Continúan las reacciones después del paro nacional

  • Organizaciones de Derechos Humanos presentan informe sobre vulneración de derechos humanos en el paro nacional

    • organizaciones-derechos-humanos

      Organizaciones de Derechos Humanos del país presentan informe sobre vulneración de derechos en el paro.

    El 30 de octubre 2019 seis organizaciones de defensa de derechos humanos presentaron un informe sobre la vulneración de derechos humanos en el paro nacional del 3 al 13 de octubre de 2019.  

    La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Idea Dignidad, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Surkuna, Amazon Frontlines y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) elaboraron el documento, ques un monitoreo de las denuncias de vulneración de derechos durante las protestas de octubre. Entre los hechos reportados, está la detención en un ascensor de las abogadas Silvia Bonilla y Mishell Erazo. El reporte señala el abuso de armas no letales por parte de la Policía, un exceso que habría causado que algunas personas perdieran ojos o estén en peligro de morir. 

    Elsie Monge, directora de CEDHU, dijo que el informe ya fue enviado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Ana Vera de Surkuna dijo que los hospitales públicos no les han proporcionado información sobre el número de heridos que atendieron y cuáles fueron las razones de esos ingresos. “Tiene que ver con ocultar una verdad efectiva de lo sucedido en este país”, dijo Vera. María Espinosa de Amazon Frontlines dijo que el informe también denuncia desapariciones temporales de personas y casos en que la Policía no puso a las las personas detenidas ante la autoridad competente. 

    Vera dijo que con el informe buscan que se investiguen todos los casos denunciados, “pero sobre todo que no vuelvan a pasar situación iguales en el país y que el Estado proteja las vidas de todas las personas”. 

    Hasta hoy, 30 de octubre de 2019, una misión de la CIDH recoge testimonios sobre las vulneraciones a los derechos humanos sucedidas dentro del contexto de las protestas que empezaron el 3 de octubre de 2019 y terminaron once días después. 

     

  • La Conaie reporta otra víctima mortal del paro y anuncia la presentación de conclusiones del Parlamento Popular

    • parlamento-pueblos-organizaciones-sociales

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Conaie

    La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que el 29 de octubre de 2019 murió Edgar Yucailla, un hombre de 32 años que pasó los últimos días de su vida en agonía, en el hospital Eugenio Espejo de Quito. 

    | Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

    Yucailla llegó a inicios de octubre a la capital ecuatoriana desde la provincia de Chimborazo para participar de las protestas lideradas por el movimiento indígena contra la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel, una medida ordenada por el presidente Lenín Moreno, como parte de un plan de austeridad impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Según la información entregada por la Conaie, la muerte de Yucailla se produjo “por un trauma craneoencefálico severo penetrante por arma de fuego”. Ni el Ministerio de Gobierno ni la Defensoría del Pueblo se han pronunciado sobre la muerte de Edgar Yucailla, el Hospital Eugenio Espejo de Quito se negó a dar una versión sobre el anuncio de la Conaie, diciendo que no da información por teléfono. Victor Caranqui, secretario del parlamento indígena de Guamote,  Chimborazo dijo que Yucailla era un héroe nacional.

    El 30 de octubre por la noche la Defensoría del Pueblo actualizó la cifra de fallecidos en el paro nacional a once. La Defensoría confirmó la muerte de Edgar Yucailla.

    Además, la principal organización indígena del Ecuador anunció que el 31 de octubre de 2019 presentará las conclusiones del parlamento popular al que convocó, que abarcan propuestas sobre política monetaria, política sectorial, política de derechos sociales. 

    El Parlamento reunió a 182 organizaciones sociales del Ecuador, la propuesta del Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales está lista. La propuesta será entregada a representantes del gobierno, en presencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

    El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (el FUT, que es parte del parlamento popular) Mesías Tatamuez dijo que plantean una nueva alternativa económica que genere empleo. 

  • Leonidas Iza advierte al vicepresidente Sonnenholzner durante comparecencia en la Asamblea

    • Leonidas Iza

      Jaime Vargas y Leonidas Iza, dirigentes de la Conaie comparecieron ante la comisión de la Asamblea creada para investigar el paro de octubre de 2019. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea.

    Jaime Vargas y Leonidas Iza, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), comparecieron, por casi dos horas, ante la comisión ocasional de la Asamblea creada para investigar el paro de octubre de 2019. 

    | Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

    Vargas recalcó que vivimos en un Estado plurinacional y que la Conaie es una organización que representa a 15 nacionalidades, 18 pueblos y 14 idiomas del Ecuador. Dijo que estaban ante la Comisión para “dar la cara” y cualquier información necesaria para esclarecer lo sucedido en octubre pasado. 

    La mayoría de las preguntas de los asambleístas de la Comisión a los representantes indígenas fueron sobre el nivel de violencia y los actos criminales que se perpetraron en los días de protesta, como el cierre de los pozos petroleros en la Amazonía y la retención de periodistas, policías y miembros de las Fuerzas Armadas en distintos momentos del paro. 

    También preguntaron sobre la logística y el manejo de fondos de la Conaie. Además, hablaron sobre las acusaciones de que se prepararon con anticipación escudos y otras herramientas para las protestas. Los comisionados preguntaron, además, sobre la aplicación de la justicia indígena durante las retenciones de policías y periodistas. 

    Sobre la violencia contra la Policía y las Fuerzas Armadas, el presidente de la Conaie dijo “desconocer” quiénes fueron los agresores. Acusó a los policías de participar de la “mentira del Gobierno”. Vargas preguntó retóricamente “¿por qué no dicen la verdad de lo que pasó?”. Dijo que desconocía quiénes provocaron los cortes de agua y que “nunca hubo secuestros”, refiriéndose a las retenciones de policías, militares y periodistas mencionadas por los asambleístas. 

    En respuesta a una de las preguntas del asambleísta socialcristiano César Rohón, Vargas confirmó que estuvo en Europa para exponer las violaciones de derechos indígenas en el Ecuador una semana antes del paro nacional. Sin embargo, dijo que no tuvo reuniones con organizaciones que no hayan sido de comunidades indígenas de Latinoamérica. Pidió que se demuestre que fue él quien cerró las válvulas de los pozos petroleros

    Reclamó,  refiriéndose a la Amazonía, que la “región que más aporta a la economía ecuatoriana”  no tenga “ni una vía de cuatro carriles”. 

    Vargas dijo que la situación del movimiento indígena ha cambiado. “Ya no somos esos indios que nos trataron de salvajes, de emplumados, ya no somos esos indígenas. Somos indígenas preparados con dignidad”, dijo.  

    Durante su intervención, Jaime Vargas dijo que la movilización fue del pueblo ecuatoriano, no solo del movimiento indígena. Las movilizaciones, según Vargas, fueron una decisión colectiva. Criticó la falta de diálogo con el Gobierno y le recordó al presidente Lenín Moreno que sus ministros son vagos porque no trabajan por la Patria, el pueblo, ni las organizaciones. 

    Vargas aseguró que no se ha avanzado con el acuerdo desde el 13 de octubre, cuando terminó el paro, y que el Gobierno tiene la intención de “dividir a las organizaciones de base”. Criticó las visitas del vicepresidente Otto Sonnenholzner a las comunidades indígenas, “ofreciendo bono solidario, ofreciendo vivienda, que nunca van a cumplir. Eso está pasando este momento, señores asambleístas, y vamos a rechazar frontalmente eso” dijo Jaime Vargas. 

    Leonidas Iza,  presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, intervino después de Vargas. Recordó la importancia del Estado plurinacional y los peligros de los grupos infiltrados que provocaron la violencia durante las manifestaciones. Iza dijo que se exige respeto, no imposiciones para las organizaciones indígenas. 

    Iza criticó las medidas económicas propuestas por el Gobierno.  “No es por sabiondos, necesitamos ponernos los zapatos como ecuatorianos. Por eso no imponemos, sino proponemos” dijo Iza. 

    Como responsable de las finanzas de la Conaie, Leonidas Iza dijo que el financiamiento para las manifestaciones viene de sus propias acciones. Explicó que han recurrido a organizaciones internacionales para hacer lo que el Estado no ha hecho. “Tenemos que pensar y tener condiciones externas para garantizar el Estado plurinacional. O sea, hacemos más de lo que ustedes dan”, dijo Iza. 

    Leonidas Iza también habló de los viajes del vicepresidente Otto Sonnenholzner a las comunidades indígenas y le advirtió que “si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena no venga a lloriquear en la Asamblea, o donde sea, de que le han hecho justicia indígena”. 

    |Al periodismo independiente lo financian sus lectores. Aporta a GK, aquí.|

    Para finalizar, aclaró las intenciones de la Conaie. “Nosotros tenemos un corazón transparente, nuestra lucha ha sido transparente, pero no nos vengan a viciar cambiando la verdad por mentiras”, dijo Iza. 

  • La Fiscalía investiga a tres asambleístas por instigación a la violencia

    • La Fiscalía investiga a tres asambleístas

      La asambleísta Marcela Aguiñaga, confirmó que la Fiscalía la notificó de una denuncia en su contra por instigación a la violencia durante el paro nacional. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional.

    La asambleísta de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, confirmó que la Fiscalía la notificó por correo electrónico de una denuncia por supuesta instigación a la violencia durante el paro de octubre de 2019 en su contra. 

    | Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

    Durante su comparecencia ante la Comisión de la Asamblea que investiga los hechos del paro, Diana Salazar dijo que había investigaciones en contra de tres legisladores, pero no dio nombres. Aguiñaga confirmó que las otras dos legisladoras investigadas son Marcela Holguín y Gabriela Rivadeneira, quien desde octubre está en la embajada de México. 

    Según Aguiñaga, un representante de una organización social puso una denuncia contra las asambleístas por una rueda de prensa que dieron en octubre de 2019, durante el paro nacional. “Una rueda de prensa, a plena luz del día, en las instalaciones de la Asamblea Nacional, donde ninguna de las dos dimos declaraciones ” dijo Aguiñaga refiriéndose a Holguín y a sí misma. 

    Además, dijo que si hubieran dado declaraciones, las asambleístas tienen inmunidad parlamentaria. La rueda de prensa, dijo Aguiñaga, al darse en las instalaciones de la Asamblea, se enmarca dentro de su rol como asambleístas. 

    Según el artículo 128 de la Constitución y el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los legisladores “no serán ni penal ni civilmente responsables de las opiniones, y votos emitidos en el desempeño de sus funciones”. 

    Al periodismo independiente lo financian sus lectores. Aporta a GK, aquí.

    Para Aguiñaga, todo es producto de “la persecución política contra la oposición”. Dijo además que la fiscalía no está buscando la verdad sino que está siendo utilizada como una “fuente de persecución política” a quienes piensan diferente al gobierno. Aseguró además que pretenden “eliminar” a los adversarios políticos “usando indebidamente la justicia”. Confirmó que ella cumplirá con cualquier diligencia que se le notifique y que ese fue el consejo que le dió a Marcela Holguín, su compañera de bancada. Rivadeneira no se ha pronunciado sobre el tema.

  • Niegan Hábeas Corpus a Paola Pabón

    • Paola Pabón

      Ramiro Aguilar, abogado defensor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, informó que el pedido de hábeas corpus le fue negado a su clienta. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Paola Pabón.

    Ramiro Aguilar,  abogado defensor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, informó que el pedido de hábeas corpus, (un recurso establecido en el artículo 89 de la Constitución que permite que alguien que esté privado de la libertad “de forma ilegal, arbitraria o ilegítima” recupere su libertad) le fue negado a su clienta. La decisión fue tomada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el miércoles 13 de noviembre de 2019. “No siempre las buenas personas son necesariamente buenos jueces. Pero respeto la decisión de la Sala. Buenas personas con miedo a perder cargos” dijo Aguilar sobre la decisión unánime del tribunal conformado por los jueces Fausto Chávez, Paquita Chiluiza y Gustavo Osejo.

    | Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

    Aguilar dijo también que el hábeas corpus fue pedido porque hubo violaciones durante el proceso, como que la audiencia se formuló más de 24 horas después de la detención, que es el tiempo permitido por la Ley. 

    Priscila Pabón, hermana de la Prefecta de Pichincha, dijo que sabe “que se han cometido muchas irregularidades en este proceso” y que, hasta el momento, las investigaciones “no han encontrado absolutamente nada” que incrimine a Paola Pabón. 

    Al periodismo independiente lo financian sus lectores. Aporta a GK, aquí.

    Con esta decisión del tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha , la prisión preventiva contra Pabón sigue vigente y tendrá que permanecer en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. 

  • La Organización de Naciones Unidas pide que se investigue violaciones a los derechos humanos durante el paro

    • Fotografía de Diego Ayala para GK.

    La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional de octubre. En el comunicado, la Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pide “que se lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias – y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las protestas”

    Durante los once días de protestas, la ONU registra al menos nueve fallecidos, 1.382 detenidos y 1.507 heridos, “entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad”, además señala que hay muchas denuncias de detenciones arbitrarias. Bachelet dijo que había en ellas un “patrón inquietante”, según recoge el comunicado que además afirma que las víctimas y los testigos dijeron al equipo de la ONU que “les habían infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Menciona también denuncias de que en muchos casos no se observó el debido proceso: los detenidos fueron incomunicados y trasladados a centros de detención no autorizados y el acceso a sus abogados fue demorado u obstruido. Además indica que según los datos proporcionados por las autoridades ecuatorianas, el 80 por ciento de los detenidos fue puesto en libertad posteriormente, la mayoría de ellos libres de cargos, mientras que al 20 por ciento restante se le imputó cargos que van desde infracciones, agresiones y asociación ilícita hasta acusaciones de terrorismo. 

    “El Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto. Por la misma razón, quienes sí han sido imputados deberían obtener un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional”, dijo la Alta Comisionada, según recoge el informe. Dice además que se debe proporcionar “un conjunto exhaustivo de reparaciones a las víctimas.”

    También se señala que “el equipo recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza” y que víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado de gases lacrimógenos y de “perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes.” Indica además que los perdigones causaron cientos de herido y “posiblemente algunas de las muertes”.

    El comunicado se refiere también a la violencia causada por parte de algunos manifestantes y de “varios individuos sin identificar” y a las agresiones a medios de comunicación y periodistas. Menciona disturbios, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionados, destrucción de propiedad, entre otros, además de la retención de más de 400 agentes policiales que, en varias ocasiones “sufrieron vejaciones y malos tratos”. Se refiere además a los ataques violentos a diario El Comercio y Teleamazonas y a los más de 100 periodistas violentados durante el paro. “La señal de algunos medios de comunicación fue cortada, especialmente en El Arbolito, en Quito, el 10 de octubre, y una de sus sedes fue allanada por la policía, lo que apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión”, dice el comunicado.

    “Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano”, dijo la Alta Comisionada. “Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, afirma en el documento. Además recomienda al gobierno ecuatoriano tener una estrategia para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos.

    El informe sale a luz después de que una delegación de la ONU llegara al Ecuador —en donde permaneció entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre de 2019, por invitación gel gobierno ecuatoriano— para recopilar información sobre lo ocurrido durante las protestas. Además de visitas a los centros de detención y a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas. 

  • La Conaie crea una asociación de víctimas del paro nacional

    • Fotografía de la rueda de prensa de la Conaie.

    La Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie) creó la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi. La asociación lleva el nombre del  dirigente de la Conaie de Cotopaxi, que murió el 9 de octubre de 2019, durante las protestas en Ecuador. “Un hermano de lucha y de resistencia, dirigente que siempre ha defendido su territorio y sus derechos colectivos”, dijo el presidente de la Conaie, Jaime Vargas.

    | Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

     En una rueda de prensa, Vargas dijo que la asociación fue creada el 10 de diciembre, en el marco del Día de los Derechos Humanos. Está conformada por los familiares de las personas que fallecieron en las protestas. Su objetivo es “llegar a la verdad, de que el pueblo sepa la verdad de todo lo ocurrido en el mes de octubre”, y construir la memoria sobre el paro nacional. 

    En el paro nacional de 2019, murieron once personas. Más de mil ciudadanos, periodistas y policías resultaron heridos. 

    También hubo altísimas pérdidas económicas, daños a infraestructura en Quito, donde se concentró la manifestación, producto de la violencia que se apoderó de las manifestaciones. Hubo cierre de vías, paralización del transporte público, saqueos a comercios y floricultoras. El canal de televisión Teleamazonas fue atacado e incendiado. 

    En la provincia amazónica de Sucumbíos, se detuvo el bombeo de petróleo que el Ecuador exporta. En varias provincias del país, los manifestantes se tomaron algunas gobernaciones. Las pérdidas económicas del paro sobrepasan los 2.500 millones de dólares La meta de crecimiento del Ecuador  para 2020 fue recalculada a la baja tras el paro, según la gerenta del Banco Central, del 0,6%.

  • La Asociación de Víctimas del Paro pidió a la Corte Constitucional la desclasificación de documentos sobre el paro nacional

    • conaie pide desclasificación de documentos

      Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de la Conaie

    La Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi entregó un pedido a la Corte Constitucional del Ecuador para la desclasificación de documentos de los hechos del paro nacional de octubre de 2019, considerados “reservados, secretos y secretísimos”, dijo la Conaie en sus redes sociales. 

    | Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

    Antes de la entrega de ese pedido, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, dijo que es importante que la Corte Constitucional acoja el pedido “en bien del pueblo ecuatoriano”. Vargas dijo que esperaban “que haya justicia para todo el pueblo ecuatoriano”. 

    En la entrega del pedido estuvo el hijo de Inocencio Tucumbi y otras víctimas del paro, personas que quedaron con lesiones permanentes como la pérdida de un ojo. 

    La Conaie realizó un plantón fuera de la Corte Constitucional. Naira Chalán, vicepresidenta de la  Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) dijo que piden la desclasificación de los documentos para determinar quiénes son los responsables de las muertes, de los heridos y de los perseguidos políticos en las manifestaciones de octubre. 

    Chalán dijo que,  junto con la asociación, harán una demanda internacional contra el Estado ecuatoriano para que haya reparación para las víctimas. Sobre las consecuencias económicas del paro no hubo ningún pronunciamiento.

  • Comisión multipartidista de la Asamblea entregó su informe sobre el paro nacional

    • comisión multipartidista presentó su informe del paro

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional

    Casi dos meses después de que terminara el paro nacional de octubre de 2019 , la Comisión Multipartidista que lo investigó, presentó el informe sobre los hechos del paro nacional. Después de las manifestación y de la derogatoria del decreto 883, la comisión recibió las comparecencias de más de 70 ciudadanos, militares, policías, periodistas, autoridades y familiares de algunas personas que fallecieron en las manifestaciones. La entrega del informe debía hacerse el 23 de noviembre de 2019, pero se postergó hasta ayer, 11 de diciembre. 

    | Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

    El asambleísta Fernando Burbano, presidente de la Comisión, dijo que entre las conclusiones del informe está llamar a un diálogo nacional entre las partes involucradas. “Este informe sí se pone de parte de todas las víctimas de quienes resultaron heridas, de familiares de fallecidos, de policías agredidos, periodistas y del propio Estado”, dijo Burbano. Entre las conclusiones del informe, la Comisión sostiene que el principal motivo del paro nacional fue el decreto 883 —que eliminaba los subsidios a los combustibles— y la falta de diálogo del gobierno de Lenín Moreno con los manifestantes. 

    En una entrevista en radio Única FM, Burbano dijo, además, que no hay pruebas suficientes para concluir que hubo un intento de golpe de Estado. Sin embargo, el asambleísta César Rohon dijo que “hubo temor y miedo en la Comisión Multipartidista para establecer responsabilidades políticas” del paro. Rohon no firmará el informe aprobado por los otros miembros de la comisión. 

    En su informe, la Comisión pide que se investiguen los hechos vandálicos en las manifestaciones, que la Fiscalía General del Estado no deje ningún hecho de violencia “en la impunidad”, que la Defensoría del Pueblo realice un informe individual de caso de vulneración de derechos humanos durante el paro. La Defensoría del Pueblo presentó el séptimo informe integral el 14 de octubre del 2019, pero la Comisión de la Asamblea quiere un informe de cada caso puntual.