Teatro Benjamín Carrión que trabajó entre 2016 y 2018 en la institución también prefirió no dar la entrevista por miedo a posibles represalias.
El informe de la Contraloría pide que se hagan todas las gestiones pertinentes para que se efectúe la recepción definitiva del teatro y que forme parte del patrimonio del Ministerio de Cultura. Recomienda, también, que se establezca un reglamento interno para el uso de las instalaciones del teatro y que los eventos sean culturales, ya no particulares, como estaban acostumbrados.
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En 2016, cuando se inauguró, la Presidencia del Ecuador describió al Teatro Benjamín Carrión como “un sueño de Loja, un símbolo de descentralización y otra promesa cumplida de la Revolución Ciudadana”. Era, también, un sueño cumplido para Benjamín Carrión —el primer presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana— que mientras vivió soñaba con que Loja sea una potencia cultural descentralizada.
El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en febrero de 2017, creó al Teatro Benjamín Carrión Mora como una entidad operativa desconcentrada del Ministerio. Así se estableció en el Acuerdo Ministerial DM-2017-012 que garantizaba su autonomía presupuestaria en Loja en temas administrativos y financieros. Las cosas cambiaron en 2019, con el Acuerdo Ministerial DM- 2019-033, con el que el exministro de cultura Raúl Pérez Torres le quitó esa autonomía (aunque había prometido que no iba a hacerlo).
El actual ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, confirmó que todos los procesos administrativos y jurídicos se pasaron a Quito “para optimizar dichos gastos de personal”, pero dijo que el teatro sigue teniendo autonomía para la programación artística y cultural. La asambleísta por Loja, Verónica Arias, dice que “el ministro Velasco no entendió cuál es el concepto de autonomía” porque, sostiene, todos los procesos administrativos y jurídicos se trasladaron a la capital. “Si eso no es quitar autonomía, ¿de qué estamos hablando?” preguntó retórica en el pleno de la Asamblea el 22 de enero de 2020 durante la sesión en la que se aprobó la comparecencia del ministro Velasco.
El ministro Juan Fernando Velasco se presentó el 3 de febrero ante la Comisión de Educación y Cultrua, junto a Alberto Borja, de Sonotec, y René Tamayo, director general del Secob. Velasco dijo que, pese a las irregularidades, se está buscando “precautelar su funcionamiento” y garantizar el derecho ciudadano de acceder a la cultura. Según Velasco, que no ofreció una solución concreta (aunque aseguró que se hará todo lo posible para solucionar la situación de las familias y trabajadores afectados), la motivación real que deben tener es conocer por qué “el gobierno anterior adjudicó la obra a una empresa que estaba en liquidación”. René Tamayo, director general del Secob, dijo que no era responsabilidad de la institución que representa pagar esas deudas, sino de la empresa contratada: Fabriequipos. Tamayo confirmó que en los próximos días ingresará una demanda en contra de Fabriequipos en la Fiscalía.
Karla Ortega, artista y gestora cultural lojana, dice que los espacios culturales autónomos son muy importantes para la ciudad. “Invertir en arte significa crecimiento económico”, dice Ortega, “pero también es crecimiento social”. Dice que en Loja faltaban lugares adecuados para obras más complejas. Por eso, ahora aprovechan los los dos más grandes teatros de Loja —el Teatro Benjamín Carrión y el reconstruido Teatro Bolívar.
José Antonio Mora, cantante lojano y director municipal del OFF (la parte del festival de las artes lojano que se hace en exteriores), dice que los espacios culturales en Loja se están usando cada vez más. Sin embargo, para los artistas la falta de gestión clara sigue siendo un problema. “Falta pensar que hay una red local de teatros y manejar bien los espacios” dice Mora.
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Se han planteado varias soluciones para el manejo del Teatro Benjamín Carrión. Algunos, como la asambleísta Verónica Arias, sugieren que se le devuelva su autonomía pero que el Ministerio de Cultura continúe como órgano de control. Hay quienes sugieren que lo maneje la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, otros que lo maneje el Municipio de Loja (como ya lo hace con el Teatro Bolívar) o que se cree un consorcio privado para manejar una obra —que se suponía una elegía y terminó siendo un tragedia— hecha con dineros públicos.
