Te explicamos el juicio político contra el exministro Raúl Pérez Torres

  • Raúl Pérez Torres no fue censurado

    • Raúl Pérez Torres no será censurado

      Raúl Pérez Torres no será censurado. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional.

    El escritor y exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, no fue censurado en el juicio político en su contra. 

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    El 15 de enero del 2020  no hubo los votos suficientes para tal fin. Después de las siete intervenciones — incluyendo la del ex ministro—, el pleno de la Asamblea Nacional rechazó la moción de censura contra Pérez Torres. La propuesta tuvo 59 votos a favor y 23 abstenciones de los 82 asambleístas presentes. Sin embargo, se necesitaban al menos 92 votos para la censura.

    A Pérez Torres se lo acusaba de incumplimiento de sus funciones como Ministro de Cultura y Patrimonio, asignación inequitativa y centralista del presupuesto para la sede y núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y mal manejo de los “fondos para la ejecución política cultural del país”, según el pedido de juicio político,  propuesto en agosto de 2019 por los asambleístas de Revolución Ciudadana Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret. La solicitud fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 22 de octubre de 2019. 

    Dos días después, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional — presidida por Johanna Cedeño de Alianza País —  resolvió con voto unánime que se iniciara el trámite.

    El 13 de noviembre, tras el análisis de la las pruebas y documentación presentadas y de la primera comparecencia del Raúl Pérez Torres, la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó, otra vez por unanimidad, el informe que recomendaba el juicio político contra el exministro de Cultura y Patrimonio. 

    Ante el Pleno, el 15 de enero de 2020, el exministro Pérez Torres dijo que se siente “asombrado y desazonado por este enjuiciamiento político”, que le parecía “surrealista” tomando en cuenta “otros tantos motivos urgentes” para el país. Dijo que no existía incumplimiento de la ley, porque las normas que lo acusan de incumplir no estaban asignadas a él como ministro. 

    Según Pérez, no era responsable de la mala asignación del presupuesto para los diferentes núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Dijo que el Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura establece la fórmula que calcula cómo se distribuyen los fondos, y que esos recursos son otorgados por el Ministerio de Finanzas —y no por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

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    Raúl Perez Torres pidió que se rechace el juicio político en su contra. Dijo que mientras fue Ministro de Cultura y Patrimonio “cuidó celosa y activamente los beneficios de todos los actores del sistema nacional de cultura”.

  • ¿De qué era acusado políticamente Raúl Pérez Torres?

    • de qué se acusa a Raúl Pérez Torres

      El pedido de juicio político, propuesto por los asambleístas de Revolución Ciudadana Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea.

    El juicio político en contra del exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, fue aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional el 13 de noviembre del 2019. La solicitud lo responsabilizaba del incumplimiento de sus funciones, establecidas en la Ley Orgánica de Cultura y la Constitución del Ecuador. 

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    Durante el juicio político contra Pérez Torres, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret dijo que la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional verificó el incumplimiento de las funciones del exministro Pérez Torres. Lloret dijo, también, que la Comisión de Fiscalización y Control Político concluyó que la actual distribución del presupuesto de la Casa de la Cultura tiene “una clara orientación centralista, ya que más del 50% del mismo se encuentra concentrado en la sede nacional, establecida en la ciudad de Quito.” 

    Esta inequidad, dijo Lloret, sería un atentado contra el derecho de los ecuatorianos y de otros gestores culturales de acceder a la cultura. Además dijo que la Comisión de Fiscalización y Control Político comprobó que el exministro no se ciñó a la Ley Orgánica de Cultura para la distribución del presupuesto, ni tampoco al Reglamento General de la ley.

    Según el pedido de juicio político, el exministro incumplió con su deber de definir las normas para la asignación y distribución de los recursos del Sistema Nacional de Cultura, distribuyó de forma desigual los fondos, e incumplió con su deber de garantizar los recursos necesarios para la ejecución de la política cultural en el país. Estas responsabilidades están establecidas en los artículos 26 y 167 de Ley Orgánica de la Cultura, y en el numeral 8 del artículo 380 de la Constitución.

    Según el artículo 167 de la Ley Orgánica de la Cultura, el Ministro de Cultura y Patrimonio es el encargado de definir los criterios de evaluación y una fórmula de 

    distribución de los recursos del Ministerio. También se inculpaba a Pérez Torres de no establecer esta fórmula y, en consecuencia, de no distribuir equitativamente el presupuesto de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, según las variables establecidas en la ley. Estas variables son la importancia demográfica de la provincia, la infraestructura, la eficiencia administrativa, y la calidad de la gestión.

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    Durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea, el exministro replicó diciendo que en el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura establece una fórmula para calcular la distribución de recursos, y que, por lo tanto, no incumplió con sus funciones como Ministro de Cultura y Patrimonio.

  • ¿Quién puede ser acusado en un juicio político?

    • Juicio político en Ecuador

      Varias autoridades pueden enfrentar un juicio político en Ecuador, te explicamos el proceso. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea.

    Raúl Pérez Torres es el primer ministro de Cultura enjuiciado políticamente. En un juicio político, la Asamblea Nacional juzga a un funcionario por el “incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley”, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

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    Además de los ministros y ministras de Estado, el artículo 131 de la Constitución dice que se puede presentar una solicitud de juicio político en contra de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública General y de las Superintendencias. Los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

    El juicio político de estas autoridades puede entablarse durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de terminadas sus funciones. 

    Para iniciar un proceso de juicio político, un asambleísta debe pedirlo ante el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) con, al menos, 35 firmas de respaldo. Los miembros del CAL deben revisar que se cumplan los requisitos de forma para dar paso al juicio político. 

    Para que el trámite se apruebe, se necesita los votos de la mayoría del CAL, cuatro de siete. Si es que se aprueba —como en el caso de Raúl Pérez Torres— pasa a la Comisión de Fiscalización, en donde se presentan las pruebas de cargo y el funcionario puede presentar sus pruebas de descargo en un período máximo de quince días. 

    Después, la Comisión de Fiscalización debe emitir un informe en máximo diez días. Para que sea aprobado, se requieren los votos de la mayoría de los asambleístas de la Comisión —por lo menos, siete votos de doce. Si se cuenta con esos votos, el juicio pasa al pleno. Allí se requiere la votación de 92 asambleístas —que equivale a dos tercios del total de legisladores— para aprobar la censura del funcionario, que —si está en el cargo— conlleva su destitución.

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    El Presidente y el Vicepresidente de la República también pueden ser sometidos a un juicio político, pero el proceso y los causales son distintos. La solicitud debe ser presentada por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios por razones políticas o de conciencia. El pedido de juicio político contra el Presidente y el Vicepresidente debe ser declarado admisible por la Corte Constitucional.