La detención de José Carlos Tuárez, explicada en contexto

  • El sacerdote José Carlos Tuárez fue detenido por presunto tráfico de influencias

    • tuárez fue detenido

    La madrugada del jueves 28 de noviembre de 2019,  el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez fue detenido por el presunto delito de tráfico de influencias en Portoviejo, capital de la provincia costera de Manabí. 

    Además de Tuárez, fueron detenidas más de treinta personas en un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía en las provincias de  Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos. José Carlos Tuárez fue detenido, según la Fiscalía,  por pertenecer a una supuesta organización “dedicada a ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana”. 

    Los involucrados, dice el comunicado, “pedían grandes cantidades de dinero, que van desde los cinco hasta los veinte millones de dólares” por dichos puestos. Además, habrían ofrecido contratos en entidades públicas, “a cambio de recibir entre el 10% y el 20% del monto de la contratación”, dijo la Fiscalía.

    Entre los elementos encontrados durante los allanamientos están “teléfonos celulares, dinero en efectivo, cheques, documentos, laptops, armas, currículos de varias personas, entre otros indicios”, dijo la Fiscalía.

    El delito de tráfico de influencias, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP),  se configura cuando una persona “prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros”. La pena traficar influencias en el Ecuador va de tres a cinco años de cárcel.

    Tuárez fue electo por votación popular para integrar el CPCCS en las elecciones de marzo de 2019. Después de asumir como consejero, el pleno del organismo lo nombró su presidente. Desde el inicio de su gestión, José Carlos Tuárez entró en una confrontación directa con otros poderes del Estado y, además, con la prensa. Durante su gestión, fue criticado por compararse con Jesús. Tuárez, un sacerdote dominico, fue cuestionado incluso por sus superiores religiosos, quienes dijeron que “ha vendido el alma al diablo”. Dos meses después de asumir su cargo, fue destituido en un juicio político en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones, proselitismo y arrogación de funciones. 

  • Dictan prisión preventiva contra José Carlos Tuárez

    • Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El viernes 29 de noviembre de 2019, el juez Marco Guerra dictó prisión preventiva contra José Carlos Tuárez. 

    El juez también dictó la misma medida para otros procesados identificados como Guido Vargas y Renata Jalkh. El primero fue prefecto de Sucumbíos; la segunda, es hermana del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Otros veinticuatro investigados también tienen prisión preventiva por “presunta asociación ilícita para realizar tráfico de influencia en entidades públicas”. A otros seis procesados, Guerra les ordenó medidas sustitutiva de la prisión preventiva.

    Guerra dictó la medida después de superar un inconveniente médico que obligó a suspender la diligencia alas dos y media de la mañana. Sin embargo después de una valoración médica, se retomó la audiencia 

     Tuárez “deberá cumplir la disposición judicial en la Cárcel 4 de Quito, para precautelar su integridad”, dice la Fiscalía.

    En un comunicado, la Fiscalía dijo que el fiscal César Suárez Pilay expuso ocho elementos de convicción recopilados en diez cuerpos procesales, entre ellos, informes de vigilancia y seguimiento a los detenidos. Además, la Fiscalía dijo haber presentado “la versión de dos perjudicados, análisis telefónicos y triangulación de llamadas de las comunicaciones que mantenían los sospechosos”.

    La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, explicó que durante la etapa de instrucción fiscal, que durará noventa días, se profundizará en la investigación para esclarecer los hechos que lleven “a la verdad procesal” y con ello “evitar la impunidad”.

    Según diario Expreso de Guayaquil, catorce de los implicados son —o fueron— parte de instituciones estatales como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, los ministerios de Trabajo y Educación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras. Incluso hay un teniente coronel de la policía retirado, identificado como Álex Abarca. 

    Tuárez dijo a los medios que era inocente. “Yo no he hecho nada malo”, respondió cuando le preguntaron si había ofrecido algún tipo de cargos. Según el, su detención es “persecución política”. El expresidente Rafael Correa dijo Correa en Twitter que el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  no era “santo de mi devoción”, pero que su detención se trataba “de evidentes persecuciones políticas”.

  • La secretaría jurídica de la Presidencia presentó otra denuncia contra Tuárez

    • gobierno denuncia a Tuárez

      El gobierno denuncia a José Tuárez, dijo la Secretaria Jurídica de la Presidencia. Fotografía tomada de la SECOM.

    Johana Pesántez, secretaría jurídica de la Presidencia —acompañada por Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones — presentó una denuncia en contra de José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La denuncia, presentada en la Fiscalía Provincial de Pichincha el 2 de diciembre de 2019, dice que Tuárez ha usado “indebidamente” el nombre de Rocío González de Moreno, esposa del presidente Lenín Moreno en un presunto caso de “asociación ilícita y oferta de tráfico de influencias”. 

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    La denuncia, según Pesántez, se hizo por información difundida en medios de comunicación y redes sociales en las que se hace referencia a que González “tendría algún tipo de participación” en la organización que presuntamente ofrecía cargos en varias instituciones del Estado, caso que está siendo investigado por la Fiscalía

    La Fiscalía dijo que los involucrados ofrecían cargos en instituciones del Estado, como la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana, a cambio de “grandes cantidades de dinero, que iban desde los cinco hasta los 20 millones de dólares”. Además, habrían ofrecido contratos en instituciones públicas a cambio del “10% y el 20% del monto de contratación”, según la Fiscalía.

    Pesántez pidió a la Fiscalía que realice todas las investigaciones necesarias para cumplir con la investigación de la denuncia. “No vamos a permitir que se utilice de una forma no apropiada y, peor, para el cometimiento de ilícitos, el nombre de ningún funcionario, ni de ninguna persona vinculada a la Presidencia de la República ni al Gobierno Nacional”, dijo la Secretaria Jurídico de la Presidencia del Ecuador. 

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    Pesántez dijo que la ciudadanía no debe dejarse engañar por personas que toman el nombre de funcionarios del Gobierno para “actuar al margen de la ley”. Aseguró que el Ejecutivo no tiene “ningún tipo de relación con esta oferta de tráfico de influencias”. 

  • Niegan habeas corpus a José Tuárez

    • José Tuárez sigue detenido

      José Tuárez sigue detenido. Una corte de Guayaquil resolvió que su pedido de habeas corpus era improcedente, te lo explicamos. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr del CPCCS.

    La jueza Alexandra Novo negó el habeas corpus presentado por José Carlos Tuárez en la Corte Provincial del Guayas. Un habeas corpus es un recurso legal para terminar detenciones arbitrarias e ilegales. 

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    Según Teresa Rivas, abogada de Tuárez, durante la detención se burlaron derechos de su defendido.  Dijo que las órdenes de allanamiento deben cumplirse 24 horas después de ser concedidas, pero en el caso del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) habría sido concedida el 25 de noviembre de 2019 y ejecutada la madrugada del 28 de noviembre, casi 72 horas después. Rivas dijo que nunca se le informó a Tuárez el motivo real de su detención: “simplemente se lo trasladó desde la ciudada a Portoviejo, donde estaba cuidando a su señora madre que sufre de diabetes avanzada y que pertenece a la tercera edad”. 

    La abogada Rivas también argumentó que la seguridad del cura Tuárez está en riesgo, lo que sería un motivo suficiente para que el recurso de habeas corpus se aprobase. “Aparentemente están

    pagando 2 millones de dólares por su cabeza, en esos términos que manejan en el argot penitenciario” dijo Rivas, citando el ataque contra Tuárez durante las manifestaciones de octubre de 2019. El expresidente del CPCCS apareció en una marcha durante el paro nacional, pero los manifestantes, en lugar de acoger su participación, la rechazaron e incluso llegaron a perseguirlo y golpearlo. Esa fue la última vez que se tuvo conocimiento de las actividades públicas del sacerdote dominico convertido en político. 

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    Después de escuchar los argumentos de Rivas y analizar el pedido, la jueza Alexandra Novo resolvió “no conceder la acción de habeas corpus”.  Tuárez. deberá permanecer detenido mientras dure la instrucción fiscal.