El viernes 29 de noviembre de 2019, el juez Marco Guerra dictó prisión preventiva contra José Carlos Tuárez. 

El juez también dictó la misma medida para otros procesados identificados como Guido Vargas y Renata Jalkh. El primero fue prefecto de Sucumbíos; la segunda, es hermana del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Otros veinticuatro investigados también tienen prisión preventiva por “presunta asociación ilícita para realizar tráfico de influencia en entidades públicas”. A otros seis procesados, Guerra les ordenó medidas sustitutiva de la prisión preventiva.

Guerra dictó la medida después de superar un inconveniente médico que obligó a suspender la diligencia alas dos y media de la mañana. Sin embargo después de una valoración médica, se retomó la audiencia 

 Tuárez “deberá cumplir la disposición judicial en la Cárcel 4 de Quito, para precautelar su integridad”, dice la Fiscalía.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que el fiscal César Suárez Pilay expuso ocho elementos de convicción recopilados en diez cuerpos procesales, entre ellos, informes de vigilancia y seguimiento a los detenidos. Además, la Fiscalía dijo haber presentado “la versión de dos perjudicados, análisis telefónicos y triangulación de llamadas de las comunicaciones que mantenían los sospechosos”.

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La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, explicó que durante la etapa de instrucción fiscal, que durará noventa días, se profundizará en la investigación para esclarecer los hechos que lleven “a la verdad procesal” y con ello “evitar la impunidad”.

Según diario Expreso de Guayaquil, catorce de los implicados son —o fueron— parte de instituciones estatales como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, los ministerios de Trabajo y Educación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras. Incluso hay un teniente coronel de la policía retirado, identificado como Álex Abarca. 

Tuárez dijo a los medios que era inocente. “Yo no he hecho nada malo”, respondió cuando le preguntaron si había ofrecido algún tipo de cargos. Según el, su detención es “persecución política”. El expresidente Rafael Correa dijo Correa en Twitter que el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  no era “santo de mi devoción”, pero que su detención se trataba “de evidentes persecuciones políticas”.