El viernes 29 de noviembre por la noche, el tribunal de  la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua aceptó el recurso de habeas corpus que permitía que Larrea salga de la cárcel después de cumplir dos sentencias por tráfico de influencias y una por enriquecimiento ilícito. Pero, poco después, fue detenida nuevamente con “fines investigativos” por peculado y lavado de activos, según la Fiscalía. 

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La Fiscalía se opuso a que Larrea salga de la cárcel durante la audiencia en la que se aprobó el recurso de habeas corpus. Entre los motivos expuestos por la Fiscalía estaban que Larrea aún no ha pagado 4,4 millones de dólares como reparación a favor del Estado. La Fiscalía también dijo que a Larrea le falta cumplir el año de cárcel al que fue sentenciada el 19 de noviembre de 2019 por peculado. Esta es su cuarta sentencia en firme. 

El 1 de diciembre de 2019, la Fiscalía formuló cargos en contra de María Sol Larrea en una quinta causa: por presunto peculado en la adquisición irregular de medicamentos. El juez David Lass dictó 90 días de arresto domiciliario para Larrea y le prohibió que salga del país para asegurar su presencia en el proceso judicial. 

El caso más reciente comenzó con una denuncia de Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción del Gobierno, en la que decía que se importaron fármacos de “empresas presuntamente de papel”. En el caso estarían también involucrados Ramiro González, expresidente del directorio del IESS, y otros funcionarios. 

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Según la Fiscalía, en el 2012, el Directorio del IESS autorizó la importación de 90 tipos de medicamentos. A este proceso se presentaron dos compañías de la India, pero el comité técnico del que formaba parte Larrea adjudicó dos contratos por 6,5 millones de dólares a Cacmilsa, una compañía ecuatoriana que actuaba como representante en el Ecuador de dichas empresas extranjeras.

La compañía ecuatoriana habría sido formada por Carlos A., un excontratista quiteño. Cacmilsa presuntamente falsificó los nombres de las dos organizaciones de la India a las que se les compraban los medicamentos y se quedó con el dinero de los contratos. Según Ordóñez, Cacmilsa nunca funcionó y no ha reportado movimientos en la Superintendencia de Compañías en los últimos años.