La Ley de Emprendimiento e Innovación promueve el crecimiento económico y productivo del país a través de incentivos para proyectos de emprendimiento e innovación. Según a ley, el Estado debe comprometerse a apoyarlos, a través de políticas públicas que lo fomenten, y a simplificar los trámites para la creación, operación y cierre de empresas. 

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Tomando que para emprender se necesita capital semilla, la ley establece fuentes alternativas de financiamiento y garantía para emprendedores, como tasas de interés preferentes, y así reducir los obstáculos financieros que enfrentan. 

Además, la ley crea un régimen laboral específico para la industria. Establece nuevas modalidades de contratos para los empleados de start-ups (como se conoce en inglés a los emprendimientos nacientes), distintas a las que están definidas en el Código del Trabajo para las empresas ya establecidas. 

Estas modalidades incluyen la jornada parcial, el tiempo de duración de los contratos, pago de beneficios de ley, remuneraciones y su forma de cálculo. Albornoz dijo que el objetivo de los miembros de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que propuso el proyecto de ley a la Asamblea, es “respetar en absoluto los derechos de los trabajadores.” Por ello, la ley aclara que estas nuevas condiciones y modalidades serán incorporadas de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. 

Respecto de la seguridad social para los trabajadores, la Ley dice que se alineará a la actual Ley de Seguridad Social. La normativa establece que una vez se firme el contrato de trabajo, independientemente de ser o no trabajo de emprendimiento, el empleador tendrá que afiliar al trabajador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como cualquier otro patrono. Los empleados de los emprendimientos tendrán derecho a sus beneficios desde el primer día del inicio de la relación laboral.

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En la Ley de Emprendimiento e Innovación, se crea, además, las Sociedades por Acciones Simplificadas, un Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación y un Registro Nacional de Emprendedores. El documento aprobado por la asamblea contempla al crowdfunding  como forma de financiamiento colaborativo y la modificación de las mallas curriculares escolares y universitarias para “fomentar y afianzar el espíritu emprendedor e innovador”.