La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional de octubre. En el comunicado, la Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pide “que se lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias – y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las protestas”

Durante los once días de protestas, la ONU registra al menos nueve fallecidos, 1.382 detenidos y 1.507 heridos, “entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad”, además señala que hay muchas denuncias de detenciones arbitrarias. Bachelet dijo que había en ellas un “patrón inquietante”, según recoge el comunicado que además afirma que las víctimas y los testigos dijeron al equipo de la ONU que “les habían infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Menciona también denuncias de que en muchos casos no se observó el debido proceso: los detenidos fueron incomunicados y trasladados a centros de detención no autorizados y el acceso a sus abogados fue demorado u obstruido. Además indica que según los datos proporcionados por las autoridades ecuatorianas, el 80 por ciento de los detenidos fue puesto en libertad posteriormente, la mayoría de ellos libres de cargos, mientras que al 20 por ciento restante se le imputó cargos que van desde infracciones, agresiones y asociación ilícita hasta acusaciones de terrorismo. 

“El Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto. Por la misma razón, quienes sí han sido imputados deberían obtener un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional”, dijo la Alta Comisionada, según recoge el informe. Dice además que se debe proporcionar “un conjunto exhaustivo de reparaciones a las víctimas.”

También se señala que “el equipo recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza” y que víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado de gases lacrimógenos y de “perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes.” Indica además que los perdigones causaron cientos de herido y “posiblemente algunas de las muertes”.

El comunicado se refiere también a la violencia causada por parte de algunos manifestantes y de “varios individuos sin identificar” y a las agresiones a medios de comunicación y periodistas. Menciona disturbios, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionados, destrucción de propiedad, entre otros, además de la retención de más de 400 agentes policiales que, en varias ocasiones “sufrieron vejaciones y malos tratos”. Se refiere además a los ataques violentos a diario El Comercio y Teleamazonas y a los más de 100 periodistas violentados durante el paro. “La señal de algunos medios de comunicación fue cortada, especialmente en El Arbolito, en Quito, el 10 de octubre, y una de sus sedes fue allanada por la policía, lo que apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión”, dice el comunicado.

PUBLICIDAD

“Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano”, dijo la Alta Comisionada. “Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, afirma en el documento. Además recomienda al gobierno ecuatoriano tener una estrategia para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos.

El informe sale a luz después de que una delegación de la ONU llegara al Ecuador —en donde permaneció entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre de 2019, por invitación gel gobierno ecuatoriano— para recopilar información sobre lo ocurrido durante las protestas. Además de visitas a los centros de detención y a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas.