Es el fin de una era. Renunció el primer presidente indígena de Bolivia y América Latina, después de 14 años en el poder. Lo hizo tras una movilización nacional amplia y diversa de más de tres semanas motivada por el fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Muchos fuera de Bolivia se rasgan las vestiduras democráticas aduciendo un golpe, desconociendo que la institucionalidad boliviana estaba fracturada desde que Morales se lanzó a una cuarta candidatura cuando había un referendo popular que se lo impedía. La debilidad democrática de nuestro país se acentuó cuando el 20 de octubre de 2019 un proceso “viciado de nulidad” confirmó en el poder a Evo Morales.
Morales denunció un golpe de estado cívico, político y policial. Sin embargo, la lectura de la situación es mucho más compleja y, como en otras partes de América Latina, la crisis tiene causas muy diversas.
Bolivia hoy empieza su día 23 de movilización, de los cuales veinte son de paro y bloqueos barriales a nivel nacional. Es protagonizada por una inédita diversidad de actores sociales, entre los que incluso se encuentran aquellos que antes eran parte de las bases sociales de Morales: Central Obrera Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, la Asociación Departamental de Productores de Coca, el Sindicato de Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Cámara de Industria, Servicios, Comercio y Turismo de Santa Cruz. Esta unión nacional tiene objetivos concretos a corto plazo y declaró distancia de las fuerzas políticas partidistas que se habían presentado a los comicios.
Que ningún grupo haya tomado el poder político es otra muestra de que no se trata de un golpe de Estado en el sentido que ha querido ser presentado. La manifestación de las Fuerzas Armadas sobre el gobierno civil siempre es desafortunada, pero es importante entender que la renuncia de Morales, su vicepresidente y varios de sus ministros no se da de un momento a otro, sino que responde al descontento que implicaba desconocer la voluntad popular del 21 de febrero 2016.
Ese día, 51,2% de los bolivianos votamos “No” a la reforma del artículo 168 de la Constitución que establece que el presidente y el vicepresidente pueden reelegirse una sola vez consecutiva. Pero Morales corrió por tercera vez argumentando que su primer mandato no contaba porque había empezado bajo la Constitución anterior. Cuando se avaló su cuarta candidatura, las protestas en su contra empezaron. El dudoso proceso electoral de octubre de 2019 le tracción a la protesta: muchos bolivianos no queríamos un gobierno sin legitimidad democrática.
Lo que ha pasado es producto de la ceguera democrática del partido oficialista MAS, que desestimó al 21 de febrero de 2016. Era un punto de no retorno, pero el gobierno de Morales lo vio como un simple escollo. Por eso se dedicó a revestir de legalidad la cuarta candidatura de Morales. El Tribunal Constitucional Plurinacional convirtió en indefinida la reelección para los puestos ejecutivos y la propia OEA indicó que ser candidato era derecho humano de Evo Morales.
En 2018 se aprobó en tiempo récord la Ley de Organizaciones Políticas y de adelantó su implementación de manera parcial. Se incorporaron elecciones primarias que en Bolivia no tienen sentido porque no hay duplas que pugnen al interior de partidos pero funcionaba para darle legalidad al binomio Morales – García Lineras.
Hubo nueve candidaturas presidenciales en la papeleta, de las que sólo dos fuerzas lograron porcentajes mayores al 35% de los votos: la de Evo Morales y Carlos Mesa, quien capitalizó el “voto castigo” a Evo Morales. Mesa utilizó el lema de “voto útil”, pidiendo no dispersar los votos de oposición en las restante 7 listas. Los porcentajes finales quedan ahora en un supuesto ya que los comicios fueron declarados nulos.
La desobediencia policial y militar fue el golpe final que desarmó al gobierno de Morales, pero solo ocurrió porque los ciudadanos movilizados a nivel nacional venían exigiendoles que no repriman las movilizaciones y que se unan a su pueblo.
Después del primer motín policial en Cochabamba la tarde del viernes 8 de noviembre, la gente se volcó a los comandos policiales y militares en el resto de departamentos, y montó guardias a la redonda antes y después de los motines como protección civil. Se organizó la adquisición de víveres y la preparación de comidas, en forma de ollas comunes, para que los nuevos aliados comieran —hacía una semana estaban acuartelados, hacinados y con alimentación irregular— y compartieran como la gente movilizada venía haciendo en muchos de los puntos de bloqueo.
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Evo Morales dijo en su renuncia que su único pecado era ser indígena y líder sindical. Sin embargo, entre los sectores que pidieron su renuncia hubo indígenas, mineros, cocaleros, obreros y poblaciones que alguna vez fueron parte de sus bases. Algunos desconocieron a sus dirigentes útiles al MAS y se pronunciaron pidiendo la renuncia del Presidente.
Ser líder sindical fue algo que quizás le jugó en contra al Presidente: Morales estableció amplias redes clientelares antes que formación política. De hecho, el MAS podría haber continuado en el poder si hubiera formado posibles sucesores o sucesoras de Morales para las elecciones de octubre pasado.
Entre los atizadores de la movilización social se encontraron también desubicados discursos del ahora expresidente: se burló de las protestas. “Me he sorprendido, ahora dos, tres personas amarrando pititas (cuerda delgada), poniendo llantitas. ¿Qué para es ese? (…) Soy capaz de dar talleres, seminarios de cómo se hacen las marchas, a ellos para que aprendan”, dijo Morales el 24 de octubre en Cochabamba. “Nos informan que mil, dos mil personas están sosteniendo los paros”, dijo el 2 de noviembre. Además, quiso recurrir a discursos divisionistas, acusando racismo: “No se puede entender que Carlos Mesa siembre odio, desprecio, racismo, especialmente a la gente humilde”, dijo Morales el 1 de noviembre. Cometió el error de ofrecerse él y su partido como única garantía de políticas sociales progresistas.
Esa postura reveló a un partido político que no buscó encauzar procesos sociales, sino atar avances sociales a una persona de un partido para luego usar las conquistas sociales como chantaje para pedir apoyo y justificar de la continuidad ilegal del candidato presidente.
Un síntoma de este daño es la quema de la wiphala, bandera cuadriculada multicolor que representa los pueblos indígenas. Su retirada como símbolo patrio, después de la renuncia de Morales, es un retroceso de reconocimiento pero también es cierto que el MÁS se apropió de este símbolo.
Esperamos que haya en Bolivia una tregua a la violencia psicológica producida por olas de desinformación y de violencia física, ataques, saqueos e incendios a la propiedad privada, pública y empresarial de afines y opuestos al MAS.
Esta movilización nacional hay que leerla en términos de la liquidez del filósofo contemporáneo Zygmunt Bauman. Es una unión amplia, diversa e inédita pero líquida, coyuntural y para objetivo concreto: el respeto al voto popular. Es pronto para afirmar que será una militancia a favor de sectores conservadores y fascistas, a pesar del reinado de elementos de la fe cristiana. Eso dependerá del trabajo político que se realice para lograr y fidelizar militantes, aspecto en el que la oposición ha demostrado históricamente aplazarse.
Lo que pase desde hoy en adelante demostrará si los bolivianos somos capaces de sostener en el tiempo la pluralidad que generamos para defender nuestro voto y protegerlo de alguien que se aferraba al poder, o si repetiremos el menú de un caudillo que se adueñe de avances sociales.
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Hay fiesta y terror en las calles por la renuncia de Morales: 25 órdenes judiciales de captura para autoridades electorales, 4 ya aprehendidas y casi 14 años de leyes progresistas que asimilar. Estas últimas, el mejor legado del MAS, será puesto a prueba de fuego.
Ahora, la sociedad boliviana se encuentra aún movilizada y a la espera del proceso constitucional: que el poder legislativo reciba y acepte la renuncia de Morales y designe alguien para el cargo.
No será fácil por la ola de renuncias de autoridades legislativas y ejecutivas que sucedieron al comunicado de auditoría de la OEA que mencionó “irregularidades muy graves” en las elecciones de octubre de 2019 y recomendó su repetición. Evo Morales desconoció demasiadas veces el poder del voto del pueblo. Eso produjo la crisis que ha terminado con su mandato.